En 2014 se perpetró uno de los crímenes de estado más brutales de la historia reciente de México, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos. Las autoridades no investigaron adecuadamente el caso, pero para la autora del texto, el caso tiene una profunda relación con la minería en México.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) investiga el caso desde 2015, pero sus miembros dejaron México el 31 de julio de 2023. La relación del GIEI con el gobierno federal colapsó debido al ocultamiento de información por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la falta de voluntad de López Obrador para enjuiciar a miembros del ejército. El presidente amplió las funciones del ejercito otorgándoles tareas ejercidas por civiles, como obras de infraestructura (Dato Crucial 1).

En septiembre de 2022, se emitieron 22 órdenes de aprehensión en contra de militares; pero el procurador general de la república, Gertz Manero, canceló 16 de estas órdenes. De acuerdo con el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Obrador informó a las familias de los normalistas que la suspensión de las órdenes fue producto de la molestia del ejército ante tantas acusaciones en su contra. Además, la suspensión de las órdenes causó la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal especial de la reexaminación del caso.

De acuerdo con el último informe del GIEI, la Sedena ha ocultado reiteradamente información crucial para esclarecer lo que realmente sucedió con los normalistas.

La noche del 26 de septiembre de 2014, normalistas de entre 17 y 25 años de la Normal Rural de Ayotzinapa se trasladaron al municipio de Iguala, Guerrero para tomar algunos autobuses y viajar a Ciudad de México, y participar en las conmemoraciones de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. Esta acción se realiza cada año con autorización implícita de las autoridades, pero en 2014, las autoridades y el cártel Guerreros Unidos, impidieron la salida de los autobuses y dispararon contra éstos.

Militares de la 35 Zona Militar y del 27 Batallón acudieron al lugar de los hechos, pero no auxiliaron a los normalistas. De hecho, hay evidencia de que la agresión estaba siendo transmitida en vivo y que el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Guerrero, por medio de cámaras tenía la ubicación de los lugares en los que se encontraban los normalistas, pero no hicieron nada. El GIEI señala que la Sedena tiene registros de llamadas telefónicas entre militares, policías y miembros de Guerreros Unidos, en los que se menciona el secuestro de los normalistas.

Las autoridades aseguraron que los estudiantes habían tomado cuatro autobuses, pero en 2021 el GIEI reveló que existía un quinto autobús que no fue atacado por la policía ni por el cártel; y que, de acuerdo con testigos, la Policía Federal escoltó este autobús hacia la salida de Iguala. El GPS confirma que esa fue la ruta inicial del autobús antes de desaparecer en la carretera. La Policía Federal protegió algo valioso dentro de ese autobús; pudo ser drogas, dinero, armas, pero también pudo ser uranio ilegal. Johnny Hurtado, uno de los líderes de la Familia Michoacana, señala que el uranio se transporta de forma ilegal de Guerrero hasta los puertos de Lázaro Cárdenas y Colima, donde se entrega directamente a barcos chinos. En México, la producción de uranio es una actividad reservada al estado.

La Normal de Ayotzinapa se encuentra rodeada por varias minas de oro (Dato Crucial 2), de hecho, todo Guerrero está plagado por la industria minera, su rico suelo en minerales como cobre, plata, uranio, zinc, entre otros, en conjunto con su accidentada geografía lo vuelven un territorio vulnerable al extractivismo y al crimen organizado.

La minería opera en un territorio de precarización generalizada (Dato Crucial 3) y en un contexto de violencia con territorios en disputa. El crimen organizado extorsiona a las mineras cobrando derecho de piso; pero, por otro lado, las apoya desplazando comunidades mediante diversos mecanismos como el ejercicio del terror (Dato Crucial 4). El crimen también opera a favor de las mineras con el asesinato de activistas medioambientales (Dato Crucial 6).

La actual Ley Minera no es amigable con los ecosistemas ni con los pueblos originarios, y buena parte del territorio nacional está concesionado (Dato Crucial 5). Guerrero es de los mayores productores de oro en el mundo, pero hay mucha pobreza. Entre tanto, activistas y pueblos buscan proteger sus territorialidades de los destructivos, tóxicos, y aniquiladores efectos de todo el proceso minero. La reforma de 2023 a la Ley Minera no es suficiente, se requiere el pleno reconocimiento del derecho de los pueblos originarios a tener control sobre sus territorios.

Desde 2005 una ola de violencia afecta los municipios de Arcelia y Cocula. Éstas son zonas estratégicas para los flujos de tráfico ilegal de personas, armas, minerales, y drogas; cruzan desde Oaxaca, Puebla, Morelos y Guerrero hacia el Estado de México y Michoacán. La violencia ha suscitado el surgimiento de autodefensas y policías comunitarias que buscan defenderse del crimen organizado, de megaproyectos, y del tráfico ilegal (Dato Crucial 7).

Otro caso importante de violencia relacionado con la minería es el de Tlatlaya. En 2014, la Familia Michoacana ordenó a militares del 102 Batallón de Infantería, asesinar a 22 jóvenes que buscaban comprar armas al ejército. Los militares que asesinaron a los jóvenes manipularon la escena de tal manera que pareciera que éstos eran narcotraficantes. En ese momento, las comunidades vecinas de Tlatlaya y Arcelia estaban gestado movimientos civiles de autodefensa, por lo que dicho cártel decidió mandar un mensaje de terror. Desafortunadamente, Ayotzinapa y Tlatlaya no son los únicos casos de violencia exacerbada (Dato Crucial 8).

En 2006 Evelia Bahena y Diana Brito fueron atacadas por denunciar la violencia sufrida por el megaproyecto de La Media Luna; desde entonces, la Normal de Ayotzinapa se fue convirtiendo en un espacio de encuentro para activistas y comunidades afectadas por la minería y el crimen organizado. De hecho, esta Normal ha sido objeto sistemático de ataques desde el final del sexenio de Lázaro Cárdenas, y tuvo un fuerte estigma político cuando, en la década de 1970, su egresado Lucio Cabañas se volvió líder guerrillero.

El brutal asesinato del normalista Julio Cesar Mondragón ha sido señalado por investigadores del caso como un mecanismo para enviar el mensaje de que no se metieran con el negocio del tráfico ilegal, ni con la minería.

La falaz narrativa de la -Verdad Histórica- fue construida por Murillo Karam, antiguo Procurador General de la República, con el objetivo de limitar las responsabilidades al crimen organizado, al presidente municipal de Iguala y a dos policías, y, así, ocultar la responsabilidad de otras autoridades. Se trató de ocultar un crimen de estado de alto nivel.

La evidencia muestra que los normalistas fueron divididos en varios grupos, y asesinados en varios días hasta el 4 de octubre para ocultar el crimen. Las llamadas telefónicas entre Guerreros Unidos, policías municipales, y un militar nombrado como “Coronel”, evidencian que todos estaban seguros de salir impunes (Dato Crucial 9). Además, el ex Secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, obstruyó la investigación al negar el acceso a civiles a las instalaciones del 27 Batallón. En 2020 Cienfuegos fue procesado en Estados Unidos por tráfico de drogas; pero López Obrador lo extraditó a México, asegurando que las acusaciones en contra del general eran falsas.

La supuesta Verdad Histórica comenzó a gestarse el 28 de octubre de 2014 cuando la Marina fabricó una escena en el basurero de Cocula para que pareciera que ahí habían sido asesinados los normalistas. También hay evidencia de que la Marina torturó a varias personas para forzarlas a autoincriminarse (Dato Crucial 10). Además, varios testigos clave del caso fueron asesinados. Incluso, se sabe que el ejército tenía soldados infiltrados en la Normal, y que por décadas usó sistemas de espionaje avanzados, como el software Pegasus usado desde 2010.

Actualmente, de los 43 estudiantes desaparecidos solo se han hallado algunos restos de Alexander Mora Venacio, Christian Rodríguez, y Jhosivany Guerrero de la Cruz. La noche de la desaparición de los normalistas, también fueron asesinados otros tres estudiantes, dos más sufrieron daños permanentes; además de los normalistas, alrededor de otras 40 personas fueron lesionadas, y dos más fueron asesinados.

En México, desde la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón, la desaparición forzada ha aumentado exponencialmente, y casi la totalidad de los casos queda impune, mostrando la correlación entre y la asignación de tareas de seguridad interna al ejército (Dato Crucial 11).