La capital comercial de Sudáfrica, Johanesburgo, o Jozi, como la llaman los lugareños, es conocida por atracos y robos a mano armada. Bussiness Against Crime, una asociación de empresas paga por cientos de cámaras de CCTV, y por el personal para monitorear y alertar a la policía de los crímenes. Los empresarios sudafricanos están lejos de estar solos en su preocupación por el crimen, ya sea en contra de sus clientes, empleados o propiedad. Según el Banco Mundial, 17% de todas las corporaciones (de una encuesta global de 135 mil corporaciones) considera el crimen como una “restricción importante”. En Brasil o Costa de Marfil se acerca al 70%. En El Salvador y Kenia, 4 de cada 5 empresas pagan servicios de seguridad privada. Una encuesta realizada en México reveló que las pequeñas empresas gastan 6% de sus ingresos en seguridad privada, el doble que hace una década. Sergio Tobón, director de Proantioquia, afirma que en los barrios de Medellín (Colombia) las compañías que distribuyen sus productos son víctimas del crimen, y las pérdidas se estiman entre 8 y 15%.

En regiones verdaderamente sin ley, afirma The Economist, la solución más sencilla es que las empresas se mantengan alejadas o contraten ejércitos privados. En lugares pacíficos, ayudan a mantener el orden a un lado: proporcionan empleos, pagan impuestos y son buenos ciudadanos corporativos. Proantioquia financia la investigación de las mejores formas de combate al crimen organizado. En Monterrey, un gran centro industrial cerca de la frontera de México con Estados Unidos, grandes empresas locales conocidas como “el grupo de los diez” abogaron por la reforma de la policía estatal corrupta, que había dejado prosperar a los delincuentes en la región. Estas empresas ayudaron a pagar por una mejor capacitación de la policía y presionaron para obtener mejores salarios y beneficios más altos para los nuevos reclutas.

En Ferguson, Missouri, negocios locales como Emerson Electric y Centene, se apresuraron a abrir oficinas y emplear a locales después de las protestas policiales. La idea era apagar la ira popular antes de alimentar la violencia. Después de un aumento en los asesinatos en 2016 en la ciudad de Chicago, las compañías con una presencia allí, como Allstate y Boeing reunieron 40 millones de dólares para ayudar a detener la violencia con armas de fuego, por ejemplo, pagando terapia y capacitación laboral para jóvenes vulnerables. El banco JPMorgan Chase ha canalizado 150 millones de dólares para rehabilitar partes de Detroit y ahora está contribuyendo a los esfuerzos en Chicago. En Chicago, AT&T abrió un centro de llamadas y contrató a 400 trabajadores de los distritos más desolados de la ciudad para fomentar las oportunidades económicas. En 2018, el gran lobby de México, el Consejo Coordinador Empresarial, calificó a la violencia como el “mayor obstáculo” para la actividad económica. El Sr. Tobón dice que las empresas en Medellín pagan para capacitar a ex guerrilleros para trabajos civiles por la misma razón.

Max Kapustin de la Universidad de Chicago estima que cada asesinato expulsa a 70 residentes de una ciudad como la suya. Las empresas se benefician directamente de la lucha contra el crimen. ShotSpotter ha instalado micrófonos en las calles de 100 ciudades estadounidenses para ayudar a la policía a identificar dónde y cuándo se disparan las armas. LoJack rastrea coches robados. Agencias de detectives como Pinkerton y consultores como Control Risks asesoran a multinacionales sobre seguridad. En México, la protección corporativa es un gran negocio, con 2 000 compañías reguladas y una facturación de 1.5 mil millones de dólares en 2016. Y un agregado de 8 mil empresas informales y 500 mil guardias combinados superan en 80% el número de las Fuerzas Armadas de México. Otras empresas ven sus esfuerzos contra la delincuencia como una herramienta para atraer y retener a los trabajadores. Los trabajadores anhelan actividades más significativas y disfrutan el voluntariado con grupos contra el crimen.

Las empresas no pondrán fin al crimen organizado. Al final, la seguridad pública es responsabilidad de los gobiernos. Aun así, hasta que las buenas políticas hagan que el diezmo adicional de las empresas sea innecesario, es mejor verlo como un tipo de inversión especulativa en ideas que, si tienen éxito, beneficiarán a todos.