El 1 de junio entró en vigor el nuevo código de gobernanza corporativa, siendo la primera vez que un gobierno japonés establece normas detalladas de cómo deberían conducir sus asuntos las empresas.

El intento del primer ministro de hacer cambiar las conductas de las empresas es un elemento de su gran plan de restaurar la economía japonesa. El cambio es indudablemente necesario. El milagro económico japonés de la posguerra produjo empresas como Sony y Sharp que deslumbraron al mundo, aun así algunas perdieron el camino, en el consumo, así como la electrodomésticos, y en términos rentables, han quedado atrás por sus pares: Apple de EUA, Samsung de Corea del Sur y Haier de China. En lugar de invertir las ganancias para expandir sus negocios muchas de estas empresas mantienen el dinero en efectivo. Pocas de las nuevas empresas de tecnología del país han sobresalido, de hecho, hay pocos signos de la iniciativa empresarial en la tercera economía más grande del mundo. Entre las empresas establecidas, una sensación de crisis por las crecientes pérdidas y caída en la participación del mercado global ya está impulsando a algunos a pensar más claramente acerca de sus carteras de negocios.

Uno de los objetivos del gobierno es la recuperación global de la competitividad industrial japonesa, y una razón importante del deslizamiento han sido las lentas juntas administrativas. El nuevo código de gobernanza corporativa obligará a las empresas a emplear por lo menos dos directores externos en sus juntas, y darles a esas juntas como deberes explícitos examinar el trabajo de los administradores y comunicarse con los accionistas. También está creciendo el número de directores generales extranjeros contratados por grandes firmas. Igual de importante es el código para el fondo de pensiones y otros inversores institucionales, que pretende transformarlos de rentistas sin carácter en administradores responsables.

Entre las prácticas empresariales que buscan relanzar el desempeño de las firmas están: entregar a los accionistas y/o invertir productivamente las reservas de efectivo de las empresas; abandonar líneas de negocios donde ya no se es más competitivo; abandonar el sistema salarial ligado a la antigüedad de los empleados, sustituyéndolo por otro basado en el desempeño;

Tal vez las reformas más duras de todas para las empresas japonesas serán las relativas a la forma de gestión de personal. Las compañías han discutido largamente que es poco razonable que el gobierno espere que se incremente la rentabilidad de los accionistas, mientras que por ley, ellos no pueden despedir el exceso de trabajadores. Japón forma parte del Estado de bienestar al mantener más personal del que se necesita. Hay pocas señales de que el gobierno del Sr. Abe actuará con rapidez para hacer más fácil el despido de personal. Los asalariados de Hitachi están animando el cambio de la empresa de remuneración y promociones relacionadas con el rendimiento. Panasonic, Sony y Toyota también se están moviendo hacia una mayor remuneración y promoción en función del rendimiento.

Aun no es seguro que los corporativos japoneses tengan la voluntad de tomar las medidas drásticas que se necesitan para restaurar su competitividad. Hay abundantes motivos para el escepticismo. El último gran esfuerzo para abrir las empresas para el capital y adquisiciones exteriores, en la década de los 90 y principios de 2000 se agotó en cuanto la clase dirigente cerró filas tras la salida de Junichiro Koizumi, el anterior primer ministro reformista. Esta vez, al menos, el gobierno está teniendo éxito en conseguir que inversores institucionales y compañías japonesas adopten las políticas marcadas. Aun con el talentoso y determinado Sr. Loeb y otros activistas extranjeros, serán lugareños que decidan si el cambio de la atmósfera en el rendimiento corporativo es meramente fugaz o un cambio irreversible.