Los recientes ataques jihadistas en Gran Bretaña han puesto sobre la mesa de discusión el papel de las tecnologías cibernéticas en la lucha contra el terrorismo. Se acusa que las empresas de internet facilitan las operaciones criminales. Gigantes como Google y Facebook son señalados por hacerse de la vista gorda ante propaganda violenta y otras plataformas que permiten la comunicación entre terroristas, además permiten el esparcimiento de noticias falsas, hostigadoras, racistas y provocadoras.

Los gobiernos ahora están demandando que los gigantes tecnológicos asuman mayores responsabilidades por el contenido de sus redes.

¿Dispararle a la aplicación de mensajería?

De acuerdo con el artículo, desde que han existido las redes de datos, existen personas hacen uso de ellas para causar daños. El internet, con miles de millones de usuarios y con un poder de procesamiento ilimitado, es la red más poderosa de todas y al mismo tiempo la más criminal.

Se presenta una disyuntiva problemática nada sencilla. Por un lado la libertad en línea es especialmente valiosa porque estimula la innovación, la publicación y difusión de información (artículos, videos, programas informáticos, entre otros) para una audiencia global. Incluso para mitigar los riesgos se dio mpulso a la emergencia de una industria de programas de seguridad y protección. No obstante en una época en la que los servicios en línea han alcanzado un mayor grado de profundidad en cada aspecto de la vida cotidiana, los remedios tradicionales han quedado obsoletos y paralelamente se ha incrementado el potencial de los daños al exterior (fuera de línea). Mientras tanto las empresas tecnológicas se quejan de ser una vía fácil para que los políticos evadan resolver las problemáticas complejas que yacen de fondo. En su defensa éstas también sostienen que el reclutamiento en línea es solo una parte del terrorismo, atrás de lo cual se esconden plataformas (no editores) lo cual les es imposible monitorearlas. La revista contrasta esta afirmación con sus prontas respuestas cuando se trata de clientes que deciden retirar sus negocios después de que sus marcas terminaron junto a material pornográfico, violento o extremista.

Para la revista una alternativa para minimizar el riesgo y los daños es “profundizar en la defensa” combinando la tecnología, políticas, educación y la supervisión humana.

Usualmente los intereses comerciales proveen de incentivos a las empresas tecnológicas a emprender acciones. Como es la gestión de la popularidad de sitios de noticias e información falsa. No obstante cuando no hay intereses suficientes, los gobiernos pueden empujar a las empresas a reforzar la seguridad. Un gran ejemplo de esto son las políticas europeas para el cuidado y la revisión del contenido en páginas de internet, delegando responsabilidades y colaborando en equipo (las empresas y autoridades gubernamentales).

Ya no es 2005

La propuesta de la revista es replantar en términos legales la seguridad y la libertad cibernética. Los legisladores deberían aclarar y acotar lo que es ilegal, lo cual ayudaría a lidiar con los mensajes “ilícitos” de manera rápida y consistente. Aunque sería difícil definir los límites entre la libertad de opinión y las provocaciones o incitaciones. El objetivo es trasladar las normas jurídicas al plano cibernético.

Por otro lado si las medidas son drásticas y agresivas, como la imposición de multas a las empresas de internet, éstas simplemente removerían todo su contenido posiblemente ilícito, lo cual podría afectar las pequeñas empresas. También podría hacer que los infiltrados se trasladaran a países con menores regulaciones en el sector, lo cual los fortalecería aún más.