Edward Wong trabaja como corresponsal diplomático de The New York Times y cubre la política exterior de Estados Unidos. Durante más de dos décadas trabajó para el periódico y realizó coberturas internacionales en distintos países.

Rebecca F. Elliott trabaja como periodista de The New York Times. Antes trabajó para The Wall Street Journal, donde cubrió el sector energético, la industria automotriz y empresas tecnológicas como Tesla. También informó sobre política local para el Houston Chronicle.

Anatoly Kurmanaev trabaja como corresponsal extranjero de The New York Times dando cobertura de Venezuela y América Latina. Antes trabajó para Bloomberg y The Wall Street Journal, y recibió un premio Robert F. Kennedy por una investigación sobre el comercio ilegal de tungsteno.

El Departamento de defensa de Estados Unidos creó la Oficina de capital estratégico durante la administración de Joe Biden para otorgar préstamos con intereses bajos a empresas que fortalecieran la producción militar (dato crucial 1). La oficina surgió por la dependencia de componentes fabricados en China, las fallas de las cadenas de suministro y las dificultades de Estados Unidos para producir armas con rapidez. Con Donald Trump, la oficina asumió una función distinta al participar en un acuerdo petrolero entre los gobiernos de Estados Unidos, Venezuela y North American Blue Energy Partners, empresa fundada por Alejandro Betancourt López (dato crucial 2).

Según la Casa Blanca, el acuerdo no costaría dinero al gobierno estadounidense y ayudaría a la empresa a conseguir inversionistas privados. Algunos legisladores demócratas lo criticaron como un abuso del poder militar y exigieron conocer su fundamento legal y sus condiciones financieras. Además, surgieron versiones contradictorias dentro del gobierno, pues un portavoz del Pentágono negó que la oficina comprara acciones de empresas privadas, mientras la Casa Blanca sostuvo que el acuerdo sí permitiría al gobierno obtener una parte de la propiedad de la empresa.

La oficina también financió empresas dedicadas a producir imanes y minerales estratégicos para reducir la dependencia de China. Uno de esos acuerdos provocó críticas por los vínculos financieros de la empresa con Donald Trump Jr., mientras otra compañía abandonó el proceso porque no cumplió con los requisitos de revisión federal.

Betancourt recibió contratos petroleros sin licitación en Venezuela y enfrenta investigaciones en España y Suiza por presunto lavado de dinero y fraude fiscal. Su asesora legal afirmó que nunca recibió cargos penales. El acuerdo coloca al gobierno estadounidense en un papel inusual, porque el Departamento de estado compraría petróleo y tendría influencia directa sobre una empresa privada venezolana.