Oscar Reyes es un escritor e investigador, además de un miembro asociado del Institute for Policy Studies. Su obra más reciente ha girado en torno a temas como el financiamiento climático y energético, los mercados de carbono y la justicia económica y ambiental. Algunas de sus publicaciones más recientes son: Carbon Trading. How it works and why it fails (2009), en coautoría y Life beyond emissions trading (2014) y Change Finance, Not the Climate (2020), de su autoría.

Teresa Anderson es una investigadora británico-filipina, dedicada al desarrollo de políticas por la defensa de la justicia climática, el financiamiento climático, la agricultura, materias de género y los derechos humanos. Cursó sus estudios de licenciatura en la University of Leeds. Fue coordinadora del área de Incidencia Internacional para la Red de Biodiversidad Africana (ABN, por sus siglas en inglés) de la The Gaia Foundation. Actualmente se desempeña en el área de Liderazgo Global en Justicia Climática para ActionAid International.

Los dos más grandes emisores de gases de efecto invernadero (GEI), por sector, son la extracción de combustibles fósiles y la agroindustria. Pese a esto, mientras las consecuencias del cambio climático empeoran, el financiamiento de dichos sectores aumenta y el financiamiento de las potenciales soluciones prevalece estancado o incluso inexistente.

La agroindustria, aparte de acelerar el calentamiento climático, es nociva para los espacios en los que se instala. Además de estar conformada por empresas transnacionales gigantes -las principales emisoras de GEI del sector-, para que la agroindustria funcione, requiere de la deforestación a gran escala, el uso masivo de agroquímicos, el debilitamiento a la agricultura familiar o de pequeña escala y la expansión constante del territorio en donde se practica la agricultura industrial. Encima, tomando en cuenta que este sector se sustenta en el uso masivo de agroquímicos producidos con combustibles fósiles, podemos subrayar la codependencia entre los sectores fósil y agroindustrial.

Lo anterior resulta especialmente dañino en los territorios del “Sur Global”, por tres razones principales e interconectadas: 1) son las sedes predilectas para la construcción de nueva infraestructura fósil, 2) por la consecuente emergencia de conflictos socioambientales y 3) debido al creciente endeudamiento público en que se sumergen por tales nuevas construcciones. En ese sentido, el presente informe investiga los flujos financieros dirigidos a la producción de combustibles fósiles y a la agroindustria, en 134 países del llamado “Sur Global” (Dato crucial 1). Aunque las instituciones financieras del mundo se han comprometido a alcanzar la “neutralidad de carbono”, los hallazgos de la investigación apuntan que su patrocinio a los sectores más contaminantes no sólo se mantiene, sino que está aumentando en estos territorios (Dato crucial 2).

Más aún, cabe destacar que el financiamiento fósil y del agronegocio proviene de los bancos más grandes de todo el mundo (Dato crucial 3). En cuanto a las empresas receptoras de ese dinero, las que más recursos reciben en el sector agroindustrial son: Bayer -la cual compró a Monsanto en 2018 y que ahora es la corporación que mayores recursos recibe dentro de su sector, en el “Sur Global”-, ChemChina (Syngenta), COFCO Group, Archer-Daniels-Midland (ADM) y Olam Group (Dato crucial 4).Por su parte, las principales empresas receptoras de financiamiento orientado a la industria fósil en el “Sur Global” son: State Power Investment Corporation, Trafigura, varias empresas chinas, Saudi Aramco, Petrobras, Eni, Exxon Mobil, BP y Shell (Dato crucial 5).

El informe señala la potencial relación entre la reducción de financiamiento hacia energías renovables y el aumento del financiamiento fósil, desde 2015 (Dato crucial 6). Partiendo de que el financiamiento fósil se encuentra desenfrenado, se sigue que las políticas para descarbonizar el financiamiento sean ineficaces o por completo ausentes. Otra conclusión relevante es la anotación de que los bancos que financian a la agroindustria no tienen políticas que busquen limitar su participación en el desarrollo de este sector ni intenciones de apoyar a la agroecología y, de igual forma, la producción de carne vacuna tampoco cuenta con políticas adecuadas o con ninguna. Asimismo, se menciona que el financiamiento de la agroindustria no se hace responsable por los daños provocados por la producción y uso de químicos.

Finalmente, algunas de las recomendaciones que hacen la autora y el autor del informe para los bancos son: desarrollar estrategias de desinversión de los combustibles fósiles y del agronegocio; reforzar sus políticas internas para proteger los derechos de las comunidades; establecer objetivos reales para reducir las emisiones a “cero real”; y adoptar medidas para garantizar la rendición de cuentas sobre su financiamiento a empresas y proyectos. Mientras que, para los gobiernos sugieren: regulación del sector bancario que dirige sus recursos al sector fósil y del agronegocio; reorientar los flujos de dinero de los combustibles fósiles y la agricultura industrial hacia otros sectores; mejorar el apoyo y planeación de transiciones justas (p.e. energías renovables y agroecología); así como incrementar el financiamiento climático, a la justicia fiscal y a la reducción de la deuda.