Matt Sandy es un periodista británico independiente que actualmente reside en Rio de Janeiro, Brasil. Uno de sus proyectos mas recientes es un artículo para la revista Time sobre el futuro del Amazonas. Durante el 2011 fue galardonado como periodistas joven del año durante la celebración de los Press Awards, en Inglaterra.

El primer año de gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil ha significado una catástrofe ambiental para una de las defensas más importantes contra el cambio climático: la Amazonía.

De acuerdo con datos de la Agencia espacial brasileña, desde enero del año 2019 han sido arrasadas 985 000 hectáreas del bosque tropical más grande del mundo, una extensión cercana al tamaño de Líbano. Esta es la pérdida más grande de bosque que Brasil ha experimentado en una década.

Con la promesa de abrir el bosque tropical a la explotación industrial y disminuir su protección, Bolsonaro puso en marcha programas de recorte de personal y de socavamiento de la aplicación de las leyes ambientales con la finalidad de eliminar las denominadas “trabas” que estaban “asfixiando al país”, particularmente las relacionadas con la política ambiental que contribuyeron a que se redujera la deforestación en 83% entre los años 2004 y 2012. Bajo esta premisa, sectores relacionados a la agroindustria, la ganadería y la minería, encontraron en el presidente Bolsonaro a un aliado indiscutible que comparte por igual el desprecio por los trabajos de conservación, así como la visión de la Amazonía como un espacio que durante siglos ha venido proporcionado recursos naturales como árboles de caucho, minerales y tierra fértil.

Aunque la deforestación empezó a crecer de manera importante desde el 2014, año en que la recesión económica fungió como un elemento central que incentivó la búsqueda de nuevas tierras para explotar por parte de ganaderos y leñadores, los incendios de principios de 2019 adquieren un tenor diferente. Para Marina Silva, ministra del medioambiente entre los años 2003 y 2008, es la primera vez que la deforestación y los incendios ocurren gracias al discurso y a las actividades provenientes del gobierno federal. Esta misma narrativa también es compartida por algunos ambientalistas, los cuales acusan que gran parte de la crisis de incendios generados a principios del año son consecuencia directa de la serie de despidos en el principal órgano regulador ambiental del gigante sudamericano, el Instituto brasileño del medioambiente y de los recursos naturales (Ibama).

Sin embargo, aunque la tendencia de deforestación e incendios registró un aumento significativo durante 2019 (30% más con respecto a 2018), gran parte de la responsabilidad también recae en la dinámica que sostienen la agroindustria y la demanda de productos agrícolas proveniente del extranjero. Durante los últimos años la agroindustria adquirió una importancia significativa, tanto en lo político como en lo económico, pues actualmente representa una cuarta parte del PIB brasileño. Con una exportación de quince millones de toneladas de soya, gran parte de ella a China, y un equivalente de 6 000 millones de dólares en exportaciones de carne de res, estas industrias han encontrado en el nuevo gobierno la complicidad para desplegar un proceso de desmantelamiento del bosque tropical mediante acciones que rayan en lo opaco, lo ilegal y lo violento.

Ante un panorama de incendios que se espació rápidamente a través de las redes sociales y medios de comunicación, la comunidad internacional, particularmente Francia, Noruega y Alemania, alzaron la voz contra la reticencia mostrada por Bolsanaro para actuar en favor de controlar los cerca de 80 mil incendios que de acuerdo con cifras del gobierno han venido ocurriendo desde principios de año. Los amagos de frenar un acuerdo comercial por parte del país galo, así como la suspensión a la contribuciones para proteger el bosque tropical, fueron algunas de las medidas de presión implementadas contra un jefe de estado que continúa viendo a la Amazonía como un recurso que puede ser explotado.

Las criticas también provinieron del interior mismo del país sudamericano, tales como las de Blairo Maggi, productor de soya multimillonario y ex ministro de Agricultura, quien consideró que la afectación de la imagen del país podría tener un impacto significativo en las empresas brasileñas. Para él, “el gobierno tiene que ajustar su discurso a lo que el mundo desea”.

Con todo, el gobierno brasileño continúa dando muestras erróneas sobre la necesidad de atender el problema de manera puntual. Las declaraciones de Jair Bolsonaro sobre la supuesta responsabilidad de actores como Leonardo Dicaprio en la generación de incendios, al igual que la incapacidad del actual ministro de medioambiente, Ricardo Salles para esbozar un programa de acción que apunte hacia la reducción de la tala ilegal y la minería, son señales de que la protección de la Amazonía no se está tomando con la seriedad que debiera ser.

Mauricio Voivodic, del World Wide Fund for Nature Brasil, ha advertido que de continuar con el ritmo actual de deforestación, el próximo año podría registrase un retraso de treinta años en términos de protección de la Amazonía. Pero no solo eso. Una consecuencia aún peor implicaría el acercarse a un punto de no retorno en el que la mayor parte del bosque tropical podría convertirse en una sabana, situación que podría alcanzarse cuando la deforestación de la cuenca amazónica aumente a un 20 o 25%. Aunque no existen cifras concretas sobre el grado de deforestación, algunos cálculos arrojan que ya se ha perdido cerca de 17% del bosque.