Seyka Sandoval es licenciada en economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, también cuenta con maestría y doctorado en economía por la UNAM. Es profesora en la Facultad de Economía de la UNAM, y sus principales líneas de investigación son el desarrollo tecnológico, teoría de la crisis, innovación y acumulación, y comercio intra e inter firma en cadenas de valor.

La crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 propiciaron un intenso debate público sobre la desigualdad y el cuidado del medio ambiente; evidenciaron los graves problemas socioecológicos; y los discursos del poder empezaron a exigir acciones contundentes para combatir el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, para recuperar la confianza en las instituciones y volver a una planificación estatal de la economía.

La autora se pregunta si la fase neoliberal está en su ocaso. Para responder su pregunta indica que la reunión del grupo de los 7 (G7) en junio de 2021 ofrece pistas importantes. En esta reunión hubo un gran giro discursivo, respecto al neoliberal, conocido como el Consenso de Cornwall (CC), en el que se puso en el centro a los gobiernos para enfrentar la crisis; se reconoció la importancia de la inversión pública; se recomendó aumentar los impuestos; enfrentar activamente las desigualdades, el cambio climático; así como promover derechos humanos y laborales. El CC recupera elementos clave de la crítica al neoliberalismo, por lo que parece haber un cambio de las intenciones políticas de las potencias del G7 con el objetivo de asegurar un crecimiento económico verde, inclusivo, y resiliencia frente a los riesgos ecológicos, económicos y geopolíticos.

Este artículo se pregunta por las causas del giro discursivo sintetizado en el CC; si este giro implicará un cambio en las políticas públicas marcando una nueva época institucional; y si el gobierno mexicano comparte los ejes y objetivos del CC. La estrategia metodológica del artículo se basa en el análisis de diversos documentos oficiales. Se analizaron publicaciones derivadas de la reunión del G7 en 2021, documentos presentados por el grupo de expertos en economía del Panel Sobre Resiliencia Económica, así como el Plan Nacional de Desarrollo y otros programas de gobierno.

1.- El Consenso de Cornwall: la ¿nueva? narrativa del poder

El G7 concentra casi la mitad de la economía mundial y son, además de China, un poder económico central con la mayor capacidad de influencia en los organismos internacionales. Durante la reunión de 2021, se reconoció que la globalización dejó fuera a muchas naciones, que la crisis financiera y la pandemia de coronavirus afectaron más a los grupos vulnerables, y que es importante recuperar políticas públicas fuertes.

De hecho, los integrantes del grupo sugirieron que el G7 “debería liderar la formación de un nuevo consenso y restaurar la confianza pública en un sistema económico basado en reglas y a la vez libre, justo y abierto” (p. 332). Indicaron que el nuevo consenso debe asegurar un crecimiento económico inclusivo, verde, y con resiliencia. Además, señalaron que el logro de dichos objetivos precisa de estrategias nacionales que deben acompañarse con acciones colectivas de inversión, innovación y cooperación entre gobiernos, empresas y sociedad.

El Panel sobre resiliencia económica estableció una guía de políticas públicas con ocho ejes:

1. Mejorar la equidad en las respuestas de salud global.
2. Acelerar la inversión en protección del clima y biodiversidad.
3. Mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro esenciales para los bienes públicos globales.
4. Cerrar la brecha de la gobernanza digital.
5. Abordar las fragilidades del mercado, críticas para el cero neto y la revolución tecnológica.
6. Defender una recuperación centrada en la inversión, para generar confianza en mercados globales abiertos.
7. Impulsar la reforma integral del sistema multilateral de comercio.
8. Apoyar estándares laborales más estrictos y una participación laboral más inclusiva.

Esta guía identifica la salud, el medio ambiente, y la innovación como bienes públicos globales centrales con los que, mediante la combinación de estrategias nacionales y mecanismos de gobernanza global, se pueden reducir las desigualdades; de hecho, la propia desigualdad se comprende como un obstáculo al desarrollo. A la par, se mantienen los axiomas liberales que relacionan comercio, crecimiento y bienestar; y que identifican los nacionalismos como riesgos para las soluciones globales.

El diagnóstico del CC indica que la salud y la educación son espacios de alto riesgo, que de no gestionarse globalmente de forma adecuada y equitativa se volverán un obstáculo para la resiliencia de la economía capitalista globalizada. Los esfuerzos en materia de salud se reforzaron para vencer la pandemia de coronavirus; pero el nacionalismo de las vacunas es un riesgo pues los problemas de salubridad no se circunscriben a las fronteras nacionales. Además, los mermados sistemas de salud pública son incapaces de responder eficientemente a la pandemia. Por tanto, la defensa de los derechos de propiedad liderada por la industria farmacéutica se pone en discusión; abriendo posibilidades para un novedoso equilibrio entre las ganancias esperadas por las innovaciones y sistemas fortalecidos de salud en el mundo.

La búsqueda por disminuir las desigualdades digitales se relaciona con el reconocimiento tanto de la importancia de las empresas tecnodigitales como de que la falta de regulaciones y normas en materia de datos, tecnología global y en la cooperación en ciberseguridad, representa riesgos para la resiliencia sistémica y atenta contra la acumulación global de capital. El poder del oligopolio empresarial desafía las formas tradicionales de gobernanza, desdibuja la frontera entre lo privado y el mercado; vulnerando los sistemas de vigilancia y control. Por tanto, en la cumbre del G7 se pusieron a discusión las formas y sujetos que gobiernan el mundo.

Las respuestas y propuestas del CC remiten a la construcción de un “sistema económico que se reproduzca de manera sostenible en materia de medio ambiente y biodiversidad, que reduzca la desigualdad y estimule la inclusión digital” (p. 335). Se trata de una nueva ética política cuyo objetivo es que el capitalismo global siga funcionando.

El CC considera la salud, la equidad y la inclusión digital como bienes públicos globales que requieren regulaciones en la misma escala. Además, considera que las mayores amenazas intergeneracionales para la resiliencia económica mundial son los problemas medioambientales como el colapso de la biodiversidad. Por tanto, se propone crear instrumentos financieros que impulsen la transición energética; y cadenas de suministro resilientes que aseguren suministros globales confiables y codependientes.

Mediante la inversión y el libre comercio se puede restaurar la confianza en los gobiernos y en diversas organizaciones como la Organización mundial del comercio (OMC). Para una recuperación inclusiva el CC propone estrategias de desarrollo enfocadas en el mercado laboral y la salud de mujeres y grupos minoritarios.

El cambio discursivo del G7, esbozado en el CC sugiere un potencial punto de inflexión respecto al Consenso de Washington. Para analizar dicha situación la autora indica, siguiendo a Carlota Pérez (2004), que un paradigma tecnoeconómico tiene dos períodos. Primero la “instalación”, en la que el capital de riesgo promueve el desarrollo tecnológico, hasta que los beneficios atraen al capital financiero y el anterior paradigma comienza su declive. La segunda fase es el despliegue, en el que los ganadores pueden convertirse en oligopolios y líderes de los mercados mundiales, y las tecnologías se expanden por diversas industrias en todos los países. Éste proceso precisa de inversión pública para la infraestructura necesaria, y para las instituciones normativas que dirigían la nueva economía.

El CC indica que las condiciones de posibilidad para el despliegue de la economía digital son marcos institucionales que redistribuyan los ingresos y busquen la equidad. La economía de datos se ve limitada por las profundas desigualdades, así como por la falta de acceso y capacitación. Los mercados digitales globales necesitan de una especie de Estado de bienestar renovado, digital, verde e inclusivo, que asegure una amplia difusión e implementación de las nuevas tecnologías y mercados. La crisis sanitaria y económica fomentó debates sobre política económica, desigualdad, cambio climático, tecnología, y servicios como la salud empezaron a considerarse derechos más que mercancías. Enfrentar estos desafíos implica Estados fuertes y la redistribución de la riqueza hacia abajo.

El neoliberalismo pugnó por reducir el papel del Estado en la economía, por la liberalización, la desregulación y la privatización; mientras que el CC parece revertir dichos mandatos, como la revitalización del Estado en la economía para lograr objetivos sociales para el bien común. La materialización de las propuestas de política económica del CC implicaran un largo y difícil camino en el que habrá de sortear férreas resistencias a la implementación de medidas y políticas que sean contrarias al esquema neoliberal.

2. México: de la 4T a la 4.0

La cuarta transformación (4T) definió como objetivos prioritarios el combate a la corrupción, la desigualdad y la pobreza; enuncia un discurso en el que se busca un nuevo contrato social con un desarrollo incluyente al servicio del pueblo. Este apartado compara los objetivos y acciones entre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el CC.

Plan Nacional de Desarrollo y Programas de Gobierno

Salud

La pandemia de Covid expuso las extensas desigualdades en materia de salud (Dato Crucial 2). La debilidad estructural del sector de salud mexicano se explica por las limitaciones del gasto público (originadas por un régimen fiscal endeble), y por los crecientes pagos que deben realizar los hogares para acceder a servicios de salud. El PND expone como objetivos prioritarios garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante diversos programas de transferencias monetarias a grupos vulnerables, así como inversión en zonas estratégicas.

El diagnóstico que realiza de la salud parte de una severa crítica a la gestión de los gobiernos anteriores. Los programas del gobierno se enfocan, principalmente, en comunidades indígenas y grupos discriminados. La principal estrategia consiste en expandir servicios de salud gratuitos o de bajo costo que garanticen que todos puedan acceder a este servicio. El presupuesto de la Secretarìa de Salud se enfoca en ampliar la infraestructura del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI); así como ahorrar en los insumos del Programa de Producción, Precios y Abasto Oportuno de Medicamentos. La ampliación de la infraestructura se centra en la construcción de centros de salud en las regiones más pobres y con menos presencia de éstas. Pero los sectores de vanguardia, como la biotecnología, no son relevantes en el presupuesto del sector salud (Dato Crucial 3).

Con un presupuesto en salud que no aumenta significativamente y se centra en necesidades coyunturales, no hay coherencia respecto a los objetivos enunciados de la 4T. La estrategia en salud ampliará las restricciones y rezagos agudizando los problemas sanitarios (Dato Crucial 4). Aunque la narrativa de la 4T coincide con el CC, el compromiso material no lo es. De hecho, el gasto público en la salud de México es de los peores entre los países que integran la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) (Dato Crucial 5). En la práctica, las acciones en salud han alejado al país de los nuevos consensos internacionales que el CC pretende promover.

Medio Ambiente

Las preocupaciones medioambientales globales se centran en el combate al cambio climático, y se han logrado acuerdos en política global al respecto; pero los resultados están lejos de revertir el colapso ecológico y medioambiental. El CC considera central la protección del clima y del medioambiente; en ese sentido proponen mecanismos de gobernanza y regulación global, e impulsar programas de investigación y desarrollo priorizando la transición energética.

La expansión de las energías limpias depende del desarrollo tecnocientifíco y de las materias primas estratégicas localizadas en las potencias como Estados Unidos y China. Las posibilidades de integración para el resto de países se encuentran en la manufactura y el mantenimiento. México cuenta con condiciones favorables para el desarrollo de energías renovables; pero su Sistema Eléctrico Nacional es viejo, por lo que hay diversos problemas como la obsolescencia tecnológica e insuficientes rutas de abastecimiento.

El PND establece un compromiso de desarrollo sostenible en el que se satisfagan las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Este es el sentido del programa Sembrando Vida que se compromete con un desarrollo agroforestal que genere empleos e ingresos al tiempo que se reforesta.

Para el sector energético, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, se visualizan como claves para el desarrollo nacional; por tanto, el objetivo es rehabilitarlas y fortalecerlas. El compromiso de la política energética es impulsar el desarrollo sostenible incorporar a comunidades a la producción de energías renovables. El problema es que no hay avances importantes ni sostenibles en las normas para energías renovables, en la importación de insumos para éstas, ni en el alineamiento con las tendencias internacionales de transición energética.

La retórica del gobierno que se compromete con el cambio climático y el cuidado del medioambiente no coincide con la apuesta por regresar a los combustibles fósiles. Los recursos entregados a la Secretaría de Energía aumentaron en 2018 y 2019, y de estos recursos casi todo se destina a la Subsecretaría de Hidrocarburos. En contraste, el presupuesto para medioambiente y recursos naturales es menos de la mitad de los recursos que recibe este sector, y se concentra en subsanar rezagos estructurales como la infraestructura para agua potable y drenaje (Dato Crucial 7).

El Green New Deal identifica a los gobiernos como los sujetos centrales para coordinar la descarbonización mediante la política fiscal. Los mercados dan señales de que debemos dirigirnos a la transición y los gobiernos deben seguir esta ruta; pero en México esto no está sucediendo; por lo que el rezago está en aumento.

Economía Digital

Las nuevas tecnologías provocan cambios en toda la actividad económica, desplazan algunos empleos y crean otros hasta que la transformación se vuelve la norma; pero la distribución de los beneficios no suele generalizarse. La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en ingles) señala que deben tomarse en cuenta tres elementos importantes para el uso de las tecnologías de Producción Digital Avanzada (PDA): desarrollar las condiciones necesarias, como la infraestructura digital, para incorporar las nuevas tecnologías; fomentar la demanda, aprovechamiento, e iniciativas de las tecnologías PDA; y, fortalecer la capacidad de investigación en ese campo.

Según la UNIDO, las nuevas tecnologías tienen el potencial para detonar un desarrollo industrial inclusivo y sostenible, en el que se generen nuevos empleos e industrias al tiempo que se combate el cambio climático y las múltiples desigualdades. El despliegue efectivo del potencial tecnológico necesita de arreglos institucionales en los que el gobierno juega un papel central mediante la inversión en infraestructura y capital humano. Por tanto, el impulso nacional por la digitalización es una estrategia prioritaria para garantizar un desarrollo incluyente que combata las desigualdades.

Después de la emergencia sanitaria con sus graves consecuencias, la acción estatal recobra fuerza y se convierte en un factor clave para lograr una economía verde, digital y equitativa. El Consenso de Washington caducó, y actualmente la gobernanza digital y el cierre de las desigualdades son parte de las nuevas prioridades. Además, una vez que las nuevas tecnologías se expanden es necesario realizar nuevos marcos normativos que regulen las relaciones internacionales, los negocios, el trabajo, entre otros aspectos.

En México el PND propone que en todo el país haya cobertura de internet, y la estrategia para lograrlo se articula con el combate a la pobreza y marginación. Dicho documento señala que mediante la instalación de internet en todo el país se ampliaran las carreteras, centros de salud, escuelas, y espacios comunitarios. Además, también se señala que la digitalización será una herramienta central para el combate a la corrupción.

Los propósitos del PND y las acciones gubernamentales se limitan a la digitalización de la administración pública y a la ampliación del acceso a internet. El problema es que si bien estas acciones son necesarias, en un contexto mundial que marcha velozmente hacia la economía digital resultan insuficientes. El despliegue de la nueva economía requiere una infraestructura técnico-institucional con una solida coordinación entre el sector público y el privado, financiamiento para investigación, acuerdos internacionales, transferencias tecnológicas, y seguridad cibernética. Mientras tanto, México continua siendo de los países más rezagados en el acceso a la infraestructura de comunicaciones, con indices de evaluación en acceso, uso, innovación, confianza y apertura de mercados que lo colocan por debajo del promedio de los países de la OECD (Dato Crucial 9).

3. Discusión

Occidente se inclina, cada vez más, a un Consenso que favorece gobiernos más fuertes, mayor inversión, más impuestos y más regulaciones en una -Era Digital, Verde e Incluyente-. Desde principios del siglo XXI posturas poskeynesianas (como J. Stiglitz y M. Mazzucato) han señalado las desigualdades causadas por las débiles regulaciones de la economía de libre mercado globalizada; y han pugnado por gobiernos con un fuerte rol emprendedor y coordinador.

En economía, la estrategia de distribución de la riqueza se asocia al nivel de ingresos y de acceso a servicios básicos. Pero, frente a un futuro con problemas climáticos, ecológicos, de revolución tecno digital, y con los avances en las ciencias biológicas es necesario que el significado de servicios básicos trascienda la alimentación, la vivienda, la salud y la educación.

La aceleración del consumo de tecnologías informáticas y de la comunicación facilitaron muchas operaciones y disminuyeron la necesidad de la presencia humana, sobre todo en los sectores de servicios y de comercio; mientras que los incentivos para la automatización, robotización, y uso de la inteligencia artificial en el sector productivo apunta a solucionar diversos problemas en las cadenas de suministro. La continuidad de estas tendencias puede acelerar la sustitución del empleo por parte de las nuevas tecnologías, causando retos para el bienestar social afectando más a economías con bajos ingresos y altos niveles de informalidad (Dato Crucial 10).

Ante la disminución de los empleos y los ingresos, Pérez (2020) sugiere un estado interventor que dirigía la política y las inversiones con miras a dar alcance a las economías avanzadas; y Mazzucato (2015, 2020) propone un Estado emprendedor fuerte que genere crecimiento y desarrollo. A diferencia de estas propuestas y las del propio CC, la 4T apuesta por reducir el tamaño del gobierno en nombre de la eficiencia y el combate a la corrupción; el presupuesto federal para la participación en el desarrollo económico se ha disminuido respecto a la administración de Peña Nieto.

México debe abordar el cambio en la estructura de los mercados de trabajo y el diseño de un desarrollo sustentable. Para lograrlo puede ser útil la propuesta de Pérez (2020) de un crecimiento basado en recursos naturales y dirigido por el Estado. Lejos de una apuesta por las commodities, se trata de un Estado interventor capaz de crear las oportunidades locales en un entorno global, impulsar una “industrialización basada en recursos naturales, en materia de energía, procesos y productos, que debe conjuntar las capacidades creadas de la integración mundial en la fase madura de la industrialización con el acceso a las TIC y las llamadas ciencias de la vida” (p. 353).

Para llevar a cabo ese tipo de desarrollo, y considerando que nos encontramos en la fase de despliegue del nuevo tipo de paradigma tecnológico, la estrategia económica debe diseñar un marco institucional que permita aprovechar las innovaciones de los países desarrollados. Por su parte, las políticas deben invertir en la nueva infraestructura tecnodigital para aumentar la productividad de las empresas y la competitividad laboral; pero, al mismo tiempo se deben dar apoyos directos que solucionen los rezagos históricos y las necesidades locales. Si México adoptase una estrategia similar se podrían dar las condiciones para saltar al desarrollo del próximo parádigma tecnoeconómico que estará relacionado con nuevas áreas como la biotecnología; y en las que se podrían tener ventajas comparativas debido a la riqueza natural del país.

Para emprender una apuesta se deben juntar muchos recursos. En este sentido, son cada vez más las voces que señalan la necesidad de aumentar las cargas impositivas a las minorías que concentran la riqueza material. En el caso mexicano, el índice Gini ha estado estancado desde la década de 1980 debido a los bajos niveles de crecimiento; esto importa pues un escenario con amplias desigualdades y con restricciones en el gasto público productivo, merma la capacidad de un gobierno para liderar un proyecto de nación. La visión de la 4T, su modelo de austeridad y regresividad tributaria, son contrarios a los consensos mundiales emergentes que favorecen la instauración de un esquema de desarrollo basado en el fortalecimiento del gasto público en infraestructura e impuestos progresivos.

Aunque es criticable un gobierno rico con un pueblo pobre, no hay posibilidades de elevar el bienestar del pueblo con gobiernos pobres que impulsan la austeridad. Un país sin crecimiento no puede combatir la pobreza ni la desigualad.