La propiedad corporativa y la corrupción.
Cómo terminar con un fantasma.

Los registros de propiedad podrían ayudar terminar con el secreto empresarial que fomenta la corrupción.
Pero los planes actuales no son prometedores

En esta nota The Economist se mantiene optimista respecto la próxima cumbre oficial contra la corrupción que tendrá sede en Gran Bretaña el 12 de mayo. Y es que después de la divulgación del Panama papers sobre la riqueza escondida en paraísos fiscales, la corrupción está en boca de todos. Divulgaciones como ésta se deben gracias al trabajo de muchas organizaciones internacionales que critican y protestan en contra de la evasión fiscal y la corrupción.

Actualmente agrietar una “empresa fantasma” [shell company*] es lo más importante de esto, pues existe un correlación entre estos vehículos anónimos y la corrupción. Rastrear fondos ilícitos de la cuenta bancaria de una empresa fantasma es de poca utilidad si no se puede identificar a las personas que lo controlan. Esto preocupa tanto a los empresarios como a los políticos, a ambos les es importante saber con quiénes están negociando.

De acuerdo con The Economist las normas internacionales sobre los propietarios “existentes” se han endurecido, pero siguen siendo bastante débiles. Se propone que esta información sea recolectada, ya sea por los registros públicos o por agentes de las empresas, y que esté disponible para las autoridades “competentes” cuando sea solicitada. En la práctica esto varía bastante de un lugar a otro.

En esto la Unión Europea va a la vanguardia con una propuesta para todos sus miembros para recolectar la información de propietarios y que sea disponible a la policía, autoridades fiscales y otros con legítimo interés. Gran Bretaña ya puso en marcha una reforma al registro público este año; algunos otros están en proceso –Australia, Países Bajos–.

No obstante The Economist señala otro gran reto: la verificación de las declaraciones. Los registros recolectados son únicamente archivados y nadie los corrobora, debido al alto costo que implica hacerlo.

Algunos territorios de Gran Bretaña están en contra del sistema de registro público impulsado por el gobierno federal, primeramente por cuestiones de privacidad pero también por la pretensión de extender el modelo de guardián central. Y es que efectivamente hay riesgos, la información de los propietarios puede perderse entre las múltiples manos de los agentes intermediarios, los cuales en algunos casos conspiran con ladrones, de igual forma esto varia de un lugar a otro –Jersey ha puesto tras las rejas a los agentes públicos desleales–.

En otro estudio de 2012, los “Juegos fantasma globales” [Global Shell Games], los autores se hicieron pasar por consultores "falsos" que buscaban establecer empresas no rastreables en diferentes países. Los autores encontraron que los centros considerados como paraísos fiscales –Jersey, Islas Caimán– estuvieron mucho menos dispuestos a negociar con ellos que los mismos países integrantes de la OCDE. Se concluye que debido a las presiones de las listas negras los lugares considerados paraísos fiscales se hicieron más restrictivos, mientras que los países de la OCDE pudieron haberse hecho más laxos.

El argumento de fondo de The Economist es que la autodeclaración sin su corroboración es un punto muy débil del registro público. Y puede incentivar a la creación de empresas fantasma con pretensiones de lavado de dinero, actos ilegales y corrupción. Un ejemplo a seguir es Gran Bretaña, tanto en la supervisión como en los tentativas de sanciones penales por declaraciones falsas.

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* Shell company: Empresa no comercial formada como vehículo para recaudar fondos antes de iniciar operaciones, intentar una adquisición, salir a la bolsa, o como un frente para negocios ilegales. (http://www.businessdictionary.com/definition/shell-company.html).