En las actividades cotidianas de la sociedad se requiere pagar por el uso de combustibles, pero nadie se ha percatado particularmente en el costo que conllevan las emisiones de estos cuando se desechan.

Para quienes estudian la economía, consideran que estos desechos si tienen un costo negativo porque dañan al medio ambiente y a los seres vivos, así que a este lo definen como “costo social del carbono”.

Este llamado costo social del carbono se calcula de diversas formas dependiendo de los supuestos que se tomen en cuenta, y aunque es teórico, brinda distintas formas de definir el precio.

Una forma implica los costos que se cobran en los esquemas de fijación de precios del carbono, que suelen imponer un límite a las emisiones de un determinado sector, y luego, las empresas comercializan permisos en un “mercado de cumplimiento”.

La segunda forma es con los resultados brindados por los cálculos se utilizan para orientar las políticas ecológicas. Tal es el caso de Estados Unidos que para el análisis de costo-beneficio utiliza el costo social del carbono para tomar decisiones sobre los estándares de los combustibles. Así, los economistas pueden tener una visión más amplia sobre qué empresas están más dispuestas a hacer recortes en las emisiones y generar una distribución (datos cruciales 1 y 2).

La tercera forma refiere a encontrar personas que estén dispuestas a recibir un pago a costa de no generar emisiones, generando un equilibrio con los que sí lo hacen. Sin embargo, esto presenta dos errores: primero sería una compensación voluntaria; y segundo, que las emisiones hechas no se pueden eliminar.

No obstante, los costos que conlleva la eliminación de emisiones de dióxido de carbono son más altos que los costos sociales de carbono. Aunque la idea de un mercado en el que el costo de emitir dióxido de carbono sea el precio que hay que pagar para eliminarlo sea muy atractiva, será muy difícil llevarlo a cabo.