La economía fósil se basa en las actividades que explotan y procesan petróleo, gas y carbón; la quema de estos materiales libera gases los cuáles causan el calentamiento global. El capítulo examina por qué continúa la extracción de combustibles fósiles, atribuyéndolo a que los gobiernos y bancos sostienen las inversiones, y las empresas fósiles intervienen en las decisiones sobre política climática.

Perfil de la industria fósil

El Grupo intergubernamental de expertos en el cambio climático indica la necesidad de reducir las emisiones de forma rápida. En contraste, hay planes gubernamentales para el año 2030 que prevén una producción de combustibles fósiles superiores al límite establecido sobre el calentamiento de 1.5 °C (dato crucial 1). La gran diferencia entre ambos escenarios revela que tan alejados están los compromisos ambientales y las decisiones de producción.

Los apoyos económicos a la extracción de petróleo, gas y carbón, hacen posible que continúe la producción. Los gobiernos otorgan subsidios y los bancos financian nuevas reservas. Las petroleras, a su vez, distribuyen ganancias entre sus accionistas (datos cruciales 2 y 3). Estos recursos permiten mantener y ampliar operaciones en distintos países, como muestra el mapa del capítulo (dato crucial 8).

Dichas actividades generan afectaciones en poblaciones y ecosistemas. En marzo de 2025, una empresa estatal de petróleo de Ecuador contaminó el río Esmeraldas y perjudicó a los habitantes de la región (dato crucial 4). Los autores enmarcan los daños generados por esta empresa en comparativa con las ganancias del sector para señalar la desigual distribución de los beneficios y sus consecuencias.

Dichos apoyos a petroleras son dependientes de las decisiones políticas. Un ejemplo es la eliminación de regulaciones ambientales y la promoción de la extracción de combustibles fósiles durante el primer mandato de Donald Trump. Empresas petroleras aportaron fondos a su campaña de reelección (dato crucial 5).

En Brasil, Bolsonaro debilitó la supervisión ambiental y concedió al petróleo y al gas incentivos mayores que los destinados a energías renovables (dato crucial 6). El gobierno de Lula defendió una transición energética justa y, al mismo tiempo, promovió la explotación petrolera en la Amazonía. Los autores cuestionan este tipo de decisiones y proponen la idea de una reducción de la extracción. En este sentido la presencia de energías renovables en la generación eléctrica de Brasil ayuda a reducir emisiones, pero renunciar a los combustibles fósiles demanda decisiones acerca de su producción.

Industria fósil en las COP

Las conferencias de las partes (COP) invitan a los gobiernos a llegar a acuerdos sobre medidas para enfrentar el cambio climático. De igual manera, empresas, organizaciones sociales y comunidades científicas están presentes como observadores. Dentro de esos participantes hay quienes representan los intereses petroleros (datos cruciales 7 y 9). Los autores indican que sus redes tienen como objetivo demorar regulaciones y defender las actividades del sector.

En muchos casos, los intereses comerciales se superponen con los de los estados que producen combustibles fósiles. Dicha relación se reflejó en la COP28: su presidente, Al Jaber, también era directivo de la petrolera Abu Dhabi National Oil Company. Asimismo, las delegaciones nacionales promovieron la participación del sector privado al acreditar a muchos de sus representantes. En esos países, los gobiernos consideran la extracción como una oportunidad de crecimiento, por lo que respaldan su continuidad.

La defensa de esos intereses influyó en el balance mundial de emisiones y compromisos discutido en la COP28. La Organización de Países Exportadores de Petróleo se opuso a un acuerdo más estricto sobre el abandono de los combustibles fósiles. El capítulo indica que el texto aprobado reconoció la necesidad de una transición y dejó sin definir mecanismos y plazos para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

Según los autores, la falta de compromisos definidos retrasa la reducción de emisiones y dificulta el financiamiento para la adaptación y reparación de daños. Las comunidades más afectadas encuentran obstáculos para obtener recursos. Por ello, proponen limitar la influencia petrolera en las negociaciones y fortalecer la participación comprometida con una transición justa.