Lindsay Koshgarian es directora de programas del Proyecto de Prioridades Nacionales en el think-tank Instituto de Estudios de Políticas de Estados Unidos y trabaja por un presupuesto federal que priorice la paz, la prosperidad compartida y las oportunidades económicas.

Lorah Steichen es la Coordinadora de Difusión del Proyecto de Prioridades Nacionales en el think-tank Instituto de Estudios de Políticas de Estados Unidos; su función es facilitar las colaboraciones con organizaciones centradas en el cambio climático para cambiar la economía de guerra y abordar la crisis climática.

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Prefacio

Bastaron unas semanas para que la pandemia por COVID-19 cambiara el mundo tal cual lo conocíamos. Aunque los anhelos por regresar a la conexión humana y la comunidad continúan haciéndose presentes, las autoras consideran que no debemos regresar a la vieja “normalidad” establecida por el capitalismo, donde predominaban la devastación del planeta, la devaluación de la vida humana y el uso de la fuerza militar como instrumento de la política. Esa vieja normalidad condujo a que la violencia y el lucro se expandieran por distintas geografías, así como a una crisis climática que continúa a un ritmo cada vez más acelerado.

Ante una crisis sanitaria y climática, la apuesta debería ser a una cultura de cuidado y no una de guerra. No obstante, los tomadores de decisiones cada vez consideran más el cambio climático como un problema de seguridad nacional; esto ha ocasionado que los presupuestos se destinen a generar respuestas militarizadas, alejándolos de la creación de programas de mitigación y resiliencia.

La pandemia por coronavirus fue un ensayo general que muestra la manera en que Estados Unidos y otras potencias mundiales responderán a la crisis climática: ahondando las desigualdades económicas y sociales a nivel local y mundial. La pandemia vino a acelerar la urgencia de atender la desigualdad, pero también mostró lo urgente que es “transformar nuestra sociedad y la forma en que enfrentamos las crisis; de lo contrario enfrentaremos realidades aún más injustas e inhumanas en un futuro con cambio climático”. Frente a esta situación, las autoras apuestan por una economía basada en la cooperación global y el cuidado; asimismo, rechazan cualquier respuesta militarizada ante la crisis climática.

Introducción: de una cultura de la guerra a una cultura del cuidado

Lejos de ser una cuestión de seguridad, el cambio climático es una lucha por la defensa de los derechos humanos y la justicia climática. Las decisiones que se tomen respecto a la crisis climática serán un parteaguas para el futuro.

Para conseguir justicia ambiental es importante desmantelar la economía extractiva que opera bajo la sombra del militarismo, entre otros muchos actores. Por lo tanto, “las verdaderas soluciones climáticas deben tener el antimilitarismo en el centro”.

A partir de reconocer que los impactos del cambio climático crearán mayor inestabilidad en todo el mundo, el objetivo del informe es analizar qué papel juega el militarismo estadounidense en un mundo con cambio climático partiendo de las siguientes premisas:

El militarismo y la justicia climática están en contradicción. El militarismo estadounidense contribuye directamente al cambio climático.

Estados Unidos es una de las potencias en guerra por el petróleo. La industria extractiva depende de la militarización y despojo de tierras.

El cambio climático, la migración y la militarización de las fronteras están vinculados. A medida que la temperatura aumenta, los lugares son cada vez menos habitables, lo que obliga a las poblaciones a desplazarse, mientras que las medidas de seguridad en zonas fronterizas son cada vez más severas.

Estados Unidos ha priorizado invertir miles de millones de dólares en recursos militares en lugar de invertir en soluciones frente al cambio climático.

Es importante hacer una transición hacia una economía verde en la cual no se ponga en riesgo la vida de las y los trabajadores.

El racismo y la opresión racial son base de la economía extractiva de combustibles fósiles y de la economía militarizada. Ninguna de las dos existiría si los discursos de superioridad racial no existieran.

Una transición justa es una transición pacífica

El movimiento internacional por la justicia climática utiliza el concepto de Transición Justa para referirse al “proceso de transformación de una economía injusta y extractiva en una economía justa y regenerativa con comunidades y ecosistemas saludables y prósperos”.

El sistema económico actual, que está basado en la extracción de recursos finitos, utiliza procesos altamente contaminantes, que dejan secuelas a nivel ambiental y social. Es un sistema que se beneficia de las guerras y violencias que ha provocado la militarización de territorios nacionales o internacionales, pero sobre todo en comunidades indígenas y negras.

El Proyecto de Justicia y Ecología de Movement Generation expone que “si la adquisición de recursos, incluida la mano de obra, se realiza a través de la extracción, entonces el mecanismo fundamental de gobernanza debe ser el militarismo: violencia estructural, organizada, sistemática, de diversas formas y métodos, pero siempre brutal”. Es por ello que además de exigir una restructuración de los sistemas económicos, una transición justa exige una desmilitarización de la economía.

¿Seguridad nacional o emergencia planetaria?

Es cierto que la crisis climática es una amenaza global; sin embargo, no afecta a todas y todos por igual. Es decir, los cambios en el clima han comenzado a ser cada vez más evidentes y frecuentes, pero son las comunidades indígenas, las personas negras y racializadas y aquellos con ingresos bajos quienes están experimentando los primeros impactos.

Las y los hacedores de política han interpretado a la crisis climática como una “amenaza a la seguridad nacional”, impulsando la búsqueda de soluciones militares. Aunque ciertamente el cambio climático creará un mundo menos estable, es urgente que este proceso se entienda como una emergencia planetaria y no como un asunto de seguridad nacional, pues no necesita ser atendido a través de la militarización sino con cooperación y solidaridad global.

El ejército y el cambio climático

El ejército estadounidense, intensivo en carbono

El ejército estadounidense es considerado el ejército más grande la historia en términos expansivos, de elementos e infraestructura (Ver dato crucial 1), pero también se encuentra entre los principales contaminadores a nivel global (Ver dato crucial 2).

Según un estudio realizado por la Universidad de Brown, “el Departamento de Defensa de Estados Unidos es el mayor usuario institucional de petróleo del mundo y, en consecuencia, el mayor productor de gases de efecto invernadero del mundo” (Ver trabajo de fuentes).

Por otro lado, hay bases militares estadounidenses tan grandes como una ciudad, pero también las hay pequeñas, que normalmente se encuentran en territorios que fueron arrebatados violentamente, desplazando a pueblos nativos, indígenas, pobres y del Sur global, que al mismo tiempo, son quienes se ven más vulnerados por el cambio climático.

La guerra, uno de los elementos que caracteriza a la economía militarizada de Estados Unidos, es también una de las actividades que consumen más energía y producen más emisiones de GEI en el mundo (Ver dato crucial 3). Además, causan afectaciones sanitarias y ambientales en los territorios en guerra. Por ejemplo, la detonación de municiones tóxicas y la quema de desechos militares han ocasionado daño genético y tasas elevadas de cáncer en la población iraquí, adicional a la contaminación del medio ambiente.

La "ecologización de las fuerzas armadas" y la justicia climática están en desacuerdo

Para Elizabeth Warren, legisladora progresista, la huella de carbono de los militares estadounidenses resultó alarmante, por lo que lanzó un plan para que el Pentágono logre emisiones netas cero para 2030 en todas sus instalaciones, lo que implica un desafío para el ejército estadounidense y en particular para la aviación, “ya que no existe una alternativa comparable al combustible para aviones y, según las tendencias actuales, el caos climático supera con creces la innovación tecnológica en la electrificación de los viajes aéreos”.

Una de las propuestas más ambiciosas para descarbonizar al ejército estadounidense se conoce como la “Gran Flota Verde, que está conformada por aviones, submarinos y barcos propulsados por biocombustibles y energía nuclear, que quizá puedan funcionar como alternativas a los combustibles fósiles”. Sin embargo, las autoras consideran que su precio es elevado y no garantiza la disminución de emisiones de gases efecto invernadero.

Aun cuando se desarrollen biocombustibles que sean más eficientes para las fuerzas armadas estadounidenses, éstos no disminuirán la violencia y opresión bajo las que los militares proceden. Esta es la razón por la que el movimiento por la Justicia Climática considera que las aspiraciones del militarismo son fundamentalmente opuestas a la justicia social y climática.

Por su parte, el Pentágono tiene reportes desde 2003 en donde describen al cambio climático como “una amenaza urgente y creciente para nuestra seguridad nacional”. La perspectiva en que los militares estadounidenses abordan el problema se entiende como una defensa de sus intereses institucionales, que lejos de hacer frente a los impactos de la crisis climática es usada como pretexto para aumentar el presupuesto militar. Además, Estados Unidos ha incluido el cambio climático en la agenda militar de tres formas:

1. Monitorear los efectos del clima en la infraestructura militar.
2. El desarrollo de "combustibles verdes" para alimentar el arsenal militar. El interés estratégico de los militares gira en torno a la protección de las rutas de tránsito de combustible y la reducción de la dependencia del petróleo.
3. Los militares se están preparando para nuevas "amenazas a la seguridad" en un mundo con cambio climático. Prevén que la escasez de recursos y la desestabilización climática provocarán más conflictos armados y migraciones masivas. Cada uno de estos problemas le concierne a la operatividad de los militares e invita a "soluciones que justifiquen una militarización ampliada y presupuestos militares más grandes”.

Las corporaciones que abastecen a los militares buscan capitalizar la inseguridad, no solucionarla. Para las corporaciones, las guerras y la militarización son atractivas pues son una oportunidad comercial cada vez más expansiva y que se respalda bajo el argumento de la seguridad ambiental.

El legado ambiental destructivo del Departamento de Defensa

A pesar de que el Departamento de Defensa ha reconocido su responsabilidad sobre el cambio climático, tiene un historial de destrucción ambiental en cada lugar en el que se instala.

Según David Vine, experto en bases militares, “la mayoría de las bases almacenan grandes cantidades de armas, explosivos y otras herramientas de guerra intrínsecamente peligrosas; casi todas contienen productos químicos tóxicos y otros desechos peligrosos. La contaminación y otras formas de daño ambiental se encuentran en casi todas las bases" (Ver dato crucial 4).

El daño ambiental ocasionado por Estados Unidos abarca una larga historia. Por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial, Guam, una isla en Oceanía, ha funcionado para las fuerzas armadas estadounidenses como almacén de materiales tóxicos y vertedero de desechos cancerígenos. Existen estudios que demuestran que las enfermedades que padecen sobre todo grupos indígenas de las Islas Marianas están estrechamente vinculadas con la contaminación militar de Guam.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos mantiene veintiséis instalaciones militares en territorio guameño y el gobierno federal busca controlar la isla a través de la militarización; sin embargo, los pueblos indígenas además de resistir a la ocupación militar, lo están haciendo ante la contaminación y la crisis climática.

Considerando el impacto que el Departamento de Defensa ha tenido en distintos territorios, no debería haber justificación que valide su supuesta preocupación por la crisis climática. Por el contrario, todo indica que sólo responde a intereses institucionales muy particulares.

Apostar por una “ecologización militar” no tiene sentido, pues las soluciones transformadoras ni siquiera deberían apostar por una militarización sino por redefinir completamente la relación entre el cambio climático y la seguridad nacional y por modificar las prioridades presupuestarias.

Matando por petróleo

Por qué se lucha: la lucha por el petróleo

Contrario a incidir en el control y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, el ejército estadounidense se ha encargado de militarizar las regiones más ricas en petróleo y recursos naturales, como sucede en Medio Oriente, donde se encuentra más de la mitad de las reservas probadas de petróleo (Ver dato crucial 5).

El cambio climático como un "multiplicador de las amenazas

El cambio climático empeora las ya precarias condiciones sociales y políticas. En un mundo extremadamente desigual, el cambio climático amplifica las crisis de pobreza y violencia que ya afectan a tantas comunidades y regiones del mundo”. Por su parte, Chistian Parenti, periodista, investigador y académico, describe a la coexistencia del cambio climático, la militarización y la desigualdad social como una "convergencia catastrófica”. El Índice de Paz Mundial 2019 ha declarado que, en la próxima década, los efectos del cambio climático serán un gran desafío (Ver dato crucial 6).

La complicada red de sequía, política y guerra en Siria

Entre los factores que influyeron para que el conflicto en Siria se desencadenara, es probable que las condiciones climáticas hayan tenido un papel importante. Siria sufrió un periodo de sequía entre 2007 y 2010 que ocasionó una disminución en los mantos acuíferos, pérdidas de cosechas, aumento en el precio de los productos alimenticios, desplazamiento de comunidades, migración rural y una crisis económica; estos factores agudizaron el malestar social y contribuyeron al estallido de una guerra civil. Algunos investigadores consideran que, “las condiciones climáticas jugaron un papel significativo como factor explicativo de la búsqueda de asilo en el periodo de 2011-2015”.

Respuestas violentas al disenso

La industria de combustibles fósiles depende abiertamente de la militarización y, por lo tanto, de la guerra ocasionada por ella. En ese sentido, las y los defensores de la tierra y el medio ambiente se enfrentan ante las múltiples violencias que penetran sus territorios y son “intimidados, criminalizados y asesinados” (Ver dato crucial 7).

Las y los activistas, y las personas que defienden sus territorios son catalogados como “eco-terroristas” y a menudo se ven afectados por la explotación y la omisión de sus derechos básicos por parte de las empresas y el gobierno.

Silenciar el disenso en Guatemala

“Dicen que somos terroristas, delincuentes, asesinos y que aquí tenemos grupos armados, pero en realidad solo nos están matando”, declaró Joel Raymundo, integrante del Movimiento de Resistencia Pacífica de Ixquisis en Guatemala. Según Global Witness, 2018 fue el año con más asesinatos a defensores de la tierra y medio ambiente en Guatemala, el país más letal para las personas defensoras del ambiente y el territorio en el mundo(Ver dato crucial 8).

Con el fin de la guerra civil en Guatemala en 1996, las políticas favorecieron a la inversión privada y extranjera, pasando por alto el consentimiento de las comunidades indígenas y sus territorios, incluido el pueblo Ixquisis. A partir de ello, surgió la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, que “fue formada por comunidades indígenas en respuesta a las violaciones de derechos humanos en nombre del desarrollo económico en Guatemala”. Las y los habitantes de la comunidad han sido víctimas de la violencia generada por parte de la policía, soldados e incluso por guardias de seguridad de los megaproyectos presentes en el territorio. Por ejemplo, en 2018 Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, activistas guatemaltecos y líderes de la comunidad de Bella Linda fueron encontrados muertos pues se oponían al proyecto hidroeléctrico que amenazaba su comunidad.

A pesar de que se tienen registros “sobre los ataques contras las y los defensores del medio ambiente, el Estado no ha investigado ni ha reconocido el problema. Por el contrario, el gobierno es cómplice de la violencia, refiriéndose públicamente a prominentes grupos de derechos ambientales como organizaciones criminales”.

Suprimir el disenso en la tierra de los libres

En el territorio actual de Estados Unidos, las comunidades indígenas también se han visto afectadas por los proyectos de extracción y explotación de recursos que las han despojado, amenazado su soberanía y supervivencia.

Tales prácticas se han hecho visibles después que la policía local y la guardia nacional atacaron con gases lacrimógeno, balas de goma, cañones de sonido y cañones de agua a temperaturas heladas a las y los manifestantes que mantenían una protesta pacífica contra la construcción del oleoducto Dakota Access que atravesaría los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa e Illinois, en Estados Unidos.

Es probable que el equipo que se utilizó para agredir a las y los manifestantes fuera financiado por el Departamento de Defensa, pues son ellos quienes suelen equipar, retribuir económicamente y entrenar a los departamentos de policía locales.

Vigilancia de protestas pacíficas en Estados Unidos

Por otro lado, las empresas de seguridad privada tienen una participación fundamental en la construcción de megaproyectos, ya que utilizan “un método probado para derrotar a las insurgencias”. Tal es el caso de TigerSwan, empresa de seguridad privada que trabaja para Energy Transfer Partners, la empresa que construye el oleoducto Dakota Access.

Es importante poner énfasis en la militarización de la policía a nivel mundial, pues cada vez es más común que las empresas que coordinan los megaproyectos recurran a la represión violenta de los movimientos que se oponen a estos planes “de desarrollo”.

Un enfoque de "bote salvavidas armado" para la seguridad climática

En 2014, el Departamento de Defensa hizo público un informe en el que declaró que “los efectos del cambio climático crean condiciones que pueden permitir la actividad terrorista y otras formas de violencia”. Bajo ese argumento, desarrollan “planes para responder a las “amenazas a la seguridad” vinculadas con el cambio climático a través de lo que Christian Parenti ha descrito como “botes salvavidas armados” para la adaptación climática. “En un planeta violentamente desigual, el bote salvavidas intenta mantener a flote a la élite mundial mientras los más afectados por el cambio climático, incluidos las comunidades negras, indígenas y pobres se quedan fuera del bote salvavidas”.

Parenti considera que se trata de un "fascismo climático", basado en la exclusión, segregación y represión. Resulta preocupante que las fuerzas armadas estadounidenses se consideren parte de las medidas de resiliencia y mitigación contra el cambio climático. Es cierto que, “un mundo con cambio climático será menos estable". No obstante, la búsqueda de soluciones que minimicen el daño y prioricen el cuidado mutuo exige evitar los marcos de seguridad que consideran que algunas vidas son más valiosas que otras.

Cambio climático, inmigración y militarización

El cambio climático contribuye a la inestabilidad e influye en la migración

A pesar de que las y los funcionarios de las grandes potencias han negado la urgencia de la crisis climática, hay gente que ya está sufriendo los catastróficos efectos del cambio climático y el panorama de las próximas décadas no parece ser muy alentador. La “nueva normalidad ecológica” empeorará los conflictos políticos y sociales ya existentes y orillará a miles de personas a desplazarse (Ver dato crucial 9). Al mismo tiempo, la militarización de las fronteras y la adopción de políticas de inmigración serán cada vez más violentas e inhumanas.

Se estima que en el mundo la probabilidad de que una persona sea desplazada a causa de problemas ambientales es mayor en comparación a que lo sea por la guerra, por ejemplo (Ver dato crucial 10). Pese a que el número de migrantes climáticos va en aumento, no existe un marco legal para el caso de refugiados climáticos. Todd Miller, periodista que documenta la relación entre el cambio climático y la militarización de las fronteras dice que las únicas medidas adoptadas hasta ahora son “los muros fronterizos y la tecnología de vigilancia que los acompaña”.

Ante un planeta que se calienta y los índices migratorios van en aumento, se esperaría una respuesta solidaria y empática. Cada vez más, las y los migrantes argumentan que lo que los obligó a migrar fueron las malas cosechas y la inseguridad alimentaria consecuencia del cambio climático. Al llegar a la frontera sur de Estados Unidos, se encuentran un control fronterizo indiferente y violento. Guatemala, Honduras y El Salvador se han caracterizado como “zonas cero” del cambio climático; es decir, son territorios que presentan altos índices de riesgo y vulnerabilidad ante desastres naturales, pero también son importantes la violencia y la pobreza aguda, circunstancias en las cuales la intervención de Estados Unidos tiene mucho que ver.

Un fuerte llamado Estados Unidos: los planes de los militares de Estados Unidos ante la migración climática

La relación entre cambio climático y migración ha sido monitoreada por el Departamento de Defensa y de Seguridad Nacional desde hace casi dos décadas. En un informe publicado por el Pentágono, An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United States National Security se declara que ante la crisis climática “es probable que Estados Unidos y Australia construyan fortalezas defensivas alrededor de sus fronteras”. A partir de la publicación de dicho informe, que las autoras consideran xenófobo, la frontera sur de Estados Unidos se ha convertido en un escenario de escalamiento militar sin precedentes financiado por el gobierno federal (Ver dato crucial 11).

Las militarización de la frontera con México comenzó en la década de 1980 bajo el discurso de reforzar el control del tráfico de drogas. Sin embargo, con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993, el presupuesto a la seguridad fronteriza se incrementó y se invirtió en tecnología más avanzada: osciloscopios infrarrojos nocturnos, imágenes térmicas y sensores en tierra. Recientemente, en apenas unos años el presupuesto que se destina a la seguridad fronteriza incluso se ha duplicado (Ver dato crucial 12).

Por otro lado, la detención y deportación de personas indocumentadas se ha convertido en una actividad lucrativa, pues “se estima que el costo de encarcelar a tanta gente supera los mil millones de dólares al año” (Ver dato crucial 13).

La frontera militarizada se extiende mucho más allá de las fronteras internacionales

Es erróneo concebir a la frontera como una línea exclusivamente física y que después de cruzarla ya no hay nada más de qué preocuparse. “La guerra contra migrantes se extiende más allá de las zonas fronterizas, algo parecido a una frontera virtual que sigue a las y los migrantes a donde quiera que vayan”, según describen las autoras. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) vigila los flujos materiales e inmateriales que se desplazan por territorio estadounidense a través de “muros tecnológicos virtuales, puntos de control en las carreteras y patrullas itinerantes lejos de la frontera suroeste”. Existen numerosos testimonios sobre la violencia con las que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el CBP intimidan a las comunidades migrantes, no sólo con el objetivo de arrestar, detener o deportar, sino como un condicionamiento operante para el resto de comunidades indocumentadas.

Las llamadas "ciudades santuario" cuentan con un perímetro “libre” de agentes de inmigración o del ejército para brindar un espacio seguro para las y los migrantes; sin embargo, la presencia del ICE y de contratistas privados de seguridad es cada vez más frecuente en dichos espacios, donde criminalizan a las comunidades migrantes.

La militarización de las fronteras se ha extendido a territorios no estadounidenses, pero sí bajo su financiamiento. Tal es el caso de la frontera sur de México, que además de recibir tecnología militar cuenta con un tratado internacional de seguridad: la Iniciativa Mérida.

La iniciativa Mérida es un acuerdo entre México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, que más bien enmascara un discurso racista y xenófobo. Las autoridades de inmigración, la policía y el ejército mexicano han recibido entrenamiento de los agentes de seguridad nacional de Estados Unidos, no sólo para la vigilancia fronteriza, también para trabajar directamente en los centros de detención migratoria. Contrario a lo que se hubiese esperado, ni la violencia, ni la migración disminuyeron (Ver dato crucial 14). Por el contrario, la militarización de las fronteras ha ocasionado un incremento de la desigualdad económica y social, haciendo más evidente la brecha entre los espacios ambientalmente seguros y los ambientalmente inseguros.

Solidaridad sobre seguridad

La respuesta que ha tenido Estados Unidos (junto con países de Unión Europea) ante el cambio climático es inhumana e irracional, pues al ser el país con los niveles más altos de emisiones de GEI a nivel mundial, es responsable y está en deuda con todas y todos los desplazados climáticos en todo el mundo. Michael Gerrard, profesor de derecho climático, escribió en 2015 que “en lugar de dejar varados y sin ningún lugar que les permita entrar a un gran número de víctimas de un mundo más cálido, los países industrializados deberían comprometerse a recibir a una parte de la población desplazada equivalente a la contribución de cada nación a las emisiones de gases de efecto invernadero que están causando la crisis".

Las autoras del informe sugieren que es necesario cambiar hacia una forma de relación y producción más solidaria, que sea incluyente con las víctimas de las guerras estadounidenses; también consideran que debería brindarse ayuda humanitaria a las personas afectadas por las políticas económicas y ambientales de ese Estados Unidos. Con un mundo en crisis ambiental, la militarización fronteriza no debería existir pues limita el derecho de moverse y permanecer. “La justicia para los inmigrantes es justicia climática". Desafiar el militarismo es crucial para lograr ambos tipos de justicia.

El presupuesto federal y el gasto militar

Nuestras indefendibles prioridades presupuestarias

Pese al deterioro ambiental, los hacedores de políticas en Estados Unidos han decidido otorgar un financiamiento aún mayor a las fuerzas armadas y “otras necesidades de seguridad”. El gasto militar de Estados Unidos es el mayor en el mundo; de hecho, “el gasto militar estadounidense es aproximadamente del tamaño de los próximos siete presupuestos combinados” (Ver dato crucial 15).

Por otro lado, el Departamento de Energía de Estados Unidos es el encargado, de otra de las amenazas para la humanidad, además del cambio climático: las armas nucleares (Ver dato crucial 16).

Sin lugar a dudas, el 11 de septiembre de 2001 fue un parteaguas para el gasto militar en Estados Unidos (ver dato crucial 17), pues se dio inició a una “guerra contra el terrorismo” que se ha expandido en más de 80 países.

La creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2002 tuvo como objetivo principal “coordinar la defensa de la patria contra ataques terroristas, lo que dio lugar a aumentos significativos en el gasto militarizado interno”.

Las guerras contra Irak y Afganistán lejos de crear mayor seguridad, han cobrado innumerables vidas humanas y ocasionado el desplazamiento de millones más, además de provocar gran inestabilidad en la región (Ver dato crucial 18).

Estados Unidos destina un amplio presupuesto a la militarización, que no sólo abarca el presupuesto militar tradicional, también se contabiliza el gasto discrecional que incluye asuntos de veteranos, seguridad nacional, encarcelamiento y aplicación de la ley (Ver dato crucial 19).

¿Quién se beneficia con la economía extractiva militarizada?

Las principales beneficiarias del aumento en el gasto militar por parte del gobierno federal estadounidense son las corporaciones militares. El incremento en el gasto significa una expansión de su poder e influencia, que usan para redactar y aprobar leyes que responden a sus intereses (Ver dato crucial 20). Lo mismo sucede con la militarización de las fronteras. Desde 1980 que el presupuesto para la seguridad fronteriza aumentó (Ver dato crucial 21).

Al igual que sucede con el complejo industrial-militar, las empresas de combustibles fósiles son beneficiarias de los procesos descritos. BP, Shell, Chevron y Exxon, son las cuatro corporaciones de combustibles fósiles que han invertido una enorme riqueza para diseñar e intervenir políticas que “protejan su margen de beneficio, incluso sabiendo que tales políticas impulsan la crisis climática”. Es importante destacar que tanto la industria militar como la industria de combustibles fósiles dependen una de la otra, así como de continuar con el desarrollo de una economía extractiva “basada en la acumulación, concentración y cercamiento de la riqueza y el poder”.