Alberto Duarte: Fundador de La Boca Nostra, un colectivo que hace radio comunitaria con compromiso social. Trabajó en la enseñanza y alfabetización de comunidades rurales. Es periodista a nivel nacional en México, local e internacional.

Los habitantes del ejido El Bajío han vivido los últimos 6 años con drones sobre sus cabezas. La comunidad está ubicada en un área de conservación, que es requerida por la Minera Penmont, filial de Fresnillo PLC y propiedad de Alejandro Bailleres. Este mismo empresario es dueño de emporios como El Palacio de Hierro y GNP Seguros.

Recientemente la minera perdió en los tribunales su alegato de explotar las tierras del ejido, que habían obtenido de manera irregular. A pesar de esto, se ha mantenido un hostigamiento hacía el ejido, traducido en secuestros, encarcelamientos y asesinatos. Además de drones que se mantienen sobre las cabezas de las familias de la localidad agraria. El uso de drones también se ha rastreado en otros ataques hacia comunidades campesinas a lo largo del país. Así pasa en Michoacán, donde el interés por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación en la industria del aguacate ha implicado bombardeos utilizando drones.

Por la altura a la que vuelan, no se puede ubicar el modelo exacto de los drones. Datos obtenidos por el proyecto periodístico La Ceiba podrían dar pistas del posible origen de estas tecnologías. Según estos registros financieros, el emporio minero adquirió estos drones de la empresa estadounidense Exyn Technologies (dato crucial 1). Esta misma empresa ha abastecido operaciones militares de Israel en Gaza. Los drones de la compañía están equipados con cámaras capaces de recolectar datos georeferenciados en tiempo real. Esto mismo es útil tanto para operaciones mineras como militares. En un artículo de Forbes, se describe el uso de este mismo sistema por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por su sigla en inglés) para barrer los túneles que atraviesan Gaza y combatir a los integrantes de Hamas.

La adquisición de estos drones por parte de Fresnillo PLC muestra una relación comercial entre varias empresas relacionadas a situaciones de violencia a lo largo del mundo. La red se compone de compañías que son señaladas en todo el mundo por facilitar operaciones extractivas que se instalan mediante el despojo, o por atentar contra los derechos y la vida de comunidades enteras, y que se resisten a detener estas actividades.

La tecnología Epiroc

Muchas de las compras de tecnología por parte de Fresnillo PLC (dato crucial 2) se llevaron a cabo a través de la compañía sueca Epiroc. Esta misma compañía ha abastecido de tecnología a otras minas como la de Peñasquito, ubicada en Zacatecas. La mina mencionada anteriormente es propiedad de la empresa Newmont, la cual ha sido señalada por acaparar tierras y agua del municipio de Mazapil. Esto llevó a un descontento generalizado en 2013, cuando decenas de ejidatarios bloquearon la mina de oro para exigir el pago por el uso del agua que la empresa sacaba de los pozos sin autorización. A pesar de esto, Epiroc ha buscado demostrar el importante rol que juega en la industria minera con declaraciones públicas acerca de su participación en la mina Peñasquito.

Camino Rojo es otra mina mexicana ligada a esta red de despojo. Ubicada a 50 kilómetros de Peñasquito, la mina es propiedad de la compañía canadiense Orla Mining. Un panel del Mecanismo laboral de respuesta rápida que se contempla en el T-MEC documentó la utilización del crimen organizado, dentro de la mina Camino Rojo, para limitar la actividad sindical en 2024. La propia mina ha impulsado esta desafiliación sindical entre sus trabajadores, teniendo conocimiento de la presencia del crimen organizado en su operación extractiva. A pesar de no tener una relación financiera directa con Epiroc, funcionarios de Camino Rojo han estado presentes en eventos de la compañía. Además de que han coincidido en negociaciones junto a funcionarios del gobierno relacionados al sector minero.

Tanto Epiroc como sus compradores mexicanos hablan públicamente de ser compañías que respetan la ley y los derechos humanos. En la práctica, han prolongado su participación en la violencia, ya sea provocándola o facilitándola, para sostener sus actividades lucrativas.

También pasa en África

Epiroc ha postergado cuanto ha podido la rendición de cuentas ante las críticas por su papel en la devastación y el despojo durante años. Ese fue el caso de la explotación de minerales en el oeste del Sahara, región que se encuentra ocupada de manera irregular por Marruecos, arrebatada a sus habitantes históricos. Organizaciones como Western Sahara Resource Watch (WSRW) han informado sobre el comercio de roca fosfórica realizado por Marruecos desde el territorio ocupado. Estos informes explican cómo esta actividad les quita a las comunidades indígenas, el derecho de decidir sobre sus propios recursos además de que la participación de las compañías en esta actividad comercial permite normalizar la ocupación de Marruecos.

El comercio de fosfato del Sahara occidental, utilizado para la fabricación de fertilizantes, fue facilitado por compañías como Epiroc. Tras la publicación del informe de WSRW y la creciente presión internacional, la compañía sueca anunció detener sus actividades relacionadas a la extracción ilegal en el Sahara. Para entonces, la relación comercial con las compañías estatales marroquíes ya habían generado ganancias millonarias.

También en Oceanía

A pesar de estos deslindes, Epiroc sigue aceptando contratos que implicarían el enriquecimiento a costa de los derechos humanos. Sus más recientes proyectos están relacionados con las actividades de la compañía transnacional Fortescue en Australia. Esta empresa es propiedad del magnate Andrew Foster, quien ha sido declarado culpable de haber explotado minerales en terrenos ajenos sin ningún tipo de permiso. El pueblo Yindjibarndi, que fue víctima de este extractivismo, recibió una compensación que representa una mínima parte de las ganancias de las actividades mineras de Foster (dato crucial 3). Una de las mayores causas de esta determinación judicial fue la destrucción de varios sitios de importancia arqueológica de esta comunidad originaria que habita Australia (dato crucial 4). Varios de los miembros del pueblo se mostraron descontentos ante la poca cantidad que representaba la compensación, además de que el valor de la compañía de Foster aumentó después del fallo judicial.

El paralelismo con México

Algo similar a lo anterior sucedió en el caso del ejido El Bajío. Penmont tuvo que pagar una multa por la extracción de minerales del ejido sin autorización y destrucción del medio ambiente (dato crucial 5). Las actividades mineras implicaron deforestación, la destrucción de cerros, el desplazamiento de personas e incluso asesinatos de personas y animales. Fresnillo PLC mencionó recientemente la deuda en un informe dirigido a sus inversores. En este documento a la vez desestima la extracción ilegal, como lo ha hecho por más de una década.