La respuesta inicial de Gazprom fue que la denuncia de Unión Europea era infundada, insistió en que ya se rige por el derecho internacional y la legislación interna de los países en los que desarrolla su actividad y argumentó que la controversia debe ser resuelta a nivel gubernamental: desde 2012 el gobierno de Putin prohibió a las empresas estratégicas entregar información y obedecer las órdenes de los reguladores extranjeros. La empresa tiene 12 semanas para responder a los cargos sea por refutación, concesión o ambos. Si no logra una solución, la siguiente etapa es la ejecución, que puede significar una multa de 1.1 mil millones de dólares o más (teóricamente es hasta el 10% de sus ventas), y cambios en su modelo de negocios por mandato legal. La opción más arrogante sería ignorar a Unión Europea. Eso trae penas y también posibles demandas de clientes que recibieron facturas sobrecargadas, señala Alan Riley, profesor de derecho británico. Otra opción es montar desafíos legales incluyendo los que abogan el abuso de los derechos de propiedad. Desde el punto de vista geopolítico, Rusia lanza iniciativas como vender más gas a China y crear un gasoducto hasta la frontera con Turquía y Grecia, presionando a Unión Europea, cuya situación en este terreno ha mejorado mediante el mejoramiento del almacenamiento, establecer ligas entre el norte y el sur del continente; incluso se contempla recibir importaciones desde Estados Unidos. Cerrar las llaves del gas para castigar a Unión Europea parece poco probable, ya que Rusia está perdiendo cuota de mercado en Europa, y no se puede dar el lujo de tratar mal a sus clientes o poner en peligro sus ingresos de 40 mil millones por exportaciones de gas.