A new branch of government. China gets a new system to curb corruption—and ideological lapses. The Communist Party gives itself more policing and judicial powers

Cita: 

The Economist [2017], "A new branch of government. China gets a new system to curb corruption—and ideological lapses. The Communist Party gives itself more policing and judicial powers", The Economist, London, 7 de diciembre, https://www.economist.com/news/china/21732136-communist-party-gives-itse...

Fuente: 
The Economist
Fecha de publicación: 
Jueves, Diciembre 7, 2017
Tema: 
Nuevo sistema anticorrupción de China también intenta controlar la ideología
Idea principal: 

El presidente de China, Xi Jinping, en su maratónico discurso en el congreso del Partido Comunista en octubre dio la sorpresa de que “la práctica del shuanggui… será reemplazada por detención”. Shuanggui es un sistema en el cual los miembros del partido acusados de corrupción son encerrados en cárceles secretas, fuera de toda jurisdicción y alejados de familiares o abogados. En 2016 Human Rights Watch, una ONG, documentó casos de abusos y formas de tortura en las cárceles de shuanggui. La inesperada decisión del señor Xi suena a que es un paso adelante en tema de derechos humanos. Tal vez no lo sea.

La abolición de shuanggui es la parte más visible de una reforma radical que en efecto prepara una totalmente nueva rama del gobierno: la llamada Comisión Nacional de Supervisión, que está encargada de agilizar la administración, mejorar la implementación de la política y eliminar las reglas proteccionistas en las ciudades y provincias. Un borrador de la ley que gobierna la comisión apareció en noviembre; tres provincias, Beijing, Zhejiang y Shanxi, lo han puesto a prueba mientras pasa por la aprobación del público. Es muy controversial, pero es muy probable que tenga el visto bueno a nivel nacional en marzo.

A diferencia de la mayoría de países, China tiene dos pirámides de autoridad, el estado y el Partido Comunista. Los oficiales de alto mando pertenecen a ambos. El señor Xi es el presidente de estado y el secretario general del partido. La jerarquía del partido es paralela a la del estado y la supera. Por ejemplo, el politburó, un comité del partido de 25 integrantes, es más importante que el consejo de estado, compuesto por ministros del gobierno. El sistema de shuanggui pertenece al partido. Celdas ordinarias, la policía y las cortes son partes del estado.

El nuevo sistema de supervisión será una mezcla de ambos. En la cima está la nueva comisión, la cual la ley dice que será liderada por el Partido Comunista y compartirá espacio y personal con la Comisión Central Inspección de Disciplina (CCDI por sus siglas en inglés). La CCDI es el cuerpo anticorrupción del partido y una de las instituciones más temidas del país. Es responsable de la cacería de funcionarios. Debajo de la comisión habrá una escalera de agencias de menor rango que trabajarán con las cortes y las oficinas de procuradores (por ejemplo, con el sistema judicial del estado). Como otros cuerpos de gobierno, las agencias reportarán al Congreso Nacional del Pueblo, parte del parlamento, que supuestamente debe controlarlos.

La nueva ley expandirá los poderes de la CCDI. Será permitido investigar a todos los funcionarios, no sólo miembros de partido, y su mandato incluirá investigar “conducta inapropiada por parte de empleados del estado”, lo que significa que se pondrán a prueba los estándares éticos y las creencias políticas de los funcionarios, no sólo su cumplimiento con la ley. Los nuevos supervisores podrán interrogar, hacer investigaciones telefónicas, detener y castigar a sospechosos.

La extensión de esa autoridad refleja la creencia del señor Xi de que la situación actual, en la que el partido es responsable por eliminar la corrupción pero sólo indirectamente controla la policía y jurisdicción, ya no es suficiente. Las preocupaciones del presidente parecen haberse extendido de la corrupción hacia la disciplina del partido, correcciones ideológicas y la necesidad de calmar a oficiales locales que ignoran las órdenes del gobierno central.

El nuevo sistema probablemente intensifique la campaña anticorrupción, juzgando los resultados de los tres esquemas piloto. En todos, el número de casos manejados aumentó en los primeros ocho meses del año comparado con el mismo periodo en 2016 (cuando las viejas reglas aún aplicaban), 30% en Beijing, 40% en Shanxi, una provincia al oeste de la capital, y 92% en Zhejiang, cerca de Shangai. El jefe anticorrupción de Shanxi atribuyó el aumento de la eficacia a la mayor disponibilidad de recursos del partido y estado.

No hay humo sin ira.

El sentimiento de impacto del sistema viene de las giras de inspección organizadas este verano por el Ministro de protección ambiental de fábricas en el Noreste, el cinturón oxidado de China. El objetivo de estas giras es cerrar aquellos establecimientos que estén excediendo los límites legales de contaminación. El ministerio las lleva a cabo todo el tiempo pero generalmente sus edictos no son aplicados. Este vez fue diferente. Tras la llegada de inspectores de CCDI, los contaminadores aterrados cerraron rápidamente docenas de fundiciones.

Si un CCDI expandido puede improvisar el cumplimiento de la ley de esta manera, entonces muchos empresarios, así como aquellos que vivan en los lugares más contaminados de China, darán la bienvenida al nuevo sistema. Pero no está claro si ello mejorará el imperio de la ley. Lo que en verdad se está aboliendo, dice Jeremy Daum del Centro Chino Paul Tsai en la Escuela de Leyes en Yale, es el pretexto de separación entre el partido y el estado. Bajo el nuevo sistema, los sospechosos no tendrán la protección constitucional otorgada a aquellos acusados de crímenes ordinarios. No tendrán acceso garantizado a un abogado, por ejemplo, y aunque las familias supuestamente deben de ser informadas sobre algún arresto, ese requerimiento puede ser evadido si interfiere con la investigación. Sospechosos también pueden ser detenidos por más tiempo: seis meses, no cuatro. Jiang Ming’an, un profesor en la Universidad de Pekin y un amigo universitario de Li Keqiang, el primer ministro, se preocupa por que las apelaciones del sistema “no se consideren efectivas para proteger los derechos legales de los detenidos”. Chen Guangzhong de la Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho en Beijing argumenta que los poderes legislativos de vigilar a los supervisores deben ser fortalecidos. Él propone una prueba nacional de dos años para asegurar el proceso.

Han Dayuan, el decano de la escuela de derecho en la Universidad Renmin en Beijing, va más allá, sugiriendo que el sistema propuesto marca un cambio radical que requiere una enmienda constitucional. Sin embargo, estas preocupaciones parecen caer en oídos sordos. Mr Xi ya ha dado el sello de aprobación al sistema. La ley será probablemente aprobada en la siguiente reunión de legislatura, en marzo. La autoridad del Partido Comunista está preparada para hacerse aún más amplia.

Nexo con el tema que estudiamos: 

El "éxito" económico de China sustenta el refinamiento del régimen autoritario. El indispensable combate a la corrupción deriva hacia el control totalitario. Además de aceitar la maquinaria de la acumulación de capital, las nuevas formas de control agudizarán la represión contra el conjunto de la sociedad en China. Y al extranjero estos cambios también alimentarán las tendencias autoritarias del capitalismo decadente.