Vera Telles es doctora en sociología por la Universidad de São Paulo (USP), también tiene un posdoctorado por la Escuela de Altos Estudios en ciencias Sociales de París. Coordina el grupo de investigación Ciudad y Trabajo en el programa de posgrado de la USP. Sus principales líneas de investigación giran alrededor del mundo del trabajo urbano, sus formas de mediación, territorialización, y la relación entre lo ilegal con la producción de territorios urbanos productivos.

La noción de -poderes fácticos- en el texto retoma la propuesta de la Fundación Heinrich Boll, y refiere a una perspectiva amplia para comprender los procesos de crisis democrática, o desdemocratización, que en las últimas décadas afectan, principalmente, a los países latinoamericanos. La reconfiguración neoliberal y la expansión de la lógica mercantil hacia esferas de la política han trazado una configuración política que se ha nombrado de diversas formas, pospolítca, posdemocracía, o Estado oligárquico de derechos.

En este proceso van aumentando las comunidades desposeídas sin trabajos estables, ni protección social, ni territorialidades. Las consecuencias del proceso se han nombrado como economía política de la barbarie (Marildo Megat, 2019) o como geopolítica del caos (Mantovani, 2017). Los análisis coinciden en señalar la desactivación de las formas tradicionales de intermediación entre la esfera política y la económica. La transformación de los mecanismos de regulación política ha generado, principalmente en el Sur Global, procesos de acumulación de riqueza mediante la apropiación y el despojo.

Entre tanto, la violencia se presenta como una tecnología de poder disputada por los mercados, que es útil para desterritorializar comunidades, para eliminar el conflicto insurreccional, y para administrar las vidas precarias en contextos determinados. Además, la violencia revela los poderes fácticos que ejercen la iglesia, el crimen organizado, las milicias, y la multiplicidad de negociaciones turbias en zonas grises que se expanden entre las fronteras de lo legal, lo ilegal y criminal.

Aún desconocemos el diseño político y societario trazado bajo el contexto de profundas desigualdades causadas por las lógicas de los circuitos globalizados de mercados colapsando, de reducción de espacios de representación política y negociación de conflictos. La noción -poderes fácticos- abre un espacio de análisis y una agenda de investigación para comprender las formas en que se desarrollan estos procesos en contextos específicos.

Los grupos de interés, mediante corporaciones económicas, utilizan redes y recursos de poder para apoderarse de la maquinaria estatal, de la burocracia; se trata de procesos de captura del Estado. En la opacidad de los acuerdos políticos los grupos de interés se instalan en el centro de la maquinaria estatal a través de medidas administrativas, normas infralegales, con acuerdos en consejos consultivos, en secretarias estatales, y en todo el aparato burocrático que administra el uso de recursos políticos y financieros.

En el caso brasileño, desde el golpe parlamentario en 2016, y a un ritmo acelerado con la llegada de Bolsonaro a la presidencia, se fue construyendo una constelación política bajo el juego de la opacidad. Desde las orillas del aparato estatal, por medio de medidas administrativas e infralegales, determinados sujetos van eliminando los derechos y garantías políticas de las mayorías, desmantelan mecanismos de regulación y control público para dar paso a intereses corporativos, a grupos económicos, y ampliar las fronteras del mercado. Por ejemplo, por medio de pequeños cambios legislativos y constitucionales los poderes y operaciones de la policía brasileña se han fortalecido y aumentado.

Es un error analítico hablar de las fantasmagóricas fuerzas del mercado, el mercado no es una abstracción, tiene una materialidad construida por redes de relaciones y conexiones con determinados sujetos sociales. Es necesario analizar las redes de poder y los mecanismos de captura del Estado en contextos sociohistóricos específicos. Solamente así se podrán comprender los mecanismos mediante los que se construyen estos poderes y las formas en las que se utilizan mecanismos legales e institucionales para servir a estos intereses. Estas redes son recursos de poder que, moviéndose en los terrenos de lo legal y lo criminal, sirven para la defensa de determinados intereses. Pensar la captura del Estado implica analizar las relaciones entre mercados, poder y violencia.

Investigaciones realizadas en el marco de una agresiva neoliberalización (Bayart, 1997; Comaroff, 2006; Mbembe, 1995; Roitman, 2004; Mendoza, 2018, Mantonavi; 2021) indican que la otra cara de la expansión del mercado es el crecimiento de circuitos de mercados ilegales, desde piratería y contrabando hasta minería ilegal y narcotráfico. En estos mercados circula grandes riquezas que se mueven en las fronteras de lo legal y lo ilegal. De hecho, es riqueza apropiada mediante turbios acuerdos criminales entre lo legal y lo ilegal.

Estos fenómenos se presentan bajo el uso variado de dispositivos legales y coercitivos que articulan la construcción de mercados de protección de los circuitos de bienes ilícitos. De tal manera que, la expansión de los circuitos ilegales se entreteje con turbios acuerdos para la apropiación de tierras y riquezas. De hecho, hay evidencia de alianzas entre las redes transnacionales del narcotráfico, estafadores que se apropian de tierras indígenas, y grupos económicos involucrados en la minería ilegal y tráfico de madera (Agencia pública 2021).

Los procesos de neoliberalización y las nuevas formas de regular la interacción social modifican las relaciones entre lo formal-legal-normado y lo informal-ilegal-excepcional-transgresor, de tal manera que se van borrando sus fronteras. Las economías ilegales crean mercados de trabajo y se presentan como oportunidades para obtener ingresos que movilizan a muchas personas. Estos trabajadores constantemente cruzan las difusas fronteras de lo legal y lo ilegal. En la etnografía de las periferias paulistas se observó que estos cruces entre lo legal y lo ilegal se materializan bajo marcos normativos. Se trata de “una economía moral que desactiva los sentidos de crimen e ilegalidad, sin que eso signifique ausencia de códigos éticos y nociones de justicia, de lo correcto e incorrecto en los contextos situados de sus vidas y de las transacciones en las cuales se involucran” (p. 138).

Las redes de relaciones de poder se territorializan mediante grupos que ejercen sus poderes fácticos en la economía popular y trastocan las relaciones sociales. En contextos marginales y con relaciones sociales desestabilizadas por dichos grupos, entran en acción los operadores de los negocios ilegales que construyen recursos de poder y coerción mediante distintas formas de administrar el orden y la violencia. Además, estos sujetos expanden sus negocios hacia la administración de las vidas marginales, controlan el negocio inmobiliario, de bienes y servicios, incluso la seguridad. La precariedad se vuelve negocio y oportunidad mercantil.

Lo que se observa es un proceso de producción de espacios urbanos que se mueven en el juego de lo legal y lo ilegal, donde la tolerancia y la represión que se mueve al son de las coyunturas políticas locales. En los diferentes espacios urbanos se expande la presencia de grupos que controlan los mercados irregulares de tierra y vivienda. Se trata de sujetos fantasmales de las redes de poder que, en complicidad con la policía local, organizaciones criminales y personajes de la burocracia municipal, tienen la capacidad de administrar la seguridad de los negocios y el orden de las viviendas.

Los investigadores del GENI (Hirata,2020) han mostrado y descrito las formas en que, mediante un proceso de alianzas entre lo ilegal y las instituciones legales, se expande el control de milicias armadas en distintas regiones -grises- de Río de Janeiro y sus periferias. Los mercados de estas milicias involucran desde comerciantes locales hasta empresas de servicios públicos, al tiempo que fortalecen su negocio de seguridad. Río de Janeiro es ilustrativo, pero cada contexto es irrepetible pues tiene sus propias particularidades históricas. Aunque es necesario apuntar que “en los contextos situados en que operan, el uso de la fuerza, la violencia como tecnología de poder va señalando los umbrales de los mercados legales e ilegales, formales e ilícitos” (p. 140).

El funcionamiento de los mercados ilegales, de cualquier escala, tiene como punto central la conexión entre la expansión mercantil, las tecnologías de poder y la capacidad de coerción. Ningún mercado ilegal o informal puede operar sin pasar por los mercados de protección. El funcionamiento de los mercados ilícitos depende de negociaciones con un mercado político que, aunque ilegal, opera dentro de los aparatos oficiales/legales y ofrece mercancías políticas, que son acuerdos, sobornos, corrupción y compra de protección. En los mercados informales participan tanto la policía como múltiples funcionarios. Esto implica que las formas del comercio de mercancías políticas construyen las redes de poder en las que circulan las ganancias obtenidas por la corrupción, extorsión y demás prácticas criminales. Además, este comercio implica a muchos actores que circulan en las -conexiones peligrosas- que se forman entre mercados políticos y mercados informales/ilegales. Precisamente, la violencia que acompaña a estos mercados tiene su origen en esas -conexiones peligrosas- cuando los acuerdos se rompen o desestabilizan.

Si la formación de las ciudades tiene como elemento central los mercados informales/ilegales, es necesario entender los momentos críticos que marcaron las redefiniciones de las relaciones de poder que funcionan en los marcos de la economía política de la barbarie. Estos mercados están enquistados en la economía y dinámica urbana, se expanden a diversos negocios, mueven grandes cantidades de recursos, y utilizan cantidades crecientes de trabajadores excluidos del cada vez más restringido mercado de trabajo formal. El crecimiento del mercado ilegal, del volumen de riqueza en juego, y de las potenciales ganancias mediante mecanismos de apropiación, implica la expansión y fortalecimiento de los mercados de protección y de las prácticas de extorsión. A la par, las negociaciones del mercado político tienden a ser más violentas.

Los mercados de protección suelen se manejados por fuerzas policiales, y se desarrollan dentro de los mercados de seguridad privada. Estos fenómenos, en el caso brasileño, conforman la base del cada vez más fuerte papel de la policía como poder fáctico sumamente influyente en las instituciones y esfera política del país. De hecho, hay una creciente presencia policial en todo el andamiaje estatal, desde consejos de seguridad y de derechos humanos, hasta cargos de elección. De acuerdo con Feltran (2021) la base material de la captura institucional son las ganancias obtenidas tanto en los mercados de protección de seguridad pública y privada; como en los mercados inmobiliarios, de tierras, de carros usados, autopartes; así como en haciendas, despojo de tierras, minería y explotación maderera ilegal. Las ganancias obtenidas se distribuyen a empresas -legales- que, mediante abogados y contadores, lavan el dinero y pueden reinvertirlo en otro mercado.

Necesitamos nuevas agendas de investigación. Hemos visto distintos fenómenos, la captura del Estado por grupos económicos que se mueven en las difusas fronteras de lo legal y lo criminal; dispositivos de poder y violencia entretejidos con mercados ilegales territorializados en el entramado urbano; y, la ampliación de mercados de protección y seguridad que funcionan entre lo legal y lo criminal. En todos estos fenómenos hay una reestructuración social cuya forma y desarrollo es necesario analizar.

Para situar la posición de la violencia y de las conexiones peligrosas en la actualidad tenemos que retomar y actualizar debates. Por ejemplo, la idea de Charles Tilly (1996, 1985) sobre las formaciones políticas generadas en conexiones entre las redes urbanas de acumulación y los variados mecanismos de coerción. Así como repensar las formas de apropiación de los excedentes de la riqueza circulante y los distintos niveles que tienen de acuerdo con su manera de territorialización. Incluso, mediante estos marcos podemos dar sentido a las negociaciones políticas que se están diseñado entretejidas con la configuración de la gestión, regulación, y disputa de los mercados ilegales.

Además, es necesario desentrañar lo que sucede en los territorios atravesados por estas tecnologías de poder y violencia. La cotidianidad de gran parte de las personas se articula con rutinas y protocolos configurados por estos patrones de poder y violencia, así como del tránsito entre circuitos de mercados informales, ilegales y criminales. A pesar de esto, hay diversos y muy presentes colectivos y movimientos sociales articulados entorno a distintas problemáticas. Por tanto, es indispensable investigar las disputas y re-configuraciones sobre las formas de gobernar los territorios cuya sociabilidad se construye en contextos de precariedad y violencia. Es de suma importancia encontrar los cambios de los campos en conflicto de estos contextos violentos. Estos territorios tienen conflictos latentes o abiertos, al mismo tiempo, en los momentos críticos de violencia policial, y de exacerbación del despojo, entran en acción variadas redes de apoyo y aliados que se mueven en espacios que van desde centros de defensa de derechos humanos hasta grupos de periodismo alternativo.

Lo que se juega en estos escenarios de creciente precariedad con un tejido y sentido óntico trastocados es la propia posibilidad de vida. Abordar este asunto exige una nueva agenda de investigación que examine estos mundos sociales atravesados por la violencia y el despojo, así como seguir el hilo que estructura los conflictos que se multiplican por el entramado urbano. En esta batalla por la vida, nuestra apuesta política es la reinvención de la democracia como forma de convivencia política, y consideramos que la nueva agenda de investigación permitiría obtener aprendizajes.