Mónica Vargas es investigadora del proyecto Poder Corporativo integrado en el programa del Transnational Institute. Su línea de investigación es el estudio de los efectos de las empresas transnacionales europeas en América Latina.

El artículo de Mónica Vargas analiza los efectos del libre comercio y las inversiones extranjeras en México desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Se enfoca en los impactos ecológicos y sanitarios de los denominados “paraísos industriales”, así como en los casos de violaciones de derechos humanos y colectivos registrados por la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México”.

Tras los paraísos industriales

Vargas indica que el impulso inicial de la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México” se debió al apoyo de la Asamblea Nacional de Afectado/as Ambientales de México (ANAA) y del Equipo de Poder Corporativo del Transnational Institute (TNI). La ANAA es una red de 130 organizaciones indígenas, campesinas, sindicatos y ONG sobre conflictos de justicia social y ambiental en México; el TNI reivindica la soberanía de los pueblos e impulsa el desmantelamiento del poder corporativo.

El objetivo de la Caravana fue visibilizar los efectos del libre comercio y la presencia de empresas transnacionales en México, prestando particular atención a los denominados paraísos industriales. Por paraíso industrial se entiende “un espacio atractivo para las inversiones debido a la falta de cumplimiento de las normas sociales, laborales y ambientales más básicas” (s/p).

Vargas afirma que gracias al TLCAN, México es utilizado por Estados Unidos y Canadá para externalizar los impactos socio-ambientales de sus economías. El tejido social mexicano fue sometido a un proceso de destrucción de identidad para imponer un modelo extractivo, productivo y de consumo acorde a los intereses de las transnacionales. Al mismo tiempo, dicho proceso estuvo acompañado con el desastre de la denominada “guerra contra el narco”. Entre 1997 y 2018 se estima que 400 mil personas murieron en relación a conflictos del crimen organizado.

El recorrido de la Caravana involucró visitas de campo a seis regiones del país: Cuenca del Río Santiago (Jalisco); Cuenca de la Independencia (Guanajuato); Valle del Mezquital (Atitalaquia, Atotonilco, Tula y Apaxco), Hidalgo y Estado de México; Cuenca del Río Atoyac-Zahuapan, Tlaxcala; Puebla; y norte del Istmo de Tehuantepec, Veracruz. La documentación de cada visita registró los impactos sanitarios y ecológicos de los corredores industriales gestados durante el libre comercio.

Infiernos ambientales para los pueblos

Una de las conclusiones de la Caravana fue que la ley mexicana permitió la autorregulación ambiental de las empresas con la finalidad de atraer nuevas inversiones. No existe seguimiento alguno del impacto sobre la salud de las poblaciones cercanas a industrias de alto riesgo, agroindustria y operaciones extractivas.

Se evidenció que los corredores industriales son zonas de sistemática contaminación del suelo, el aire y el agua. Asimismo, según Vargas, existen pruebas suficientes para asociar el desarrollo de las actividades de las transnacionales en dichas zonas con la manifestación de enfermedades como cáncer, leucemia, mutaciones genéticas y otras.

El gobierno mexicano no ha visibilizado las consecuencias catastróficas de las industrias transnacionales y ha ignorado las demandas de las comunidades afectadas. Por su parte, los gobiernos de las empresas extranjeras no prestan ninguna atención al modo de operación de sus industrias ni vigilan la garantía de los derechos humanos, laborales y ambientales.

A propósito de la actual pandemia de Covid-19 se han encontrado datos que manifiestan una tendencia similar. La Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de salud estimaron que 78% de las muertes por Covid-19 se concentraron en regiones con características similares a las recorridas por la Caravana, es decir, zonas de paraísos industriales. La situación de vulnerabilidad está directamente vinculada con el deterioro del sistema inmunológico de los habitantes.

Vargas menciona algunas conclusiones preliminares según la base de datos elaborada por miembros de la ANAA.

1) Cuenca Lerma-Chapala-Santiago: región de emplazamiento de zonas industriales, manufactureras, urbanas y agropecuarias. Cuenta con más de 70 empresas transnacionales, entre ellas Nestlé, Danone, Huntsman, Forbo Siegling, Omya y Hella Automotive. Desde el año 2000 se organizaron denuncias para la investigación del impacto de los corredores industriales en la salud de la población. En 2011 el Instituto mexicano de tecnología del agua comprobó la presencia de mil 90 contaminantes y evidenció el incumplimiento de descargas de contaminantes en 94% de las industrias. En 2019 se hizo público un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que indicó la presencia de arsénico, cadmio, mercurio, plomo y benceno en los niños y niñas de la región.

2) Cuenca de la Independencia: las comunidades del norte de Guanajuato denunciaron los impactos de la agricultura de exportación, principalmente, la perforación de más de 3 mil pozos profundos que extraen millones de metros cúbicos de agua al año; el uso intensivo de agroquímicos que contaminan los suelos y el agua; y el padecimiento de problemas de salud por la presencia de fluoruro y arsénico en el ambiente. De igual manera, se denunció la explotación laboral que emplea de forma temporal y precaria a las personas provenientes de comunidades indígenas.

3) Valle del Mezquital: región con las 8 principales fábricas de cemento y cal en el país, entre ellas la transnacional francesa Lafarge-Holcim. El funcionamiento de estas industrias requiere extracción minera a cielo abierto y transformación industrial del material con altas temperaturas. Además de la emisión de contaminantes, se incinera basura y residuos industriales en hornos de cemento que utilizan neumáticos y otros productos químicos. Como consecuencia de ello, los campos agrícolas de la región están cubiertos de dioxinas y furanos.

4) Cuenca del Río Atoyac-Zahuapan: con el TLCAN aumentó la inversión de capital estadounidense y alemán, particularmente, entre 2011 y 2016 creció 60% el sector automotriz. Aunque los corredores industriales se construyeron bajo la promesa de generación de empleo, la realidad es que la industria manufacturera en Puebla y Tlaxcala representa 16% de los puestos de trabajo. Por otra parte, las comunidades reportaron con informes de CONAGUA y CNDH la presencia de contaminantes (mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cobre, cromo, entre otros) en el río.

5) Puebla: se denunció la sobreexplotación de los acuíferos y altos niveles de contaminación por la industria manufacturera, automotriz, porcina y minera. De igual modo, se denunció el despojo de tierras por causa de la implementación de megaproyectos como granjas de cerdos, agroindustria de exportación, minería a cielo abierto y parques eólicos.

6) Norte del Istmo de Tehuantepec: se recorrieron complejos petroquímicos de Coatzacoalcos donde en 2016 hubo una explosión en que murieron 32 trabajadores y 300 mil habitantes de las comunidades fueron afectados por cenizas con alto contenido de dioxinas y furanos policlorados. Se trata de una región con muchos ductos de fósiles industriales con constantes explosiones y derrames en el área de Nanchital.

Avances en México

Se dieron avances significativos en reuniones entre la Caravana y la SEMARNAT. La primera reunión del 11 de diciembre de 2019 se dio a conocer los resultados al secretario de Medio ambiente y se informó al presidente. El 21 de enero de 2020 fue la segunda reunión y se presentaron 12 propuestas con compromiso de la SEMARNAT para elaborar programas de restauración ecológica. El 3 de marzo DE 2020 fue la tercera reunión de diálogo con otros sectores gubernamentales como la Secretaría de salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Procuraduría de protección al ambiente y la Comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios; también se acordó la creación de un grupo de coordinación interinstitucional para la solución de problemas de contaminación y salud en las regiones de emergencia ambiental. El 6 de mayo de 2020 fue la cuarta reunión que resaltó la vinculación entre la salud ambiental y la salud humana y, particularmente, los riesgos significativos de la pandemia en los habitantes de las seis regiones observadas. El 6 de julio de 2020 se propuso una quinta reunión.

Tareas pendientes

Las comunidades afectadas y las organizaciones internacionales involucradas en la Caravana están preparando informes para el levantamiento de denuncias internacionales. Se impulsan actividades de difusión pública en el exterior y se proyecta una presentación ante la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) en Ecuador con motivo de la resistencia frente al libre comercio.

Finalmente, las organizaciones participantes en la Caravana promueven redes de solidaridad con las comunidades afectadas. El objetivo último es, concluye Vargas, luchar eficazmente contra la impunidad corporativa.