Paul Mozur es corresponsal en tecnología para The New York Times enfocado en el impacto de la tecnología en la geopolítica de Asia.

Don Clark ha sido corresponsal en tecnología para The Wall Street Journal desde 1980. Recientemente se ha enfocado en el estudio de compañías de semiconductores y componentes electrónicos.

El texto trata sobre el proyecto de vigilancia en la ciudad China de Urumqui conocido como Centro de computación en la nube de Urumqui o Centro de Supercomputación de Xinjiang. Según The New York Times, se trata de uno de los proyectos más invasivos del Estado policial chino, donde se usan tecnologías avanzadas para vigilar y aprisionar a las minorías musulmanas en la provincia china de Xinjiang.

De acuerdo con el gobierno chino, el complejo está pensado para ayudar al proyecto policial chino Sharp Eyes, para que con el uso de inteligencia artificial pueda buscar 100 millones de fotografías por segundo, conectarse a 10 mil videos y analizar simultáneamente mil videos con fines de seguridad.

El centro de computación en la nube de Urumqui entró al listado mundial de las supercomputadoras más potentes en 2018 en el sitio 221, y un año más tarde, subió al 135 tras haber sido modificado con nuevos chips. El complejo cuenta con dos centros de datos. Además, está ubicado muy cerca de seis prisiones y centros de reeducación.

Este centro de computación en la nube ha sido motivo de polémica internacional porque las tecnologías clave para su funcionamiento son producidas por empresas estadounidenses. Intel y Nvidia se encuentran entre las principales empresas que abastecen de chips especializados al centro de datos en Urumqui. Ambas empresas declararon que no estaban al tanto de que sus productos fuesen usados para actividades que se consideran violaciones a los derechos humanos.

En 2019, Donald Trump emitió un decreto en el que se prohibía la venta de semiconductores avanzados a empresas relacionadas con violaciones de derechos humanos o que fuesen consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Tras el veto emitido por Trump, tanto Nvidia como Intel dejaron de vender chips para supercomputadoras y de ofrecer asistencia especializada a Sugon, la empresa encargada del centro de datos, conocida por ser una importante proveedora de equipo de cómputo para las fuerzas militares y policiacas en China.

Una de las primeras tareas a las que se deberá enfrentar la administración Biden consistirá en evaluar si continúa con las restricciones para que empresas y agencias chinas compren tecnología estadounidense. Algunos expertos consideran que el veto estadounidense ha sido contraproducente, pues ha impulsado a China a invertir miles de millones de dólares para producir sus propios semiconductores especializados.

A través de una publicación en sus redes sociales en 2018, la compañía Sugon señaló que mediante la coordinación de varias tecnologías como la computación en la nube, el aprendizaje profundo, el big data, el reconocimiento facial y otras, se puede integrar la información policiaca, lo que podría ayudar en las operaciones de distintos departamentos al interior de la policía china. A diferencia de la capacidad humana, estas tecnologías permiten un procesamiento de información más vasto.

De acuerdo con una publicación del Partido Comunista en su sitio web, las supercomputadoras en el complejo de Urumqui han transitado del "pensamiento después de los hechos" a la "vigilancia predictiva previa a los hechos". Los autores añaden que en Xinjiang esto permite los arrestos preventivos, efectuados a partir de determinados comportamientos que no sean aceptados por el Partido Comunista y que son considerados sospechosos, tales como alusiones al Islam, tener vínculos con familia en el extranjero, disponer de dos teléfonos celulares o incluso no tener alguno.

Los autores mencionan que se desconoce cómo es que la firma Sugon podrá mantener el suministro de chips especializados para las supercomputadoras tras el veto impuesto por Estados Unidos. Los autores apuntan que los sistemas de vigilancia en Urumqui podrían ser usados incluso con tecnología menos avanzada. Asimismo, los chips podrían ser adquiridos a terceros o podrían comprarse chips fabricados fuera de Estados Unidos.

Se menciona que en abril de 2020 la agencia de policía de una provincia en China compró sistemas de vigilancia cuya característica es que pueden funcionar con chips de Intel menos avanzados. Como conclusión, Maya Wang, investigadora sobre China en Human Right Watch comenta su temor de que en los próximos años China pueda producir sus propios chips, con lo que probablemente ya no se podrían detener los actos de abuso y violaciones de derechos humanos.