Debido al plan de defensa estadounidense de la década pasada, cuya preocupación central radica en el riesgo de disturbios civiles producidos por eventos catastróficos vinculados al cambio climático, golpes energéticos, crisis económicas o la combinación de las mismas, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han conformado un sistema de vigilancia con acceso a las grandes plataformas tecnológicas y sociales como Facebook, Google, Microsoft y Apple.

En 2013 se llevó a cabo un cambio dentro de las fuerzas armadas estadounidenses, el cual permite al Pentágono intervenir durante momentos de emergencia nacional o disturbios sociales, cabe añadir que los momentos de emergencia engloban todo tipo de desastres naturales. En 2008, la estrategia del Departamento de Defensa para la modernización del ejército, describió la llegada de una nueva era de constante conflicto debido a la disputa por mercados y recursos naturales. Además, anticipó el surgimiento de ideologías radicales contra el estado que amenazarían la estabilidad interna.

También durante 2008, un documento del Instituto de estudios estratégicos de la Armada estadounidense, previno que el acontecer de varias crisis domésticas desencadenarían disturbios civiles a gran escala. Ello podría acabar con el orden político y legal, abriendo paso a la insurgencia o a resistencias domésticas. En este escenario el Departamento de defensa se vería obligado al uso de fuerza militar contra grupos hostiles en Estados Unidos.

En un estudio más detallado realizado en 2010 por el Comando de fuerzas conjuntas, en el cual se expuso la visión definitiva del ejército estadounidense para tendencias futuras y posibles amenazas globales, se establece que el cambio climático pondrá en riesgo la seguridad estadounidense si la catástrofe ocurre durante un momento de fragilidad económica, o si inhabilita infraestructura militar estratégica. En el mismo año, el Pentágono exploró las consecuencias en el suministro de alimentos y servicios esenciales para mantener el orden durante un desplome económico a gran escala.

Según expone el Fondo de asociación para la justicia civil (PCJF, por sus siglas en inglés) el Departamento de seguridad nacional publicó documentos en abril de 2019, que señalan un intento sistemático por parte de la propia agencia para vigilar e interrumpir manifestaciones pacíficas vinculadas a Occupy Wall Street. De manera similar, documentos del FBI hacen gala de una unión estratégica entre las dos anteriores organizaciones y el sector privado para gestionar inteligencia que sirva de protección a la comunidad de seguridad corporativa.

Por lo que no es sorpresa que el auge en la privatización de la inteligencia coincida con la proliferación de atentados contra activistas políticos. Particularmente han sido blanco de estos ataques activistas medioambientales que se manifiestan en contra del fracking. En Reino Unido está el caso del policía encubierto Mark Kennedy, que revela la vigilancia que mantienen dependencias gubernamentales en el movimiento medioambiental.

A esto se le añaden corporaciones como McDonald's, Nestle y Shell, las cuales emplean métodos encubiertos para recabar información sobre grupos activistas, a manera de contrarrestar sus críticas y salir bien librados. Además que el caso Kennedy tan sólo es la punta del problema, debido a que documentos policiales obtenidos por The Guardian en 2009, muestran que a estos grupos se les ha categorizado como extremistas, cuyo objetivo es la infraestructura nacional, como parte de una estrategia más amplia.

El Pentágono está consciente de que las distintas crisis como la ambiental o la económica dentro del contexto en el que se lleva a cabo la dinámica actual de los negocios, causa una molestia generalizada contra el gobierno, y por tanto las sociedades occidentales se convierten en potenciales enemigos que deben ser vigilados a la cercanía.