¿El uso de drones por parte de grupos de respuesta inmediata como los bomberos, rescatistas y policías debería ser regulado? ¿Cuáles son los límites entre la seguridad y la privacidad? Estas son algunas de las preguntas que guían los argumentos e ideas de este artículo de The Economist.

En primer lugar, se menciona que el uso de los drones ha permitido disminuir de manera significativa el tiempo y dinero que se ocupa en las operaciones de emergencia, por ejemplo, en la búsqueda y rescate de excursionistas perdidos.

A pesar de lo anterior, existe una creciente desconfianza sobre el uso de estos equipos para el cumplimiento de la ley y la protección de las personas. De hecho, se señala que en septiembre de 2017, la Comisión de Supervisión Civil del Alguacil de Los Ángeles, órgano ciudadano creado para supervisar al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD por sus siglas en inglés), detuvo el programa de drones de esta división, debido al proyecto secreto lanzado por este departamento para vigilar al condado privado de Compton. Tras las protestas de los residentes de Seattle, quienes también desconfían del uso de estos aparatos, en 2013 se canceló el proyecto de drones en este estado.

¿Por qué se ha incrementado el uso de drones por parte de los grupos de respuesta inmediata en Estados Unidos a partir de 2009? En el año 2000, el costo de los drones era bastante elevado y su diseño era exclusivamente para fines militares y de cumplimiento de la ley. Sin embargo, la disminución de su precio, su utilización por parte de aficionados y el relajamiento de las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) a partir de 2009 han propiciado el aumento de su utilización por parte de sectores policiacos, bomberos y equipos de rescate.

Estas divisiones deben tener registrados todos los equipos con los que cuentan y sólo tienen algunas restricciones para su uso. Por ejemplo, no los pueden usar en operaciones nocturnas (aunque se pueden solicitar exenciones especiales) o donde el operador pierda de vista al dron. Algunos estados han solicitado que dichas agencias tengan órdenes de registro para poder utilizar los drones con fines de vigilancia, no obstante, desde la perspectiva de algunas personas, esto podría afectar el monitoreo y seguridad en eventos públicos.

El artículo finaliza con la opinión de Gregory McNeal, profesor de la Universidad Pepperdine, quien considera que no es necesario tratar de manera distinta la información que las agencias policiales obtienen mediante los drones que la que consiguen por otros medios. McNeal piensa que los legisladores deberían proponer un límite de altitud para que las personas que cuentan con estos equipos puedan sobrevolar el espacio aéreo de sus casas (alrededor de 60 metros) y que la información sea borrada cada determinado tiempo.

En el artículo también se plantea que muchos de los drones utilizados por los grupos de respuesta inmediata en Estados Unidos son manufacturados por la empresa China DJI, la empresa más grande de fabricación de drones en todo el mundo.