Cristina Gómez Lima es corresponsal de La Jornada y conductora de noticias en Qué tal Sonora.

Alfredo Rodríguez Valadéz es corresponsal para La Jornada y Proceso.

Ejidatarios de El Bajío, en Sonora, denunciaron ante el Parlamento de Reino Unido y la embajada de México en ese país las irregularidades del consorcio minero Penmont, propiedad de Alejandro Baillères. Dicho consorcio ha extraído oro de la mina Herradura sin permiso y con engaños. Los ejidatarios exigieron el pago de 436 millones de dólares "por lo sustraído de manera ilegal".

Se manifestaron durante la reunión anual de accionistas y directivos de Penmont, subsidaria de la empresa mexicana Fresnillo PLC, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y fueron acompañados con sus representantes legales y miembros de las asociaciones civiles London Mining Network y London Mexico Solidarity.

En la reunión, demandaron la restitución de la tierra a su estado natural, el pago de rentas por el tiempo que fueron explotadas, la reparación del daño ambiental que las actividades han causado, así como el pago del mineral extraído de 1994 a 2013.

El ejidatario y representante legal de El Bajío, Jesús Thomas González, expuso que es importante enfrentar al consorcio minero en instancias internacionales, debido a que en México no han ejecutado las 67 sentencias que dictó el Tribunal Federal Agrario contra la minera desde 2014. Gonzáles explicó que se han manifestado en diversas ocasiones, pero el gobierno federal no los recibe (Dato crucial 1).

También exigieron que se haga justicia y se esclarezcan los homicidios de cuatro integrantes de la resistencia contra Penmont: Raúl Ibarra de la Paz y su esposa, Elizabeth López Gutiérrez, en febrero de 2018; José de Jesús Robledo Cruz y su cónyuge, María de Jesús Gómez, en abril de 2021.

Fresnillo PLC destruyó 3 mil 200 hectáreas del ejido El Bajío sin concesión para extraer oro cuando sólo solicitó el permiso de exploración de los habitantes. Advirtió que continuarán levantando la voz en instancias internacionales hasta que los fallos emitidos por las autoridades agrarias sean atendidos y ejecutados con la reparación de daños y el pago de minerales extraídos.

Los inconformes entregaron una carta a la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco, quien fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en los primeros cinco meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la carta se exigía la ejecución de las 67 sentencias agrarias emitidas en México a favor del ejido El Bajío. Pidieron a la diplomática que genere acciones que conlleven al cumplimiento de la justicia, a la conservación del medio ambiente y a la defensa de la vida de todas y todos los mexicanos en México.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería se sumó a la exigencia para que se haga efectiva la justicia y la rendición de cuentas de una de las mineras más poderosas de México. Reprobó que desde la emisión de las sentencias de 2014 el ejido ha sufrido hostigamiento, amenazas, criminalización y violencia permanente por su resistencia a las operaciones de Penmont.