Mariana Mora tiene un doctorado en antropología por la Universidad de Austin, sus principales líneas de investigación son la antropología política y los pueblos indígenas.

Introducción

Este texto es una reflexión sobre los cambios del sentido político y los cuestionamientos a los límites del estado en el ejercicio de la autonomía de las naciones originarias en México durante el período 1990-2018. De dicho período hasta 2006 hubo un auge de las políticas multiculturales, y después el contexto estuvo marcado por la guerra contra el narcotráfico que afectó especialmente a estados con amplia presencia de pueblos indígenas organizados como Guerrero y Michoacán.

En un principio la autonomía se centró en una serie de acciones que demandaban al estado transformaciones estructurales; pero después la autonomía pasó a ser ejercida como la protección colectiva de la vida frente a la violencia extrema ejercida por actores como el narcotráfico y empresas extractivistas.

La reflexión se basa en casos concretos, en el pueblo nahua de Santa María Ostula, la comunidad purépecha de Cherán, el ejido ch’ol de Tila en Chiapas, el pueblo triqui de San Juan Copala en Oaxaca, comunidades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Guerrero, así como en discursos políticos de mujeres de pueblos originarios que forman parte del Consejo Indígena de Gobierno (CIG).

Es importante resaltar que la mayoría de las comunidades y organizaciones que el texto retoma forman parte del Consejo Nacional Indígena (CNI). La única excepción es la de San Juan Copala en Oaxaca. Dicho pueblo estuvo alejado del zapatismo; pero estuvo muy influenciado por la experiencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que surgió en 2006 contra la represión estatal hacia el magisterio disidente y logró aglutinar cientos de colectivos y organizaciones indígenas, mestizas y populares.

En resumen, el texto ofrece un acercamiento crítico a las transformaciones de los sentidos de la autonomía a partir de diversas experiencias locales que han sido influenciadas por la genealogía política indígena.

Del auge del multiculturalismo a las políticas ilegales de despojo

El año 1996 condensó el esfuerzo del trabajo realizado durante años por organizaciones y comunidades indígenas que exigían el reconocimiento de sus derechos como pueblos. Se apuntó a la transformación de las relaciones con el estado; pero también se fortalecieron los procesos organizativos internos propios de los pueblos indígenas, y se tejieron nuevas formas de diálogo y alianzas con simpatizantes mestizos. Se firmaron los acuerdos de San Andrés Sakamchén de los Pobres que sentaron las bases para establecer un nuevo pacto social entre pueblos originarios y el estado mexicano. Diversos pueblos y organizaciones fundaron el CNI para fortalecer sus luchas. Comunidades tzotziles, tzeltales, tojolabales y cho´ol que eran bases de apoyo al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) establecieron nuevos centros de población en territorios recuperados y crearon sus propios gobiernos como parte de sus municipios autónomos.

A partir de la década de 1990 uno de los principales debates políticos consistió en definir la posición de la autonomía indígena frente al estado mexicano. Buena parte de la discusión se centró en si las comunidades debían buscar la implementación de marcos jurídicos dentro del estado para que éste asumiera sus obligaciones para con los pueblos, o más bien deberían ejercer su derecho de forma autónoma pues exigir reconocimiento al estado era otorgarle más poder al aparato que históricamente ha oprimido y explotado a las comunidades.

En el lado más extremo de la posición que aboga por el ejercicio de la autonomía al margen del estado se encuentran los municipios autónomos que fundaron comunidades zapatistas mediante gobiernos y comisiones político-administrativas que operan fuera de las instituciones estatales.

En las comunidades zapatistas el ejercicio cotidiano de la autonomía modificó las relaciones con el estado y con los kaxlanes(término usado para referir a personas no pertenecientes a pueblos indígenas). En múltiples ámbitos se creó la posibilidad de acudir a instancias autónomas, como sistemas de impartición de justicia autónomas. Este fenómeno creó una especie de competencia entre instituciones oficiales y autónomas en la que se disputaban la capacidad de resolver las problemáticas de la mejor forma. De tal manera que durante el periodo de auge de las políticas multiculturales (1990-2006) el ejercicio de la autonomía operó de forma propositiva y ofensiva frente a las instituciones del estado.

En dicho período una de las críticas de las comunidades indígenas hacía el Estado era sobre las políticas neoliberales, especialmente el recorte a los subsidios al campo y la reforma constitucional del Artículo 27 de 1992 que posibilitó la privatización de las tierras ejidales y comunales. Múltiples comunidades argumentaron que esa privatización abriría un nuevo ciclo de despojos territoriales. Además, debido a que las políticas multiculturales comienzan a la par de la intensificación de la neoliberalización surgió el cuestionamiento por los posibles vínculos entre ambos elementos y si se podían crear políticas multiculturales de corte neoliberal.

La academia crítica se enfocó en el análisis de la relación entre políticas multiculturales y neoliberalización, descuidando el análisis de las políticas de seguridad. Después del levantamiento zapatista, durante las administraciones de Zedillo y de Fox, los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) reformaron todo el aparato de seguridad diseñando las bases para la criminalización de poblaciones en situaciones de pobreza extrema. El aparato de seguridad, además, necesita producir los tipos de sujetos-criminales contra los que debe luchar; por tanto, el fortalecimiento de este aparto ha repercutido de forma muy negativa para las comunidades indígenas.

Un par de ejemplos de la forma en que se activa el aparato de seguridad que criminaliza a determinados sujetos se observa en la brutal represión contra los pobladores de Atenco en el contexto de la lucha contra la construcción de un aeropuerto internacional en tierras ejidales. El otro caso es la puesta en marcha de grupos paramilitares conocidos como caravanas de la muerte, del ejército y la Policía Federal para reprimir el proceso de organización de la APPO mediante la desaparición forzada, asesinatos, tortura y detenciones arbitrarias.

Al comenzar la administración de Felipe Calderón se desata la guerra contra el narcotráfico en la que las fuerzas armadas y la marina juegan roles protagónicos pues asumen buena parte de las tareas de seguridad pública. Las consecuencias fueron el incremento de asesinatos y de violaciones a derechos humanos, especialmente en regiones de extrema marginación socioeconómica. La política de seguridad iniciada por Calderón continuó sin cambios sustanciales durante el sexenio de Peña Nieto, exacerbando la ya de por sí dramática situación de violencia (Dato Crucial 1). En México no existen datos sobre la violencia desglosados para personas racializadas; pero estados con mucha población indígena, como Guerrero y Michoacán, concentran algunas de las cifras más altas de actos violentos durante ambos sexenios (Dato Crucial 2).

Además del incremento de la violencia se han acelerado nuevos ciclos de despojo territorial debido al impulso de políticas extractivistas respaldadas por reformas jurídicas como la Ley Minera, Ley de Hidrocarburos y la Ley de Aguas Naturales (Dato Crucial 3).

El incremento de la violencia y de despojos territoriales son fenómenos articulados; pero las luchas anti extractivistas suelen estas separadas de las luchas contra la violencia directa. Solo es hasta la gira en 2018 del CIG que autoridades indígenas elaboran discursos políticos que vinculan el despojo y el incremento de la violencia como parte una misma -guerra contra la vida-, y señalan que los modelos de desarrollo dominantes despojan a poblaciones y territorios indígenas de su fuerza vital.

En el contexto de incremento del despojo y de violencia extrema, el ejercicio de la autonomía transita hacia acciones de defensa y protección de la vida.

La autonomía como mecanismo de defensa y protección

El ejercicio de la autonomía se ha visto asediado por actores que se oponen al propio derecho a la autonomía. Comunidades y organizaciones que buscan y practican la autonomía han sufrido ataques represivos y estrategias de contrainsurgencia, como la masacre perpetrada por el grupo militar Máscara Roja en el que asesinaron 45 personas de la comunidad tzotzil de Acteal.

Un elemento importante de la violencia represiva en contra de comunidades es que su cara más visible suele ser local pues muchas veces miembros de los grupos paramilitares provienen de comunidades indígenas de la región que atacan. Por tanto, muchas veces se difunde la narrativa de que la violencia es de carácter intercomunitario, quitándole responsabilidad al estado.

A partir del 2006, con la incursión del narcotráfico y empresas extractivistas, se intensifican las medidas de autodefensa y de protección de la vida como parte de la práctica de la autonomía. Este giro tiene como punto de partida cuando en 2007 el pueblo triqui de San Juan de Copala, Oaxaca, se declara municipio autónomo. La declaración tiene un carácter singular pues es la primera en hacerse fuera del territorio zapatista, y se nutre de la experiencia de democracia directa ejercida durante el movimiento de la APPO.

Entre 2009 y 2010 en la región de San Juan de Copala se desata una violencia extrema que culmina con una masacre (Dato Crucial 4). Las familias supervivientes que habían impulsado el proyecto de autonomía se ven forzadas a desplazarse a la capital de Oaxaca y a la Ciudad de México. El impulso de la autonomía es reemplazado por la creación de mecanismos de autodefensa y redes entre los pobladores desplazados para alertar de posibles incursiones para así evitar otra masacre. Lo político pasó a centrarse en estrategias de supervivencia.

La violencia en la región triqui no es un asunto intercomunitario pues el estado juega un rol central. La violencia contra San Juan Copala fue producto del reacomodo de los lazos caciquiles del priismo y la articulación entre intereses locales y federales. De hecho, la incursión de nuevos actores en el entramado de intereses político-económicos crean condiciones muy adversas para proyectos de autonomía.

En 2009 el poblado de Santa María Ostula, Michoacán, en un ejercicio de autonomía decide recuperar de facto su territorio ancestral equivalente a más de 13 000 hectáreas. En 2009 en un comunicado respaldado por múltiples naciones originarias que forman parte del CNI se menciona que después de agotar las vías jurídicas y ante la amenaza de represión estatal, la comunidad de Ostula ejercería su histórico derecho a la autonomía. Al recuperar el territorio ancestral, los pobladores la comunidad de Ostula enfrentaron una represión muy violenta en la que personas fueron asesinadas y desaparecidas. Por tanto, una vez establecidos en su territorio recuperado la asamblea comunitaria organizó una guardia comunal para resguardar las tierras comunales.

La decisión de establecer una policía comunitaria se presenta en múltiples comunidades y organizaciones indígenas, como la comunidad purépecha de Cherán, o la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAC) en la que participan comunidades me‘phaa, na saavi, nahua y mestizas de la Montaña de Guerrero.

La CRAC surge en 1995 para organizarse contra violencias de caciques y políticos locales, pero en años recientes su ejercicio de autoprotección y justicia se amplió para tratar con el narcotráfico local, aumentando la represión contra esta organización. Además, cuando en 2013 comienzan a propagarse grupos de autodefensa, funcionarios del estado de Guerrero toman medidas para criminalizar las funciones de impartición de justicia de la CRAC, se lanzan operativos para detener a integrantes de dicha organización y muchos de sus dirigentes son acusados de secuestro y portación de armas.

En el caso de Ostula, por su ubicación en la costa, confluyen intereses de diversas escalas, desde los locales hasta los de grandes empresas mineras y de turismo. El despliegue de fuerzas de seguridad refleja la disputa por el control espacial de la producción minera, y el tráfico de riquezas naturales. Además, Ostula se encuentra relativamente cerca del puerto Lázaro Cárdenas, el cual desde 2013 ha sido usado por el crimen organizado para trasladar mercancías. En 2010, doce comuneros de Ostula fueron secuestrados y asesinados; en consecuencia, los comuneros del pueblo establecieron puestos de vigilancia los cuales constantemente sufren agresiones y constantemente son vigilados por instituciones de seguridad del estado.

El complejo entramado de actores con diversos intereses antagónicos a la autonomía posibilita el despojo territorial, los asesinatos y las desapariciones que se expanden por todo el país. En un principio los municipios autónomos zapatistas desarrollaron estrategias de autoprotección diseñadas para protegerse frente a las guardias privadas de las élites locales, las cuales muchas veces estaban coludidas con partidos políticos. Pero a partir de 2006 el aumento de actores que impulsan el despojo territorial, el sentido de la autoprotección (como parte del ejercicio de la autonomía) se intensificó asumiendo la protección de la vida socionatural vinculada a un territorio.

Como señala Patrick Wolfe, pensador nativo estadounidense, los estados que emergen de la conquista de pueblos indígenas y de la esclavización de personas continúan teniendo estructuras coloniales y su eje rector es un principio eliminatorio. Tanto las expresiones más visibles como el genocidio y el despojo, como los mecanismos más encubiertos como la ideología del mestizaje activan el principio eliminatorio dirigido contra los pueblos indígenas. En este sentido, durante el período de auge de las políticas multiculturales el principio eliminatorio se expresó mediante políticas multiculturales que no atacaron el privilegio de la sociedad mestiza, ni desmantelaron la ideología del mestizaje, ni se detuvo la neoliberalización. Pero, con el incremento de la delincuencia organizada, del extractivismo y de la militarización, el principio eliminatorio se vuelve más visible mediante hechos de explícita violencia eliminatoria.

Contra la permanencia de estructuras coloniales en el presente

A finales de 2017 y principios de 2018 María Jesús Patricio, conocida como Marichuy e integrante del CNI, recorrió el país como parte de la campaña para juntar las firmas necesarias para postularse como candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018. En múltiples ocasiones Marichuy y el CNI señalaron que el principal objetivo de la campaña no era conseguir la candidatura, sino visitar y dialogar con distintas comunidades para conocer sus problemáticas y formas de lucha. Por tanto, el recorrido se puede interpretar como un ejercicio de escucha múltiple, un ir y venir de intercambios que en su conjunto elaboran narrativas propias desde abajo frente a la proliferación de la violencia. Los discursos de Marichuy en los que se articula el extractivismo con los procesos de violencia como las desapariciones son resultado de ese ejercicio colectivo de escucha y diálogo.

Tanto Marichuy como otros integrantes del CIG identifican la violencia estructural (despojo, racismo, y demás) y la violencia física como parte de una misma guerra contra la vida que opera de forma articulada en contra de las territorialidades y corporalidades indígenas al tiempo que propagan la violencia en regiones mestizas. Marichuy entrelaza las relaciones de explotación capitalista con las estructuras coloniales y señala que éstas son las que causan el despojo de territorialidades indígenas, que devalúan toda la vida y conducen a los pueblos a la muerte sociobiológica mediante una ocupación territorial exacerbada por actos de violencia extrema como las desapariciones y los feminicidios.

Múltiples mujeres pertenecientes al CIG señalan que en la guerra contra la vida sus territorialidades están amenazadas por nuevos ciclos de despojo. Enfatizan como los efectos del despojo son múltiples, fomentan la explotación laboral, el desplazamiento forzado, los asesinatos, la represión política y la discriminación sistemática contra los pueblos. Además, la conjunción de todos esos elementos debilita la resistencia colectiva y crea condiciones de una muerte lenta marcada por la violencia extrema.

Por ejemplo, Bettina Cruz, de la nación binnizá del Istmo de Tehuantepec, señala que la co-inversión entre transnacionales españolas y el estado mexicano para el desarrollo de parques eólicos en el Istmo forma parte de una nueva colonización. El argumento es que dicho proyecto es impuesto por el estado bajo el discurso de la energía como bien común de la nación, por lo que la perspectiva estatal no incluye a los pueblos indígenas y sus territorialidades que se verán afectadas por el proyecto eólico.

El conjunto de fenómenos como megaproyectos de muerte (energéticos, agroindustriales, mineros, etc.), la expansión de la narcoeconomía y de la violencia ejercida tanto por grupos criminales como por fuerzas estatales son interpretados por diversos integrantes del CIG una guerra activa contra la vida. Esta guerra afecta a diversos sectores sociales del país, pero tiene como punto de origen eliminar a los pueblos indígenas. La expansión del principio eliminatorio tiende a concentrarse en regiones indígenas.

La fuerte presencia de fuerzas de seguridad en territorios indígenas, la ocupación de sus territorialidades por actores ajenos a la comunidad, la imposición de formas de gobierno ajenas a trayectorias históricas propias, junto la extracción de la fuerza vital para sostener los privilegios de otros sectores sociales representa “el sustrato colonial sobre el que la violencia extrema y estructural actual se plasma” (p.523). El estado mexicano nació de un pacto ilegitimo pues nunca se le preguntó a los pueblos originarios si querían ser parte de México, y actualmente lo que se vive es la exacerbación de los ensamblajes que articulan ese origen ilegitimo y mantienen la exclusión de los pueblos originarios.

En el escenario de exacerbación del pacto ilegitimo y del principio eliminatorio, las mujeres integrantes del CIG han apostado por el ejercicio de la autonomía afirmando sus territorialidades, sus herencias históricas y colocando en el centro las actividades de cuidado de la vida que aseguran la reproducción material y espiritual de las comunidades.

Muchas de las mujeres integrantes del CIG realizan trabajos de reproducción y cuidado de la vida, son parteras, medicas tradicionales, cultivan plantas medicinales, entre otras actividades. El ejercicio de las actividades de cuidado de la vida hace que las mujeres que las realizan otorguen al ejercicio de la autonomía un sentido particular en el que las figuras de liderazgo son guardianes que cuidan la vida y defienden al pueblo en colectivo.

Tila ante la Suprema Corte: contra legados coloniales y por la justicia étnico-racial

Uno de los aspectos implícitos en los ejemplos que se han observado sobre la autonomía es su ejercicio de facto, al margen de cualquier reconocimiento jurídico estatal. Este apartado busca reflexionar sobre la forma en que este tipo de ejercicio de la autonomía cuestiona los límites que el estado impone sobre la propia autonomía. La reflexión parte del caso de una disputa agraria de ejido ch’ol de Tila, ubicado en el norte de Chiapas.

El ejido de Tila tiene una población mayoritariamente ch’ol y tzeltal, dentro de este ejido esta el poblado Tila que es el centro político-administrativo, concentra los servicios públicos y también es el centro religioso de suma importancia. El ejido fue resultado de un decreto presidencial en 1934 mediante el cual la población ch’ol y tzeltal logró recuperar parte de su territorio que estaba en manos de la élite mestiza local.

La disputa señalada inició en 1971 cuando se intentó expropiar 130 hectáreas en el centro del ejido, incluyendo más de la mitad del poblado de Tila. En dicho año un abogado mestizo cambió los planos ejidales para justificar que 130 hectáreas nunca habían pertenecido al ejido, pero las autoridades ejidales respondieron con un amparo ante dicha alteración. Esto dio pie a una larga batalla legal. El poder legislativo de Chiapas aprobó separar las 130 hectáreas de las tierras ejidales y los ejidatarios interpusieron otro amparo que les es concedido de forma favorable en 2009; pero el juez declaró imposible restituir las tierras y propuso que la sentencia se ejecutara de formas alternativas, como una compensación económica o la entrega de tierras equivalentes. Finalmente, en 2010 el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convirtiendo el caso en uno de los primeros casos de derechos colectivos de pueblos indígenas que son atraídos por la máxima instancia de justicia del país.

La Corte trabajó en el caso entre 2010 y 2018. Para analizar el caso, la Corte solicitó cuatro peritajes, incluyendo dos socioculturales. Como el uso de peritajes antropológicos se estaba extendiendo, en 2015 se celebró el foro “Identidad, Territorio y Jurisdicción” para reflexionar sobre este fenómeno. De este foro es importante resaltar que una de las críticas más fuertes señaló que en los casos jurídicos los antropólogos eran los sujetos que interpretaban las prácticas culturales indígenas en lugar de las autoridades de los propios gobiernos indígenas. Es decir, el marco jurídico para el derecho a la autonomía en México permite a las autoridades indígenas resolver sus asuntos internos, pero no son interlocutores válidos para las instituciones estatales.

En diciembre de 2015 un sector de los ejidatarios de Tila convocó a una asamblea en la que se decidió recuperar de facto las 130 hectáreas en disputa. La asamblea argumentó que su decisión se basaba en el hecho de que sus antepasados fundaron Tila desde antes de la época colonial y que los múltiples intentos de despojo emprendidos por grupos de kaxlanes representaban la continuidad de esa colonización. Por tanto, se establecieron a las autoridades indígenas ejidales como el único gobierno legítimo en el ejido de Tila. En términos estatales el caso siguió esperando una sentencia de la SCJN, pero en la realidad material hubo un retiro de la autoridad ejercida por la Suprema Corte.

La toma de facto del territorio ejidal representó una modificación de las relaciones de poder en favor del sector de ejidatarios que promovían la autonomía. Este fenómeno también tuvo fuertes implicaciones para la esfera judicial, pues un caso atraído por la SCJN fue resuelto al margen del estado. La autoridad de los actores involucrados en la esfera judicial fue marginada. Finalmente, en 2018 la SCJN devuelve el caso a tribunales menores dándoles la facultad de resolver el caso; aunque de facto los ejidatarios en un ejercicio de autonomía volvieron irrelevante el papel de las instituciones jurídicas y de los expertos.

Mediante el ejercicio de la autonomía al margen del estado, los ejidatarios de Tila afirmaron que la práctica de sus derechos incluye que sean participes del campo judicial y puedan definir los términos de su participación.

Reflexiones finales frente a la 4T

Este capítulo se ha enfocado en reflexionar cómo el ejercicio de la autonomía se enfoca en mecanismos de autoprotección y cuidado colectivo frente a la actual exacerbación del principio eliminatorio del estado mexicano.

En 2018 llegó una nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Inicialmente esta administración pareció encaminarse a cambiar las relaciones entre pueblos indígenas y estado, priorizando el fortalecimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. De hecho, durante el primer año de la nueva administración se realizaron múltiples foros de consulta en regiones indígenas para redactar una propuesta legislativa de reforma constitucional para ampliar y profundizar los derechos a la autonomía y libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Además, el ejecutivo se pronunció en contra de las políticas de militarización de las tareas de seguridad pública.

Pero las promesas rápidamente se vinieron abajo. López Obrador les ha otorgado un papel central a los megaproyectos de desarrollo y a políticas extractivistas. Por ejemplo, la minería y el devastador Tren Maya fueron designadas como actividades prioritarias. Además, se continúa con las políticas de militarización, pues mediante un decreto se crea la Guardia Nacional la cual está conformada en su mayor parte por exmilitares y se encarga de cumplir tareas de seguridad pública. Mientras tanto, la violencia extrema no deja de crecer.

El cambio de administración no cambió sustancialmente las condiciones de violencia extrema y estructural; por lo que las comunidades indígenas continúan enfatizando la autonomía como medida para proteger y cuidar la vida. El ejercicio de la autonomía como parte del cuidado de la vida enfrenta múltiples desafíos y tensiones.

Uno de ellos es mantener los mecanismos de defensa y protección, a veces utilizando armas, pero sin desatender las labores de cuidado colectivo. Otro desafío consiste en el debate político sobre qué tanto priorizar y enfatizar el ejercicio de la autonomía por sobre las luchas dentro de los marcos legislativos vigentes. Finalmente, un reto importante es cómo tejer propuestas e iniciativas políticas entre diversos ejercicios de la autonomía para impulsar acciones de autoprotección y cuidado de la vida de los pueblos, para así fisurar las estructuras coloniales que rigen al estado mexicano.