Eric Lipton es un reportero en The New York Times con sede en Washington. Lipton ha trabajado como reportero desde hace más de 30 años, tiempo durante el que trabajó en The Washington Post y Hartford Courant, asimismo es coautor de una historia del Word Trade Center.

Kenneth P. Vogel es un periodista y autor estadounidense que trabaja para The New York Times. Del 2007 al 2017 se desempeñó como reportero investigador fundador de Político.

Michael LaForgia es un reportero que se unió al The New York Times en 2017, anteriormente había trabajado como reportero de investigación y editor de The Tampa Bay Times. Ha sido galardonado con el premio Pulitzer en dos ocasiones, uno de ellos por exponer problemas en un programa para personas sin hogar en Florida y en 2016 por una serie sobre la negligencia en vecindarios negros en un condado de Florida.

El pasado mes de noviembre del 2020, un barco de la marina estadounidense “lanzó frente a Hawái un misíl experimental de un contratista militar para interceptar y destruir con éxito por primera vez en el espacio un señuelo que finge ser un arma nuclear entrante”. Dicha operación se logró en colaboración de la empresa Raytheon Technologies, misma a la que le fue otorgado un contrato de “hasta 20 mil millones de dólares para construir una nueva generación de misiles de crucero con armas nucleares para Estados Unidos”.

La participación de Raytheon en las acciones bélicas estadounidenses le ha generado diversos beneficios. En diciembre del 2020 el general retirado y antiguo miembro de la junta de Raytheon fue elegido por el actual presidente estadounidense Joe Biden como próximo secretario de defensa.

Durante la administración de Trump, el secretario de defensa; James N.Mattis, un general retirado de cuatro estrellas también tenía fuertes vínculos con empresas armamentistas al ser miembro de la junta de General Dynamics. Por su parte, antes de la administración de Donald Trump y de Biden no se acostumbraba que los Secretarios de Defensa provinieran directamente de las juntas o grupos ejecutivos de contratistas, “aunque Ashton Carter, el último secretario de Defensa del presidente Barack Obama se había desempeñado como consultor de la industria”.

Las decisiones de Biden respecto a nombrar a personas vinculadas directamente con la industria armamentista ha generado un debate respecto al nivel de injerencia que las corporaciones privadas tienen dentro del gobierno estadounidense. La situación anterior toma tanta relevancia debido al gasto del Pentágono, porque “gasta cientos de millones de dólares al año en armas y suministros”.

Por su parte, Raytheon “tiene un enorme interés financiero en las próximas decisiones de la administración de Biden, el Congreso y el secretario de Defensa. El hecho de que Biden haya designado a alguien directamente vinculado con Raytheon, podría generar un escrutinio no deseado a la empresa, por lo que miembros del partido de Biden le habían sugerido que no eligiera o nominara para la secretaría de defensa a alguien que venía directamente del mundo de los contratistas militares.

De acuerdo con Mark Pocan,un demócrata de Wisconsin, “como secretario de Defensa, el general Austin tendría que vender cualquier acción que tenga en Raytheon o en cualquier otra empresa con la que el gobierno estadounidense haga negocios, asimismo se le debería prohibir participar directamente en cualquiera de las decisiones de contratación o asuntos particulares que afecten directamente a las empresas con las que tenía vínculos financieros”.

El general Austin llegó a la junta de Raytheon Technologies cuando se fusionaron dos grandes empresas de armamento. Raytheon Company, empresa fabricante de los misiles Patriot y Tomahawk, y United Technologies, un fabricante de motores a reacción comerciales, militares y electrónica de aviación. El general Austin se unió en 2016 a la junta de la empresa ya fusionada.

En los últimos 5 años, Raytheon se ha visto envuelto en una serie de escándalos derivados de la venta de miles de millones de dólares en bombas guiadas con precisión y piezas de bombas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes estaban utilizando las armas para atacar a civiles en Yemen, situación que de inmediato provocó protestas por grupos de derechos humanos y miembros del congreso estadounidense.

Tanto los grupos de derechos humanos como los miembros del Congreso involucrados en las protestas trataron de bloquear las ventas de armas. No obstante, Raytheon contaba con un amplio número de cabilderos bien posicionados quienes lograron vencer a la oposición y continuar vendiendo las armas, gracias a su conexión y vínculos con la administración Trump.

El general Austin también se desempeñó como socio de una firma de inversión llamada Pine Island Capital, la cual “ha estado en una reciente ola de compras compuesta por pequeños contratistas militares, como Precinmac Precision Machining dedicada a la venta de repuestos especializados para sistemas de lanzamiento de cohetes y ametralladoras”.

Aunado a lo anterior, Robert O. Work, un ex funcionario del Pentágono también ha estado vinculado con la empresa armamentista WestExec Advisors, una firma consultora fundada por el Sr. Blinken y la Sra. Flournoy. Work también ha asesorado a Biden en la planificación de la seguridad nacional, lo que demuestra el vínculo entre las corporaciones armamentista y el gobierno estadounidense.

Ante tal situación, Andrew Bates, portavoz de la transición de Biden afirmó que “cada miembro del gabinete cumplirá con todos los requisitos de divulgación y estrictas reglas de ética, incluyendo recusaciones cuando sea apropiado. De igual forma, anunció que de ser confirmada la participación del general Austin en dicho gabinete, éste vendería cualquier participación en Pine Island.

No obstante, Mandy Smithberger directora del Proyecto de Supervisión Gubernamental afirma que el problema de contratar a ex ejecutivos de la industria como altos funcionarios del Pentágono era más amplio ya que a menudo traen consigo una mentalidad pro industria. Lo anterior podría ocasionar problemas para la administración de Biden debido a que Estados Unidos enfrenta grandes déficits presupuestarios y crecientes demandas de aumentos en los programas de salud pública para que el país se encuentre mejor preparado para la próxima pandemia mundial.