La noche del 4 de septiembre, la organización Extinction Rebellion (XR, por sus siglas en inglés) bloqueó el acceso a tres imprentas de Rupert Murdoch’s News en Reino Unido, ocasionando así, el descontento de periódicos, ambientalistas y del propio primer ministro de aquel país, Boris Johnson, quien propuso que XR debería ser clasificada como un grupo del crimen organizado, “lo cual sometería a los activistas a una vigilancia típicamente reservada para la mafia”.

Extinction Rebellion cobró importancia el año pasado ya que logró, tras una serie de protestas, que el Parlamento británico declarara una “emergencia climática”. No obstante, The Economist argumenta que, a partir de entonces, ha sido complicado para la organización mantener su influencia debido en parte a “fuerzas más allá de su control” como la pandemia ocasionada por la Covid-19.

Esta última situación, aunado a conflictos de la organización interna del movimiento como las jerarquías, los grupos internos y la disputa sobre las tácticas, llevo a algunos miembros de Extinction Rebellion a abandonar el movimiento. Asimismo, la falta de donaciones devino en la descentralización y dispersión de la organización, al tomar los grupos locales mayores responsabilidades.

Dos hechos notables fueron el reemplazo de los directores de Compassionate Revolution, la compañía a cargo de las donaciones de XR, y la salida de la organización de Roger Hallam, uno de los co-fundadores del movimiento y ex líder de Compassionate Revolution, y de Farhana Yamin, una abogada que apostaba al trabajo con políticos como principal estrategia de Extinction Rebellion.

Finalmente, el artículo menciona que han emergido nuevas divisiones como la llamada “Cuarta Demanda” o el movimiento Black Lives Matter, que han sido causas adoptadas por grupos locales, mas no por la oficina central de Extinction Rebellion. No obstante, se señala que XR ha preparado una herramienta denominada “Consejo de Acciones” la cual tiene como objetivo remediar los conflictos internos.