Desplazamiento interno forzado en México por violencia e inseguridad en regiones mineras.
Muñoz, Kelly, Manuel Llano y Naxhelli Ruiz [2022], "Desplazamiento interno forzado en México por violencia e inseguridad en regiones mineras", Investigaciones Geograficas, (109): e60569, Instituto de Geografía, https://doi.org/10.14350/rig.60569
Kelly Giovanna Muñoz Balcázar, es una investigadora y académica que ha contribuido al campo de la geografía. Tiene un Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.
Manuel Llano, hace investigaciones sobre mapas y datos para la sociedad civil.
Naxhelli Ruiz, es investigadora titular del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Resumen
El desplazamiento interno de la población en México es resultado de las condiciones de violencia que la ataca en condiciones de vulnerabilidad. Por eso, el presente artículo tiene el fin de hacer un estudio descriptivo y exploratorio sobre la relación entre el desplazamiento forzado y la explotación de zonas mineras a nivel municipal y con altas tasas de incidencia en los delitos de alto impacto.
Introducción
El Desplazamiento Interno Forzado (DIF), surge de acciones ilegítimas de alto impacto generando la movilidad de grupos sociales vulnerables. Sin embargo, documentar la dimensión geográfica del desplazamiento en México es complicado por la falta de sistemas de información oficiales.
.Algunas de las causas del desplazamiento se derivan de diversas formas de violencia causada por conflictos armados, delincuencia organizada, disputas territoriales y ejecución de proyectos de desarrollo que han ocasionado la violación de derechos humanos (dato crucial 1).
En el caso de México, el DIF es un fenómeno social complejo que no ha sido estudiado geográficamente. A menudo se aborda a través del estudio de temas como la migración o el refugio, lo que ha llevado a invisibilizar sus características distintivas en el país. Además, ha evolucionado en las últimas dos décadas, pasando de conflictos políticos o religiosos a una mayor asociación con el narcotráfico y el crimen organizada. Esta criminalidad se manifiesta de diversas formas, como la competencia por los recursos naturales, desastres, emergencias de origen antropogénico y la lucha de organizaciones criminales por sitios estratégicos para la producción o transporte de drogas ilegales (datos cruciales 2 y 3).
Por eso mismo, el presente artículo tiene el fin de analizar los desplazamientos en el caso mexicano a causa de conflictos y violencia derivados de la producción minera metálica, especialmente en oro, plata y cobre a nivel nacional. El motivo de la selección de dichos metales es porque en el periodo de 2011-2021, estos concentraron en promedio 72% del valor producido por la minería en México; del mismo modo, por los fuertes impactos ambientales y los problemas redistributivos de la concentración en rentas derivadas de la explotación (datos cruciales 4 y 5).
Lo cual demuestra la relación entre las actividades mineras en el territorio mexicano y la violencia. Al menos lo demuestran las agresiones, amenazas, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad hacia personas defensoras del medio ambiente.
Así que, el objetivo de la investigación es analizar las actividades extractivas propias de la minería y correlacionarlas con procesos sociales y demográficos asociados al DIF. Mediante la exploración de algunos indicadores de violencia, en especial de delitos de alto impacto con altas tasas de emigración, haciendo que la hipótesis sea la existencia de una relación en el desplazamiento interno y la manifestación de violencia en territorios con presencia de corporaciones mineras.
La estructura plantea que, en el primer apartado aborda la relación entre la minería, especialmente la metálica, y los contextos de violencia asociados. La metodología y alcances del estudio se presentan en la segunda sección, mientras que en la tercera parte se exponen los resultados y la discusión de los hallazgos. Finalmente, se revisan las preguntas planteadas y la medida en que la evidencia las responde.
Explotación minera metálica y violencia como causa de desplazamiento forzado
Para entender el DIF y la situación de México en la industria minera, es necesario analizar el proceso sobre dicho sector.
Primero, la Ley Minera en México, vinculada con la reforma constitucional de 1992, favoreció a las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras en detrimento de los derechos fundamentales de los mexicanos, especialmente de las comunidades indígenas y agrarias, así como de los derechos ecológicos. Esta ley facilitó la explotación y exploración minera en el país, lo que ha llevado a México a ser uno de los principales productores de quince minerales a nivel mundial, destacando como el principal productor de plata del mundo según el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2021 (dato crucial 6).
Segundo, México es un importante destino para la exploración minera en América Latina, con cerca de 179 empresas mexicanas recibiendo inversión extranjera de países como Canadá, Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Australia, Corea del Sur, India, España y Francia (dato crucial 7).
El aprovechamiento de recursos asociado a la enajenación por parte de empresarios, tanto solos como en asociación con gobiernos, conlleva formas de violencia característica, principalmente relacionadas con impactos ambientales y afectaciones a comunidades locales. Estas afectaciones incluyen la falta de consulta previa informada, daños al patrimonio, disputas por precios de suelo, y episodios de afectación ambiental irreversible, entre otros. Estas situaciones provocan desplazamientos internos y contribuyen a una "geografía del terror" que facilita la implementación de proyectos extractivos mediante el vaciamiento de terrenos y la cooptación de comunidades, con la complicidad de agentes estatales.
Muchas veces, las comunidades donde se lleva a cabo la industria minera han sufrido actos de violencia debido a conflictos por el territorio, protestas públicas y la resistencia a la implementación de proyectos mineros.
Metodología
El análisis del trabajo utilizó tres elementos de información, abarcando un periodo temporal de 2015-2020:
1) Datos sobre migración.
2) Datos sobre la incidencia delictiva.
3) Datos sobre la actividad minera metálica de oro, plata y cobre del país.
A su vez, para cada municipio del país se determinaron tres aspectos:
1) Actividad minera metálica.
2) Población migrante en el año 2020 que declaró haber salido del lugar en el que vivía en el año 2015 por alguna causa relacionada con la inseguridad delictiva y violencia.
3) Incidencia delictiva municipal del fuero común.
Además, se utilizó un análisis de las tasas de migración por violencia e inseguridad en cada región minera para identificar las relaciones entre variables. Se realizó una prueba de ANOVA y REGWQ 1 para confirmar diferencias significativas entre las tasas de migración en las regiones. Además, se utilizó la matriz de correlaciones de Spearman2 para analizar el comportamiento de la violencia y la migración asociada a la inseguridad, así como su relación con ciertos delitos en las regiones mineras a nivel nacional.
Identificación de la actividad minera metálica
Para comenzar el análisis de la actividad minera metálica en cada municipio del país, se llevó a cabo un proceso de regionalización de sus características (dato crucial 8). Esta regionalización consistió en clasificar cada municipio según su participación en la actividad minera metálica, según fuera el caso en:
1) Municipio sin minería
2) Municipio solo con potencial minero (sin concesiones, proyectos, ni conflictos mineros).
3) Municipio con concesiones mineras (sin proyectos ni conflictos mineros).
4) Municipio con proyectos mineros (sin conflictos mineros).
5) Municipio con conflictos mineros por actividad minera (independientemente de si hay o no proyecto minero activo).
Población emigrante por inseguridad delictiva y violencia
Desde 1960, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha documentado la migración interna en México a través de censos de población y vivienda. En el año 2000, el censo comenzó a identificar la entidad y municipio donde la persona vivía cinco años antes, y en el Censo de 2020 se registró también la causa de la migración en el cuestionario básico, por lo que el estudio respaldó la investigación en la migración por inseguridad delictiva o violencia.
Incidencia delictiva del fuero común
La incidencia delictiva fue analizada utilizando datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos no incluyen los delitos no denunciados, sino que se refieren a los delitos reportados por las autoridades de justicia de las entidades federativas.
Matriz de correlaciones de Spearman
El trabajo buscó analizar qué tipo de delitos están mayormente relacionados con la migración por inseguridad delictiva y violencia, en cada región minera (dato crucial 9). Para realizar la matriz de correlaciones se tomó la base de datos municipal con los datos de migración por inseguridad delictiva y migración de cada municipio, así como de la sumatoria del periodo de la incidencia delictiva de los delitos seleccionados para cada municipio (dato crucial 10).
Para realizar la matriz de correlaciones se agruparon las entidades federativas por regiones geográficas (norte, centro y sur). A su vez, se analizó para cada región la correlación entre la incidencia delictiva del fuero común y la migración por inseguridad delictiva y violencia utilizando el coeficiente de correlación de Spearman debido a que se trata de datos no paramétricos.
Resultados.
Vinculación entre migración y minería.
Con esta investigación se buscó evidenciar si hay una correlación entre el desplazamiento interno forzado y las actividades mineras, teniendo en cuenta las etapas de este proceso extractivo a nivel nacional (dato crucial 11).
La prueba ANOVA y la prueba de REGWQ confirmaron que las diferencias en las tasas entre las regiones mineras son estadísticamente significativas, lo que sugiere que las variables explicativas tienen un impacto significativo en la variabilidad de las tasas en dichas regiones. Esto significa que la información proporcionada por estas variables es más útil que simplemente usar la media para analizar las diferencias entre las tasas en las distintas regiones mineras.
Vinculación entre ocurrencias de delitos y presencia de actividades mineras.
La Región Norte del país, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas destacan por su alta tasa de emigración, especialmente en zonas con conflictos mineros. Aunque Tamaulipas también presenta tasas de migración significativas en territorios con intervención minera de distintos tipos, lo que sugiere que este fenómeno no necesariamente se debe a la minería en sí. Mientras que, la Región Sur se destaca la alta tasa de emigración provocada por la violencia, especialmente en zonas con actividades mineras como Michoacán y Guerrero. Además, en estos estados también se observan tasas significativamente altas en municipios con diferentes tipos de actividad minera.
La región conflicto minero presenta una alta correlación entre la actividad minera y distintos tipos de delitos, especialmente aquellos relacionados con la violencia. Es importante tener en cuenta estas correlaciones para implementar medidas de prevención y seguridad en las zonas mineras, así como para promover un desarrollo sostenible en los territorios no intervenidos aún para la explotación minera. También es relevante considerar las características geográficas y poblacionales de los municipios para comprender la distribución de la actividad minera y su impacto en la región (datos cruciales 12-15).
Por otro lado, los mejores municipios de control para contrastar los datos son aquellos con potencial minero, pero sin concesiones, proyectos o conflictos mineros. Los resultados muestran que en regiones con proyectos mineros hay correlaciones con ambientes violentos, como homicidio, secuestro, robo y lesiones dolosas. En áreas con conflictos mineros, las correlaciones son aún más altas con delitos como homicidio, robo, lesiones dolosas, narcomenudeo y secuestro. Esto sugiere que a medida que la actividad minera se intensifica en una región, aumenta la migración debido a la violencia e inseguridad.
A nivel nacional, las tasas más bajas de migración por estos motivos se encuentran en territorios con potencial minero, pero sin concesiones ni proyectos activos. En regiones con alta actividad minera, el desplazamiento forzado se incrementa significativamente, especialmente en áreas como Guerrero, Michoacán y Sinaloa (datos cruciales 16 y 17).
Conclusiones.
A pesar de la falta de datos oficiales sobre el DIF, se pueden identificar tendencias generales a través de indicadores alternativos. En este estudio se utilizó la emigración para investigar la incidencia delictiva y se observó una correlación entre este fenómeno y la conflictividad en regiones con proyectos de minería metálica. Se encontró que las áreas con conflictos por la minería tienen una mayor tasa de migración causada por violencia e inseguridad comparadas con aquellas sin concesiones mineras (dato crucial 18).
Notas:
* El Análisis de la Varianza (ANOVA) es una técnica estadística que se utiliza para comparar la media de tres o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. Este procedimiento de «reducción» funciona ordenando primero las medias de los grupos de menor a mayor.
* El coeficiente de correlación de Spearman es una medida no paramétrica de la correlación de rango (dependencia estadística del ranking entre dos variables).
1) A nivel mundial, la violencia ha cobrado una cifra de 100 millones de personas en condición de desplazamiento, de los cuales 53 millones son desplazados internos por conflictos y violencia, con Ucrania en primer lugar (8 millones), seguido de Siria (6.7 millones), Venezuela (4 millones) y Afganistán (2.6 millones).
2) Según el informe del índice de desplazamiento interno del Internal Displacement Monitoring Centre – una organización internacional no gubernamental que monitorea y proporciona información sobre el desplazamiento social - (IDMC por su sigla en inglés), México contaba aproximadamente con 456 000 desplazados internos a finales de 2020, de los cuales 78% (equivalente a 357 000 personas) están asociados a la violencia. Además, el impacto económico en este año equivalía a poco más de 132 millones de dólares.
3) Según el reporte mensual de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, informó que el incremento de la violencia en México llegó a su punto más alto en el año 2021 (considerando como punto de partida 2016). Demostrando que cerca de 44 905 personas fueron víctimas de desplazamiento interno en diez estados del país; además, se registraron cuarenta episodios de desplazamientos masivos o colectivos durante el mismo año.
4) El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado 301 proyectos mineros y 284 conflictos. Este observatorio ha documentado 264 casos de criminalización de la protesta, de los cuales actualmente la mayor parte se encuentra registrada en México con 58 conflictos; Chile con 49, y Perú con 46.
5) Para el año 2013, el autor Pérez en “Territorialidades contenciosas en México: El caso de la minería”, documentó al menos 103 conflictos relacionados con las actividades o potencial minero. Y en 2018, en el mapeo de conflictos sociales y medioambientales realizado por Guarneros y Zaremberg en Conversing with Goliath: Hemerographic Database on Conflicts in Mining, Hydrocarbon, Hydroelectric and Wind-Farm Industries in Mexico. (2019), con el proyecto Conversando con Goliat, señalan al menos 879 conflictos generados por la explotación de recursos naturales en México durante 12 años, de los cuales la minería ocupa el primer lugar con un estimado de 374 conflictos, derivados de 134 proyectos instaurados en el país.
6) La minería y la industria siderúrgica representan 8.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y 2.3% del PIB nacional.
7) Según el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2021, hay un total de 1190 proyectos mineros en 26 estados de México. Se destaca que 77% de las concesiones en el país han sido otorgadas por el Estado a empresas canadienses, incluso en áreas de reservas de la biósfera.
8) El mapa 1, la regionalización minera en municipios clasificados por: sin minería, potencial minero, concesión minera, proyecto minero y conflicto minero en el periodo 2015-2019. Se puede observar que la mayor parte concentrada con de la minería está en el norte de México, ya sea que existan concesiones mineras, proyectos mineros o conflictos. En sentido contrario, el sur del país presenta casi en su totalidad la ausencia de actividades mineras.
9) La tabla 1 representa los delitos considerados de alto impacto, en ella se puede ver de un lado las amenazas y las actividades de narcomenudeo.
10) La tabla 2 muestra la tasa de migrantes por violencia e inseguridad por 100 000 habitantes por región minera. En ella se puede observar que la Ciudad de México y Quintana Roo no tienen actividades mineras, pero tiene una alta migración, lo que demuestra una contradicción en las variables estudiadas en el presente trabajo. Por otro lado, está el de Guerrero que tiene altos niveles de concesión y proyectos mineros causando una mayor cantidad de migrantes, al igual que el estado de Michoacán, representadas por color rojo.
11) En el caso de la Región Centro destacan dos entidades en las que se desarrolla una importante actividad minera (Estado de México y Morelos). Se observan altas tasas de emigración en la fase de conflicto minero en el Estado de México (342.13 por 100 000 habitantes).
12) El mapa 2, muestra la tasa de migración por región minera, donde puede notarse que existen numerosas regiones con altos niveles de desplazamiento social ligadas a una alta actividad minera. Aunque, también es importante destacar que existen también diversas zonas sin información disponible, algo que representa un reto para los estudios y entidades gubernamentales si quieren mejorar el bienestar social.
13) La tabla 3, muestra los coeficientes de determinación de Spearman por tipo de delito y actividad minera en la Región Norte de México. En ella, se puede observar que el homicidio doloso con arma blanca y otros, robo de vehículo automotor de 4 ruedas sin violencia, robo a negocio con violencia y homicidio doloso con arma de fuego son los que tienen índices más altos. Sentido contrario al de robo casa habitación sin violencia, lesiones dolosas con arma blanca y otros.
14) La tabla 4, muestra Coeficientes de determinación de Spearman para la Región Centro de México, por tipo de delito y actividad minera. Se puede apreciar que pese a tener diversos delitos con importantes índices como feminicidios con arma de fuego, robo de vehículo automotor de 4 ruedas sin violencia y extorsión, existen dos en específico que se proyectan en niveles altos como el homicidio doloso con arma de fuego y robo a negocio con violencia.
15) La tabla 5, muestra Coeficientes de determinación de Spearman para la Región Sur de México, por tipo de delito y actividad minera. En ella puede notarse que los delitos con mayor índice son: homicidio doloso con arma de fuego, robo de vehículo automotor de 4 ruedas con sin violencia, robo a negocio con y sin violencia y finalmente, robo a casa habitación con violencia.
16) Conforme la actividad minera avanza, la tasa va aumentando: 103 personas en regiones concesionadas, 122 personas en regiones con proyectos mineros, y 131 personas migrantes por inseguridad en regiones con conflictos mineros.
17) En Guerrero, los municipios con proyectos mineros tienen la tasa más alta de migrantes por inseguridad en todo el país, con 728 personas por cada 100 mil. En Michoacán, los municipios con conflictos mineros tienen la segunda mayor tasa de migración por inseguridad, con 613 personas. En Sinaloa, la tasa promedio de migrantes por inseguridad en municipios con conflictos mineros es diez veces más alta que en municipios sin minería, con 429 personas. En Chihuahua y el Estado de México, la tasa es de 340 y 342 personas respectivamente en municipios con conflictos mineros, comparadas con apenas 37 en municipios sin minería.
18) De acuerdo con los datos analizados, aproximadamente 251 mil personas se vieron afectadas por la delincuencia y la violencia, lo que les llevó a considerar un desplazamiento forzado como una posibilidad.
Díaz, M. C. y Romo, R. (2019). La violencia como causa de desplazamiento interno forzado aproximaciones a su análisis en México. Consejo Nacional de Población, Secretaría de Gobernación, Fondo de Población de las Naciones Unidas
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Servicio Geológico Mexicano. (2021b). Regiones Mineralizadas. GeoInfoMex https://www.sgm.gob.mx/ GeoInfoMexGobMx/
Las corporaciones mineras no sólo llevan acabo actividades extractivas de recursos naturales y conllevan un impacto ambiental, sino que también están ligadas a la violencia que dañan y perjudican la calidad de vida de la población. Dejando claro que las relaciones que se den entre el capital privado y el estado, afectarán directamente a la sociedad mexicana en el caso del presente estudio.
