El 3 de mayo de 2023 México decretó una ley con estrictos controles y severas sanciones para la importación de químicos usados para producir drogas sintéticas. Este movimiento del presidente López Obrador (AMLO), resulta inesperado pues durante su administración ha evitado enfrentar a los grupos criminales; a pesar de que dichos grupos se han vuelto más poderosos y han diversificado sus actividades.

Las drogas continúan representando buena parte del negocio de los cárteles, y las drogas sintéticas han vuelto aún más rentable el negocio (Dato Crucial 1). Pero, los cárteles de droga mexicanos han sabido adaptarse, y desde 2010 han devenido en diversos grupos cuya actividad se amplió al tráfico de personas, la venta de armas, la minería ilegal, entre otras. A pesar de esa diversificación de los cárteles, el gobierno mexicano, también presionado por la crisis estadounidense de fentanilo, sigue enfrascado en los narcóticos.

Según el Departamento para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles), el cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), son la mayor amenaza de drogas que enfrenta Estados Unidos.

La guerra en todo

El narco se diversificó porque en sus entrañas hay una lógica expansiva; y los gobiernos han exacerbado el problema. La guerra contra las drogas del expresidente Felipe Calderón fragmentó y multiplicó a los grupos de narcos (Dato Crucial 2). Además, la estrategia de seguridad de AMLO evita la confrontación; en consecuencia, los grupos criminales tienen un entorno que facilita su expansión y diversificación, incluso hasta actividades económicas licitas.

Después de las drogas, la mayor fuente de ingresos de los grupos criminales es la extorsión y el cobro de piso. En México, dicho fenómeno está en aumento, afectando desde taqueros hasta pescadores y campesinos (Dato Crucial 3). La gran mayoría de ingresos por extorsión proviene de sectores como la agricultura y la minería. Por ejemplo, grupos como La Familia Michoacana obligan a los campesinos que producen aguacate a pagar tarifas, a retener mercancías para elevar los precios; e incluso a pescadores les dictan a quienes y a qué precio vender (Dato Crucial 4 y 5).

El tráfico de personas también es otra de las actividades en las que el narco se está expandiendo. Con un número creciente de personas que buscan ingresar a Estados Unidos, y una frontera más difícil de cruzar, el costo por pasar personas se ha incrementado, atrayendo al narco a esta actividad. También se secuestran migrantes personas para extorsionar a sus familiares que viven en Estados Unidos, y a niñas para prostitución; en consecuencia, la desaparición de migrantes está en aumento (Datos Cruciales 6 y 7).

El contrabando de armas, de Estados Unidos a México, también es otra de las actividades de los grupos criminales, así como la propia explotación de recursos naturales. En 2014 el gobierno mexicano reconoció que los grupos criminales realizan minería ilegal en Michoacán. Mientras que, en Jalisco, los grupos criminales controlan el mercado de madera. Incluso el contrabando de animales está creciendo; se cree que se envían a China y a veces se cambian por químicos para drogas. Los tentáculos del crimen llegan hasta la industria petrolera donde hacen tratos con funcionarios corruptos de Pemex.

Apoderándose del territorio

Las diversas actividades que realizan los grupos criminales precisan de un control territorial, lo que genera una espiral de violencia con enfrentamientos por todo el país (Dato Crucial 8). Ahora el crimen no se circunscribe a lo ilegal, cualquier ciudadano y empresa es susceptible de caer bajo el control de los grupos criminales.

Bajo la administración de AMLO las cosas han empeorado. En 2021, después del arresto en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos, antiguo jefe del ejercito mexicano, se promulgó una ley que restringe la capacidad de la DEA de operar en México. Posteriormente el gobierno mexicano se ha mostrado más cooperativo, sobre todo en operativos contra capos del crimen e investigaciones financieras; pero esa estrategia tampoco ha dado buenos resultados. Incluso el despliegue de la Guardia Nacional no ha sido realmente efectivo pues en muchas ocasiones solo se quedan en los cuarteles.

Como consecuencia de una administración marcada por su inacción ante la inseguridad y la corrupción, el Estado se ha vuelto más corrupto permitiendo ampliar, aún más, las actividades de los grupos criminales. Durante décadas, el PRI negoció con el crimen pero, al final, el Estado mandaba; pero la democratización y la descentralización del poder favorecieron a los criminales.

El crimen no suele hacer tratos con funcionarios federales, como el caso de García Luna; sino con policías y autoridades locales a las que puede amenazar o sobornar. Mediante esas amenazas y sobornos accede a contratos públicos de diversas obras de infraestructura. De hecho, el crimen está ganando influencia política en el propio proceso electoral.

Así mismo, el crimen se adentra en las sociedades y en muchas empresas que se ven obligadas a pagarle a grupos criminales para estar protegidas. La extorsión es uno de los grandes obstáculos para el crecimiento económico de México. Aunque muchos grupos criminales no buscan construir lazos comunitarios, otros sí lo. Hacen mediante actos caritativos. El narco se está trasformando en organizaciones con múltiples actividades capaces de ejercer poder político.

La situación es tal que algunos la consideran una insurgencia. El complejo fenómeno requiere una estrategia nacional que incluya la erradicación de la corrupción, el diseño de un sistema de justicia funcional, y restaurar el poder del Estado. Aunque, con la crisis del fentanilo es difícil que las estrategias abandonen su limitado enfoque en las drogas.