Las instalaciones de centros de datos concentran computadoras dedicadas a procesar y guardar información. Su desarrollo va de la mano con la expansión de la inteligencia artificial (IA) y demanda inversiones en infraestructuras, energía y redes. David Wallace-Wells anticipaba que el poder económico de sus promotores llevaría a una aceptación pasiva entre la gente; sin embargo, las manifestaciones en contra lo impulsaron a analizar la potencia de la oposición y sus razones.

La oposición reúne a personas de variadas inclinaciones políticas, edades y localidades (datos cruciales 1 y 2). Cada sector tiene sus propias preocupaciones: el gasto de agua y energía, el ruido, la contaminación, la supervisión o las modificaciones en el trabajo. Esa combinación pone de manifiesto la amplitud del movimiento y la dificultad de limitarlo a una sola causa.

Debido a la presión social, las autoridades optaron por establecer prohibiciones y moratorias, lo que implica suspensiones temporales de nuevas instalaciones (datos cruciales 3 y 4). Los gobernadores de Texas y Pensilvania, que anteriormente apoyaban los proyectos, pidieron más garantías para sus comunidades. En esos estados, el descontento de la población cambió las condiciones de autorización de nuevos centros de datos.

Wallace-Wells estudia las causas convencionales del rechazo. Las inquietudes medioambientales son uno de los motivos de las protestas, junto a otros factores. Según las encuestas referidas, los centros de datos cuentan con menos apoyo en comparación con las plantas de carbón, las instalaciones solares y eólicas, las fábricas y los centros de distribución. Esa comparación muestra que la oposición presenta características particulares.

La débil confianza en los beneficios de la IA intensifica la resistencia (dato crucial 5). Wallace-Wells considera las manifestaciones como una exigencia de participación en su progreso. La ciudadanía pone en duda la velocidad de las inversiones, sus efectos y la influencia de empresarios y financiadores en la determinación de las condiciones.

A pesar de la oposición, la construcción de centros de datos continúa. Más de 1 500 proyectos están en proceso en Estados Unidos, y solo una fracción ha tenido cancelaciones o retrasos (datos cruciales 6 y 7).

La necesidad de servicios de IA contribuye a entender la persistencia de los proyectos. El artículo indica que la demanda sobrepasa la capacidad disponible, incluso tras realizar ciertos recortes en los presupuestos de las empresas para su utilización. Los promotores están explorando nuevos sitios para aumentar la variedad de la oferta. Las políticas gubernamentales buscan diferentes objetivos: frenar proyectos o ganar tiempo para negociar sus términos.

Con el fin de entender la persistencia del rechazo, el autor estudia los beneficios que ofrecen las empresas. En Loudoun, los ingresos de los centros de datos facilitaron la reducción de impuestos; en Quincy, fueron clave para financiar escuelas y servicios. En Richland Parish, un pago de Meta y los fondos obtenidos de los trabajadores de la construcción permitieron financiar bonos para los docentes (datos cruciales 8 a 10).

Estos ingresos llaman la atención de gobiernos con recursos limitados. Wallace-Wells señala que los casos presentados no consideran todos los costos. Las exenciones fiscales afectan negativamente la recaudación, como se vio en Georgia (dato crucial 11). Existen también emisiones, contaminación en el área, molestias derivadas de la construcción y una baja oferta de empleos fijos.

Wallace-Wells revisa las inquietudes sobre el suministro de agua y electricidad. Opina que ciertas afirmaciones acerca del uso del agua son desmesuradas y menciona las variaciones regionales en los precios de la electricidad. Varios estudios referenciados señalan que los centros generan una baja en los precios y facilitan la modernización de la red. Al mismo tiempo, el incremento en la demanda de electricidad genera interrogantes sobre las emisiones.

El autor observa dos motivos suplementarios del rechazo. Algunas personas tienen reservas sobre las empresas, los promotores de bienes raíces y las autoridades, lo que genera dudas sobre los beneficios ofrecidos. Otras identifican posibles beneficios económicos y ven como inaceptables las consecuencias, tales como la contaminación, la vigilancia o los cambios en su rutina diaria.

El activista Saul Levin une esas objeciones a la capacidad de decidir sobre lo que está por venir: los centros de datos reúnen preocupaciones vinculadas al uso de la IA y la influencia de sus promotores. La aceptación se basa en las prioridades y valores de las comunidades, junto con la oferta económica.

Wallace-Wells sugiere requisitos para un pacto: ingresos fiscales asegurados, resguardo de tarifas y contribuciones empresariales para expandir la red. Incluye vigilancia ambiental, estándares requeridos, potenciales requisitos de energía renovable y la implicación ciudadana. La transparencia posibilitaría la discusión de los compromisos antes de permitir las obras.

El autor ve factible una ampliación de centros de datos junto con una resistencia continua. Las concesiones pueden volver a contar con el apoyo de las autoridades locales sin solucionar el descontento de los ciudadanos. Igualmente, critica las restricciones a las consultas públicas, puesto que limitan la posibilidad de la población para involucrarse.

El cierre vincula las manifestaciones con el descontento económico que surgió tras la crisis financiera. La inteligencia artificial concentra recursos y aspiraciones de cambio en la sociedad. De acuerdo con Wallace-Wells, el rechazo refleja un descontento hacia un camino económico establecido por empresarios y financiadores, con poca inclusión de la ciudadanía. Por eso surge la necesidad de debatir sus condiciones.