Shire Ovide, es columnista en On Tech newsletter, The New York Times. Ha trabajado en Bloomberg Opinion y en The Wall Street Journal. Aborda temas relacionados con la tecnología, la industria media, las finanzas y la sociedad.

El martes 20 de octubre de 2020, el gobierno de Estados Unidos demandó a Google, por el evidente monopolio ilegal sobre los motores de búsqueda y la publicidad en sus buscadores. La cuestión subyacente en el centro de esta demanda es la capacidad de Google para romper las reglas con el fin de mantenerse en la cima y si esto nos perjudica. El caso implica la discusión sobre las posibilidades de mejorar la tecnología que utilizamos y de practicar una economía más justa.

En la demanda el Departamento de Justicia acusó a Google de excluir a sus rivales mediante tácticas como el pago a las compañías telefónicas y otras, para asegurarse de que el motor de búsqueda de Google ocupe una posición destacada en los teléfonos inteligentes Android y en los iPhone, frenando la competencia.

Esto se conoce desde hace años. En 2015 la regulación antimonopolios de la Unión Europea inició un juicio contra Google que finalizó en 2018 con una serie de multas a la compañía, así como la exigencia de cambios en su comportamiento, aunque estos resultaron ineficaces. Agencias como la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia, responsables de vigilar a las empresas y detectar signos de comportamiento potencialmente abusivo, no actuaron hasta ahora. En los gobiernos recientes Google enfrentó pocas acciones sustantivas gubernamentales que regulan sus acciones.

El caso involucra complejas cuestiones legales. El gobierno no puede emitir restricciones al comportamiento de Google solo porque dicho comportamiento fortalece la empresa. Además, es posible que una efectiva supervisión por parte del gobierno en la última década lograra los fines de la demanda antimonopolio: evitar que Google incline la balanza a su favor.

A raíz de una investigación del Congreso sobre el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, los legisladores reconocieron que los organismos de control antimonopolio de Estados Unidos han fracasado. El Congreso comparte la responsabilidad, pues es quien escribe las leyes que dictan las atribuciones del FTC. y el Departamento de Justicia y establece sus presupuestos. Los miembros de la Cámara de Representantes informaron que la FTC, entre otros, desestimaron las prácticas monopólicas de las grandes compañías tecnológicas y cuando estas empresas violaron la ley y su palabra las agencias no tomaron medidas drásticas.

En 2013, la FTC ordenó a Google hacer evidente el contraste entre los resultados de la búsqueda en la web y los enlaces pagados, pues resultaba difícil diferenciarlos en el motor de búsqueda. Ello para prevenir perjudicar tanto a los usuarios del sitio, como a las empresas que tendrían que pagar más a Google para hacerse notar. No obstante, cada vez es más difícil distinguir los anuncios de Google. Aunque este caso no esté en la demanda, ejemplifica la necesidad de controlar el comportamiento de estas empresas, pues de lo contrario continuarán probando los límites de su poder.