Aleida Azamar Alonso es Presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus principales líneas de investigación son el ecofeminismo, el extractivismo y la mniería.

Isidro Téllez Ramírez es doctor en geografía por la UNAM, su principal línea de investigación es la minería. Su trabajo se ha enfocado en Industrias Peñoles

Introducción

Industrias Peñoles es la principal empresa productora de plata afinada (la afinación es el proceso de eliminación de impurezas para producir un metal de gran pureza) en el mundo, y una de las principales productoras de afinados de oro, plomo, zinc, entre otros minerales (Dato Crucial 1 y 4). Esta compañía cuenta con plantas químicas e infraestructura ferroviaria y de energía; así como instalaciones integradas para la extracción, fundición y afinación de metales no ferrosos, entre las que destaca por su gran tamaño Met-Mex (Dato Crucial 2).

El crecimiento de Peñoles se debe al apoyo estatal recibido durante décadas que permitió a la compañía acumular importantes vetas minerales y monopolizar algunos procesos clave de la cadena productiva minera nacional. Al mismo tiempo, el enriquecimiento de Peñoles está acompañado de procesos de marginación, empobrecimiento y generación de conflictos con la población local de la mayoría de los territorios en los que opera.

El caso de Met-Mex y su conflicto con la población de Torreón, Coahuila, es de los menos estudiados pese a la gran magnitud de las afectaciones (Dato Crucial 3). La falta de investigaciones al respecto se debe a la reserva de evidencias por parte del estado y de las empresas, la ausencia de programas de seguimiento del caso y la grave violencia que atenta contra la seguridad de quienes estudian este tipo de temas.

El objetivo de este texto es explicar las causas que permiten a Met-Mex seguir operando sin atender las demandas sociales de reparación de daños. Se utiliza el concepto -justicia ambiental- entendida como un paradigma para guiar el uso sustentable de recursos naturales, vinculándolos a políticas públicas para que se implementen mecanismos de protección a los derechos, así como la posibilidad de que los actores puedan incidir en la toma de decisiones para resolver los problemas ambientales. La estrategia metodológica fue la recopilación de información periodística y literatura científica sobre la responsabilidad de Peñoles en la contaminación por plomo y arsénico; así como el análisis de la narrativa de los informes anuales y de desarrollo sustentable de Industrias Peñoles.

Met-Mex Peñoles y la contaminación por plomo

La metalúrgica Met-Mex se compone de una fundición de plomo, una refinería plomo-plata y una refinería de zinc, todas propiedad de Industrias Peñoles (empresa que a su vez forma parte de Grupo Bal).

La historia de Met-Mex se remonta a 1901 cuando la familia Madero fundó la empresa Cía. Metalúrgica de Torreón. S.A. En 1917, 80% del capital de esta empresa fue adquirido por American Metal Company (AMAX), quien junto con American Smelting and Refining Company Company, y Anaconda Copper Mining Company, representaron las tres empresas de capital extranjero que dominaron el sector minero-metalúrgico en México hasta 1961. A partir de 1961 con la Ley de mexicanización de la minería la mayor parte de las acciones de Met-Mex así como diversas unidades mineras fueron adquiridas por Raúl Baillères, José A. García, Bernard Rohe, Roberto Garza Sada, Manuel Senderos y Alberto Baillères. Con estas adquisiciones nació Metalúrgica Mexicana Peñoles. Finalmente, en 1996 el capital social que todavía estaban en manos de AMAX fue adquirido por Alberto Baillères.

Actualmente las operaciones y dimensiones económicas de Metalúrgica Met-Mex son sumamente grandes (Datos Cruciales 5, 6 y 7). No solo procesa los minerales suministrados por las minas de Industrias Peñoles, también trabaja con el mineral que le envían otras empresas como Minera Peñasquito que es propiedad de Newmont Goldcorp.

El nivel de producción de Met-Mex ha contribuido a que Industrias Peñoles se consolide como una de las principales mineras en el mundo, y a que México sea uno de los principales productores globales de diversos minerales (Dato Crucial 8). La cuestión es que la producción metalúrgica ha sido por más de un siglo la principal fuente de emisiones de plomo, arsénico y dióxido de azufre.

La producción de plomo en México inició a principios del siglo XX como parte del proceso de industrialización estadounidense. Por esa razón las primeras fundiciones se ubicaron en el norte del país siguiendo la ruta de las minas y vías férreas construidas durante el porfiriato para abastecer de minerales a la industria estadounidense. Como consecuencia de la fundición y refinación de metales no ferrosos (fuente de contaminación por metales catalogada como la más agresiva) comenzaron las emisiones de plomo a la atmósfera.

Met-Mex comenzó a operar desde 1901 como una fundición de plomo, pero entre 1961 y 1975, bajo el apoyo estatal enmarcado en el proceso de mexicanización de la minería, esta metalúrgica se expandió mucho. En dicho periodo se agregó una refinería electrolítica de zinc, tres plantas de ácido sulfúrico y la refinería de plata-oro. Fue hasta 1990 en que se abrió la planta productora de sulfato de amonio. Mediante la expansión de Met-Mex, durante los años setenta del siglo XX, Industrias Peñoles logró monopolizar la producción nacional de plomo. Al mismo tiempo, aumentó la concentración de empleo minero y la urbanización irregular en Torreón.

La primera queja documentada contra Met-Mex se remonta a 1937, aunque es en 1961 cuando los trabajadores de dicha metalúrgica presentaron ante las autoridades sanitarias una acusación formal. En 1962 la Secretaría de Salud realizó dos estudios en los que encontró contaminación atmosférica grave por emisiones de arsénico, bióxido de azufre y plomo generados por Met-Mex Peñoles; y que los trabajadores del complejo metalúrgico se encontraban ante una severa exposición al arsénico. Poco después de dichos estudios se interrumpió la producción de arsénico.

En 1976, la toxicóloga Lilia Albert descubrió que los niños de Torreón estaban expuestos de manera crónica al plomo. Lilia Albert realizó un estudio en el que comprobó que los infantes de Torreón presentaban niveles demasiado altos de plomo y publicó sus hallazgos en 1986; pero ni la empresa ni las autoridades aplicaron alguna medida de contención a pesar de que en ese momento ya era sabido que niñas y niños absorben más cantidad de plomo que los adultos (Dato Crucial 9).

Entre 1981 y 1985, Calderón-Salinas et al. (1996) descubrieron que los niños que vivían cerca del complejo metalúrgico presentaban niveles de plomo en la sangre muy por encima del nivel a partir del cual se considera una exposición peligrosa al plomo con riesgos de daños graves y permanentes a la salud (Dato Crucial 10).

También se reveló que las infancias que vivían cerca de la planta presentaron daños en su coordinación motora y disminución de su coeficiente intelectual. Los resultados del estudio tuvieron amplia divulgación local; pero ni Peñoles ni las autoridades estatales establecieron medidas para proteger la salud de las infancias e incluso señalaron que había otras fuentes de exposición al plomo como el hábito de los infantes de comer tierra.

Investigaciones realizadas durante los años noventa del siglo XX, volvieron a encontrar que las infancias que vivían cerca de la planta metalúrgica presentaban niveles de plomo en la sangre muy altos; además descartaron otras fuentes de exposición pues se estudió el aire, el agua y el suelo cercano a MetMex y se hallaron altos niveles de plomo y cadmio nunca registrados en ningún otro sitio (Dato Crucial 11). Además de esos hallazgos se detectó que los trabajadores de la metalúrgica sufrían estragos en su salud y tenían problemas de fertilidad como consecuencia de su exposición a metales pesados (Dato Crucial 12).

Ante la evidencia irrefutable de que Met-Mex era la responsable directa de la contaminación en Torreón diversos miembros de la sociedad civil se organizaron para exigir medidas inmediatas y en 1989 se realizó un acuerdo entre el gobierno municipal de Torreón e Industrias Peñoles para reducir las emisiones de metales pesados; pero el acuerdo nunca se cumplió.

En 1994 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ordenó a Industrias Peñoles a realizar una auditoria ambiental. Tras la inspección, cuyos resultados nunca fueron publicados, la PROFEPA ordenó a la metalúrgica implementar 113 medidas para solucionar los problemas encontrados. En febrero de 1998 dicha institución pública emitió 49 medidas adicionales para reducir de forma inmediata las emisiones de polvos y gases generados por Met-Mex y señaló que la contaminación no había parado pues la empresa no había cumplido con las medidas anteriores.

En julio de 1998 Manuel Velasco, médico pediatra, realizó un estudio en el que encontró que varios de sus pacientes tenían niveles muy altos de plomo en la sangre (Dato Crucial 13). Los hallazgos fueron entregados al gobierno estatal pero no se tomaron medidas para controlar las emisiones de gases, y se inició el conflicto entre la comunidad de Torreón e Industrias Peñoles. Ese mismo año el toxicólogo Gonzalo García Vargas realizó otro estudio en el que encontró que miles de niños que vivían en un radio de 4.5 km en torno a la planta de Met-Mex tenían niveles de plomo en la sangre muy altos (Dato Crucial 14). Gonzalo también entregó los resultados al gobierno de Torreón; pero las autoridades desestimaron los riesgos sanitarios. Ante esta situación, el pediatra Velasco, llevó los hallazgos de ambos estudios a las autoridades federales y a diversos medios de comunicación, fomentando la movilización social en defensa de lo que se mediatizó como -los niños de plomo-.

El conflicto minero y la impunidad corporativa-estatal

El movimiento desatado en defensa de las infancias afectadas congregó a diversos actores, desde legisladores hasta organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos; pero la base principal del movimiento estuvo conformada por las madres de las niñas y niños envenenadas por las emisiones de plomo. Las madres de niños y niñas afectadas se movilizaron constantemente y fueron escalando sus acciones ante la indolencia corporativo-estatal.

Las manifestaciones de las madres y la denuncia de las ONG atrajeron la atención nacional sobre el caso y aumentó la presión sobre el gobierno; pero la reacción del estado fue cínica pues el titular de la SEMARNAT de forma arbitraria colocó el límite de intoxicación por plomo en 25mg/dl cuando el estándar internacional es de 10mg/dl.

A pesar de la actitud institucional, en marzo de 1999 la Secretaría de Salud admitió oficialmente que la Metalúrgica Met-Mex Peñoles era la fuente de emisiones de plomo en Torreón, y el gobierno estatal declaró que cientos de niños presentaban niveles de plomo en la sangre superiores a 10mg/dl. Una vez más PROFEPA ordenó a Industrias Peñoles implementar 80 medidas para reducir la concentración de plomo en Torreón, como la aspiración de polvo y la reubicación de 448 viviendas. Además, la procuraduría impuso 24 medidas adicionales, como la reducción de 50% del trabajo en el complejo metalúrgico, la hospitalización de niños afectados, el establecimiento de un fondo de salud, entre otras.

Ante la situación Met-Mex realizó varias acciones para mitigar el impacto ambiental y sanitario, como la compra de nuevos equipos de filtración de partículas; pero la metalúrgica continuó señalando que no era responsable del envenenamiento de los niños.

Met-Mex Peñoles, en complicidad con el estado, ha sido constantemente negligente ante problemas que no atendió hasta que la comunidad de Torreón comenzó a movilizarse. Antes del movimiento social la empresa nunca procuró reducir sus emisiones ni atendió las medidas ordenadas por la PROFEPA. Finalmente, en 2004 julio Frenk, en ese entonces titular de la Secretaría de Salud, decidió que la medición de emisiones de plomo así como la supervisión del fideicomiso para brindar atención médica a los niños afectados estaría a cargo de Industrias Peñoles.

El movimiento social perdió fuerza, pero el conflicto minero no se ha resuelto, y sigue habiendo una alta exposición al plomo (Dato Crucial 15). La realización de nuevas investigaciones se ha visto limitada por el aumento del crimen organizado en la región, aunque un estudio reciente (2021) muestra que si bien los niveles de plomo en la atmosfera ha disminuido, éstos continúan en niveles muy por encima de los estándares de salud internacionales.

Mientras tanto, Industrias Peñoles ha recibido de parte de la PROFEPA la certificación de industria limpia; y el accionista mayoritario Alberto Baillères recibió en 2015, de parte del Senado de la República, la presea Belisario Dominguez que se entrega a personas mexicanas destacadas por su supuesto servicio a la patria o a la humanidad.

Los límites de la justicia ambiental en Torreón

Normalmente en los conflictos mineros el movimiento social busca el cierre de la mina o la cancelación del proyecto y de las concesiones. En el caso del conflicto entre Met-Mex y la comunidad de Torreón, lo que se buscó fue la indemnización por los daños a la salud. Es decir que en dicho caso no se buscó el cierre del complejo metalúrgico, sino una compensación económica por los daños causados a las infancias. En un primer momento las demandas civiles ni siquiera pedían la reparación del daño ambiental.

Pero, ante el cinismo y la impunidad corporativo-estatal, el conflicto comenzó a aglutinar diversos actores en resistencia que llegaron a exigir el cierre del complejo metalúrgico debido a los daños sanitarios y medioambientales. Es decir que ante la negligencia, el movimiento transitó de la compensación económica a la búsqueda por la justicia ambiental con reparación integral de todos los daños. La cuestión es que la legislación y el poder político-económico de Industrias Peñoles impiden la justicia ambiental en Torreón

Los obstáculos legales

En dos ocasiones un grupo de familias demandó a Met-Mex para que reparara los daños irreversibles en la salud de sus hijos. A pesar de los múltiples estudios que demuestran la responsabilidad de la empresa, la demanda se declaró como improcedente, y en 2001 el tribunal liberó de cargos a la compañía. Por tanto, una de las principales razones de la injusticia ambiental en Torreón son los obstáculos legales.

Dicho fallo judicial sucedió dado que legalmente no había forma de vincular aspectos de corte ambiental con daño a la salud. Aunque el mayor obstáculo para la organización social fue que la legislación ambiental no reconoce comunidades o grupos como sujetos de interés jurídico. Es decir que las demandas de indemnización no pueden ser colectivas, tienen que ser individuales, de forma de que cada familia tuvo que presentar su demanda y sus propias pruebas.

Afortunadamente, en 2011 se reformaron varias leyes para introducir acciones colectivas, y en 2013 mediante la Ley de Responsabilidad Ambiental se creó el mecanismo para vincular los daños ambientales con los daños a la salud.

El poder político-económico de Industrias Peñoles

El factor económico es una de las principales razones de la injusticia ambiental en Torreón. No se trata de la derrama económica local que genera la actividad minera, sino que Grupo Bal concentra demasiado poder político-económico. Desde el gobierno de López Mateos, los presidentes de México han apoyado a que Industrias Peñoles y el resto de empresas de Grupo Bal escalen sus operaciones.

Antes de la década de 1960 Grupo Bal ya contaba con empresas de gran relevancia político-económica como Crédito Minero Mercantil, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otras muchas. Pero a partir de la mexicanización de la minería, y luego con el neoliberalismo, Grupo Bal logró consolidarse como el segundo productor minero del país y uno de los grupos económicos más importantes de Latinoamérica. Durante seis décadas Grupo Bal ha sido apoyado por el estado, con la limitación por 30 años del capital extranjero en el sector minero, rescates financieros, así como con el remate de activos mineros estatales, miles de hectáreas concesionadas, y hasta la creación de la policía minera para proteger la mina La Herradura, una de las principales operaciones de Industrias Peñoles.

El apoyo del estado permitió a la familia Baillères concentrar el capital necesario para mantener su participación oligopólica en la minería nacional y prácticamente monopolizar la capacidad de refinación de metales preciosos en México. Al mismo tiempo, esto permitió a Grupo Bal diversificarse hacia distintos sectores económicos por medio de 143 firmas como Petrobal que participa en la extracción de petróleo. Por tanto “Metalúrgica Met-Mex tampoco se puede entender fuera de esta intrincada red de empresas cuya actividad principal es cada vez más difícil de identificar, ya que se extiende desde las operaciones minero-metalúrgicas, pasando por la producción agropecuaria, los servicios financieros, la infraestructura de transporte y energía, hasta los servicios de educación y espectáculos” (p.10).

Además, Met-Mex no solamente está involucrada en una extensa red corporativa, también tiene vínculos políticos importantes que se manifiestan con el tráfico de influencias con el sector público. Por ejemplo, algunos miembros del consejo de administración de Industrias Peñoles y de su filial Fresnillo Plc han dirigido diversas secretarías públicas (Dato Crucial 16). De tal manera que Peñoles, al incorporar a funcionarios públicos de alto nivel, obtiene información estratégica e influencia para obtener contratos, concesiones, y bloquear medidas estatales que perjudiquen a la compañía.

Conclusiones

El envenenamiento con plomo de miles de niños a causa de las emisiones de Met-Mex Peñoles representa un conflicto minero con rasgos distintivos respecto a otros casos estudiados. En primer lugar, el conflicto fue generado por una empresa de capital privado nacional, y no por alguna compañía extranjera. El segundo rasgo es que el conflicto no surge contra una mina, sino contra una planta de fundición y refinación de metales no férreos. Este segundo aspecto es importante pues una planta de fundición, a diferencia de una mina, no depende de reservas mineras, el caso de Met-Mex lo ejemplifica con el inicio de sus operaciones hace más de 120 años. El tercer rasgo es que en un inicio el núcleo de la demanda contra actividad metalúrgica no fue el cierre de operaciones por cuestiones medioambientales, sino la búsqueda de una compensación económica por los daños a la salud en las infancias.

El conflicto entre Met-Mex y la comunidad de Torreón muestra la gran impunidad en México, así como los obstáculos legales para que la sociedad organizada logre la justicia ambiental. El poder político-económico que ostenta Industrias Peñoles y todo el Grupo Bal, le permite a este conglomerado influir en las decisiones públicas, así como volver imposible el acceso a la justicia ambiental.