Aldo Orellana López es un activista y periodista boliviano centrado en cuestiones medioambientales, extractivismo y corporaciones multinacionales en América Latina.

El boom de las materias primas a inicios de los 2000 ha extendido las fronteras del extractivismo en América Latina. Esta actividad se ha basado en la violencia estatal, la cual ha convertido a la región en una de las más peligrosas para las personas indígenas y los defensores comunitarios. A partir de los casos de Perú y Colombia, el autor se propone, en este ensayo, explorar las dinámicas de la violencia estatal y las estrategias para resistirlas.

El ensayo comienza con una declaración hecha por Samuel Arregocés, miembro del Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Tabaco en La Guajira, Colombia. Desplazamientos, el cese de sus servicios públicos, restricción de su circulación, destrucción y quema de sus casas, así como las amenazas a las organizaciones que les defienden, son algunas de las consecuencias de la resistencia a las actividades extractivas a las que las comunidades en La Guajira se han tenido que enfrentar. La experiencia de Arregocés defendiendo a la comunidad de Tabaco en contra de la mina de carbón a cielo abierto de las corporaciones BHP y Glencore revela, para el autor, “la realidad detrás del extractivismo en Latinoamérica y la violencia que trae consigo”.

Orellana utiliza conceptos como “extrahecciones” de Eduardo Gudynas y “neoextrativismo” de Maristella Svampa para describir lo que sucede en La Guajira. El primer término hace referencia a “la apropiación violenta de recursos naturales, la cual involucra la violación de los derechos humanos y de la naturaleza”. Por otro lado, el autor hace uso del concepto de Svampa para describir la era del aumento de las actividades extractivas, que inició con el alza en los precios de las materias primas a inicios del siglo XXI. En esta época, la presión hacia territorios y comunidades afectados por el extractivismo, ha desencadenado un incremento de la resistencia, así como de la represión, criminalización y asesinatos de líderes sociales y ambientales (ver dato crucial 1).

La era del neoextractivismo

El neoextractivismo es un modo de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales y la expansión del extractivismo a nuevos territorios. De acuerdo con el autor, el concepto “Conseno de los Commodities” caracteriza a esta época; este hace referencia a un “’nuevo orden político y económico’ sostenido por el ‘boom’ en el precio de las materias primas y el incremento de la demanda global de recursos naturales” (ver dato crucial 2).

Orellana considera que todos los países de América Latina vieron en el alza de los precios una oportunidad para desarrollarse mediante los ingresos de las actividades extractivas y la exportación de recursos naturales. Algunos de estos ingresos los destinaron a la reducción de los niveles de pobreza (ver dato crucial 3).

China ha jugado un rol importante en esta fase, según el autor. Argumenta que, en su ascenso como potencia mundial, el país asiático se ha transformado en un importante comprador de varios tipos de materias primas (ver dato crucial 4). Ha aumentado su inversión extranjera directa en la región (ver dato crucial 5) y se ha convertido en una fuente importante de préstamos para los países latinoamericanos; financiamiento que es principalmente destinado a actividades extractivas (ver dato crucial 6).

Lo anterior reconfiguró los presupuestos de los gobiernos en América Latina; alrededor de 2010, estos comenzaron a focalizarse en proyectos extractivos o en operaciones relacionadas a ellos. Con la caída de los precios de las materias primas en 2013 y 2014, las actividades extractivas en la región aumentaron para compensar las perdidas en los ingresos derivados de la exportación. A partir de este periodo, los conflictos socioambientales y la represión hacia las comunidades asentadas en zonas extractivas aumentaron año con año (ver dato crucial 7). Asimismo, el asesinato de líderes ambientales durante estos años es un tema de alarma (ver dato crucial 8).

El autor retoma a un miembro de una red de organizaciones de la sociedad civil en Perú para argumentar que “los conflictos son inevitables, ya que las actividades extractivas requieren territorios para operar”. También, en palabras de Horacio Machado, establece que “el extractivismo es una característica estructural del capitalismo como un sistema de acumulación mundial. Para que esta acumulación tenga lugar, es necesario que existan sacrificios, zonas coloniales”.

De esta forma, para Orellana, la “re-primarización de la economía” exacerbó el despojo y saqueo en América Latina; dinámica que, al igual que en los tiempos coloniales, trae consigo violencia y destrucción de territorios.

Seguridad pública y el rol del Estado en la globalización

De acuerdo con el autor, el principal rol del Estado en la era del neoextractivismo es garantizar la seguridad del capital transnacional invertido en las actividades extractivas. Considera que el Estado es esencial para llevar a cabo el extractivismo; principalmente porque es quien resuelve los conflictos a través del ejercicio de la violencia.

Así, en décadas recientes, varios países latinoamericanos han creado fuerzas policiales dedicadas al control de protestas y la intervención en conflictos socioambientales. Un ejemplo es el Escuadrón Móvil Antidisturbios en Colombia (ESMAD); agencia reconocida por su brutalidad, dirigida especialmente a comunidades indígenas y campesinas que resisten a actividades extractivas (ver dato crucial 9). ESMAD es acusada de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, el asesinato de 34 personas y actos sistemáticos de tortura. Estas actividades se ocultan gracias a la impunidad (ver dato crucial 10).

Para Orellana, el caso de ESMAD ilustra la verdadera función de las fuerzas de seguridad en las situaciones de conflicto: servir a los intereses del extractivismo. Sin embargo, considera que la protección del Estado a las corporaciones transnacionales también se refleja en el hecho de que fuerzas policiales en América Latina tengan autorización para proveer seguridad privada a estas empresas a cambio de dinero. “En efecto, el Estado se está convirtiendo en una fuerza policial privada para el capital transnacional” (ver datos cruciales 11 y 12).

En el caso de Perú, la vigilancia se privatizó y los acuerdos se usan como una estrategia para que el Estado garantice las operaciones extractivas mediante la intervención en conflictos que las impidan (ver dato crucial 13). Esta doctrina, argumenta el autor, es parte de una ideología económica y de una tendencia regional a abrir las fronteras a la inversión y relajar las normas ambientales.

Siguiendo esta lógica, Colombia implementó, veinte años atrás, políticas para liberalizar la economía y aumentar la inversión extranjera. De igual manera, creó el Batallón Especial Energético Vial y Minero, formado por las fuerzas armadas colombianas y encargado de proteger las actividades extractivas, así como la infraestructura y carreteras que las sostienen. Estos batallones siguen las órdenes del gobierno colombiano, pero las corporaciones también pueden contratar sus servicios; destaca la existencia de varios contratos entre estos y empresas extractivas en 2014 (ver dato crucial 14).

Orellana considera que otra consecuencia de estas políticas de seguridad es el aumento de la impunidad, dado que favorecen el uso desproporcionado de la fuerza.

Un orden económico a favor del capital transnacional

El autor argumenta que el establecimiento de esta “arquitectura legal y económica” ha sido posible por “la captura corporativa del Estado”. Lo anterior refiere a un mecanismo utilizado por las corporaciones transnacionales para implementar leyes que les sean benéficas. Esto puede ser denominado “Legislación por desposesión”. No obstante, continúa Orellana, estos marcos legales también son aprovechados por las empresas estatales.

Este marco político, económico y judicial, es designado por el autor bajo el concepto de “etapa transnacional del capitalismo global” siguiendo a William Robinson. Esta etapa “es caracterizada por el aumento del ‘capital verdaderamente transnacional’ y la integración de los países en la ‘producción globalizada y el sistema financiero’ y los ‘circuitos globales de acumulación’”. También, en esta era, el “poder supranacional ejerce ‘de facto’ poder sobre la soberanía del Estado, en la forma de una estructura regulatoria global basada en una vasta red de libre comercio y tratados que protegen las inversiones”; mismo orden que “sobreprotege” a las compañías de las resistencias populares (ver dato crucial 15).

La expansión intensiva y extensiva del capital transnacional en este periodo penetra en espacios y territorio que anteriormente se encontraban fuera de la zona de acumulación. Las consecuencias son el aumento de los conflictos y, por lo tanto, de la represión y violencia del estado transnacional, según el autor. A esto lo denomina –siguiendo de nueva cuenta a Robinson– “acumulación militarizada” o “acumulación por represión”.

Perú y Colombia –casos emblemáticos de violencia e impunidad–

De acuerdo con Orellana, la violencia en contra de las comunidades proviene principalmente de las fuerzas de seguridad públicas del Estado. Sin embargo, esta no es la única ni la peor fuente, dado que estas operaciones a menudo atraen a grupos capaces de movilizar redes criminales y paramilitares.

Las situaciones de violencia en contra de las comunidades que resisten al extractivismo incluyen amenazas, estigmatización y falsas acusaciones. De esta forma, en países como Colombia y Perú, los ataques en contra de opositores de corporaciones extractivas han aumentado. Por ejemplo, la provincia de Espinar, en Perú, es constantemente militarizada y las comunidades que ahí habitan son desprovistas de derechos como resultado de los “estados de emergencia”. También, se denunció la existencia de un contrato de seguridad entre la policía y una corporación minera que opera en la provincia. En 2020, la población de Espinar salió a protestar en contra del incumplimiento de acuerdos por parte de la minera y esta fue reprimida de manera violenta por la policía.

Los “estados de emergencia y de excepción” son un patrón de abuso legal en América Latina, según el autor. Argumenta que esta situación propaga el miedo entre la población y hace más fácil el desarrollo de actividades extractivas mediante la militarización de los territorios, la suspensión de derechos constitucionales y la criminalización de la protesta social.

Así, Orellana considera que conceptos como “seguridad nacional, orden público y protección del patrimonio estatal”, entre otros, son utilizados para justificar la subordinación de las fuerzas policiales del Estado a los intereses de las corporaciones extractivas.

Además, el autor señala que existen otras formas para reprimir las resistencias en las áreas de actividades extractivas, como la desacreditación de las organizaciones sociales y sus líderes. Para lo anterior, se hacen uso de conceptos como “enemigos del Estado, enemigos del desarrollo y terroristas”, que aparte de estigmatizar, ayudan a crear una atmósfera de violencia perjudicial para las personas afectadas.

Estos ataques y discursos son infundidos en las fuerzas policiales. También es reproducido por grupos dominantes y los medios. Lo anterior conlleva a que las personas asuman una posición a favor del extractivismo y no se cuestionen sus impactos, como la violación de derechos humanos.

Orellana cierra esta sección señalando que el uso de la violencia por parte del Estado y esta clase de abusos guardan una profunda relación con el racismo presente en la región (ver dato crucial 16).

Extractivismo y violencia desde la izquierda

Para el autor, los ejemplos de Colombia y Perú son parte de un patrón general en América Latina, lo que Maristella Svampa denomina “la ilusión desarrollista”.

Este patrón no solo se compone del extractivismo neoliberal tradicional, sino también de “un nuevo tipo de neoextractivismo progresivo”. Para ejemplificar lo anterior, el autor menciona el caso de Bolivia y Ecuador; dos países que, bajo administraciones de izquierda, han logrado importantes avances en materia medioambiental y de derechos humanos, pero que, aún con lo anterior, han desarrollado numerosos proyectos extractivos.

A pesar de que los ingresos derivados de estos proyectos puedan ser repartida de manera más equitativa, Orellana considera que los resultados en ambos países no son distintos a los del resto. Por ejemplo, en el conflicto en torno al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia, el gobierno reprimió violentamente a las y los indígenas que se manifestaban en contra de la construcción de una autopista en la zona. En Ecuador, la comunidad Shuar fue violentamente desalojada de su territorio, mismo que era reclamado por una corporación minera china. En ambos casos, los respectivos gobiernos desacreditaron públicamente a las comunidades e intentaron disolver a las organizaciones argumentando que perseguían sus propios intereses.

Orellana argumenta: “como en Colombia y Perú, la mayoría de las llamadas ‘zonas de sacrificio’ se encuentran en los territorios de pueblos indígenas, que a menudo no son consultados y luego son sometidos a la violencia”.

Reformas, apoyo a las luchas y alternativas

El autor considera que la competencia por la extracción de materias primas para la exportación en América Latina ha generado la existencia de fuertes movimientos sociales, los cuales, a pesar de ser reprimidos con violencia, continúan creciendo.

Desde su perspectiva, un primer paso para confrontar el extractivismo en la región es poniendo a los gobiernos bajo presión y explotando los instrumentos internacionales y precedentes que existen para la defensa de los derechos humanos, el territorio y el ambiente. Instar a los Estados a garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones que afectan a sus derechos y territorios, así como hacer uso del Acuerdo de Escazú (para acceder a la información y participar en los asuntos de justicia y medio ambiente) son dos ejemplos concretos. Otra estrategia es la reforma o abolición del aparato represivo del Estado, como los batallones especiales en Colombia (ver dato crucial 17).

Por otro lado, Orellana señala que la crisis sistemática y los límites ecológicos planetario, expuestos por la violencia del extractivismo, son una “buena oportunidad para pensar en la construcción de un nuevo sistema de civilización”. Esta propuesta va desde transiciones energéticas, cambios en la matriz productiva, hasta el rescate y la articulación de conocimientos ancestrales sobre la tierra.

Finalmente, señala que, en el medio tiempo, es importante que las y los internacionalistas apoyen a los movimientos que se oponen al extractivismo, denuncien las actividades de las empresas transnacionales y desmantelen los instrumentos internacionales que las protegen. Un elemento fundamental en esta cruzada es el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos, que sigue en proceso de negociación.