Sobre los autores

Darren Byler es investigador postdoctoral en el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Colorado, Boulder, donde estudia la tecnología y la política de la vida urbana en Asia Central de China y alrededor del mundo. Ha escrito para Logic, The Guardian y ChinaFile entre otras publicaciones.

Carolina Sanchez Boe es doctora en sociología y antropología por la Universidad de París Descartes, donde es investigadora asociada. Su proyecto Fronteras sin bardas y confinamiento sin muros: nuevos enfoques para el control de la migración a través de brazaletes electrónicos es financiado por la Fundación Danesa de Investigación y se centra en la antropología del confinamiento y el control de la migración en forma de deportación, cárceles, monitoreo electrónico y reconocimiento facial, principalmente en Estados Unidos y Francia.

En el noroeste de China, cerca de 1.5 millones de musulmanes chinos han sido internados en “campos de reeducación”. Una de ellas, Gulzira Aeulkhan fue acusada de “extremismo” e internada en uno de estos campos por más de un año después de que las autoridades chinas descubrieran que había visto un programa de televisión turco en el cual algunos actores usaban hijabs. Para el gobierno chino, Gulzira habia sido “infectada con el virus” del islamismo lo que eventualmente la llevaría a cometer actos de terrorismo, motivo por el cual la encerraron.

Después de haber permanecido detenida por más de un año, Gulzira fue “liberada” en octubre de 2018 y asignada para trabajar en una fábrica cercana donde después de pasar largas horas detrás de una máquina de coser, dormía en un dormitorio rodeado de puestos de control equipados con tecnología de reconocimiento facial para rastrear sus movimientos y obtener datos personales de su teléfono, que debía llevar consigo en todo momento. Su salario, de 50 dólares al mes, es una sexta parte del salario mínimo legal en esa región.

El caso de Gulzira es tan solo uno entre muchos otros víctimas del “capitalismo terrorista” que justifica la explotación de poblaciones subyugadas alrededor del mundo, a las que define como terroristas potenciales o amenazas a la seguridad. Es un fenómeno global que genera ganancias de tres formas interrelacionadas. Primero, a través de lucrativos contratos estatales con corporaciones privadas para construir y desplegar tecnologías para la gestión y la vigilancia de poblaciones y grupos específicos. Después, usando grandes cantidades de información biométrica y de redes sociales, estas empresas perfeccionan sus tecnologías para luego vender versiones de estas a otros estados e instituciones, como escuelas. Finalmente, esto convierte a estos grupos en una fuente de mano de obra barata, a través del estigma o la coerción directa.

Entre los grupos sometidos a este tipo de prácticas se encuentran pueblos sin estado, como los bengalíes en el noreste de la India y los palestinos. Suelen ser casi siempre poblaciones minoritarias o refugiados, en especial musulmanes. Si bien, el sistema chino es único por su escala y crueldad, el capitalismo terrorista es una invención estadounidense que ha echado raíces alrededor del mundo.

En China, el objetivo del capitalismo terrorista son gran parte de los 15 millones de uigures y otros grupos musulmanes de la región. Forzar a estos grupos a trabajos mal pagados se traduce en una reducción de los puestos de trabajo que se desplazan a Vietnam o Bangladesh. Las compañías que han desarrollado esta tecnología policial en China ahora la están vendiendo a departamentos de policía y gobiernos provinciales en Zimbabwe, Dubai, Kuala Lumpur y Filipinas entre otros.

Mientras tanto, en Europa y Estados Unidos, las herramientas de vigilancia capital-terrorista han colocado a centenares de musulmanes en listas de vigilancia como parte de programas contra la violencia extremista. En Estados Unidos, las medidas de control migratorio instrumentadas a partir del 9/11 han allanado el camino a un sistema que monitorea y controla a los solicitantes de asilo que entran por su frontera sur a través de un sistema de seguimiento por GPS, similar al utilizado en el noroeste de China. Los solicitantes de asilo, después de permanecer un tiempo en centros de detención son obligados a usar un brazalete de localización por GPS en el tobillo. El estigma asociado al brazalete de localización les obliga a conseguir empleos mal pagados y les ocasiona heridas y cicatrices. Además, en los últimos dos años los solicitantes se les ha obligado a someterse a chequeos semanales de datos biométricos a través de una aplicación llamada SmartLink que tienen que instalar en su teléfono, los cuales deben de estar encendidos todo el tiempo y con el GPS activado. Incluso, en algunos casos, las claves de acceso a su correo electrónico y sus redes sociales son requeridos por las autoridades.

Por medio de la aplicación SmartLink se controlan a 21 712 inmigrantes. La aplicación fue desarrollada por BI Incorporated, una compañía que se dedicaba a diseñar brazaletes monitores GPS. Actualmente BI es subsidiaria de Geo Group, una de las más grandes compañías de servicios privados de detención y prisión, que se ha visto favorecida por la expansión de las poblaciones de detenidos y prisioneros en las últimas cuatro décadas. La aplicación funciona a través de empresas de telecomunicaciones como Sprint y Verizon y el seguimiento del movimiento es proporcionado por Google Maps.

La justificación de estos nuevos regímenes de vigilancia nació con la “Guerra global contra el terror”, declarada por G.W.Bush en 2001, al igual que las primeras versiones de las tecnologías policiales que ahora se usan de forma global. Este nuevo paradigma comenzó en Irak, donde la guerra contrainsurgente exigió una suspensión de los derechos humanos, permitiendo a los invasores identificar y rastrear los movimientos, actividades en línea, redes y estados de ánimo de los iraquíes. China siguió el ejemplo, con la declaración de la “Guerra popular contra el terror” en 2014.

En la opinión de un actual empleado de Microsoft, quien además fue uno de los primeros inversores en una etapa temprana de AnyVision, una compañía israelí de tecnología de vigilancia que ha usado el reconocimiento facial para monitorear a los palestinos en Cisjordania, “Las empresas utilizan la vigilancia para disciplinar a los trabajadores. La policía utiliza la vigilancia para reforzar el racismo sistémico y perpetuar el encarcelamiento masivo. Los estados utilizan la vigilancia para hacer cumplir las lógicas fronterizas y el estado opresión. La vigilancia, como concepto, no es neutral, siempre se trata de control”.

Debido a que el capitalismo terrorista es producto de la imbricación entre el poder estatal y compañías tecnológicas, como Microsoft, Google, Hikvision y SenseTime, su combate requiere no sólo un público empoderado, sino también de gente dentro de los gobiernos y las empresas de tecnología para resistir estas formas nocivas de vigilancia. Afortunadamente, ha comenzado un movimiento ascendente entre los trabajadores de estas compañías, desde Seattle hasta Hong Kong, contra la complicidad de sus patrones con el capitalismo terrorista. Junto a ellos se debe de obligar a estas empresas a abandonar la asociación con estos estados.