Sibely Cañedo es una periodista e investigadora sinaloense, doctora en Ciencias Sociales. Es especialista en temas de violencia, conflicto y construcción de paz. Sus líneas de investigación son el desplazamiento forzado por violencia y desarrollo sustentable.

Sinaloa tiene un amplio historial de contaminación: derrames de residuos tóxicos a presas y ríos, concesiones en áreas naturales, vertederos de jales abandonados (apilamientos de material molido que queda después de que los minerales son extraídos de las rocas que los contienen), con secuelas sobre la salud y la economía (dato crucial 1). Cerca de 18% del territorio esta concesionado a mineras extranjeras expandidas, en su mayoría, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (dato crucial 2).

Los distritos mineros de Sinaloa se encuentran en las zonas con mayores desplazamientos forzados colectivos, dando pie a que la industria minera no se tope con una lucha por la defensa del territorio. De esta manera, las zonas de silencio son creadas por la violencia asociada al crimen y el narcotráfico en los Altos de Sinaloa, donde se encuentran vetas de oro, plata y otros minerales.

Producción minera en Sinaloa
Con la entrada del neoliberalismo al país se facilitó la inversión extranjera y, con esto, aumentó la expedición de concesiones en Sinaloa, a pesar de la violencia generada por narcotráfico en la región (dato crucial 3). Hoy en día, se llevan a cabo en el territorio operaciones de prospección y producción en más de 1 millón de hectáreas en la cordillera de la Sierra Madre oriental.

Conflictos y afectaciones invisibilizadas
En 2019, el Colectivo Voces Unidas cuestionó si valía la pena sobreponer la actividad minera por arriba de la producción de alimentos, ya que la primera solo aporta 1% del Producto Interno Bruto de Sinaloa. Las empresas mineras, advierte el colectivo, tiene una escasa supervisión por su ubicación poco accesible. “Si hubiera una minería responsable, no hubiera plantas de beneficio junto a los arroyos o cuerpos de agua, pues lo que deberían tener son ciclos cerrados y no utilizar la que ya necesitan los pobladores”, puntualizó Sandra Guido, a nombre del Colectivo.

Los derrames de jales mineros no son hechos aislados en la entidad. En abril del 2021 se presentó un derrame de jales mineros en la mina Real de Cosalá, que alcanzó el Río San Lorenzo, conectado con la presa El Comedero. A un lado del río, la comunidad de San José Las Bocas vive de la pesca y de la ganadería, por lo que se vieron afectados económicamente (dato crucial 4).

Se han hecho denuncias de los vertederos tóxicos provocados por el cierre de operaciones de las minas en el río Pánuco, el río Choix y el río Piaxtla, (dato crucial 5) así como en el municipio de Rosario, dónde los representantes del ejido denuncian que en 2019 Grupo México abandonó millones de toneladas de desechos a 30 kilómetros de la presa Santa María. A pesar de estas denuncias, ninguna sanción por parte del gobierno ha implicado el cierre de operaciones (dato crucial 6).

Minería en tierras desplazadas
Las disputas territoriales entre grupos de crimen organizado marcaron un antes y un después en las comunidades de Sinaloa. En 2017, en las comunidades de Concordia y Rosario se registraron hechos violentos contra trabajadores y empresarios mineros, obligando a la comunidad a desplazarse a otros lugares. Por lo que se sospecha que algunas minas pueden estar siendo operadas por la delincuencia organizada (dato crucial 7).

La violencia en la zona diluyo la cohesión social, provocando el desplazamiento y, por lo tanto, impidiendo la formación de movimientos sociales en defensa del territorio. Las consecuencias derivadas del extractivismo se han mantenido enterradas por la violencia y las zonas de silencio generadas por el desplazamiento forzado; dando pie a la invisibilizarían de los impactos de la actividad minera.