Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la implementación de una tecnología perversa
Venturini, Jamila y Vladimir Garay [2021], Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la implementación de una tecnología perversa, Al Sur, https://estudio.reconocimientofacial.info/reports/ALSUR-Reconocimiento_f...
Jamila Venturini es la coordinadora regional de Derechos digitales, una organización sin fines de lucro en América Latina que defiende y promueve los derechos humanos en entornos digitales. Es periodista con estudios en ciencias sociales en FLACSO, Argentina. Es miembro de LAVITS (Latin American Network of Surveillance, Technology and Society Studies).
Vladiminri Garay es periodista y director de Derechos Digitales.
Al Sur es un consorcio de once organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico que buscan fortalecer los derechos humanos en el entorno digital de América Latina. Para más información del informe se invita a consultar el sitio: https://estudio.reconocimientofacial.info/.
A modo de introducción
El reconocimiento facial es una tecnología biométrica que funciona con el análisis de rasgos faciales para identificar a una persona. Su funcionamiento no requiere de contacto físico, lo que facilita su despliegue en el espacio público a gran escala. Esta tecnología ha sido mejorada por el avance en el Big Data y las técnicas de inteligencia artificial, como Deep Learning. Sus aplicaciones están desde el desbloqueo de celulares hasta los “intentos por leer intencionalidades y emociones” (p. 4).
Los sistemas de reconocimiento facial requieren tres elementos mínimos: capturar imágenes, un software especializado en su análisis y una base de datos vasta. Deficiencias en alguno de estos elementos se traduce en reconocimientos fallidos, discriminaciones arbitrarias y falsos positivos asociados a su aplicación en espacios públicos y resguardo de acceso. Problemas que se exacerban con grupos de personas históricamente vulnerados (mujeres, piel oscura o personas trans). De esta manera los sistemas de reconocimiento facial reproducen los sesgos de exclusión social y amenazan varios derechos humanos (derecho a la dignidad, debido proceso, presunción de inocencia, entre otros). Es una gestión técnica de las identidades que exacerba desigualdades y exclusiones sociales.
La investigación busca animar el debate respecto el uso de los sistemas de reconocimiento facial en América Latina desde sus iniciativas estatales.
Mapeando el reconocimiento facial en América Latina
El informe es un análisis cualitativo sobre el despliegue de sistemas de reconocimiento facial en nueve países en América Latina entre abril y mayo de 2021. La investigación se desarrolla con una metodología propuesta por varias organizaciones: Coding Rights, IPANDETEC, InternetLab, R3D, Derechos Digitales, TEDIC, Fundación Karisma. El objetivo es realizar un mapeo detallado de las iniciativas en la región, identificando empresas tecnológicas, sus países sede y relación con los estados y sus consecuencias sociales, económicas y políticas.
Metodología
Se realizaron fichas estandarizadas para la documentación de información relevante sobre las iniciativas de reconocimiento facial desplegadas en América Latina. Las fichas contienen datos técnicos y considera el marco de políticas públicas implementados para asistir la vigilancia del espacio público y la autentificación de identidad (p. 6).
¿Qué, cómo, dónde? Tendencias regionales sobre la implementación de reconocimiento facial en América Latina
En total, el informe analiza 38 iniciativas de implementación de reconocimiento facial en nueve países latinoamericanos, de las cuales 22 están actualmente activas y 5 inactivas (ver Dato Crucial 1). Entre sus aplicaciones principales destacan los fines de seguridad y vigilancia (ver Dato Crucial 2). Se identifican iniciativas que violentan derechos económicos y civiles (ver Dato Crucial 3).
En la mayoría de los casos no existe reglamentación legal que avale la implementación (ver Dato Crucial 4) y llama la atención que las normas existentes son normativas generales sobre otro tipo de tecnologías, como el uso de cámaras de vigilancia. Muy pocos casos cuentan con una regulación adecuada, ejemplo en Brasil, Argentina y Colombia (ver Dato Crucial 5). La norma es la escasez de regulaciones específicas sobre el uso de datos biométricos. Otro rasgo de su implementación es que no contaron con ningún tipo de consulta o participación pública.
Proveedores
Son varias las empresas involucradas en la operatividad de los sistemas de reconocimiento facial en América Latina. El informe documenta la variedad de roles entre las empresas locales proveedoras de infraestructura y tecnología biométrica y las firmas extranjeras encargadas del desarrollo de software. Entre las empresas extranjeras se encuentran algunas con fama internacional por casos de violaciones de derechos humanos destacando firmas chinas (Dahua y Hikvision), francesas (IDEMIA) e inglesas (FaceWatch). En el caso de las empresas locales destacan sus vínculos cercanos con el Estado, relaciones clientelares con figuras políticas e incluso escándalos de corrupción.
Argentina
Se identificaron cuatro iniciativas de uso de sistemas de reconocimiento facial activas con la participación de empresas argentinas: DANAIDE, NEC Argentina, Nubicom; y extranjeras: NEC (japonesa), IDEMIA (francesa) y DATYS (cubana) (ver los detalles en Dato Crucial 6). Adicionalmente la empresa rusa NtechLab está involucrada en el desarrollo del software de reconocimiento facial que utiliza la firma DANAINE en la iniciativa de Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP).
La empresa DANAIDE está acusada por actos de espionaje (Dato Crucial 7) y Nubicom tiene relaciones cercanas con las autoridades que le han facilitado contrataciones directas (Dato Crucial 8). La firma japonesa NEC Corporation tiene presencia en el país desde 1978 y desde entonces ha tenido múltiples contratos con el Estado (Dato Crucial 9), por su parte la francesa Morpho Safran (IDEMIA) ha sido criticada por Amnistía Internacional por tecnologías que violentan derechos humanos y por estar involucrada en problemas electorales en otros países (Dato Crucial 10).
Brasil
Se identificaron seis iniciativas con la participación de las siguientes empresas locales: Staff of Security Technologies do Brasil Software Ltda, Brisanet Telecomunicações, Tecway, Engie Brasil Soluções Integradas Ltda; y extranjeras: Admobilize (estadounidense), Ineo Infracom (francesa), Johnson Controls BE do Brasil Ltda (estadounidense) (ver los detalles en Dato Crucial 11).
La empresa nacional Staff of Security Tecnhologies que exporta el software Facewach está involucrada en escándalos de corrupción en Brasil, a su vez en Inglaterra este software es objeto de polémica por sus aplicaciones discriminatorios para el acceso a ciertos negocios (Dato Crucial 12). La empresa brasileña Tecway es acusada de haber ganado fraudulentamente las licitaciones públicas y por tener casos de puertas giratorias con directores directamente vinculados con la alta política nacional (Dato Crucial 13).
Se menciona que dos de las iniciativas mencionadas tienen acceso a la base de datos biométricos del Servicio Federal de Processamento de Datos (SERPRO), una institución pública que usa los datos para licencias de conducir y pago de pensiones del sistema de seguridad social. Esto pone en riesgo datos personales y su uso para fines privados u otros no aclarados.
Chile
Se logró identificar diez iniciativas de sistemas de reconocimiento facial, de las cuales seis están actualmente activas. No obstante, no se obtuvo la información de los proveedores dada la lenta respuesta de los institutos públicos consultados. Solo se tiene conocimiento de dos empresas chilenas encargadas de mejorar el sistema de televigilancia: Enel Distribución Chile SA (parte de la firma italiana Grupo Enel) y Sistema de Seguridad y Tecnologías SpA (ver los detalles Dato Crucial 14).
Colombia
Están ubicadas cinco iniciativas de uso de sistemas de reconocimiento facial con intervención de las siguientes empresas locales: EMTEL, Inversiones Tecnológicas de América, Unión Temporal Tecnocom, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y BYTTE SAS; y dos extranjeras: IDEMIA (francesa), HERTA Security (española) (ver los detalles Dato Crucial 15).
La firma EMTEL está involucrada en casos de corrupción y fraude por no tomar en consideración que el sistema de cámaras de reconocimiento biométrico del SIVIT solo podría operar con una base de datos inexistente (Dato Crucial 16). Por su parte, la firma local Unión Temporal Tecnocom es acusada de incumplimiento (Dato Crucial 17) y TecniDidácticos por irregularidades durante la pandemia de Covid-19 (Dato Crucial 18). La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá tiene la participación mayoritaria de la Agencia de Analítica de Datos (Ágata) gracias a que su conformación se dio gracias a varias personas de la Alcaldía de Bogotá, además ha sido sancionada por violación e incumplimiento de contratos.
Costa Rica
Se identifican tres iniciativas con la participación de empresas locales como Componentes El Orbe S.A, Grupo de Soluciones Informáticas SA (GSI) y Sertracen; además de extranjeras: IDEMIA empresa francesa, que al mismo tiempo integra el consorcio IAFIS creada en Argentina (ver los detalles Dato Crucial 19).
México
Fueron identificadas tres iniciativas de implementación de sistemas de reconocimiento facial para la vigilancia de espacios públicos con el involucramiento de empresas nacionales: Teléfonos de México y Compañía SYM Servicios Integrales además de las extranjeras: Dahua (china), Hikvision (china), Hanwa (Corea del Sur) e Intelligent Security Systems (estadounidense) (ver los detalles Dato Crucial 20).
Las empresas chinas Dahua y Hikvision han sido sancionadas por violaciones a derechos humanos en Estados Unidos y en China donde sus servicios son utilizados para detectar etnias discriminadas por el estado chino (Datos Crucial 21 y 22). Por su parte la empresa mexicana de Teléfonos de México está involucrada en escándalos de clientelismo político, corrupción y fraudes (Dato Crucial 23) mientras que SYM Servicios Integrales es acusada de espionaje (Dato crucial 24).
Panamá
Se ubicaron tres iniciativas de sistemas de reconocimiento facial en las cuales están involucradas dos empresas extranjeras: Huawei Technologies (china) y General Dynamics Mission Systems (canadiense). La firma tecnológica china opera en Panamá mediante una sociedad anónima y tiene una junta directiva en la que todos sus miembros son chinos que no habitan el país. En el caso de la segunda empresa se agrega que ésta opera con contratos obtenidos gracias a la cooperación del país con la Cámara Comercial Canadiense (ver los detalles Dato Crucial 25).
Paraguay
Se mencionan tres iniciativas con sistemas de reconocimiento facial con la participación de dos empresas paraguayas: Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay S.R.L y Asunción Comunicaciones S.A. Ambas involucradas en relaciones clientelares con el Estado (ver los detalles Dato Crucial 26).
Perú
En Perú solo se cuenta con un caso registrado con la implementación de sistemas de reconocimiento facial en Gamarra con la participación de una empresa peruana Desarrollos Terrestres.
A modo de conclusión: el reconocimiento facial no nos protege, nos vulnera
Tras considerar los impactos y vulnerabilidades de los sistemas de reconocimiento facial varios gobiernos e incluso corporaciones han acordado establecer prohibiciones y moratorias a la implementación y uso de estas tecnologías (Dato Crucial 27).
¿Por qué no? Afectación a los derechos humanos y riesgos asociados al uso de reconocimiento facial
De acuerdo con el informe el uso de sistemas de reconocimiento facial con fines de vigilancia implica la vulneración, restricción y violación a derechos humanos. Entre los que destaca el derecho a la libre circulación, derecho a la privacidad y protección de datos personales, derecho a la libre asociación, expresión, reunión pacífica, derecho a la dignidad, al debido proceso y presunción de inocencia y con frecuencia son barreras al ejercicio de derechos económicos y sociales.
El hecho de ser sistemas de reconocimiento facial instaladas en espacios públicos implica necesariamente restricciones a la libre circulación, ya que quienes no quieran que el sistema recolecte sus datos biométricos son forzados a buscar caminos o medios alternativos. Poniendo en cuestión “lo público” del llamado espacio público. Adicionalmente, el grado de intrusión de estas tecnologías vulnera el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, ya que en muchas ocasiones su implementación afecta a todas las personas sin conocimiento de su instalación e incluso sin la posibilidad de consentir con la recolección de su información personal sensible, como datos biométricos (ej. niñas, niños y adolescentes, ver Dato Crucial 28).
Las capacidades de monitoreo y predicción de comportamientos permiten la creación de perfiles entre las personas lo que facilita la discriminación y criminalización de perfiles fuera de las características habituales. “Más que un ejercicio imaginativo, se trata de un riesgo concreto en países marcados por un histórico de autoritarismo e innumerables ejemplos de recientes abusos” (p. 21) como la vigilancia constante de personas opositoras políticas.
Se destaca también que “en una región particularmente marcada por el racismo, machismo y la homofobia de manera estructural, este tipo de sistema facilita la violencia sexual por parte de aquellas personas que tengan acceso a la operación del sistema” (p. 21). De nuevo, no se trata de cuestiones especulativas, sino de un hecho desprendido de la evidencia de episodios de abuso y discriminación por parte de agentes policiales. Al mismo tiempo estos sistemas tecnológicos conllevan “la reproducción técnica de los sesgos de exclusión social” (p. 22), problema que aumenta exponencialmente en grupos históricamente vulnerados como mujeres, personas de piel oscura o personas trans (Dato Crucial 29).
Finalmente, el uso de estas tecnologías como mecanismos de autenticación de identidad para condicionar el acceso a servicios públicos puede representar una barrera al ejercicio de derechos económicos y sociales. De esta manera, el informa muestra como “las tecnologías refuerzan y profundizan las desigualdades estructurales históricas que afectan a la región” (p. 22).
De falta de transparencia pública a la resistencia ciudadana
El mapeo presentado muestra una situación critica en la región al evidenciar que no existen adecuados criterios para la regulación en la implementación de estas tecnologías. En primer lugar, las implementaciones “carecen de discusiones públicas previas a su implementación”. En segundo lugar, solo un mínimo de iniciativas cuenta con mecanismos de participación pública previa a su implementación con auditorías externas que ofrezcan garantías mínimas (datos cruciales 4 y 5).
Los autores del estudio concluyen que América Latina por su débil contexto institucional y normativo tanto por su historial de autoritarismo es “un campo fértil para la adopción del reconocimiento facial con fines múltiples y sin ningún tipo de resguardos, que permitan evitar un uso contrario a los principios democráticos que rigen cada uno de los países de la región” (p. 23). Dada esa situación de alta vulnerabilidad son las organizaciones civiles las que buscan una mayor transparencia en la información y promueven una agenda de mayores restricciones en su uso. Frente a los abusos, fallas, incapacidades y falta de regulaciones e información pública, la sociedad civil resiste y denuncia las ilegalidades y abusos (dato crucial 30, 31, 32, 33 y 34).
En suma, no se trata de un problema técnico sino de una discusión política sobre el tipo de sociedad y los uso de las tecnologías. Es una batalla fundamental en la región “donde los derechos humanos y las nociones de dignidad y autonomía de las personas muchas veces son menoscabadas en función de los intereses de élites políticas y económicas, y donde la democracia debe estar constantemente resistiendo los embates producto de la corrupción y los abusos de poder” (p. 24). Se requiere de una respuesta enérgica por parte de la sociedad civil en contra de estos intereses que parecen no estar dispuestos a tratar esta problemática con la seriedad necesaria.
1. De los 38 sistemas del estudio, 22 están actualmente activos (año 2021) y 5 han sido desactivados: dos por orden judicial en Brasil (“ViaQuatro” y “Edital de Licitaçao do Metro de São Paulo), otros dos nunca fueron implementados (“Sistema Integrado de Videovigilancia Inteligente para Transmilenio en Colombia” y la “Fórmula anti evasión Transantiago y Metro de Valparaíso” en Chile) y otro fue dado de baja por fallas, interrupciones y falta de medidas de seguridad (“Aplicación móvil de reconocimiento facial para entregar la Clave Única” en Chile).
2. Entre las áreas de aplicación principales destacan: la “seguridad pública (30/32) y “vigilancia de espacios públicos (31/32), transportes (7), asistencia social y migración (3).
3. De las 32 iniciativas, 10 son utilizadas para controlar el acceso a derechos económicos, sociales y culturales proporcionados por el Estado como beneficios sociales y 6 con derechos civiles y políticos (acceso a identificación por parte de la ciudadanía).
4. En 60% de las 32 iniciativas no existe una base legal específica que avale la implementación. En solo 14 casos existen una normativa que sustenta este tipo de tecnología.
5. Tres casos de regulaciones adecuadas: la Portaria no 1.515 de 18 de diciembre de 2018 del Departamento Nacional de Tránsito en Brasil que supervisa la recolección y almacenamiento de datos biométricos para otorgar licencias de conducir; la normativa que regula el Sistema Público Integral de Video Vigilancia creado por la ley de la Ciudad de Buenos Aires N. 5688 en Argentina y el proyecto de ley 234 en Colombia que establece que la Registraduría Nacional del Estado Civil podrá identificar y autenticar nacionales y que está siendo revisado por la Corte Constitucional.
6. DANAIDE SA contratada por 1.5 millones de dólares para el análisis integral de video en el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) implementado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, activo desde 2019. NEC Argentina SA (parte de NEC CORPORATION de origen japonés) contratada por 462 miles de dólares para servicios de hardware, software y manutención en el Sistema de Reconocimiento Facial de Tigre NeoCenter, en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, activo también desde 2019; Nubicom, contratada para la implementación del sistema Reconocimiento Facial Salta en la ciudad de Salta, capital de la provincia, y activo desde 2018; Morpho Safran (actualmente IDEMIA), francesa y DATYS, cubana, contratadas para proveer la tecnología detrás del Sistema Federal SIBIOS de Identificación Biométrica para la Seguridad, activo desde 2011.
7. De acuerdo con la prensa local, la contratación de DANAIDE SA había sido denunciada por la actual vicepresidenta argentina Cristina Fernandez de Kirchner por espionaje en 2018.
8. La contratación de Nubicom por la ciudad de Salta ha sido marcada por una serie de vicios, incluida un procedimiento abreviado por razones de emergencia que no fueron explicitadas. La empresa inicialmente contratada para ofrecer los dispositivos de video vigilancia y el software al sistema Reconocimiento Facial Salta fue DATANDHOME SUPPLIER SA. Nubicom era la proveedora del servicio de conectividad. Sin embargo, el contrato con la primera fue rescindido en 2019 debido a “incumplimientos graves” en la instalación de las cámaras comprometidas. Por ello se suscribió una contratación directa con Nubicom, que quedó a cargo además de la conectividad y el mantenimiento de las cámaras y del software. Por su parte, DATANDHOME presentó una demanda judicial por 6 millones de dólares a la provincia de Salta por incumplimiento en los pagos.
9. En el caso de la municipalidad de Tigre, la empresa NEC Argentina SA obtuvo la adjudicación de una licitación pública para proveer una “Plataforma Integral de Seguridad” en 2018 y nuevamente en 2019, esta vez bajo el concepto de “Adquisición de tótems de seguridad inteligente”. En 2020, la empresa resultó adjudicada en una nueva licitación pública por “servicio de mantenimiento de sesenta (60) unidades de Tótems de Seguridad Inteligente (TSI)”.
10. Morpho Safran (IDEMIA) proveedora del Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) es una multinacional francesa dedicada al desarrollo de tecnologías, principalmente enfocado en la venta de productos de reconocimiento facial. Fue culpada por problemas con la elección general en Kenia en 2017, lo que resultó en que la Asamblea Nacional cancelara sus contratos vigentes y le prohibiera suscribir nuevos. La decisión fue derogada por la Corte Suprema del país.
11. Admobilize de Estados Unidos, contratada para el desarrollo de tecnologías en un sistema de reconocimiento facial y de emociones instalado en las estaciones de metro del consorcio ViaQuatro, en la ciudad de São Paulo, activo entre marzo y septiembre de 2018. Staff of Security Technologies do Brasil Software Ltda, empresa brasileña que importó el software Facewatch desde Inglaterra para implementar un sistema de identificación facial en la fiesta de San Juan de 2019 en la ciudad de Campina Grande, provincia de Paraíba. Brisanet Telecomunicações, empresa brasileña que ofreció infraestructura para el sistema implementado en la fiesta de San Juan en Campina Grande en 2019. Tecway, empresa brasileña adjudicada en un proceso de licitación para el desarrollo de tecnologías biométricas para el Centro Integrado de Cámaras de Monitoreo de Itacoatiara, provincia de Amazonas, actualmente en proceso de implementación. Engie Brasil Soluções Integradas Ltda., empresa brasileña, Ineo Infracom firma francesa y Johnson Controls BE do Brasil Ltda firma estadounidense; las tres son parte del consorcio Engie Ineo Jonhson, adjudicado para un sistema de reconocimiento facial en el metro de la ciudad de São Paulo en 2019.
12. De acuerdo con Privacy International, en 2019 el sistema de Facewatch era utilizado en al menos tres centros comerciales en Brasil. A propósito de una investigación sobre una posible colaboración entre la empresa y la policía de Londres para el intercambio de datos, la organización alerta sobre la anunciada intención del gobernador de Río de Janeiro de permitir a la policía local intercambiar su propia lista de personas sospechosas de cometer crímenes con empresas de reconocimiento facial.
13. La empresa brasileña Tecway, contratada para desarrollar el Centro Integrado de Cámaras de Monitoreo de Itacoatiara, tiene entre sus antecedentes una investigación del Ministerio Público de la provincia de Amazonas debido a posibles ilicitudes en una licitación pública y una cita por parte de la comisión instalada en el Senado brasileño para investigar irregularidades durante la gestión de la pandemia de Covid-19. Uno de los socios de la empresa es familiar de un diputado nacional e intentó presentarse como candidato a un puesto local en Manaus, capital de Amazonas.
14. Distribución Chile SA (del Grupo Enel, origen italiano) y Sistema de Seguridad y Tecnologías SpA ganaron una licitación pública en 2019 para el mejoramiento del sistema de televigilancia de la municipal por un millón de dólares aproximadamente.
15. La empresa de servicios públicos mixta colombiana EMTEL, contratada por 3 millones de dólares en 2015 para el Sistema Integrado de Videovigilancia Inteligente para Transmilenio (SIVIT), desactivado en 2021. Inversiones Tecnológicas de América subcontratada por EMTEL para el suministro de equipos que permitieran el funcionamiento del SIVIT: cámaras, iluminación, switches y pantallas, entre otros. Compañía Internacional de Integración S.A. y TecniDidácticos IND S.A.S (Unión Temporal Tecnocom) contratada por 2 mil millones de dólares para liderar la implementación del Sistema Multibiométrico ABIS de la policía nacional y el Ministerio del Interior, activo desde 2017. IDEMIA empresa francesa, subcontratada por Tecnocomla para los registros dactilares del sistema y la migración del sistema utilizado anteriormente por la policía para el ABIS (por 253 mil dólares). La misma empresa está involucrada en la implementación de la “Cédula de identidad digital”, específicamente del motor multibiométrico Morpho Biometric Search Service. HERTA Security, española, subcontratada por Tecnocom para migrar fotografías para la base de datos digital e instalar sus aplicativos en el sistema ABIS (Biodata, BioFinder y Biogenerator). Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, empresa pública colombiana encargada de desarrollar pruebas de implementación en cámaras de reconocimiento facial de la Agencia de Analítica de Datos (Ágata) de Bogotá, activa desde 2020. BYTTE SAS, colombiana, con una licitación pública de 3 millones de dólares aproximadamente.
16. En 2019 la firma colombiana EMTEL se vio involucrada en la investigación del alcalde de Popayán y el exsecretario de Tránsito Municipal por posibles actos de corrupción, como la entrega irregular de los servicios de tránsito a una firma denominada Quipux.
17. La Unión Temporal Tecnocom enfrentó cuatro procesos en 2017 por presuntos incumplimientos en el desarrollo del contrato que se estableció con la Policía Nacional para el desarrollo del sistema ABIS.
18. TecniDidácticos es investigada desde 2020 por presuntas irregularidades en un contrato con la alcaldía de Medellín para el suministro de tapabocas N95 durante la pandemia de Covid-19.
19. La francesa IDEMIA con una fábrica en Costa Rica, fue contratada con una licitación de 3.6 millones de dólares para el desarrollo del software utilizado en el Sistema de Identificación Biométrica Automatizada (ABIS) que incluye distintos elementos de identificación biométrica, incluyendo el reconocimiento facial. El sistema se implementó a fines de 2020, con énfasis particular en emisión de cédulas y de tarjetas de identidad a personas menores de edad (12 a 18 años). El consorcio Componentes El Orbe S.A, empresa costarricense con actuación en distintos países de Centroamérica. IAFIS, distribuidora de IDEMIA, es la responsable del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares del Tribunal Supremo de Elecciones.
20. Dahua, empresa china, contratada por medio de una adjudicación directa de aproximadamente 29.4 millones de dólares para la implementación y manutención del Sistema de Video-Inteligencia del estado de Coahuila. Actualmente en etapa piloto, la iniciativa implica la instalación de 300 cámaras de vigilancia con capacidad de reconocimiento facial en 11 ciudades del estado. La empresa mexicana Teléfonos de México S.A.B. de C.V. fue adjudicada en una licitación pública nacional en el valor total de 9.7 millones de dólares para la implementación del Centro de Comando y Control C2 de la Central de Abastos de la Ciudad de México. En la misma licitación han sido también contratadas Hanwa, de Corea del Sur, para el desarrollo de tecnologías biométricas; y la empresa de ingeniería estadunidense Intelligent Security Systems, también dedicada al desarrollo de tecnologías biométricas. La Compañía SYM Servicios Integrales, S.A. de C.V., de México, fue contratada por 36.1 millones de dólares para la implementación y manutención del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Coordinación “C5 SITEC’ activo desde mayo de 2021. La iniciativa incluye la instalación de 40 cámaras con capacidad de reconocimiento facial, instaladas en 20 puntos del municipio de Aguascalientes en el estado del mismo nombre.
21. Dahua fue sancionada por Estados Unidos en 2019 por violaciones de derechos humanos debido a su participación en campañas de hostigamiento en contra de una minoría islámica. En China la empresa mantiene contratos para proyectos de vigilancia en Xinjiang, donde el gobierno chino es acusado de genocidio a la población Uighur. Según informaciones publicadas por la prensa estadounidense a principios de 2021, su software de reconocimiento facial sería capaz de identificar personas de tal etnia.
22. Hikvision, una de las adjudicadas en el Proyecto de Videovigilancia Urbana Integral con Tecno- logía Analítica, fue sancionada por Estados Unidos en 2019 y por Noruega en 2020 por abusos a derechos humanos. Sus tecnologías de vigilancia también serían utilizadas por el gobierno chino para reprimir a personas de minorías musulmanas.
23. La mexicana Teléfonos de México, propiedad de Carlos Slim, se ha encargado de la gran mayoría de los proyectos relacionados con la instalación de cámaras de vigilancia en la Ciudad de México. Se han encontrado diversas irregularidades: como pagos injustificados, la falta de comprobación de gastos, facturas extraviadas, entre otros.
24. De acuerdo a correos filtrados por Wikileaks, la empresa mexicana SYM Servicios Integrales, ha vendido sistemas de vigilancia fabricados por la empresa Hacking Team a gobiernos locales en México (entre ellos los de Tamaulipas, Campeche, Puebla y Jalisco). SYM Servicios Integrales S.A. de C.V. es una de las filiales de Grupo Kabat, que también comercializa sistemas de Hacking Team a gobiernos de otros estados en México. Según el New York Times, dichos sistemas fueron utilizados por el gobierno de Puebla para espiar a contrincantes políticos en el contexto electoral.
25. Huawei Technologies, empresa china, contratada para el desarrollo de tecnologías biométricas para el Centro de Operaciones de Seguridad y Emergencias C2, activa desde 2018. El valor de la contratación es por 9.3 millones de dólares. General Dynamics Mission Systems, empresa canadiense, contratada para el Proyecto de Reconocimiento Facial Biométrico del Aeropuerto de Tocumen y el Paso Centro de Operaciones Nacionales, ambas activas desde 2019. Los contratos alcanzaron el valor de 4.7 y 27.5 millones de dólares respectivamente.
26. Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay S.R.L, contratada por 3 millones de dólares para un proyecto de reconocimiento facial en espacios públicos urbanos que actualmente se encuentra implementado en Asunción, Encarnación, San Ignacio, Caaguazú, Coronel Oviedo y Ciudad del Este. Además, la empresa provee servicios para la policía de Paraguay al menos desde 2011 y de acuerdo con la prensa local se ha cuestionado el buen funcionamiento de las tecnologías desplegadas. La empresa paraguaya Asunción Comunicaciones S.A. fue adjudicada en una licitación para la Ampliación de Capacidades, Garantías y Facial del Sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System). El contrato ha resultado en 1.6 y 1.8 millones de dólares en 2017 y 2019 respectivamente para proveer licencias de softwares biométricos para móviles, licencias de Middleware central biométrico móvil, licencia registrada AFIS criminal, licencia de actualización de software central facial y licencia de actualización estación de trabajo de software facial. La misma empresa también obtuvo una licitación pública para la implementación del Sistema AFIS en un evento deportivo liderado por el Ministerio del Interior y por la cual se pagó 1.6 millones de dólares en 2019.
27. En 2020 después de los episodios de protestas por justicia racial en Estados Unidos donde se descubrieron sesgos raciales en tecnologías de reconocimiento facial, algunas corporaciones se manifestaron a favor de regulaciones y moratorias para mejorar sus usos, es el caso de Amazon, Microsoft e IBM.
28. Organizaciones de la sociedad civil han identificado la inclusión indebida de datos de menores a las bases de datos del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) implementado en algunas estaciones de subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
29. El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) implementado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, hay registros de al menos dos casos de falsos positivos, uno de los cuales implicó la detención de una persona inocente por seis días. Otro caso es Brasil donde organizaciones han denunciado que, de un total de 151 personas detenidas a raíz del uso de sistemas de reconocimiento facial, el 90% son afrodescendientes.
30. En Brasil, la justicia ha confirmado la ilegalidad de un sistema de cámaras de reconocimiento de emociones instalado en estaciones de metro. La sentencia es resultado de una acción colectiva liderada por el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec). Además de la interrupción de la recolección de datos por medio del sistema, determinada ya en 2018, se establece una indemnización de 100 mil reales por daños morales colectivos. Actualmente se están desarrollando en São Paulo otras acciones para cuestionar la instalación de cámaras de reconocimiento facial en el transporte público.
31. En Argentina hay actualmente dos causas judiciales en curso en contra del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos: una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (ADI) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesta por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y un caso de amparo colectivo promovido por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A) que buscan interrumpir la iniciativa.
32. Se admitió una demanda de amparo contra la operación de sistemas con tecnología de reconocimiento facial en Coahuila, México.
33. En Perú, un conjunto de estudiantes ha presentado cuestionamientos a la obligatoriedad de uso de reconocimiento facial para la participación en un examen de admisión a una universidad pública.
34. En Paraguay, la organización TEDIC ha presentado una acción de inconstitucionalidad, cuestionando la declaración del Estado paraguayo de que informaciones relacionadas a la implementación de sistemas de reconocimiento facial en el país son de seguridad nacional y, por lo tanto, reservadas.
El informe es contundente en evidenciar una muestra de casos en los que intereses económicos y políticos se manifiestan en usos particulares de las tecnologías con fines de vigilancia que reproducen y exacerban las desigualdades y exclusiones sociales de la región. En este tema la relación corporaciones, relación estados, sociedad y competencia entre empresas es decisivo tenerla claro.
