Antonio Aretxabala es geólogo. Profesor en la Universidad de Navarra, Geomorfología en la Facultad de Ciencias y Geotecnica en la Escuela de Arquitectura, es delegado del ICOG en la Comunidad Foral de Navarra.

Antonio Turiel es físico, matemático, experto en recursos energéticos e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Ciencias del Mar.

Unai Pascual es economista ecológico y profesor de Investigación Ikerbasque en el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3), Bilbao, España.

En 2015 los líderes mundiales se plantearon objetivos globales para la erradicación de la pobreza, protección de ecosistemas y aseguramiento de la prosperidad de la humanidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible que terminaría en 2030 con la Agenda 2030. En septiembre de 2023 se hizo una evaluación del proyecto, por lo que se llevó a cabo una reunión en las Naciones Unidas para analizar y evaluar lo que han trabajado (dato crucial 1).

Superando al ecuador

Los informes internacionales han demostrado la destrucción de ecosistemas y la desposesión de comunidades que las habitan, donde la minera destaca por su carácter extractivo pero además cada vez más especulativo. Se propuso sustituirla por modelos de extracción sostenibles para mitigar impactos ambientales y sociales dentro de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Por ejemplo ODS1 refiere a la minería y el fin de la pobreza u ODS2 que se encargar de la minería y la erradicación del hambre.

Sin embargo, no se han logrado los objetivos y el resultado ha sido la creciente presión ambiental y social por unidad económica. Los expertos han cuestionado a ODS. Desmienten las afirmaciones de la transición ecológica basados en la idea de un crecimiento verde que se incluyen en ODS. Asimismo, la devastación ambiental tiene como protagonista a la minería, donde el uso de metales se ha convertido en pieza clave para el desarrollo tecnológico con lo que se ha facilitado el saqueo a las comunidades locales y a sus territorios.

El sistema neoliberal normaliza el tomar a la naturaleza como fábrica de materias primas y por medio de los objetivos extractivistas, daña el medio ambiente, incluidos todas las formas de vida, que quedan fueran de la ecuación de rentabilidad. Esto sucede así porque el beneficio económico depende de las actividades que se externalizan hacia otros países, lo que trae consigo el impacto al medio ambiente (dato crucial 2).

De esta manera, se confiere que diseñar sistemas energéticos que estén sujetos al beneficio económico siempre serán cuestionables. La historia deja en claro que ya sea que se utilice la más alta tecnología o se diseñen objetivos que estén enfocados en reducción de emisiones, ahorro, etc, siempre tenderán a fracasar totalmente o parcialmente (dato crucial 3). Pese a esto, una propuesta que va ganando cada vez más terreno es la irrupción en la gestión de los sistemas energéticos para pasar a crear unidades descentralizadas.

Energía pública

Es así, que se han llevado hasta instancias gubernamentales propuestas para crear empresas públicas de energía en países como España. Incluso en naciones como Francia e Italia ya existen derivados de este tipo donde el estado funge como propietario total o accionista minoritario. En tal sentido, también se ha abordado la creación de organizaciones gestoras de carácter local o comunitario y con participaciones públicas o privadas. El objetivo en última instancia sería romper con el longevo régimen de oligopolios, político-empresariales.

Un ejemplo de lo anterior es la ampliación de la energía eólica por Europa, donde Unión Europea se había fijado el objetivo de generar 420 giga watts de energía para 2030. Esto es claramente ilusorio porque la infraestructura no es adecuada ni la cadena de suministro funciona de manera eficiente.

Un hecho relevante es que los metales necesarios para construir la infraestructura eólica en Europa podrían bien importarse de China, pero este país es cada vez más reticente a la exportación porque alegan que extraer intensivamente causa daños al medio ambiente. Es por esta razón que ahora República Democrática de Congo se ha convertido en el sitio de extracción ideal para Europa con 75% de los metales exportados que son necesarios para desarrollar infraestructura verde. Institucionalmente nadie dice nada al respecto puesto que además de cuestionar a ODS, va en contra del sueño del crecimiento verde.

Pero crear empresas públicas de energía también representa un arma de doble filo. Por un lado, se puede seguir manteniendo el modelo del sistema neoliberal con un esquema de acumulación de riqueza porque reuniría aquellos activos "tóxicos" que depredan el sistema-Tierra, sin embargo, pasarían a manos de otros actores tal como sucede con la energía nuclear o del gas. En el otro extremo, sería una completa descentralización del sistema y una adopción de un modelo que plantee el decrecimiento dentro de los límites necesarios, esto en palabras de los autores representaría una autentica revolución verde desde una perspectiva tecnológica y humanitaria.

El futuro de las empresas públicas de energía puede ser prometedor siempre y cuando se mantenga fiel a la sostenibilidad, rompa las lógicas extractivistas y recupere su esencia con el mantenimiento de equilibrio y las funciones de la naturaleza que brindan un soporte al sistema socio-ecológico.