Pedro Ramiro es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Desde el año 2005 forma parte del Observatorio de Multinacionales en América Latina, del cual es actualmente coordinador.

Juan Hernández Zubizarreta es Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y profesor del Departamento de Derecho de la Empresa en dicha universidad. Actualmente es Miembro de Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

La actual condición sistémica del mundo capitalista alberga condiciones potenciales que podrían desembocar en la instalación de un régimen neofascista. No se trata de una amenaza futura, sino de indicios que existen en el presente y que son palpables ya.

Tal como consideran los autores, estamos ante la gestación de una crisis civilizatoria en la que se intercalan tanto la desarticulación de las mediaciones institucionales del sistema democrático-liberal como la supresión de las limitaciones que impiden al capital y a las empresas transnacionales impulsar otro largo ciclo de crecimiento económico.

Esto no es nada nuevo, pues con la llegada del neoliberalismo durante los años ochenta del siglo XX se estableció una especie de constitución económica que incluía la mercantilización, la privatización y la financiarización como ejes articuladores de una economía basada en la acumulación por despojo y en las gigantescas transferencias de recursos desde las mayorías sociales hacia las élites político-empresariales. Todo esto con las consecuentes restricciones a los poderes ejecutivos y legislativos, así como el sometimiento de la voluntad popular al sistema económico capitalista.

Sin embargo, frente a un escenario actual en el que existen cada vez más impedimentos para lograr tasas de crecimiento continuas, aunado a una competencia exacerbada en el mercado internacional, los entes privados y el poder corporativo necesitan aumentar sus beneficios para no quebrar o ser absorbidas por otros, situación por la cual necesitan aumentar su capacidad para lograr una mayor valorización en el proceso de reproducción del capital.

Este es el trasfondo del desmantelamiento de todos aquellos sistemas jurídicos que impiden incorporar nuevas áreas de negocio a la lógica mercantil, al mismo tiempo que abren nuevos espacios de poder y arquitecturas institucionales que se alejen cada vez más de los principios democráticos. O lo que es lo mismo, un recrudecimiento en la manera de ejercer el poder. Si antaño se hablaba del fascismo como una forma que buscaba una supresión total de los derechos y libertades, y de un ataque generalizado a la disidencia, hoy en día asistimos a una serie de sucesos en los que no queda del todo claro si se tratan de un mero exceso antidemocrático, una desviación temporal o de una tendencia hacia algo mucho más complejo, institucionalizado y generalizado.

Fenómenos como los relacionados con la política de exterminio contra población palestina en Israel; la política de esterilización implementada en Bulgaria contra la población gitana; los miles de asesinatos que ha ocurrido en México entre 1997 y 2018; la segregación de millones de personas en zonas conurbadas que se asemejan a campos de concentración; el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos y Europa que conlleva la detención de miles de personas, la violación a los derechos de niñas y niños, así como la muerte y desaparición de miles de migrantes, son hechos que no pueden calificarse como aislados, y que por el contrario, apuntan a una lógica sistemática de reconfiguración de quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos.

Pese a que las instituciones representativas del modelo liberal y las instituciones jurídicas del estado de derecho persisten, pareciera ser que los fenómenos mencionados párrafos arriba se amoldan al desarrollo de una nueva dinámica global que se caracteriza por situar a la muerte como eje central de la gestión económica y política. Se trata del necrocapitalismo como categoría global que hace de hombres, mujeres y niños simple material de desecho.

Este avance de un autoritarismo extremo abarca prácticas que afectan la configuración propia de los derechos humanos, al categorizar a las personas mediante prácticas racistas, heteropatriarcales y tratamientos excepcionales. Al mismo tiempo, abarca la destrucción en bloque de los derechos de personas, pueblos y naturaleza; ya sea mediante el caso de la crisis climática, la destrucción de los ecosistemas o la persecución y eliminación de segmentos de la población como en el caso de los feminicidios y disidentes de género. Así como las afectaciones al núcleo central de los derechos colectivos con los ejemplos bien conocidos de precariedad y flexibilización de los derechos laborales, trabajo infantil, trabajo esclavo o la expropiación y expulsión de millones de personas mediante el acaparamiento de tierras y recursos naturales.

Todo este panorama configura un escenario de transición hacia un modelo neofascista que se caracteriza por la confluencia entre necropolitica y prácticas totalitarias; hacia la destrucción del sistema internacional de derechos humanos y a la redefinición de lo que se entiende por democracia. Esta nueva etapa en la que se cimienta una arquitectura político-económica impulsada desde el poder corporativo y que tiene en el Estado a un actor que se mueve entre la complacencia y complicidad, más que coyuntural, pareciera que llegó para quedarse.