Alma Chapoy Bonifaz es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La autora nos describe el comportamiento del Estado mexicano ante la Inversión Extranjera Directa (IED). En 1979 Chapoy menciona que además de que los inversionistas de Estados Unidos señalaban la importancia de México como proveedor de petróleo a nivel mundial también lo veían como una oportunidad para realizar negocios.

Debido a las modificaciones en la legislación sobre inversiones del exterior, se estimaba un incremento de casi un ciento treinta por ciento de inversión extranjera directa para el año de 1982 tomando como base el año de 1979, principalmente de Estados Unidos, en las ramas de “turismo y en las industrias productoras de bienes de capital” (p. 26).

En ese tiempo dos eran los puntos que querían modificar tanto los inversionistas extranjeros como nacionales:

a) “El poder «discrecional» de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para autorizar expansiones o nuevas inversiones”; y

b) “La participación minoritaria de la inversión extranjera en el capital de las empresas” (p. 27).

Señala Chapoy que el segundo inciso lo veían los inversionistas extranjeros como el más difícil que se pudiera modificar. Sin embargo, debido a la presión que ejercieron los inversionistas extranjeros para cambiar la ley, estos mencionaban que la Comisión de Inversiones Extranjeras rebasaba su incumbencia y en base a eso lograron retirar de su cargo al Secretario Ejecutivo.

Fueron varios los puntos en que se modificaron las leyes de inversión extranjera: aminorar los reglamentos que limitaban la Inversión Extranjera Directa; cambio a la Ley de Patentes y Marcas; aprobar el Fomento Industrial en las Franjas Fronterizas, otorgando todas las facilidades a la industria maquiladora de Estados Unidos; otro tema fue el de las mexicanizaciones. Después de la devaluación de 1976 no llegaron las Inversiones Extranjeras Directas como se esperaba y no fue debido a una menor actividad de las empresas. Lo que señala Chapoy es que la manera en que obtenían financiamiento las empresas extranjeras era que “vendían parte importantes de su capital a accionistas mexicanos”. Estos recursos eran utilizados para comprar acciones de empresas mexicanas ya establecidas. Sin embargo, aunque el capital y la administración de las empresas fuera de inversionistas nacionales se dependería de las empresas transnacionales a “través de los contratos de tecnología de patentes y marcas y de otros medios entre los que destaca el control del comercio exterior” (p. 29).

Agrega la autora que el apoyo que otorgaba el gobierno mexicano a las empresas exportadoras financiando a través de bajas tasas de interés, beneficiaban principalmente a las empresas extranjeras.

Por último Chapoy menciona que la autoridad del Estado debe hacerse presente ante las grandes empresas de Estados Unidos. Sin embargo, la importancia y el abuso de las transnacionales lo imposibilitan para que se implementen las medidas idóneas para contrarrestar su poderío.