Every step you take. Brazilian cities are building vast surveillance networks

Cita: 

The Economist [2026], "Every step you take. Brazilian cities are building vast surveillance networks", The Economist, 11 de julio, https://www.economist.com/the-americas/2026/07/08/brazilian-cities-are-b...

Fuente: 
The Economist
Fecha de publicación: 
Sábado, Julio 11, 2026
Tema: 
Smart Sampa: una respuesta superficial que no atiende el origen del crimen en Brasil
Idea principal: 

    En São Paulo, Smart Sampa, una red municipal de cámaras con reconocimiento facial, compara los rostros captados en espacios públicos con registros policiales para localizar a personas que la policía busca detener, encontrar desaparecidos, identificar vehículos robados y aportar imágenes a investigaciones (dato crucial 1). El temor a la delincuencia llevó a otros estados y municipios brasileños a adoptar sistemas parecidos, cuya expansión se aceleró durante la pandemia porque las cámaras instaladas para vigilar los confinamientos después se destinaron a la seguridad pública. Empresas y particulares también conectaron sus cámaras a Smart Sampa, por lo que la vigilancia dejó de depender exclusivamente de la policía.

    Las autoridades presentan Smart Sampa como un éxito, pero las organizaciones defensoras de la privacidad cuestionan la precisión del reconocimiento facial y la legalidad de algunos arrestos (dato crucial 2). Brasil cuenta con leyes de protección de datos personales, pero esas leyes imponen menos límites al uso de cámaras y sistemas de reconocimiento facial cuando las autoridades alegan motivos de seguridad pública. Pablo Nunes, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Ciudadanía (CESeC), sostiene que las cámaras no sustituyen las investigaciones criminales ni corrigen la falta de recursos de la policía.

    Ojos en el cielo

    Las autoridades brasileñas presentan la vigilancia tecnológica como respuesta al delito, aunque los homicidios, robos y hurtos comenzaron a disminuir desde 2018 antes de su expansión. Al mismo tiempo, los grupos criminales dejaron de actuar principalmente como pandillas callejeras y pasaron a controlar negocios legales, cadenas de suministro y mecanismos de lavado de dinero (dato crucial 3). Por eso, las cámaras difícilmente detectan la raíz del crimen organizado (dato crucial 4).

Datos cruciales: 

    1) Smart Sampa, la red municipal de vigilancia de São Paulo, cuenta con 50 000 cámaras y pretende llegar a 100 000 en 2028. O Panóptico, una organización brasileña que supervisa proyectos de reconocimiento facial, registra 560 proyectos de este tipo en más de 20 estados, con una cobertura potencial de 99 millones de personas, equivalentes a 47% de la población brasileña.

    2) El gobierno de São Paulo atribuye a Smart Sampa más de 3 000 arrestos de personas que la policía buscaba detener y cerca de 6 000 detenciones de personas mientras cometían delitos. En contraste, Agência Brasil, agencia pública brasileña de noticias, informó que 80% de los arrestos equivocados relacionados con reconocimiento facial en Río de Janeiro involucraron a personas negras. Durante el primer año de Smart Sampa no disminuyeron los robos, asaltos ni homicidios.

    3) El Foro Brasileño de Seguridad Pública estimó que, en 2022, los grupos criminales obtuvieron 147 000 millones de reales brasileños (29 000 millones de dólares) mediante sus actividades en los mercados de combustibles, oro, cigarrillos y bebidas. En comparación, el tráfico de cocaína les generó 15 000 millones de reales.

    4) Mantener en funcionamiento Smart Sampa, la red municipal de cámaras y su sistema de vigilancia, requiere al menos 118 millones de reales al año. Asimismo, el estado de Río de Janeiro gastó más de 670 millones de reales en sistemas de reconocimiento facial para la seguridad pública.

Nexo con el tema que estudiamos: 

    El gobierno parece más interesado en aparentar control que en resolver el problema desde la raíz. Las cámaras producen una imagen de eficacia, mientras las redes criminales permanecen ocultas y la impunidad continúa.

    A ello se suma que la expansión de estas tecnologías desplaza recursos públicos hacia infraestructuras de vigilancia que administran las manifestaciones visibles del delito, mientras las estructuras económicas que sostienen al crimen organizado permanecen relativamente intactas. Así, la tecnificación de la seguridad puede convertirse en una forma de gestión del problema más que de resolución: aumenta la capacidad estatal para observar, identificar y controlar individuos, pero no necesariamente para intervenir sobre los circuitos financieros, empresariales y comerciales donde hoy se reproduce una parte creciente de la actividad criminal.