Lydia DePhillis es una historiadora y periodista, formada en la Universidad de Columbia. Se especializa en rastrear la economía estadounidense, sus políticas públicas, trabajadores y finanzas. Además de The New York Times, DePhillis ha colaborado con medios como The Washington City Paper, The New Republic, The Washington Post y The Houston Chronicle.

El actual gobierno de Estados Unidos busca actualizar sus regulaciones nacionales para limitar la emisión de hollín (Dato crucial 1). Grupos empresariales se oponen a la aprobación de reglas más estrictas, dado que advierten que "no quedaría espacio para nuevo desarrollo económico" en varios sectores del país (Dato crucial 2), aparte de que arriesgaría la recuperación manufacturera que la administración de Joe Biden ha intentado impulsar con otras leyes en favor de la acción climática. Esto no ha afectado a fábricas nuevas, dado que cuentan con sistemas de control de contaminación más efectivos. Por otro lado, defensores de la salud pública consideran que las muertes, enfermedades y pérdida de productividad causada por la contaminación del aire superan los costos por no disminuir las emisiones (Dato crucial 3).

Si bien las comunidades ubicadas en los centros industriales contaminantes están valorando concesiones, su cumplimento afrontaría retos federales (como la dinámica partidista) y locales (como la oposición o apoyo de las industrias de la zona). En el Estado de Ohio se presentan posturas destacables al respecto. En la ciudad de Columbus, en donde ha habido un auge de servicios profesionales como banca y seguros, la Comisión de Planificación Regional Mid-Ohio pidió a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) que se cortaran las emisiones de hollín permitidas, debido a los costos de salubridad y ambientales que traen a la zona. Al mismo tiempo, algunas y algunos habitantes de la ciudad de Ohio consideran que un aire más limpio sería una ventaja comparativa que atraería más residentes y negocios a la ciudad.

Mientras, en la ciudad de Cleveland -también en Ohio-, donde hay una alta concentración de producción metalera, química, de aviación y maquinaria, las opiniones enfatizan la necesidad de que el gobierno ofrezca incentivos y apoyo para que las regulaciones de emisión de hollín sean alcanzadas en una ciudad manufacturera como esta. Afortunadamente, el estado de Ohio cuenta con la Autoridad de Desarrollo de la Calidad del Aire y Estados Unidos, en general, dispone de mayor financiamiento climático que nunca, en toda su historia (Dato crucial 4).

Por otro lado, defensores y defensoras de la salud pública argumentan que los nuevos límites a las emisiones de hollín deberían ser implementados con independencia de la asistencia pública ofrecida para alcanzarlos (Dato crucial 5). Grupos como la Coalición para la Calidad del Aire del Valle Central exigen al gobierno restricciones más estrictas, con el fin de que las industrias obligatoriamente disminuyan sus emisiones.

En contraste, el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín, que incluye a cuatro de los condados más contaminados en Estados Unidos, advierte que podría haber sanciones federales devastadoras, si se acortan las emisiones de hollín permitidas. Por ejemplo, se teme que afecte el empleo en la agricultura a pequeña escala, sin el apoyo adecuado.

Si la EPA aprobara acortar las emisiones de hollín, también tendría que tomar medidas contra las fuentes de contaminación ubicadas en el marco de su jurisdicción: carreteras, barcos y aviones. Otros factores relevantes para que la decisión sea tomada son la mayor incidencia de niños y niñas con asma, a la par del tipo de empleo requerido en los centros industriales del país (Dato crucial 6). Por lo tanto, limpiar el aire del país dependerá tanto de esfuerzos federales como de los locales.