Introducción

En junio de 2023, una reforma exprés de la constitución provincial de Jujuy, Argentina, provocó protestas masivas de comunidades indígenas de la región. Los manifestantes criticaron que la nueva constitución estaba orientada principalmente a las necesidades de las empresas mineras de litio, ya que establece la prohibición de los cortes de ruta, principal estrategia de protesta de las comunidades indígenas para oponerse a la minería del litio. Asimismo, los manifestantes rechazan la principal definición de la tierra como medio de trabajo y producción. Temen que esto pueda llevar a despojos de tierras en sus territorios para el desarrollo de proyectos de litio, bajo el pretexto de un interés común (sostenible): fomentar el “desarrollo” y salvar el clima. En cualquier caso, los manifestantes perciben la reforma como un medio para facilitar la extracción de litio (Dorn, 2023; Segato, 2023). Sin embargo, no en todos los lugares en los que se expande la minería del litio se producen conflictos, ni siquiera en la misma provincia. En el mismo mes en que estallaron las protestas contra la reforma constitucional en la provincia de Jujuy, que provocaron movilizaciones masivas de las comunidades de las Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc, en el departamento de Susques –que también forma parte de la provincia de Jujuy–, una nueva mina de litio en el Salar de Olaroz-Cauchari, a cargo de la empresa Minera Exar, entró en la fase de producción precomercial, sin protestas. Este artículo aborda la cuestión de por qué algunas comunidades protestan contra la minería del litio y otras colaboran con las empresas mineras.

El litio está ganando impulso debido a las actuales transiciones hacia un futuro energético con bajas emisiones de carbono. Estados Unidos, Unión Europea y China incluyeron el litio en sus listas de recursos críticos en 2018 y 2020, subrayando la importancia de ese mineral para descarbonizar sus economías, particularmente el sector del transporte mediante la electrificación. El metal ligero litio constituye un componente esencial para la fabricación de baterías de iones de litio. Aunque la demanda global de litio ya ha crecido sustancialmente durante las últimas tres décadas –principalmente impulsada por una mayor prevalencia de dispositivos electrónicos portátiles–, la Agencia Internacional de Energía prevé que la demanda de litio se multiplique por 43 en 2040 con respecto a 2020 (iea, 2022). En consecuencia, Argentina, Bolivia y Chile, que juntos suman más de la mitad de los recursos y reservas mundiales de litio (usgs, 2022), atraen cada vez más grandes inversiones, en particular de países del Norte global, así como de China (Bustos-Gallardo et al., 2021; Bridge y Faigen, 2022; Dorn y Gundermann, 2022).

En comparación con muchos otros países con importantes recursos de litio (por ejemplo, Australia), en la región fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile el litio puede extraerse de yacimientos de salmuera no convencionales de forma comparativamente rentable. El llamado triángulo del litio se refiere a la meseta altoandina del Altiplano, Atacama y Puna, un área árida caracterizada por altitudes entre 2 500 y 4 500 metros sobre el nivel del mar, que está poblada principalmente por comunidades indígenas de los pueblos Atacama, Lickanantay, Kolla y Quechua. Siguiendo la expresión de Riofrancos (2023) de que “geología no es destino”, el triángulo del litio es una construcción discursiva que pone el énfasis en una única mercancía como característica de toda una región, y se asocia a las ideas dominantes sobre el desarrollo económico (Barandiarán, 2019; Voskoboynik y Andreucci, 2021; Soto y Newell, 2022). Esto reconfigura una región compleja y diversa en lo que Bridge (2001) denomina una “zona de suministro de materias primas” [commodity supply zone]. En contraste con el triángulo del litio, Forget y Bos (2022) proponen la designación alternativa de Altiplania, para mostrar cómo la transición energética se asienta localmente e incluye otros recursos, comunidades locales y estrategias estatales. A pesar de la homogeneización como triángulo del litio, en cada país la minería del litio se desarrolla políticamente de forma diferente. En Chile se extrae litio desde principios de los años noventa del siglo xx, los nuevos proyectos deben ser aprobados por decreto presidencial, y los esfuerzos más recientes apuntan a una nacionalización de la minería del litio (Dorn y Gundermann, 2022; Carrasco, Hernández y Cariaga, 2023). En Bolivia, el recurso ha jugado un papel clave en el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. Argentina, en cambio, tiene una legislación minera muy favorable a las empresas. Esto ha provocado una situación muy dinámica, con entre 40 a 60 proyectos mineros de litio en la actualidad, dependiendo de la fuente de referencia. Según la Secretaría de Minería de Argentina (2020), hay un total de 18 proyectos en fase avanzada. A nivel local, las reacciones oscilan entre la esperanza de empleo y crecimiento económico o la resistencia: mientras que algunas comunidades han acordado contratos con las empresas mineras, otras se niegan a aceptar cualquier empresa en su territorio.

A partir de un amplio trabajo de campo etnográfico realizado entre febrero de 2018 y agosto de 2019, este artículo tiene como objetivo analizar las percepciones divergentes y las ideas locales que existen en torno a la minería del litio en el altiplano de Jujuy. El fenómeno de las diferentes reacciones de las comunidades indígenas frente a la minería del litio ya ha sido descrito en otros estudios, principalmente de ciencias políticas (véase Anlauf, 2015; Puente y Argento, 2015; Pragier, 2019). Sin embargo, aún faltan estudios etnográfico-empíricos desde una perspectiva humano-geográfica que respondan a las siguientes preguntas: 1) por qué las comunidades indígenas de Salinas Grandes-Guayatayoc y Salar de Olaroz-Cauchari reaccionan de manera diferente ante la minería del litio; 2) cómo se materializan espacialmente estas diferentes posiciones; y 3) qué riesgos resultan de los diferentes posicionamientos. Teniendo en cuenta que el término “defensa del territorio” desempeña un papel clave en la resistencia local contra la minería del litio, respondo a estas preguntas comparando la construcción (histórica) del territorio en dos estudios de caso: tomando como ejemplo las comunidades de Santuario de Tres Pozos (cuenca de Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc) y Huancar (cuenca de Salar de Olaroz-Cauchari), asocio las reacciones opuestas a la minería del litio con estrategias históricamente divergentes de lidiar con intereses políticos y económicos contrastantes y superpuestos (territorialidades).

En sentido amplio, este artículo contribuye a un amplio debate sobre la resistencia indígena contra los denominados megaproyectos de desarrollo que, a la larga, implican una expansión del modelo de desarrollo centrado en el crecimiento, el modo de vida imperial (Brand y Wissen, 2017) y la mercantilización de la naturaleza (Harvey, 1982). Los conflictos resultan de proyectos de petróleo, gas y carbón a gran escala (Dietz, 2019; Wiegink, 2020; Hadad, Palmisano y Wahren, 2021; Luckett, 2021), la expansión de la agricultura industrializada (Alonso-Fradejas, 2015; Lapegna, 2016; Leguizamón, 2016), proyectos de energías renovables a gran escala (Ulloa, 2023) u otros proyectos mineros (Svampa, 2008; Palmisano y Wahren, 2023). Desde una perspectiva comparativa, este artículo se basa en este vasto corpus bibliográfico y analiza los nuevos conflictos en el contexto de una transición hacia la sostenibilidad global. Utilizando el ejemplo de la minería del litio, se muestra que la transición hacia la sostenibilidad en su forma actual también se basa en asimetrías de poder y desigualdades socio-ecológicas globales. Tras una breve presentación de la metodología y la selección de los estudios de caso, se presentan diferentes enfoques del territorio y la territorialidad en la geografía humana. Tras describir importantes acontecimientos históricos, en particular a partir del siglo XIX, se presentan los resultados sobre la percepción local de la minería del litio. Finalmente, se discuten estos hallazgos con respecto a las relaciones espaciales y sociales históricas de la región.

Metodología

Este artículo estudia las actitudes e ideas locales en torno a la minería del litio y analiza las razones de las diferentes reacciones que se producen en los Andes argentinos: mientras que las 10 comunidades indígenas que rodean el Salar de Olaroz-Cauchari colaboran en gran medida con las empresas mineras, las 33 comunidades que viven en las proximidades de Salinas Grandes protestan contra cualquier forma de exploración y explotación minera. En ninguno de los dos casos, estas comunidades forman una masa homogénea. El marco institucional también varía mucho: por ejemplo, 8 de las 33 comunidades que rodean las Salinas Grandes se encuentran en la provincia de Salta y 25 en la provincia de Jujuy. Además, la región está dividida en varios departamentos y municipios. Por ello, se seleccionó una comunidad de cada salar para el estudio comparativo: Huancar y Santuario de Tres Pozos (véase Figura 1). Mientras que Huancar parece apropiado para ilustrar la diversidad de asociaciones y alianzas entre las comunidades y las empresas mineras, Santuario de Tres Pozos se destaca por su postura radical contra la minería del litio. Debido a la heterogeneidad de los actores, estas comunidades no pueden considerarse representativas de la respectiva cuenca, pero permiten describir las diferentes estrategias y sus consecuencias espaciales.

La investigación para este estudio se realizó durante estancias de trabajo de campo en la región entre febrero de 2018 y agosto de 2019 (en total 11 meses, la mayor parte de los cuales se pasó en las comunidades). Los métodos aplicados incluyen tanto la investigación social cualitativa con observación, mapeo participativo y 84 entrevistas cualitativas en profundidad y de acompañamiento con diferentes actores (representantes de las empresas, geólogos e ingenieros, autoridades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, ecologistas, representantes de las comunidades y la población local), así como un cuestionario de amplio alcance (escala Likert), que se llevó a cabo con todos los estudiantes de secundaria de los dos estudios de caso (n = 59). Los datos se completaron con notas de campo. El artículo se basa además en la comunicación continua a través de mensajes de voz y llamadas, así como de la investigación documental, incluidos informes oficiales, información de instituciones gubernamentales, registros de prensa y sitios web, periódicos, y documentación de organizaciones indígenas desde 2017.

En las comunidades del Salar de Olaroz-Cauchari, una idea ampliamente compartida era que los empleos en la minería del litio eran necesarios para mantener a la población joven en los pueblos. Por ello, se encuestó directamente a los jóvenes sobre sus percepciones sobre la minería del litio. En este contexto, una escala de Likert es adecuada para medir actitudes y opiniones con un mayor grado de detalle que una simple pregunta “sí/no”. A continuación, la escala se ha analizado con Microsoft Excel y R. Las entrevistas cualitativas se han examinado mediante análisis de contenido cualitativo (codificación en maxqda). La combinación de métodos de investigación cuantitativos y cualitativos no sólo permite obtener una visión global de las percepciones, actitudes e ideas en torno a la minería del litio, sino también profundizar en la respectiva construcción social del territorio.

Figura 1: Mapa general de los dos casos de estudio situados en la provincia de Jujuy

Fuente: Elaboración propia

Teoría: territorio/territorialidad y territorialización

Antonsich (2017: 1) inicia su ensayo sobre territorio y territorialidad señalando que “los significados no son fijos, sino que son histórica, geográfica y socialmente específicos”, así, subraya la polisemia y ambigüedad del término territorio. Dependiendo de la disciplina académica, del periodo histórico e incluso del área lingüística, el uso del concepto de territorio parece divergir ampliamente. Aunque el término se ha utilizado al menos desde el Renacimiento temprano, en particular en el contexto del Estado-nación moderno, y hoy en día forma parte integrante del lenguaje cotidiano, hasta mediados de la década de 1960 no se había conceptualizado más en las ciencias sociales (Raffestin y Butler, 2012; Antonsich, 2017).

Investigado inicialmente en el contexto de la etología animal a principios del siglo XX, el concepto de territorialidad se utilizó para referirse al comportamiento de los animales que ocupan un determinado territorio y lo defienden frente a individuos de su propia especie (Howard, 1920). En 1986, Robert Sack publicó su conocido trabajo sobre la territorialidad humana. Define la territorialidad como una “poderosa estrategia geográfica para controlar a las personas y las cosas mediante el control del área” (1986: 5). Desde entonces, podemos observar una intensificación de las reflexiones sobre ambos conceptos. De este modo, es preciso distinguir entre la comprensión principalmente estática del territory en la bibliografía anglófona –con un fuerte nexo estatal e independiente del cambio social– y la comprensión más dinámica de territoire en la bibliografía francófona, si bien se perciben aproximaciones entre ambas concepciones en los años recientes (Pachoud, 2019; Pachoud, Koop y George, 2022). Esta última acentúa el territorio como un espacio vivido y un entorno que incluye todas las formas de acción. Así, independientemente de su tamaño, el territoire es creado por prácticas y experiencias sociales, se considera una categoría performativa que resulta de la producción cotidiana (territoires du quotidien).

En este contexto, el concepto de territorialidad permite examinar cómo los individuos y las comunidades se relacionan e interactúan con el espacio. Según Delaney (2005: 12), la territorialidad “es mucho más que una estrategia para el control del espacio. Se entiende mejor porque implica y está implicada en las formas de pensar, actuar y estar en el mundo, como formas de hacer mundo informadas por creencias, deseos y formas de conocimiento cultural e históricamente contingentes. Es tanto un fenómeno metafísico como material”. En otras palabras, el territorio es el resultado de la territorialidad. Es, por tanto, un producto tanto social como histórico (Brenner y Elden, 2009; Sassen, 2013). Por ello, la superposición de territorialidades suele potenciar la disputa en torno a los territorios. Así, la territorialización se utiliza para espacializar las reivindicaciones (políticas) y para inscribir las relaciones de poder en la naturaleza (Peluso y Lund, 2011). En consecuencia, el territorio no puede constituir una creación fija, sino que tiene que ser (re)producido por prácticas materiales, discursivas y cotidianas de forma continua (Dietz y Engels, 2014).

En el contexto latinoamericano, basado en territorialidades superpuestas, podemos ver esta disputa de los territorios con la colonización de los pueblos indígenas, así como con las recientes luchas por la tierra y los recursos. De ahí que el debate latinoamericano sobre territorio sea especialmente fructífero. Las aplicaciones del concepto varían considerablemente, de modo que se utiliza en diversos contextos, por ejemplo, como una entidad espacial en escenarios de desarrollo basados en el lugar o como una reivindicación política espacializada de los movimientos sociales (López, Robertsdotter y Paredes, 2017). En la visión de los pueblos indígenas de los Andes, el territorio es un concepto pluralista que une a todos los seres vivos, la tierra, así como una acentuada dimensión inmaterial, incluyendo diversas fuerzas espirituales (Castro-Sotomayor, 2020; Haesbaert y Mason-Deese, 2020). Esta visión holística se refleja en la profunda veneración por la Pachamama (Madre Tierra), “donde todos los seres viven en relación y donde la base física de la tierra también se integra en las relaciones sociales de una manera que no la reduce a su materialidad” (Haesbaert y Mason-Deese, 2020: 262). Aquí, el territorio también constituye una categoría de práctica, pero también sirve como antídoto a las ideas de desarrollo occidentales (Reyes y Kaufman, 2011; Castro-Sotomayor, 2020), y como “herramienta de movilización y lucha de diferentes movimientos sociales” (Haesbaert y Mason-Deese, 2020: 264). La comprensión del territorio como una arena de disputa en la que los actores basados en el lugar se enfrentan colectivamente a fuerzas no basadas en el lugar, enfatizan el papel de la territorialidad en el control y la apropiación del espacio. Como reivindicación de autonomía y autodeterminación, el territorio se convierte así en una dimensión central para analizar los movimientos sociales (Porto Gonçalves, 2002; Manzanal, 2007; Svampa, 2008; López, Robertsdotter y Paredes, 2017).

Partiendo de que los territorios son esencialmente el producto de vidas sociales (Delaney, 2005; Brenner y Elden, 2009), podemos destacar la importancia de los territorios como elementos cruciales de los procesos de identificación cultural (López, Robertsdotter y Paredes, 2017; Pachoud, 2019). Por lo tanto, sostengo que los procesos de resistencia no solo definen y crean territorios, sino que también refuerzan la identificación territorial individual y colectiva. Así, el territorio desempeña un papel fundamental en la resistencia contra los proyectos de desarrollo neoliberal, incluida la extracción de recursos naturales.

Tomando como base los conceptos teóricos introducidos anteriormente, las territorialidades superpuestas abarcan una serie de niveles diferentes como la influencia, el poder y los elementos discursivos. Por lo tanto, la identificación de territorialidades superpuestas en la investigación geográfica implica un enfoque de investigación multimétodo, multiactor y multiescalar que permita comprender las diferentes prácticas y estrategias espaciales de apropiación, así como las dinámicas espaciales resultantes. Para ello, se mezcla material cualitativo (experiencias subjetivas de diferentes actores) con un cuestionario que pretende identificar opiniones e ideas de la minería del litio.

Territorios en disputa en los Andes argentinos

Si bien las dos comunidades indígenas Huancar y Santuario de Tres Pozos están separadas por sólo 80 kilómetros de distancia, hoy en día se pueden identificar posturas muy diferentes ante la minería del litio. Huancar forma parte de la Asociación Pueblo Atacama, una asociación de 10 comunidades indígenas de la cuenca del Salar de Olaroz-Cauchari que colaboran en gran medida con las empresas mineras. En cambio, Santuario de Tres Pozos forma parte de las 33 comunidades que rodean Salinas Grandes. Estas últimas protestan contra cualquier forma de exploración y explotación minera. Por lo tanto, parece necesaria una consideración cronológica detallada de la “llegada” de la minería del litio, así como de la forma en que las comunidades se enfrentan al nuevo actor. Esto va precedido de un recorrido histórico por la región y de un análisis de las relaciones y experiencias con las empresas capitalistas y el Estado.

La creación del Estado nacional: la Puna jujeña a partir del siglo xix
Por sus características naturales y socioculturales, la provincia de Jujuy, situada en el extremo noroeste de Argentina, puede dividirse en dos partes: valles y altiplano. Esta última puede dividirse a su vez en dos ambientes, la Quebrada de Humahuaca y la Puna. Por sus condiciones ecológicas y procesos históricos distintivos, la meseta árida de la Puna jujeña –ubicada a más de 3 400 metros sobre el nivel del mar– pertenece a un amplio espacio andino (Kindgard, 2004). Hacia el Sur, la Puna se extiende hacia las provincias de Salta y Catamarca. En conjunto, la Puna constituye parte del altiplano andino que continúa hacia Bolivia, Chile y Perú.

Las dos comunidades indígenas tienen una población aproximada de 400 habitantes. La gente se identifica predominantemente como atacameños en el caso de Huancar, o kolla en el caso de Santuario de Tres Pozos. Se ubican dentro de las cuencas del Salar de Olaroz-Cauchari y Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc, respectivamente. Aunque una descripción detallada de los procesos históricos que influyeron en el statu quo de la Puna jujeña iría claramente más allá del alcance de este artículo,¹ es importante enfatizar brevemente particularidades de cada caso (para un registro muy detallado véase, por ejemplo, Delgado y Göbel, 2003; Benedetti, 2005).

El comienzo del siglo xix debe considerarse como la fase de construcción de la nación en América Latina. Sin embargo, este proceso no concluyó en absoluto con la independencia de Argentina en 1816. Especialmente a partir de entonces, los dos casos de estudio experimentaron más de un siglo de desarrollos muy dispares. Mientras que la zona del Santuario de Tres Pozos ya formaba parte de Jujuy desde el inicio de la formación de la provincia en 1834 (Puna jujeña), la zona de Huancar estaba situada cerca de la frontera oriental del Corregimiento de Atacama (jurisdicción de Atacama) y pasó a formar parte de Bolivia a partir de su independencia en 1825 (Puna de Atacama). Posteriormente, Chile –apoyado por Gran Bretaña– se anexionó la región de Atacama durante la Guerra del Pacífico, también conocida como Guerra de Salitre (1879-1883). Gracias a los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones, la zona pasó a formar parte de Argentina en 1899, de forma no violenta, como parte del Territorio Nacional de los Andes. Fue hasta 1943 cuando el territorio se fragmentó y se dividió entre las provincias de Jujuy (Susques), Salta (Pastos Grandes) y Catamarca (Antofagasta de la Sierra). Durante todo el siglo xix, la Puna no sólo fue campo de batalla de la mencionada Guerra del Pacífico, sino también de las Guerras de la Independencia (1810-1825), así como de la Guerra de la Confederación (1836-1839) entre Chile y Argentina y de la Confederación Peruano-Boliviana (Gil, 2018).

Los acontecimientos descritos señalan un desarrollo histórico muy diverso de las dos zonas. Aunque hoy en día Huancar y el Salar de Olaroz-Cauchari se encuentran muy cerca de la ruta nacional 52 (rn52), parte del corredor bioceánico que conecta San Salvador de Jujuy con el puerto chileno de Antofagasta, la zona ha estado situada durante mucho tiempo en el límite de su respectiva provincia. Incluso después de 1943, Huancar sólo era accesible desde el sur. En cambio, la zona de Salinas Grandes se encuentra en la intersección históricamente importante del Qhapaq Ñan (sistema vial incaico) y un camino comercial hacia la Quebrada de Humahuaca, la actual rn52, muy cerca de las ciudades de San Salvador de Jujuy y Salta. Si bien la zona constituyó uno de los rincones más alejados del país tras la Revolución Argentina, la población se vio obligada a enfrentarse tempranamente con las elites gobernantes de Buenos Aires y la capital provincial.

Salinas Grandes: entre protestas y reclamos judiciales
La cuenca Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc, en los departamentos de Cochinoca y Tumbaya (Jujuy) así como La Poma (Salta), está poblada por un total de 33 comunidades indígenas: 25 en Jujuy y 8 en Salta. En la zona, la población local vive tradicionalmente del pastoreo (sobre todo de llamas, ovejas y cabras) y de la agricultura a pequeña escala (incluido maíz, chícharos y papas), de la producción de artesanías como tejidos, y de la extracción artesanal de sal. Estos productos se utilizaban, por un lado, para la subsistencia y, por otro, para el trueque con los pobladores de la Quebrada de Humahuaca, los Valles Calchaquíes y las tierras bajas. A partir del siglo xx, estas estrategias de subsistencia se combinaron cada vez más con empleos ocasionales remunerados en las minas de El Aguilar y Pirquitas (Abeledo, 2017).

Con la construcción de la ruta provincial 16 en la década de 1970, que conecta Purmamarca con Salinas Grandes por el antiguo camino de burros, y el posterior asfaltado a partir de 2000 (hoy rn52), el número de turistas diurnos ha aumentado considerablemente. Particularmente en las últimas dos décadas, el trabajo como guía de turismo y la venta de artesanías en las paradas de las Salinas Grandes están complementando las estrategias económicas existentes y han contribuido a diversificar las economías de varias comunidades. Además, desde los años noventa del siglo XX la extracción de sal se ha expandido en gran medida. Héctor Fiad, de San Salvador de Jujuy, inició su proyecto minero en 1993 y hoy es el mayor productor de sal de la región, en términos de volumen. Emplea a 25 trabajadores de las comunidades de Santuario de Tres Pozos, Pozo Colorado y San Miguel de Colorado. La cooperativa local Cooperativa Minera Salinas Grandes fue fundada por las comunidades de Santuario de Tres Pozos y Pozo Colorado en 1994 y hoy la integran 31 socios. Además, junto a algunas posesiones administradas por comunidades, las empresas Wu Yea Rin y la tucumana Adrián Noguera poseen concesiones para la extracción de sal.

A principios de 2010, las comunidades que viven en la periferia de Salinas Grandes notaron actividades inusuales dentro del salar. Poco después, la empresa minera de litio South American Salars (con capitales de Allkem) comenzó a acercarse a la Cooperativa Minera Salinas Grandes con el objetivo de comprar sus concesiones mineras. En ese momento, según sus propias declaraciones, las comunidades estaban distanciadas entre sí. Sin embargo, lograron unir fuerzas: a pesar de la deficiente infraestructura, las inexistentes posibilidades de comunicación y los esfuerzos financieros asociados, a partir de mayo de 2010 las comunidades se reunieron mensualmente en la Junta de Pueblos Indígenas de la Cuenca Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc e iniciaron un proceso de resistencia contra la minería de litio en sus territorios. A grandes rasgos, este proceso puede dividirse en dos esferas de actividad. Por un lado, las comunidades pretenden atraer la atención nacional con acciones de protesta visibles, como bloqueos simbólicos de rutas. Por otro lado, con la ayuda de los abogados Alicia Chalabe y Rodrigo Solá (posteriormente también Franco Aguilar), así como el acompañamiento y apoyo financiero de científicos sociales y organizaciones como Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (endepa), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (farn), Fundación oclade, Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (coaj) y la Fundación Heinrich Böll, las comunidades inician una serie de procesos judiciales para exigir el derecho a la consulta previa y a la participación.

En noviembre de 2010, se presentó un recurso de amparo ante la Corte suprema nacional. En una audiencia pública celebrada en 2012, el tribunal declaró su incompetencia y decidió remitir el caso a los tribunales provinciales (Schiaffini, 2013). Ante esta declaración judicial, las comunidades decidieron presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, en 2011 denunciaron su situación ante el entonces Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, en Ginebra. En 2015, la asamblea general de las comunidades aprobó el Kachi Yupi (rastros de sal), un protocolo que determina un procedimiento de consulta particular (Solá, 2016). Ese mismo año, el gobierno provincial encabezado por Gerardo Morales dio señales de un potencial reconocimiento del protocolo. “Nos prometió su apoyo. Luego creó la Secretaría de Asuntos Indígenas. Pensábamos que estaba todo bien con Natalia [Sarapura], pero el decreto nunca llegó” (Entrevista #52/2019).² Con una asamblea general mensual y una mesa ejecutiva más reducida, la organización supracomunitaria se mantuvo, pero la participación disminuyó.

A finales de 2018, Ekeko SA estaba realizando estudios exploratorios en los territorios de Quebraleña, San Miguel del Colorado y Rinconadilla. La empresa había obtenido la aprobación de un grupo de pobladores de Quebraleña. Al mismo tiempo, la empresa jesme, propiedad de la provincia, realizó una licitación para proyectos mineros en Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Salar de Jama sin el consentimiento de las comunidades. Ante ello, las comunidades volvieron a unirse inmediatamente. “Este año, en enero, decidimos parar la exploración. Sólo teníamos que esperar a tener pruebas. Por supuesto que sabíamos que algo estaba pasando. Una vez que tuvimos pruebas, echamos a la empresa y decidimos hacer un bloqueo de ruta. Decidimos por unanimidad que la aprobación a partir de ahora solo era posible por nuestra asamblea general” (Entrevista #52/2019). Los incidentes de principios de 2019 hicieron que las comunidades cambiaran fundamentalmente su postura: “Hemos trabajado desde 2008 hasta 2018 para que nos respeten. Pero el Gobierno no nos respetó. Encima hicimos el Kachi Yupi y todo eso. Y entonces ahora en 2019 hemos tomado la decisión firme de que ya no queremos consulta, no queremos nada, no queremos litio” (Entrevista #40/2019).

Tras cuatro años de silencio entre el gobierno y las comunidades alimentado por la pandemia de covid-19, en junio de 2023 se aprobó una acelerada reforma de la Constitución provincial, que dio como resultado dramáticas protestas. Las comunidades temen que la reforma constitucional facilite la aprobación de proyectos relacionados con el litio. Este temor está ligado principalmente a modificación del artículo 67 “Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, que está destinada a dificultar las protestas sociales y, especialmente, el bloqueo de rutas, la principal forma de protesta de las comunidades. Además, las comunidades originarias se remiten al artículo 74 “La tierra es un bien de trabajo y de producción” que podría derivar en la apropiación estatal de sus tierras. Esto se debe a que muchos de sus territorios todavía no están reconocidos y se clasifican oficialmente como fiscales. Debido a la protesta, se eliminaron las modificaciones propuestas de dos artículos especialmente críticos (artículo 36 y 50). En ellos se abordaban los mecanismos de expropiación, así como los poderes del Estado en relación con el tratamiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, Melisa Argento (2023) califica la reforma constitucional como un intento de acabar con el conflicto con las comunidades y suprimir todas las reclamaciones territoriales. El periódico El Cronista (2023) califica la reforma como “una carta magna que restringe la protesta social, promueve una mirada extractivista de los recursos y contradice los derechos de los pueblos originarios”.

Tras una marcha de protesta de las comunidades hacia la capital provincial, comenzaron a instalar cortes de ruta a la altura de la localidad de Purmamarca. La carretera bloqueada es una arteria importante con acceso al Paso de Jama que une la ciudad de San Salvador de Jujuy en Argentina con San Pedro de Atacama en Chile (rn52) y a la Quiaca, paso fronterizo con Bolivia (rn9). La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para intentar levantar las barreras. Como resultado, se multiplicaron los testimonios de detenidos, gente herida e incluso casos de personas que perdieron la vista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que señaló “con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy” y condenó la violencia y la represión policiales (cidh, 2023). A través de las redes sociales, las incesantes protestas atrajeron la atención y la aprobación nacional e internacional bajo el lema Jujeñazo. Las propias comunidades se refieren a su resistencia, en cambio, como tercer Malón de la Paz (“invasión” de la paz), aludiendo explícitamente a la protesta contra el Estado arraigada en su memoria colectiva. Esta memoria remite a la demanda de títulos de propiedad de las tierras tradicionalmente indígenas-comunitarias que desembocó en la Batalla de Quera de 1875, un violento conflicto entre la población indígena local y los soldados del ejército argentino (Paz, 1989). Se utilizó por primera vez la expresión Malón de la Paz en 1946, cuando una caravana de más de 100 arrendatarios indígenas marchó 2 000 kilómetros desde la localidad de Abra Pampa hasta Buenos Aires. Sin embargo, en lugar de recibir allí derechos sobre la tierra del presidente Juan Domingo Perón, fueron deportados forzadamente de vuelta (Kindgard, 2004). El segundo Malón de la Paz se desencadenó por la larga demora del gobierno provincial a cumplir una orden judicial que otorgaba a las comunidades indígenas 15 000 kilómetros cuadrados (km²) de tierra.

En las comunidades de la cuenca, aunque existen tensiones subyacentes debidas al descontento con algunos líderes de opinión, criticados por no compartir toda la información, existe una retórica consistente contra el litio. Esta retórica negativa puede dividirse en tres áreas estrechamente interrelacionadas. En primer lugar, la población local teme el impacto sobre el sensible ecosistema natural del que se consideran parte, estando particularmente preocupada por los escasos recursos hídricos locales. En este contexto también hay que contemplar la profunda relación armónica con la Pachamama (Solá, 2016). Tanto las Salinas Grandes como la propia sal no son vistas simplemente como una fuente de trabajo o recurso natural, sino más bien como un ser vivo. La sal tiene un ciclo de reproducción y se cosecha año a año: “Para nosotros, el salar es como un árbol. Respira, tiene movimiento, se contrae y se expande todo el tiempo. [...] Las Salinas son muy importantes para nosotros, son parte de nuestra vida” (Entrevista #26/2018). De hecho, las Salinas Grandes constituyen una parte fundamental de la historia de la población local y son un referente cultural importante. En cuanto a las técnicas de extracción de la sal, los trabajadores suelen referirse a sus bisabuelos. Las comunidades velan colectivamente por un uso racional para evitar el agotamiento. Por ello, este primer aspecto no sólo incluye las propias actividades tradicionales contemporáneas de la población local o las oportunidades de desarrollo de las generaciones futuras, sino también la vida de los animales no domesticados, como las vicuñas, así como la propia Pachamama. En cuanto a las consecuencias ecológicas, muchos habitantes locales consideran que la extracción de litio es incontrolable. Un trabajador de la sal subraya la diferencia entre la minería del litio y la extracción de sal: “Para mí, la extracción de sal también es minería. Pero es una minería más controlable, porque no la estamos sacando a gran escala, sino que la estamos sacando poco a poco, de acuerdo para poder sobrevivir. Queremos que el día de mañana nuestros hijos también puedan disfrutar de lo que tenemos hoy” (Entrevista #26/2018).

En segundo lugar, la lucha contra la minería del litio ha dado lugar a un clamor por el cumplimiento de los derechos indígenas. Este reclamo se fundamenta en el marco internacional y nacional de los derechos indígenas, constituido principalmente por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (oit), ratificado por Argentina en el año 2000, así como el artículo 75 inciso 17 que fue incorporado a la Constitución argentina en 1994. El abogado Franco Aguilar aclara que “el deber de proteger estos derechos, y de hacer respetar el derecho a la consulta previa, está asignado al Estado. El Estado debe ser el garante de todos los derechos”. Por lo tanto, todas las demandas y críticas se dirigen predominantemente contra el Estado, actualmente simbolizado por el gobernador provincial Gerardo Morales.³

En tercer lugar, las comunidades tienen una concepción muy diferente del futuro y del desarrollo. Mientras que el gobierno reitera la importancia del litio como el mineral del futuro y justifica la exploración y extracción con “oportunidades de desarrollo económico” (Dorn, Hafner y Plank, 2022), los residentes locales hacen hincapié en su visión fundamentalmente divergente de su propio futuro. “Lo que él [Morales] llama futuro no es el futuro. Es pan para hoy y hambre para mañana. Es sólo por un momento que vas a tener el dinero y luego todo se va a destruir y no tendrás nada. ¿Cuál es el futuro que va a dejar a nuestros nietos, a nuestros hijos? Eso no es ningún futuro” (Entrevista #40/2019).

Salar de Olaroz-Cauchari: entre contratos y acuerdos informales
Desde la perspectiva de la población local, las empresas mineras de litio comenzaron a aparecer a fines de la década del 2000 para realizar las primeras conversaciones con representantes de las comunidades. En ese entonces las comunidades sólo conocían a las empresas mineras de borato que operaban en el salar de Olaroz-Cauchari, aproximadamente desde la década de 1940 (Entrevista #77/2019). Además, muchas personas trabajaban en Mina Providencia,⁴ una mina de cobre en el norte del departamento de Susques, así como en Mina Pirquitas,⁵ una mina de plata, estaño y zinc en el departamento adyacente de Rinconada.

Tradicionalmente, mientras las mujeres se ocupaban del ganado, los hombres eran responsables de las relaciones con el mundo exterior, incluidos los viajes de trueque y los trabajos asalariados temporales (Göbel, 2002; Benedetti, 2005). Alrededor del cambio de milenio, los proyectos mineros antes mencionados se paralizaron. Muchas personas, sobre todo hombres, comenzaron a buscar oportunidades de empleo en otras provincias, como Tucumán, Buenos Aires, Neuquén y Chubut. Sobre todo los jóvenes abandonaron las comunidades en búsqueda de educación continua: “En esa época no había escuela secundaria en la mayoría de las comunidades. Mucha gente se iba a la ciudad a estudiar o a trabajar y en los pueblos sólo quedaban las mujeres y los ancianos. Los pueblos se fueron extinguiendo poco a poco” (Entrevista #64/2019). Así, cuando las empresas mineras de litio comenzaron a contactar a las comunidades del departamento de Susques, éstas se mostraron sorprendidas. Según los representantes locales, no conocían la consulta previa ni los derechos indígenas y no esperaban ninguna consulta. Además, muchas personas ya habían entrado en relaciones de dependencia con el mercado global y, en general, buscaban empleos asalariados.

Un grupo de residentes locales vio en la minería del litio una oportunidad y empezó a reunirse periódicamente. Mientras tanto, las comunidades de Salinas Grandes acudieron a la Corte Suprema para detener todos los proyectos de litio. El gobierno de Jujuy pidió a las comunidades de Olaroz-Cauchari que acudieran a Buenos Aires para defender sus proyectos. “Nosotros [Olaroz Chico, Catúa, Puesto Sey, Pastos Chicos, Huancar] queríamos tomar nuestras propias decisiones territoriales. No queríamos decir que sí inmediatamente, pero al menos queríamos darle una oportunidad” (Entrevista #64/2019).

Ante cualquier cambio o ampliación de los proyectos mineros, o al menos cada dos años, las empresas mineras tienen que presentar un informe medioambiental a la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (ugamp).⁶ En esa instancia participa un representante de todas las comunidades afectadas por el proyecto minero. Hasta el momento, las comunidades siempre enviaron a un representante por comunidad a cada reunión (Entrevista #21/2018). El proceso está estructurado en tres etapas: después de una sesión informativa hay una segunda etapa para una presentación consultiva. Finalmente, la tercera etapa se dedica a preguntas y críticas. Muchos residentes y responsables no están de acuerdo con la implantación actual: “No estoy de acuerdo con el procedimiento actual, con la metodología utilizada por el gobierno. Nos presentan un libro que no entendemos, una monografía de miles de páginas de explicaciones científicas. Si lo lees, entiendes el 5%. Pero imagínate que alguien nunca ha leído un libro. Después tenemos la posibilidad de preguntar, pero ¿qué posibilidad hay de preguntar si no has leído el material?” (Entrevista #24/2018). Además de la ugamp, la relación entre las comunidades y las empresas se caracteriza por la ausencia de funcionarios públicos (Gómez, 2019). Las comunidades aprobaron los informes iniciales y las empresas mineras comenzaron a construir sus instalaciones en los años siguientes. Contrataron a residentes locales, mejoraron las condiciones de los caminos, instalaron conexiones Wi-Fi y contribuyeron a las celebraciones tradicionales, entre otras cosas. La empresa conjunta australiano-japonesa Sales de Jujuy comenzó a extraer y exportar activamente en 2014. La empresa conjunta canadiense-china Minera Exar entró en fase de producción precomercial en junio de 2023. En el caso de Sales de Jujuy, aunque existían acuerdos laxos entre la empresa y las 10 comunidades –en particular en relación con el empleo de mano de obra local–, la empresa sólo firmó un contrato vinculante con Olaroz Chico, la comunidad más cercana al proyecto Sales de Jujuy.

La población local del departamento de Susques a menudo sigue comparando la minería del litio con la del borato. En el contexto de la minería del borato, muchos entrevistados afirmaron que las condiciones de trabajo eran extremadamente malas: “En aquella época, nadie consultaba a las comunidades. Cuando tenía 9 años, iba a la boratera con mi padre, porque mi padre era boratero. Cavaba el bórax a mano, con una pala y un pico. Teníamos que salir a las 12 de la noche para llegar a las 6 de la mañana, todo el camino en bicicleta. Mi padre se iba a trabajar y yo me quedaba para encender el fuego y hacer la comida al mediodía. Él terminaba de trabajar hacia las 4 de la tarde. Muchas veces dormíamos a cielo abierto para no tener que volver en bicicleta” (Entrevista #77/2019). En comparación, las condiciones de trabajo actuales en las minas de litio han mejorado considerablemente: “La empresa te recoge y te lleva a casa; no tienes que pagar gastos de viaje. Allí tienes una habitación, con televisión, ducha y agua caliente. Está limpia e incluso te hacen las camas para que puedas descansar enseguida. Los campamentos son fantásticos, se está mejor que en casa. Realmente no te puedes quejar mucho. Siempre puedes ir a la cantina y comer algo. Desayunas, comes y cenas. Por la tarde, hay una pequeña merienda. Podés tomar un jugo, galletita, turrón o alfajor” (Entrevista #75/2019).

Aunque las diferencias destacadas en cuanto a las condiciones de trabajo suelen entenderse como una mejora de la calidad de vida a nivel individual, la ausencia de contratos concretos debilita hoy la posición negociadora de las comunidades. Varios representantes de las comunidades se quejan de las dificultades repentinas para hacer que las empresas cumplan sus promesas: “En realidad, Sales de Jujuy siempre ha trabajado con las 10 comunidades. En octubre [de 2019], sin embargo, de repente nos dijeron que con respecto al último informe ambiental sólo trabajarían con las comunidades del área de influencia directa, Huancar y Olaroz [Chico]. El 169 de la oit establece que también se debe tomar en cuenta la esfera de influencia indirecta. Las demás comunidades serán finalmente desatendidas. Hay que culpar al gobierno por esto, las empresas siempre tomarán el camino de menor resistencia” (Entrevista #21/2019).

Inicialmente, pobladores de Susques, y más tarde algunos individuos así como colectivos como La Apacheta han luchado y siguen luchando contra la minería de litio en su territorio (Anlauf, 2017). Aun así, prevalece en gran medida una cultura de negociación, y los contramovimientos son minoritarios en número. Al principio se solía argumentar que otras comunidades aceptarían los proyectos, con el riesgo de quedar excluidas de los beneficios para la propia comunidad. Hoy, muchos sostienen que los proyectos mineros ya están instalados y que deben aprovechar la situación. Un entrevistado ilustra la impotencia de las comunidades ante la falta de contratos con las empresas: “Esa es la gran desventaja que tenemos hoy con Sales de Jujuy. No digo que necesitamos el mismo contrato que Olaroz [Chico], pero algo similar sería apropiado para todas las comunidades. En general, las empresas nos escuchan cuando tenemos una queja, pero hasta la fecha ha sido muy difícil que la empresa cumpla sus promesas. En un contrato, todo estaría arreglado, y podríamos marcar y señalar lo que falta. Con [Minera] Exar es diferente y un poco más fácil. Claro, también desaparecen muchas cosas que no estaban escritas en el contrato” (Entrevista #75/2019).

Comparando dos comunidades: percepciones divergentes de la minería del litio en Huancar y Santuario de Tres Pozos
Dado que la necesidad de empleos locales para frenar la emigración de los jóvenes es frecuentemente señalada por los habitantes locales, las expectativas y las posturas de estos jóvenes fueron encuestadas cuantitativamente con una escala de Likert. Se ha realizado un cuestionario a todos los estudiantes de secundaria de las comunidades de Huancar y Santuario de Tres Pozos (n=59). Los datos obtenidos se contrastan con los datos cualitativos.

En la Figura 2 se visualiza el acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones (escala Likert de seis puntos) y se indica cómo las opiniones sobre determinados temas difieren enormemente entre los dos pueblos. En conjunto, mientras que los alumnos de Santuario de Tres Pozos tendieron a responder hacia los extremos “Completamente de acuerdo-Completamente en desacuerdo”, los resultados de Huancar son más ambiguos e indican una mayor incertidumbre respecto al tema. Las respuestas suelen situarse en el rango “Ligeramente de acuerdo-Ligeramente en desacuerdo”.

Particularmente en Santuario de Tres Pozos, los estudiantes indican un gran orgullo e identificación con su propia comunidad. Ambas comunidades indican igualmente ansiedad con respecto a los efectos negativos sobre el medioambiente y los estudiantes de ambas comunidades creen en una relación entre la minería de litio y una disminución de los recursos hídricos. Sin embargo, los estudiantes de Huancar están de acuerdo con los impactos positivos de la minería del litio para la calidad de vida en su pueblo. Aquí, muchos estudiantes también creen en una posible ola de emigración a falta de la minería del litio. Mientras que los estudiantes de Santuario de Tres Pozos no creen en absoluto en una compatibilidad de la minería del litio con otras actividades económicas, los estudiantes de Huancar no están completamente de acuerdo, pero indican que es bastante posible. Los estudiantes de Huancar se sienten más o menos informados sobre los acuerdos con las empresas mineras y la gran mayoría indica que la gente de la comunidad está más bien de acuerdo con los acuerdos con las empresas mineras. En cuanto a la evaluación de las perspectivas futuras de la minería del litio, los resultados en ambas comunidades muestran un panorama equilibrado. Finalmente, en Tres Pozos los entrevistados no se sienten en absoluto apoyados por el gobierno provincial, mientras que los resultados a este respecto son nuevamente bastante ambiguos en Huancar.

Figura 2: Visualización de una escala Likert de seis puntos realizada en las comunidades de Huancar y Santuario de Tres Pozos (n=59)

Fuente: elaboración propia.

El cuestionario también incluía una pregunta abierta sobre las ventajas e inconvenientes de la extracción de litio. Las respuestas han sido codificadas por contenido. Es posible identificar una actitud negativa hacia la minería del litio en Santuario de Tres Pozos: alrededor del 38% de los estudiantes de la comunidad no proporcionaron ninguna información sobre las ventajas de la minería del litio, frente al 13% sobre las desventajas. Entre las ventajas, sólo cuatro estudiantes de 32 mencionaron oportunidades de empleo. Entre las desventajas, en particular, la contaminación ambiental, el consumo de agua, la contaminación del agua y la posible muerte de animales fueron, con mucho, los temas más mencionados.

En Huancar obtenemos un panorama totalmente diferente: mientras que muchos estudiantes mencionaron las oportunidades de empleo y el aumento de los ingresos monetarios a nivel familiar como aspectos positivos, las abstenciones fueron mayores en lo que respecta a las desventajas de la minería del litio (35%). No obstante, los estudiantes mencionaron comúnmente la contaminación medioambiental y la ausencia de familiares: “Trabajan muchos días y descansan pocos” (Cuestionario #42). Junto a las cuestiones relacionadas con el trabajo, también se mencionaron aspectos medioambientales como el consumo de agua, la muerte de animales, las enfermedades y los daños a la salud.

Dos comunidades, ¿dos territorios?

Al considerar las demarcaciones implicadas en el contexto de la formación del Estado-nación en el siglo xix, no hay que olvidar que un territoire sólo está parcialmente constituido por fronteras. A partir de la colonización, siempre se han creado territorios administrativos desde centros urbanos fuera de la región. En este contexto, María Rivet (2014) ilustra la importancia de la diferencia entre las territorialidades de los colonizadores y de los colonizados. Por un lado, la población prehispánica de la región puneña construyó su territorio a partir de relaciones basadas en el comercio caravanero, la ganadería de pastoreo, el intercambio y las alianzas. Por otro lado, las autoridades coloniales construyeron sus territorios de acuerdo con una lógica urbana europea e ignoraron las territorialidades preexistentes.

Construido a través del tiempo, para los atacameños y kollas el territorio es también una categoría esencial. Para ellos, basados en el sistema tradicional de pastoreo trashumante con altos niveles de movilidad, el territorio se basa principalmente en una territorialidad performativa (territorio a través de la práctica). Implícitamente, el pastoreo sirvió no sólo como actividad productiva, sino también para estructurar la organización del espacio (Göbel, 2002; Rivet, 2014). En los primeros años de los Estados nación, los territorios indígenas ciertamente no se correspondían con los territorios administrativos. No obstante, la distinción precisa entre la territorialidad de los colonos y la de los colonizados preexistentes no debería desmentir la hibridez cultural que resulta de la interacción entre ambas. Basándose en investigaciones archivísticas y arqueológicas, Rivet muestra que la actividad del pastoreo siempre ha estado relacionada con otras actividades, como la minería, y subraya que el espacio nunca es un producto acabado, sino que está en continuo flujo.

A partir del siglo xvii, las principales actividades económicas de la Puna argentina fueron la minería y, en lo posible, las actividades agrícolas para abastecer de alimentos a los centros urbanos y mineros, muchos de ellos ubicados en lo que hoy constituye Bolivia. Posteriormente, hubo que abastecer a las fuerzas militares durante las guerras. Si bien la ganadería de pastoreo como actividad económica no fue causada ni por las actividades mineras ni por las operaciones militares, al menos fue reforzada por ellas (Gil, 2018). Hasta fines del siglo xx, las comunidades de la Puna eran en su mayoría pequeños caseríos, muchas veces constituidos por acumulaciones de viviendas alrededor de una iglesia (para el caso de Susques véase Bolsi y Gutiérrez, 1973) y la mayoría de la población vivía dispersa en el campo. La necesidad de las aldeas derivaba principalmente de un mayor control de la enseñanza obligatoria y de los planes sociales del estado del bienestar (Entrevista #35/2019).

Esto demuestra que la cultura local –en una continua interacción de territorialidades superpuestas y adaptaciones parciales– siempre ha estado sujeta a cambios. De este modo, podemos identificar fundamentalmente dos estrategias territoriales: para Huancar (Salar de Olaroz-Cauchari), este estudio ilustra que tanto las relaciones históricas como las actuales de los habitantes con el Estado se caracterizan por la ausencia de rebeliones abiertas. En su lugar, las relaciones entre los habitantes y el Estado están constituidas predominantemente por prácticas como las negociaciones, aunque desde posiciones asimétricas de poder (Göbel, 2003). Esta estrategia se percibe continuamente en las negociaciones con las empresas mineras. Expertos jurídicos indican que el Convenio 169 de la oit nunca se ha aplicado plenamente en el caso de la minería del litio en Olaroz-Cauchari (Entrevistas #31/2018, #76/2019). Esto fue posible particularmente por dos factores: la zona del Salar de Olaroz-Cauchari es una zona caracterizada por una ausencia histórica del Estado. Con una forma de “asistencialismo paternalista” (Dorn y Gundermann, 2022), o sea al hacerse cargo de tareas (estatales) como mejorar las condiciones de los caminos, establecer posibilidades de comunicación o financiar pintura y equipamiento para las escuelas secundarias, las empresas mineras de litio satisficieron necesidades inmediatas y se ganaron el reconocimiento de muchos residentes locales. Además, en lo que respecta a las condiciones de trabajo, la gente tiene una comparación inmediata con la minería del borato; con los ingresos de la minería del litio permitieron que muchas personas y familias pudieron mejorar su bienestar material. Esto no debe ocultar el hecho de que la minería del litio supera claramente en escala a la minería del borato, tanto en lo que se refiere a los efectos sociales como a los medioambientales, que no son en absoluto previsibles.

En el Salar de Olaroz-Cauchari, la estrategia de negociación de las comunidades inició por tanto una vía de desarrollo dependiente, que a largo plazo aumenta aún más su vulnerabilidad. Mientras que el entorno competitivo entre las comunidades ya ha desencadenado una cohesión perjudicial entre ellas (Pragier, 2019; Dorn y Gundermann, 2022), las empresas mineras, junto con el gobierno provincial, socavan cada vez más la ugamp y los derechos indígenas. Tanto las entrevistas cualitativas como el cuestionario ilustran que la población local es consciente de estas contradicciones y que muestra una gran ansiedad por las posibles consecuencias medioambientales. La yuxtaposición verbal de una posible “extinción” del pueblo debido a la emigración de los jóvenes con los posibles daños medioambientales futuros da cuenta de la falta de opciones y de posibilidades de actuación de la población local. De este modo, pueden identificarse pronunciadas asimetrías de poder, por las que las dependencias del sistema económico capitalista –algunas de las cuales ya existían antes de la llegada de la minería del litio– se profundizan y conducen cada vez más a un deterioro de la autonomía social.

Al examinar el caso de Santuario de Tres Pozos (Salinas Grandes) se puede identificar una estrategia diferente en el tratamiento de las territorialidades superpuestas. En las entrevistas y cuestionarios se puede identificar una retórica muy radicalizada con respecto a las empresas mineras y el Estado. En la actualidad, la resistencia contra la minería de litio suele realizarse a partir del “miedo por el agua”. Este miedo se justifica superficialmente haciendo referencia a la posible contaminación medioambiental y a la consiguiente incompatibilidad de la minería del litio con las actividades económicas tradicionales. Detrás de esta reivindicación, hay una pronunciada demanda de autodeterminación y autonomía relacionada con el reconocimiento de los derechos indígenas, incluido el derecho a la consulta previa. En una entrevista, el abogado Franco Aguilar subrayó este llamamiento a la participación: “para mí hay una clara deuda histórica. Los indígenas siempre han estado presentes, pero no siempre se han reconocido sus derechos. Una vez reconocidos los derechos, el incumplimiento de los mismos se sigue manifestando. Por eso [las comunidades de Salinas Grandes] siguen manteniendo la lucha y diciendo: estamos presentes”. Es por eso que todos los reclamos contra la minería del litio se dirigen principalmente contra el gobierno provincial y deben ser contemplados como una continuidad histórica de la resistencia contra el Estado. De este modo, acontecimientos históricos como la Batalla de Quera, en 1875, y los anteriores Malones de la Paz, en 1946 y 2006 (Paz, 1989; Kindgard, 2004; Dorn, 2023) han configurado fundamentalmente la identidad territorial y siguen influyendo en los procesos actuales. Además, las protestas contra la minería del litio provocaron un acercamiento entre las comunidades y reforzaron fuertemente la solidaridad entre ellas (Pragier, 2019). Aquí, la fuerte oposición de la población local subraya la contrariedad entre la concepción local de un buen vivir autónomo y un discurso de desarrollo global y hegemónico.

Si bien podemos identificar territorialidades divergentes entre Salinas Grandes y el departamento de Susques, éstas no pueden ser contempladas como casos completamente aislados. Las transiciones son más bien fluidas: si bien las relaciones de dependencia de las comunidades del Salar de Olaroz-Cauchari con la economía global en materia de trabajo asalariado deben ser consideradas como profundas, particularmente en el contexto de Mina Pirquitas y la minería del borato, las comunidades de Salinas Grandes también estuvieron involucradas en trabajos asalariados ocasionales en la minería. Sin embargo, en los últimos 30-40 años las comunidades de Salinas Grandes han logrado construir una economía fuertemente diversificada, que combina principalmente actividades pastoriles con la extracción de sal y el turismo. Por el contrario, cuando las empresas mineras de litio llegaron a la región, las comunidades del Salar de Olaroz-Cauchari buscaban desesperadamente vías económicas futuras. Por lo tanto, la violencia estructural facilitó fuertemente el asentamiento de los proyectos mineros sin la aplicación de la consulta previa.

Observaciones finales

En la Puna argentina, las territorialidades coloniales no construyeron territorios sobre un espacio vacío estático. Por el contrario, se construyeron sobre procesos sociales e históricos preexistentes e iniciaron una transformación de prácticas, estilos de vida y, eventualmente, significados y valores (Reboratti, 2008; Rivet, 2014). Al considerar los territorios como productos de prácticas sociales pasadas y presentes, podemos entender las diferentes reacciones a la minería del litio en las comunidades de Santuario de Tres Pozos (Salinas Grandes) y Huancar (Salar de Olaroz-Cauchari) como la consecuencia de territorialidades divergentes. Sin embargo, las territorialidades divergentes y las diferentes estrategias territoriales se encuentran en una relación recíproca (no causal), de modo que ambas son mutuamente dependientes y se refuerzan entre sí.

En el caso de Salinas Grandes, las luchas contra las élites coloniales y el Estado han marcado fuertemente los procesos de identificación territorial durante años. La interacción entre las territorialidades coloniales y locales ha dado lugar a una resistencia aún mayor. Hoy, las reivindicaciones de la población local comprenden la demanda de derechos y reconocimiento. Así, en el centro del conflicto, la lucha de las comunidades es menos sobre el litio en sí, sino más sobre la autonomía con respecto a las Salinas Grandes –su territorio. Esto incluye varios aspectos fuertemente interrelacionados, como el respeto por parte del Estado, una comprensión diferente del progreso y el desarrollo, así como la autodeterminación con respecto a su propio proyecto de vida. De manera similar a otros movimientos de resistencia indígena en América Latina, el territorio también se utiliza como un ámbito de resistencia, movilización y antagonismo a un modelo de desarrollo occidental (Reyes y Kaufman, 2011; López, Robertsdotter y Paredes, 2017; Castro-Sotomayor, 2020; Haesbaert y Mason-Deese, 2020; Palmisano y Wahren, 2023). Concretamente, la comprensión común del futuro ante la amenaza actual de la explotación minera de las salinas y la estrategia de resistencia territorial refuerzan la cohesión entre las comunidades.

En la historia del Salar de Olaroz-Cauchari, las comunidades se vieron obligadas con frecuencia a organizarse con jurisdicciones cambiantes. Por ello, sus relaciones con las autoridades públicas estuvieron dominadas en la mayoría de los casos por la moderación. La historia demuestra que en las comunidades de Olaroz-Cauchari prevalece en gran medida una cultura de negociación. Además, sobre la base de una pronunciada dependencia preexistente de la economía mundial, la necesidad de empleo entre la población local facilitó las negociaciones para las empresas mineras de litio. Del mismo modo, para las comunidades, la minería del litio no tiene tanto que ver con el litio, sino que puede reducirse a oportunidades laborales. La situación competitiva entre las comunidades está fomentando la rivalidad entre ellas y las lleva a enfrentarse entre sí. Por lo tanto, el conflicto es menos de naturaleza abierta que estructural.

Históricamente, los dos estudios de caso muestran diferentes estrategias para lidiar con territorialidades superpuestas (es decir, sistema de pastoreo trashumante, comunidades indígenas, concesiones y empresas mineras, Estado, etc.). En la actualidad, la llegada de la minería del litio como nuevo actor está provocando de nuevo diferentes respuestas y transformando las territorialidades preexistentes. Algunos aspectos de estas “nuevas” territorialidades ya se materializan en procesos espaciales y sociales: por un lado, en comunidades del Salar de Olaroz-Cauchari la mejora de las condiciones viales ha incrementado significativamente el nivel de movilidad. La disponibilidad de educación y trabajo ha modificado los patrones de migración y está provocando el retorno de miembros de las comunidades que vivían en las ciudades y la inmigración desde otras zonas de la Puna argentina. Sin embargo, los riesgos ambientales se reparten de manera desigual entre los actores, por lo que las desigualdades socio-ecológicas se acentúan aún más. Asimismo, la estrategia de adaptación ya revela mayores dependencias de las comunidades de Olaroz-Cauchari respecto del sistema económico global. Esto lleva a una disminución de la autonomía social y a un aumento de la vulnerabilidad de las comunidades frente a las influencias externas. Por otro lado, las comunidades de Salinas Grandes se reúnen periódicamente en la Mesa de Comunidades Originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc para la Defensa y Gestión del Territorio, una organización supracomunitaria con poder de decisión. Cuentan con el apoyo de una serie de organizaciones no gubernamentales y han atraído la atención nacional con varios bloqueos. Al mismo tiempo, se produce una revalorización de “lo indígena”: en comunidades como Santuario de Tres Pozos se observa un gran orgullo respecto a su propia comunidad, así como una revalorización de sus actividades económicas tradicionales como la extracción de sal.

La electromovilidad pretende ecologizar la industria automotriz, de modo que la extracción de litio está fuertemente vinculada –tanto simbólica como discursivamente– a tecnologías futuras “sostenibles” y al crecimiento verde. Sin embargo, la electromovilidad también requiere la aportación de recursos estratégicos, como el litio. La expansión de la frontera latinoamericana del litio también implica una expansión del modo de producción capitalista y una valorización (capitalista) de “nuevos” espacios. De este modo, compiten lógicas locales y globales de apropiación territorial. Al considerar luchas similares en el continente, las consecuencias socioespaciales locales de la actividad minera del litio no difieren sustancialmente de las formas convencionales de minería: en el contexto de la minería del litio, actualmente se reproducen y profundizan las relaciones Norte-Sur, las asimetrías de poder y las desigualdades socio-ecológicas. En la provincia de Jujuy, la minería del litio es todavía un fenómeno reciente y la forma en que la adaptación o la resistencia contra la minería del litio modifica las relaciones locales entre los seres humanos y el medioambiente está sujeta a procesos continuos. Sin embargo, el movimiento de resistencia de las Salinas Grandes puede entenderse como un elemento inscrito en un proyecto de transformación socio-ecológica más amplio que cuestiona la idea de un desarrollo impuesto “desde arriba”. Para contribuir a una comprensión más amplia de esta transformación, los futuros estudios empíricos pueden y deben, por tanto, ocuparse de estas propuestas alternativas en los márgenes de la esfera capitalista.

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^* Instituto de Desarrollo Internacional, Universidad de Viena, Austria. Correo electrónico: felix.dorn@univie.ac.at
¹ Siendo consciente de que históricamente hay que diferenciar entre la Puna jujeña y la Puna de Atacama, hoy considero que la noción de Puna jujeña es válida para ambas zonas, Cochinoca y Susques.
² La Secretaría de Asuntos Indígenas es la primera institución de la provincia destinada específicamente a los pueblos originarios y fue creada por decreto en 2015. Entre 2015 y 2019 Natalia Sarapura, integrante del pueblo kolla y expresidenta del coaj, estuvo a cargo de la nueva institución. En 2019, Sarapura asumió el cargo de ministra de Desarrollo Humano. Su sucesora es Alejandra Liquín. Las comunidades de las Salinas Grandes describen sus relaciones con la Secretaría de Asuntos Indígenas como “inexistentes” (Entrevistas #36/2019, #39/2019, #42/2019).
³ Ello contrasta fundamentalmente con el caso del Salar de Atacama chileno, donde todas las reivindicaciones se dirigen principalmente a las empresas mineras (Gundermann y Göbel, 2018; Dorn y Gundermann, 2022).
⁴ Antes de cerrar debido a problemas de costos internos y a la caída de los precios en el mercado mundial, Mina Providencia produjo activamente entre 1987 y 1997. Actualmente, la empresa de capital chino Hanaq Argentina está reevaluando una reapertura (Hanaq Argentina, 2018).
⁵ En Mina Pirquitas la explotación ya había comenzado a mediados de la década de 1930 y cesó a fines de la década de 1980. Tras ser revendida dos veces, la producción se reanudó en 2008 en manos de la canadiense Silver Standard Resources. En 2016, la empresa anunció el cierre de la mina (El Tribuno, 2016).
⁶ La ugamp está integrada por 16 miembros que representan los intereses de diferentes actores, incluyendo entidades gubernamentales como la Secretaría de Gestión Ambiental, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud Pública, la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, la Dirección de Control Agropecuario, la Dirección de Industria y Comercio y la Dirección de Recursos Hídricos, así como representantes no gubernamentales de la Universidad Nacional de Jujuy (unju), el Centro de Geólogos, empresarios mineros y autoridades municipales de la zona del proyecto (Entrevistas #3/2018, #79/2019, véase también Marchegiani, Höglund y Gómez, 2019).