Ricardo Balderas es periodista de datos en PODER y coautor del libro Impunemex.

Pescadores en Veracruz piden apoyo federal ante nuevo gasoducto

Henry Márquez Escudero es pescador y activista, presidente de la Sociedad Cooperativa Puente de Tamiahua y Tampamachoco.

Originario de la comunidad de Tamiahua, Márquez lleva cerca de cinco años exigiendo que se esclarezca la licitación hecha a la empresa transnacional TransCanada para la construcción del gasoducto Texas-Tuxpan. Las operaciones de dicha empresa comenzaron en 2017 y están afectando la actividad pesquera en la zona del Golfo de México que corresponde al estado de Veracruz.

Márquez comparte con PODER que nadie le consultó a las comunidades pesqueras sobre los trabajos que iban a realizarse en la zona del Golfo. Simplemente la licitación ya había sido aprobada desde la Ciudad de México. Remarca la negativa de TransCanada de abrir el diálogo y solicita que el gobierno mexicano sea quien regule la actividad.

El activista veracruzano menciona que estos temas son muy difíciles de negociar porque la viabilidad de estos proyectos es determinada por estudios de factibilidad y fiabilidad hechos por la misma empresa. Sin embargo, no toman en cuenta ciertos factores importantes, como el hecho de que son 35 mil pescadores junto con sus familias que dependen de la pesca en la zona. También enfatiza que los pescadores no están en contra de los proyectos energéticos, lo que les molesta es que ni siquiera se les consulte.

La falta de información: origen y destino

Shirley Herrera Dagdug, de la Comisión de recursos hidráulicos, energía y protección ambiental (con sede en Tabasco) ha dicho que no puede hablar al respecto porque debido a los conflictos entre partidos no se comparte con ellos tampoco la información en tiempo y forma. Los demás integrantes de la Comisión se han negado a hablar sobre las operaciones de TransCanada.

El hecho de la falta de transparencia sobre los proyectos que licita el gobierno no es novedad para los pescadores tampoco. Póngase el ejemplo de la Refinería de Dos Bocas, proyecto del actual mandato que ahora se encuentra en etapa de evaluación ambiental, en donde los integrantes de la Comisión antes citada tampoco han querido dar información al respecto.

Es obligación del gobierno mexicano en todos sus niveles hacer pública la información sobre los proyectos que aprueba. Aunque existan avances en mejorar el acceso a la información pública, todavía existe una negativa del gobierno por compartir todos los datos. Tal es el caso de la adhesión de México a Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) o el apartado 66 de la Ley de Hidrocarburos, ninguna de las dos ha terminado de cumplir sus objetivos porque todavía se oculta información.

PODER también solicitó entrevistas a: José de Jesús Hernández Días, presidente de la Comisión de recursos hidráulicos, energía y protección ambiental; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Secretaría de energía (SENER), Petróleos mexicanos (PEMEX), Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) y TransCanada (Ahora TC Energy). Ninguno ha accedido a dar entrevistas.

En el caso de la Refinería de Dos Bocas, Anita Castellanos, alcaldesa del municipio Paraíso, sede de la refinería, menciona que solo posee información sobre las implicaciones directas para su municipio que cataloga como fracaso porque la construcción hizo que el rio colindante con la ciudad cambiara su cause e inundara las viviendas.

Una realidad que abruma

Samuel Rosado-Zaidi, economista y maestro en geografía, explica que la infraestructura energética responde a las necesidades del mercado mundial. Se tratan estos temas, desde un punto de vista global y no por zonas, eso incluye dejar de lado los intereses nacionales. Además, la región del Golfo es estratégica para Estados Unidos y México porque es una zona comercial, de integración energética, territorial y geológica (dato crucial 1).

El Centro mexicano de derecho ambiental (CEMDA) denuncia que la construcción del gasoducto servirá para abastecer a la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Industrial Transístmico. Además, señala que la Manifestación de impacto ambiental (MIA) informa que se trata de dos proyectos cuando en realidad es uno en dos etapas, esto estaría atentando la jurisprudencia.

El CEMDA también denuncia que los sistemas de arrecifes del Golfo se encuentran en peligro por el gasoducto, pero no se puede hacer nada al respecto porque en la MIA se encuentran testadas las coordenadas del proyecto, lo cual hace imposible georeferenciar.

De acuerdo con el académico Arturo Garrido Mora, tales denuncias contienen información falsa porque los arrecifes solo se pueden desarrollar en la zona sur de Coatzacoalcos, señala que en Tabasco las condiciones no permiten su reproducción y conviene hacer un balance entre los riesgos ambientales calculados y los beneficios económicos. Al final, Garrido exhorta a tomar cartas en el asunto del uso sustentable de los recursos hídricos y los problemas que puede traer a causa del cambio climático a la economía de la región.

De acuerdo con Rozado-Zaidi las MIA son un recurso contemplado por la Ley general para el equilibrio ecológico y protección al ambiente que utilizan las empresas para evaluar el impacto ambiental de sus proyectos. Al final esto deja al estado mexicano fuera en la regulación de los proyectos (dato crucial 4).

Los cárteles que viven del gas

El tráfico de combustible es un tema que tiene en actual proceso de investigación a los estados de Tabasco y Veracruz por el posible nexo con los grupos que realizan esta operación. También, el informe GuacamayaLeaks revela que la Secretaría de la defensa nacional (Sedena) tiene identificados a los principales tres grupos involucrados en el robo de combustible, además de un posible involucramiento de personal de la Secretaría de marina (SEMAR).
También se reveló en 2021 que en Tabasco operan tres organizaciones delictivas: Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Panteras y el Cártel del Noroeste.