Breno Bringel es sociólogo y doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor del Instituto de estudios sociales y políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y desarrolla investigaciones sobre movimientos sociales, activismo, pensamiento latinoamericano y transiciones ecosociales. También coordina el Observatorio de geopolítica y transiciones ecosociales (IESP)

Carlos R. S. Milani es doctor en estudios del desarrollo por la Escuela de altos estudios en ciencias sociales de Francia y profesor titular del Instituto de estudios sociales y políticos de la Universidad del estado de Río de Janeiro. Sus investigaciones abarcan política exterior, cooperación Sur-Sur, derechos humanos, cambio climático y justicia climática. Dirige el Observatorio interdisciplinario de los cambios climáticos.

Daniel Henrique da Mota Ferreira es politólogo y profesor de ciencia política en la Universidad Federal de Río de Janeiro, además de investigador posdoctoral en el Instituto de estudios sociales y políticos de la Universidad del estado de Río de Janeiro. Participa en investigaciones sobre teoría política, movimientos sociales y transformaciones políticas latinoamericanas.

Enara Echart Muñoz es doctora en relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria académica se concentra en cooperación para el desarrollo, movimientos sociales transnacionales, migraciones, derechos humanos y relaciones entre el Sur global y el sistema internacional.

Gustavo Coutinho Dias Limeira Gomes es cientista social formado por la Universidad federal de Río de Janeiro, con formación previa en comunicación social y periodismo. Realiza estudios de posgrado en sociología en el Instituto de estudios sociales y políticos de la Universidad del estado de Río de Janeiro, donde trabaja bajo la orientación de Breno Bringel.

Julia Nascimento Santos es internacionalista formada por la Universidad del estado de Río de Janeiro y estudiante de maestría en ciencia política. Investiga política ambiental brasileña, manglares y humedales, adaptación urbana al cambio climático, política exterior climática, organizaciones internacionales y cooperación Sur-Sur.

Luisa Harduim es socióloga, maestra y doctoranda en sociología por el Instituto de estudios sociales y políticos de la Universidad del estado de Río de Janeiro. Sus investigaciones se concentran en teoría social, sociología ambiental, cambio climático y las relaciones sociales con la naturaleza.

Mariana Castro es doctora en ciencia política por el Instituto de estudios sociales y políticos de la Universidad del estado de Río de Janeiro. Sus investigaciones analizan los activismos climáticos, especialmente los movimientos juveniles, sus formas de organización y sus respuestas políticas frente a la emergencia climática en América Latina y Europa.

Matheus Declie es investigador vinculado al Observatorio interdisciplinario de los cambios climáticos y estudiante de maestría en ciencia política en el Instituto de estudios sociales y políticos de la Universidad del estado de Río de Janeiro. Su trabajo académico se desarrolla dentro de las investigaciones políticas y sociales vinculadas con la crisis climática.

Michel Misse Filho es doctor en sociología por el Instituto de estudios sociales y políticos de la Universidad del estado de Río de Janeiro y actualmente investigador posdoctoral. Integra grupos dedicados al estudio de la desigualdad social, la vivienda, la ciudad, los residuos y distintas formas de organización y conflicto en los espacios urbanos.

América Latina y el Caribe aportan una visión propia a las luchas mundiales por la justicia socioambiental, construida desde su historia política, social, étnico-racial y cultural. Aunque los movimientos ecologistas se expandieron desde los años sesenta del siglo XX y trasladaron la cuestión ambiental del ámbito técnico-científico hacia la política y la movilización social, la narrativa internacional suele privilegiar las experiencias de sectores blancos y de clases media y alta del Norte global (dato crucial 1).

En América Latina, la inserción desigual en el sistema internacional y una economía orientada históricamente a la extracción y exportación de recursos naturales vincularon la explotación ambiental con la desigualdad social en acceso a servicios básicos, la esclavitud y otras formas de sometimiento (dato crucial 2). Por ello, el debate ambiental adquirió un carácter necesariamente socioambiental y dio origen a movimientos indígenas, liderazgos sociales y propuestas propias sobre justicia climática y ecológica, entre ellas la defensa pionera de los derechos de la naturaleza.

Desigualdades y racismo ambiental

En América Latina y el Caribe, la degradación socioambiental está ligada a las desigualdades estructurales, la falta de políticas públicas y la impunidad frente a los crímenes ambientales. En las grandes ciudades, la ausencia de saneamiento básico expone especialmente a las poblaciones pobres y periféricas a la contaminación del agua y a enfermedades como el cólera y la leptospirosis, una infección bacteriana que puede transmitirse por contacto con agua contaminada (dato crucial 3). Esta vulnerabilidad se relaciona con procesos acelerados de urbanización, economías orientadas a la exportación y una inversión insuficiente en infraestructura interna.

Entre los grupos más afectados se encuentran las comunidades negras, indígenas y racializadas, así como las mujeres, que concentran una parte desproporcionada de los impactos ambientales. En Brasil, la precariedad sanitaria de numerosas favelas y periferias urbanas forma parte de una desigualdad histórica que dejó a buena parte de la población negra sin acceso suficiente a vivienda e infraestructura desde la abolición de la esclavitud (dato crucial 1). Frente a esta distribución desigual de los daños ambientales, Joan Martínez Alier plantea el “ecologismo de los pobres”, que explica las luchas de comunidades que defienden sus condiciones de vida frente a la contaminación, el extractivismo y la falta de servicios básicos, porque son ellas quienes soportan con mayor intensidad las consecuencias de la destrucción del ambiente.

Luchas por la justicia ambiental en América Latina

A finales de los años sesenta del siglo XX, el debate ecológico internacional comenzó a plantear límites al crecimiento económico ante el temor del agotamiento de los recursos naturales. El Club de Roma en 1968 y, posteriormente, la Conferencia de Estocolmo de 1972, difundieron la propuesta de un “crecimiento cero”, basada en frenar la expansión de la producción para reducir la presión ambiental. Brasil, India y México cuestionaron esta solución porque aplicaba el mismo límite a realidades profundamente desiguales. Mientras los países industrializados sostenían altos niveles de producción y consumo, buena parte del Sur global todavía necesitaba ampliar sus economías para garantizar condiciones básicas de vida y, al mismo tiempo, dependía de la extracción y exportación de recursos naturales.

A partir de estas tensiones, la justicia ambiental latinoamericana se construyó entre conflictos territoriales, movimientos sociales y disputas internacionales. En la Amazonia, el movimiento de los seringueiros encabezado por Chico Mendes defendió durante los años ochenta del siglo XX, una conservación compatible con la permanencia y el aprovechamiento sostenible de los recursos por las comunidades locales. En Chile, el Consejo de todas las tierras impulsó la autodeterminación del pueblo Mapuche, mientras que en 1992 surgió la Vía Campesina, una organización internacional que reunió a trabajadores y movimientos rurales de distintos continentes. Ese mismo año, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo o Cumbre de la Tierra popularizó el concepto de desarrollo sostenible y se convirtió en un espacio de movilización contra las desigualdades socioambientales.

En Bolivia, la Guerra del agua en Cochabamba rechazó la privatización del sistema municipal, mientras que la Guerra del gas de 2003, exigió priorizar el abastecimiento interno antes que la exportación. La participación indígena y campesina en ambos conflictos vinculó el extractivismo con la desigualdad territorial y dio mayor centralidad a las luchas socioambientales, consolidando un giro ecoterritorial en la región (dato crucial 4).

Conflictos socioambientales en América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, gran parte de los conflictos socioambientales surge de la disputa por el control de los territorios y los recursos naturales entre grandes empresas, el estado y las comunidades que dependen de ellos. La minería ocupa un lugar central desde el periodo colonial, cuando centros extractivos como Potosí, en la actual Bolivia, formaron parte de un modelo económico basado en la apropiación intensiva de la naturaleza. En la actualidad, algunos conflictos derivan en crímenes corporativos, como los casos de Samarco en Vale do Rio Doce y Braskem en Maceió, ambos en Brasil, mientras otros involucran ataques contra líderes y defensores ambientales vinculados con intereses locales y transnacionales.

A diferencia del Norte global, donde la justicia ambiental suele relacionarse con actividades industriales y urbanas, en América Latina los conflictos reflejan con mayor fuerza el extractivismo, las disputas agrarias y la composición étnico-racial de las sociedades. La explotación de petróleo y gas tiene especial relevancia en Venezuela, México, Brasil, Bolivia y Argentina. Debido al carácter transnacional de la economía fósil, estas disputas también involucran empresas y actores políticos extranjeros. Frente a ello, Oilwatch, una red creada en 1997, reúne organizaciones locales para denunciar los impactos sociales y ambientales de la explotación petrolera y articular resistencias entre distintas regiones del sur global (dato crucial 5).

Brasil muestra con claridad la relación entre extractivismo, concentración de tierras y conflicto territorial. La expansión agroexportadora, el latifundio y el acaparamiento ilegal de tierras afectan a campesinos, pueblos indígenas, comunidades ribereñas y quilombolas, poblaciones afrodescendientes que defienden territorios ocupados históricamente. En la Amazonia Legal, región que abarca gran parte del territorio amazónico brasileño, los conflictos se concentran en tierras indígenas y asentamientos presionados por la expansión agroexportadora. En el Noroeste, especialmente en Bahía, afectan con mayor fuerza a comunidades quilombolas que todavía enfrentan dificultades para el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra. En ambos casos, la defensa del territorio ocupa un lugar central en la justicia socioambiental brasileña.

Alternativas latinoamericanas al desarrollo

Frente al extractivismo y la expropiación de tierras, distintos movimientos latinoamericanos no solo buscan limitar los daños ambientales, sino cuestionar el propio modelo de desarrollo capitalista. La propuesta consiste en sustituir la búsqueda permanente de crecimiento económico por formas de bienestar comunitario compatibles con la naturaleza. Una de estas alternativas es el buen vivir, inspirado en conceptos como el sumak kawsay de los pueblos kichwa de Ecuador y el suma qamaña de los pueblos aymara de la región andina. Su propuesta consiste en construir el bienestar desde la vida comunitaria y la armonía con la naturaleza, reconociendo la interdependencia entre personas, animales, ríos y otros componentes del entorno. Estas ideas también llegaron al ámbito institucional.

En Ecuador, la naturaleza fue reconocida como sujeto de derechos y el pueblo Kichwa de Sarayaku obtuvo el derecho a ser consultado previamente y dar su consentimiento ante decisiones que afectaran su territorio (dato crucial 6). En 2023, la población ecuatoriana decidió mediante un plebiscito vinculante, una votación directa en la que la ciudadanía decidió mantener el petróleo bajo tierra en Yasuní. Asimsimo, la noción de cuerpo-territorio, impulsada especialmente por luchas feministas e indígenas, relaciona la defensa del cuerpo de las mujeres con la protección colectiva del territorio.

El Pluriverso parte de la idea de que no existe una única forma válida de desarrollo, progreso o bienestar. En lugar de imponer un modelo universal, reconoce que distintos pueblos pueden organizar su vida, su economía y su relación con la naturaleza de acuerdo con sus propios conocimientos, culturas y territorios. Estas alternativas también se expresan en prácticas concretas como la agroecología, el ecoturismo y las comunidades autosostenibles, que colocan a las poblaciones afectadas por el extractivismo como protagonistas de la organización y defensa de sus territorios.

Derechos de la naturaleza

Los derechos de la naturaleza plantean que ríos, bosques, animales, montañas y otros elementos naturales pueden ser reconocidos jurídicamente como sujetos con derechos propios, en lugar de considerarse únicamente recursos disponibles para el ser humano (dato crucial 7). Esta perspectiva cuestiona el antropocentrismo, que coloca a la humanidad en el centro y valora la naturaleza principalmente por su utilidad. Inspirada también en saberes indígenas y tradicionales, parte de que la vida humana depende de relaciones de interdependencia con otras formas de vida y con los territorios que las sostienen.

En América Latina, esta concepción se relaciona con el buen vivir y comenzó a incorporarse de manera explícita en las constituciones de Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. Otros países avanzaron mediante reconocimientos relacionados: Brasil estableció en su Constitución de 1988 el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, Argentina incorporó una protección similar en 1994, mientras Colombia y Venezuela reconocieron principios vinculados con la diversidad social y territorial. En Brasil, este enfoque comenzó a aplicarse a elementos naturales concretos. En 2023, una ley municipal de Guajará-Mirim, en Rondonia, reconoció al río Laje Komi-Memen como sujeto de derechos, lo que permite exigir legalmente la protección de su existencia y sus procesos naturales. En 2024, las olas de la playa de Regência, en Espírito Santo, también recibieron reconocimiento jurídico para impulsar la protección y restauración del ecosistema marino del que forman parte.