Isabel Velázquez es licenciada en geografía y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha impartido las materias de geografía de México I-II en el colegio de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son: la reconfiguración neoliberal de la geografía energética en México y América Latina, y magaproyectos y recursos hídricos en el contexto neoliberal.

Yannick Deniau es maestro en geografía por la universidad de Grenoble, en Francia. Se especializa en GIS y cartografía social, sus principales líneas de interés son los conflictos con el sector minero y energético en América Latina.

Jen Moore es una periodista y activista, de origen canadiense. Trabaja y colabora con distintas organizaciones que luchan contra la minería en América Latina y Canadá.

Kirsten Francescone es doctora en antropología y economía política por la Universidad Carleton, sus principales líneas de investigación son las alternativas al desarrollo y la relación entre la minería y la crisis ecológica. También es coordinadora del programa América Latina para la organización MinningWatch Canada.

El Litio como botín político

El 20 de abril de 2022, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se decretaron modificaciones en la Ley Minera para que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del Litio quede en manos del Estado y no en las de la Secretaría de Economía. Con este decreto el litio pasó a ser considerado de utilidad pública y como patrimonio nacional del Estado. El análisis de estos cambios, así como el debate que generaron, no debe quedarse sólo en las modificaciones de la Ley, debe tomar en cuenta el contexto amplio, tanto de la confrontación a nivel nacional como la disputa geopolítica internacional.

Este capítulo aborda el nivel nacional de la disputa, que se enmarca en la confrontación político-electoral entre el presidente López Obrador, su partido Morena, los partidos aliados a éstos; frente a los grupos de la coalición promovida por la élite empresarial “Va por México”. Primero se realiza el recuento del contexto general de lo que se ha llamado -nacionalización del litio-, para luego precisar los cambios realizados a la Ley minera y explicar que los cambios no constituyen una nacionalización sino un modelo de extractivismo público-privado.

En el modelo de extractivismo que se impulsa el Estado adquiere más fuerza como promotor de la explotación e industrialización del litio. El discurso de la soberanía, y el aparato coercitivo del Estado respaldaran los proyectos, infraestructura, y actividades relacionadas con el litio. Mediante las nociones de utilidad pública, interés nacional, y bien estratégico, utilizadas para el caso del litio, se potencia la imposición de proyectos y la criminalización de sus opositores; y, por tanto, aumenta el peligro para las comunidades organizadas que luchan contra el sistema extractivista.

La Reforma Energética y la Coyuntura Político Electoral

Los cambios promovidos para el litio forman parte del conflicto entorno al sector energético, particularmente del eléctrico. La disputa tiene dos bandos, por un lado, la clase política alineada a la autodenominada cuarta transformación (4T), que sostiene que dicho proyecto depende del fortalecimiento de las empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y PEMEX. Por otro lado, se encuentran las élites que se beneficiaron de la Reforma Energética del sexenio de Peña Nieto, que promueven activamente la inversión privada y tienen empresas protegidas por acuerdos internacionales de inversión (acuerdos, sustentados en una ideología que es contraria a cualquier nacionalización y pugna por formas de protección por encima de la soberanía nacional).

El conflicto estalla formalmente en febrero de 2021, con la aprobación de varios artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, que modificaron el sistema de tarifas y de despacho que había beneficiado a empresas privadas de generación eléctrica. El suceso desató el descontento de las élites empresariales, y hubo manifestaciones por parte de funcionarios de Estados Unidos y Canadá, así como de embajadores europeos. Desde la perspectiva de Estados Unidos y Canadá las políticas energéticas mexicanas violaban los acuerdos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues beneficiaban a las empresas paraestatales, y rompían con los objetivos en la lucha contra el cambio climático.

Ante todos los amparos de concesionarios privados, el gobierno impulsó una nueva reforma, ahora de carácter constitucional, para modificar los conceptos que rigen el sector energético. El objetivo era cambiar la estructura institucional creada por la Reforma Energética del 2013 y 2014, mediante la reversión del sistema del mercado eléctrico, el cuestionamiento de los permisos entregados a privados, y reestructurando dentro de la CFE los órganos que regulan dicho mercado.

Desde el punto de vista de la justicia y la sostenibilidad energética, la reforma propuesta no tocó la raíz del problema. Aun así, desató la reacción del empresariado beneficiado por la reforma del sexenio anterior, y lograron bloquear la nueva reforma al impedir los votos necesarios para su aprobación.

El presidente articuló una narrativa en la que no se sufrió una derrota, pues, supuestamente, se nacionalizaría el litio modificado la Ley Minera sin alterar los artículos constitucionales; pero, desde nuestra perspectiva no se ha realizado ninguna nacionalización. Además, desde las comunidades afectadas por la minería señalamos que la Ley Minera ha sido continuamente criticada por servir al acaparamiento de tierras, al despojo y la destrucción de los territorios del país. Por tanto, está reforma no constituye un cambio estructural que busque una transición energética fuera del modelo capitalista, sólo hay un discurso utilitario que busca generar la idea de que realmente las cosas están cambiando, que se recupera la soberanía nacional, que litio es la clave del desarrollo y de la transición energética a cargo del Estado.

Mucho Ruido y Pocas Nueces: La quirúrgica reforma a la Ley Minera

En abril de 2022 se introducen cambios a Ley Minera, en los que se decreta una excepción en la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, al considerarlo como mineral de utilidad pública y patrimonio de la nación; pero esto no constituye ninguna nacionalización. Aunque el artículo constitucional 27 establece que todos los minerales del subsuelo son propiedad de la Nación, no se impide que sean aprovechados y explotados por privados. Y, la excepción en la Ley Minera solamente establece que la administración tanto de la explotación del litio como de sus cadenas de aprovechamiento estarán a cargo de un organismo público descentralizado, que es Litio para México (LitioMx).

LitioMx solamente tendrá la exclusividad administrativa, y podrá asociarse con capitales nacionales y extranjeros. Debido a la falta de experiencia y recursos nacionales para la extracción y procesamiento del litio, y un mercado voraz que se desarrolla muy rápido.

Aunque lejos de una nacionalización, sí hay diversos cambios en los trámites y procedimientos. Uno de los más relevantes establece que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia, y que todo yacimiento de litio se considerará zona de reserva, es decir áreas donde la minería solo puede realizarla el Estado. Esto no implica un modelo parecido al que se desarrolló con el petróleo mediante PEMEX durante las décadas del Estado desarrollista; en realidad, lo que se presenta es la calca del sistema neoliberal de hidrocarburos que opera desde las reformas de Calderón en 2008.

Declaración de utilidad pública del litio

Un elemento importante de los cambios a la Ley Minera es el término -utilidad pública-. Desde 1992 la Ley Minera considera la actividad minera como utilidad pública, y es una actividad preferente sobre cualquier otro uso del terreno. Antes de este decreto, la minería ya se consideraba como de utilidad pública, pero ahora el propio litio se define de la misma forma.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) no ha registrado ninguna expropiación realizada con el motivo de la utilidad pública de la minería; aunque hay múltiples expropiaciones pues se tratan de actividades, como la explotación de hidrocarburos y la red energética, que el Estado considera como de utilidad pública, preferentes y estratégicas.

La modificación a la Ley Minera no definió explícitamente al litio como un mineral estratégico; pero la excepción creada en torno a él es equivalente a los minerales claramente definidos como estratégicos. De hecho, esta reforma coloca al litio en el mismo nivel que los minerales estratégicos al decir “Con excepción del litio y demás minerales declarados como estratégicos por el Estado”.

La definición de -estratégico- no solamente es legal, es política, arbitraria, y discutible. El origen del concepto -estratégico- se encuentra en el proyecto capitalista trazado por las élites industriales, los países metropolitanos, y las instituciones financieras, para la transición energética. Uno de los pilares de esta estrategia consiste en la necesidad del litio para el desarrollo del mercado eléctrico, debido que es usado en las baterías de autos eléctricos y de dispositivos electrónicos. Por tanto, los países industrializados buscan acaparar los yacimientos de litio en el mundo para dejar de depender de otros proveedores, tomar ventaja en la explotación del mineral, y controlar la cadena de suministro. La importancia mundial del litio, lo vuelve estratégico para México pues se sostiene que su exportación otorgará muchos ingresos.

Implicaciones de que el Estado nombre algo como estratégico

Definir algo como estratégico implica que el Estado puede realizar acciones impositivas sobre lo que se considera estratégico. Por ejemplo, puede definir actividades preferentes, excluir a pueblos y comunidades del uso de los recursos naturales, e incluso hacer uso de la fuerza armada.

Es de suma relevancia la facilidad con que el litio o cualquier otro mineral puede adquirir el carácter de recurso estratégico; pues el Estado fácilmente podría impulsar medidas impositivas en beneficio de la actividad minera ligada a la Transición Energética Capitalista.

Además, no hay que perder de vista que el respaldo a la minería no sólo será para la expropiación del litio; también implica la militarización y la criminalización de las resistencias a estos proyectos. La reforma de la Ley Minera es contraria a las comunidades que luchan contra el modelo extractivista, pues refuerza mecanismos legales que posibilitan el despojo y el desplazamiento forzado.

La reforma busca fortalecer las empresas estatales. El Estado comenzará con las primeras fases de los proyectos mineros, prospección y exploración, para después dar paso a la explotación. Pero, lo más grave es que todo esto sucederá articulado a nuevos y potenciados mecanismos de imposición de proyectos mediante la expropiación, la militarización, y criminalización de opositores.

Otras Reformas Que Instrumentan Al Estado para ejercer imposición y secrecía sobre los proyectos de litio

El 22 de noviembre de 2021, antes de la reforma a la Ley Minera, se realizó un decreto en el que los proyectos y obras a cargo del gobierno de México se proclamaron de interés público y de seguridad nacional, prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Además, el decreto indica que los organismos de la Administración Pública Federal en un máximo de cinco días hábiles deben otorgar autorizaciones provisionales a los permisos que necesitan los proyectos del gobierno federal para iniciar.

En el contexto de confrontación política, el andamiaje legal de los proyectos que se articulan bajo los conceptos de seguridad y desarrollo nacional es sumamente útil. Al mismo tiempo, sirve para que, a pesar de la oposición e inconformidad de pueblos y comunidades que habitan las nuevas zonas de reserva minera, LitioMx pueda imponerse. Así mismo, en la medida en que no se da cuenta de la naturaleza devastadora de la actividad minera no se hará nada por proteger los ecosistemas y pueblos afectados.

Otro elemento importante para ver el sentido de la proyecto estatal sobre el litio es que, funcionarios políticos de alto nivel, ligados a la élite minera y que han beneficiado a estas élites con proyectos como el de una Policía Minera a sus servicio, fueron nombrados con cargos importantes en LitioMX. Por tanto, LitioMx es el proyecto del grupo de Morena ligado a las élites mineras de Sonora, un estado que potencialmente alberga el mayor yacimiento de litio en México. Con esta complicidad entre funcionarios y mineras, se potencia “la posibilidad de un proceso de militarización ligado al proyecto de explotación del litio desplegado, ahora, desde el Estado” (p.19).

El proceso está sumamente articulado con la élite minera y el estado de Sonora. De hecho, en agosto de 2021, el gobierno federal empezó a promocionar el Plan Sonora, un proyecto de desarrollo energético para este estado, donde el litio juega un papel clave. De acuerdo con AMLO, el objetivo de este proyecto es impulsar la integración de la región con la economía estadounidense mediante el T-MEC; es decir, fomentar la industria automotriz y de autopartes, facilitando la instalación de plantas de ensamblaje, principalmente las de autos eléctricos.