La “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México” (#ToxiTourMexico) se llevó a cabo en diciembre de 2019 y consistió en un traslado por corredores industriales en donde opera capital estadounidense y europeo, entre otros. Contó con la participación de figuras políticas de Europa y Estados Unidos, académicos/as, científico/as, periodistas y representantes de organizaciones sociales y centros de investigación. Además, la Caravana tuvo la presencia de representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de cerca de cincuenta organizaciones de afectadas/os de distintos territorios.

En inicio, la Caravana fue promovida por organizaciones asociadas a la Asamblea Nacional de Afectadas/os Ambientales de México red (ANAA) y el Equipo de Poder Corporativo del Transnational Institute (TNI).

Los principales objetivos de la Caravana fueron la visibilización de “los impactos sociales, laborales, ambientales y violaciones de derechos humanos asociados a las operaciones de las empresas transnacionales y a los acuerdos de libre comercio” (p.12) en seis regiones distintas de México y el fortalecimiento de “los vínculos entre luchas sociales y ambientales de diferentes regiones” (p. 12).

Los lugares recorridos por la Caravana fueron escogidos en función de los esfuerzos de denuncia y resistencia desplegados en ellos (ver imagen 1). La situación de las seis regiones generó alarma debido a la situación de emergencia sanitaria y ambiental en que se encuentran (ver dato crucial 1).

Imagen 1

En 2020 y 2021, las organizaciones de la sociedad civil y las figuras políticas de Europa y Estados Unidos que participaron como observadores de la Caravana, sumaron esfuerzos para incidir en sus países. De igual manera, el testimonio de las y los afectados se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de naciones unidas (ONU), en el marco de la 6ta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Tratado Vinculante para las empresas transnacionales y otras empresas, en materia de derechos humanos, que se celebró en octubre de 2020.

1.2 Avances en México
En cuanto a la incidencia política, Víctor Manuel Toledo, exsecretario de la Semarnat recibió de manera positiva los primeros resultados de la iniciativa, lo que llevó a plantear reuniones posteriores entre representantes de la Caravana con la Secretaría.

El 21 de enero de 2020, las organizaciones solicitaron a la Semarnat el reconocimiento de cada región visitada como Zona de Emergencia Ambiental y la firma de una serie de acuerdos. Por su parte, la Semarnat se comprometió con la elaboración de programas de restauración ecológica.

En marzo del mismo año, el dialogó involucró a más actores como la Secretaría de Salud (SSA), Conacyt, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La reunión con estos organismos resultó en la constitución de un Grupo de Coordinación Intersectorial (GCI) integrado por la Semarnat, SSA y el Conacyt para avanzar en la solución de los problemas de las denominadas Regiones de Emergencia Ambiental (REAs).

En la reunión de mayo de 2020, la presencia del Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, así como la pandemia por COVID-19, conformaron el contexto para señalar la interconexión entre salud ambiental, salud humana y la exacerbación de los riesgos derivados del virus para las poblaciones de las seis regiones (ver dato crucial 2).

En julio de 2020, las organizaciones de afectadas/os entregaron a las autoridades un expediente que incluía investigaciones, información y datos de las organizaciones comunitarias. Se propuso firmar un convenio y diseñar un programa intersecretarial de salud ambiental.

En Conacyt se incentivó el avance de trabajo de las nombradas Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESAs). En estas regiones, la convergencia de factores contaminadores y sobreexplotadores de los recursos naturales y el medio ambiente generan desequilibrios ecológicos que vulneran a la población humana, vegetal y animal. “En las RESAs se produce la expropiación de la tierra y de los recursos naturales comunes, así como la desestructuración de las economías locales” (p. 16).

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En febrero de 2021, se presentó el Convenio Marco de Coordinación entre Semarnat, la Secretaría de Salud y Conacyt. “La implementación de este Convenio dependerá de la voluntad política del gobierno mexicano y representa un desafío importante en el cual la presión social es esencial, tanto en México como a nivel internacional” (p. 18).

1.3 Objetivo del informe
El panorama presenciado por la Caravana está vinculado directamente con el régimen de libre comercio e inversiones del que México forma parte. Dicho régimen ha atraído a gran cantidad de empresas transnacionales de origen estadounidense, canadiense y europeas a los corredores industriales recorridos por la Caravana. En este marco, el presente informe tiene por objetivo “apoyar un trabajo de incidencia política sobre la responsabilidad del capital europeo en particular, en la devastación social y ambiental que persiste en las seis regiones visitadas” (p. 19). El contexto es una posible firma y ratificación del nuevo acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea (UE).

El segundo capítulo está dedicado al marco general del régimen de comercio e inversiones, entorno en el que se ha dado la devastación socioambiental. El tercer capítulo es sobre los impactos constatados en las seis regiones. El cuarto consta de ejemplos concretos de la presencia de capital europeo en estas zonas.

2. Paraísos industriales bajo la sombra del libre comercio

Las regiones recorridas por la Caravana se ubican en el Eje Neovolcánico, espacio con vastos recursos naturales y que se relaciona con los corredores urbanos-industriales del Plan de Desarrollo Nacional del presidente Ernesto Zedillo, que se establecieron en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En virtud de atraer inversiones, la implementación del libre comercio en México ocasionó desregulación ambiental, social y laboral. Así, capitales nacionales y transnacionales se instauraron a la par de “paraísos industriales”.

2.1 El Régimen de comercio e inversiones y el desvío de poder
México es uno de los países que más acuerdos de libre comercio ha firmado desde la década de los noventa. A partir del TLCAN, las empresas estadounidenses son las que lideran la inversión extranjera directa en el país (ver dato crucial 3).

El TLCAN ha tenido resistencias por parte de la sociedad civil mexicana. Entre 2011 y 2014, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) apuntó que el TLCAN ocasionó “un proceso de destrucción social destinado a desmembrar la identidad del tejido social mexicano con el objetivo de imponer un nuevo modelo extractivo, productivo y de consumo” (p. 22). La degradación socioambiental trajo a su vez la destrucción de la salud y muerte en los territorios.

Siguiendo a Andrés Barreda, el desvío estructural del poder, resultado de un proceso de ingeniería jurídica, ha hecho posible la consolidación de paraísos industriales. En México, el poder del Estado se ha subordinado a algunos capitales privados, lo que ha ocasionado impunidad y una falta de acceso a la justicia.

Paralelo al proceso anterior se ha ido configurando el “núcleo desde el cual se articulan los beneficios extraordinarios que generan el flujo internacional de un grupo de capitales deslocalizados en pos de centros periféricos de producción” (p. 23). Estos centros ofrecen desregulación laboral y ambiental, así como el flujo de mano de obra barata, que a su vez disloca el tejido social.

El concepto “desvío de poder” explica la forma en que se fomenta el despojo, la extracción de recursos, la expulsión y el disciplinamiento. Lo anterior, mediante una cultura de terror sistematizada por grupos militares, paramilitares y del crimen organizado.

El TLCAN fue reeemplazado por el T-MEC en 2018. Se espera que este último fije el desvío de poder debido a que su contenido sigue beneficiando altamente a los sectores empresariales e incluye cláusulas que “violan directamente la soberanía mexicana en términos de la política económica” (p. 24).

2.2 El derecho corporativo frente a los derechos humanos en el renovado TLC UE-México
El actual régimen de comercio e inversiones representa un derecho corporativo global. En otras palabras, las normas, convenios y tratados protegen las actividades de las empresas transnacionales al tiempo que no existen contrapesos para controlar sus impactos sociales, laborales, culturales y ambientales.

Este marco también rige las relaciones comerciales y en términos de inversiones entre México y la Unión Europea, contenidas en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. El Tratado de Libre Comercio UE-México (TLCUEM) es la parte principal de este Acuerdo y ha permitido la consolidación de las inversiones europeas en México (ver dato crucial 4).

El TLCUEM es el primer tratado comercial firmado por la UE con un país latinoamericano. Este instrumento ha permitido una desregulación de 95% en bienes y servicios que se comercian.

El TLCUEM incluye una cláusula democrática que es considerada insuficiente y a menudo es olvidada. No obstante, en la sesión “La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina: políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los derechos de los Pueblos” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), se examinaron denuncias relacionadas con los impactos de las empresas europeas en México que invocaban dicha cláusula. Los casos presentados ante el TPP incluían agotamiento de recursos naturales y contaminación del medio ambiente, así como violaciones de derechos laborales y de Pueblos Indígenas por parte de empresas europeas.

Debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, en abril de 2020 el TLCUEM fue sustituido por un tratado “en principio” para cuya elaboración no se consultó a organizaciones sociales y civiles mexicanas y europeas. Este nuevo tratado protege las inversiones y establece al Sistema de Tribunales de Inversiones como el mecanismo de solución de controversias. Asimismo, el nuevo acuerdo no incluye ninguna mención a obligación de los inversores extranjeros en materia de derechos humanos. “En caso de entrar en vigor, este sistema permitirá que las empresas transnacionales europeas y mexicanas utilicen el mecanismo de arbitraje si consideran que una legislación o cualquier medida pública afecta sus interesas y ganancias” (p. 25).

2.3 Impactos del régimen de inversión internacional en México
México es el tercer país de América Latina y el Caribe y se encuentra entre los primeros seis a nivel mundial en número de demandas por inversiones extranjeros en tribunales supranacionales (ver dato crucial 5). Algunas de estas denuncias han sido presentadas por inversores con sede en Estados Unidos en virtud del TLCAN y la mayor parte de ellas han sido resueltas y fallado a favor de las empresas, lo que ha provocado que el Estado mexicano destine grandes sumas de dinero como compensación a los inversores (ver dato crucial 6 y 7). Las demandas de arbitraje se ubican en sectores diferentes, como se muestra en el siguiente

Gráfico:

Gráfico 1

La actualización del TLCUEM integrará los 15 Tratados Bilaterales de protección de las inversiones (TBI) que México tiene con los Estados miembros de la UE. Además, las empresas de los países que no cuentan con TBI también podrán demandar al Estado mexicano ante un tribunal al cual solo los inversores tienen acceso. A pesar de que las empresas mexicanas también pueden demandar a los Estados miembros de la UE, el numero de denuncias presentadas por los inversores europeos en México es mucho mayor a la única demanda pendiente contra el Estado Español, la cual, además, no ha sido resuelta.

En suma, el nuevo TLCUEM no cuenta con mecanismos para garantizar la protección de los derechos humanos. Más aún, se espera que este instrumento tenga consecuencias tales como una mayor impugnación de legislaciones de interés público, la protección de las privatizaciones y las reformas pro-empresariales, posibilidad de mayores demandas de inversión en México y la prevalencia de la impunidad de las empresas europeas.

3. Infiernos ambientales para los pueblos

En este apartado se presenta una síntesis de la información recabada en cada una de las regiones visitadas, mismas que fueron denominadas “infiernos ambientales” por Víctor M. Toledo, ex Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cabe resaltar que la zona en donde se ubican los infiernos ambientales, el Eje Neovolcánico, cuenta con 15 regiones con las mismas características y, a nivel nacional, esta cifra asciende a cuarenta.

3.1 Cuenca del Río Santiago
En la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, la Caravana visitó las localidades de El Salto y Juanacatlán, ubicadas al suroriente de Guadalajara. De acuerdo con las organizaciones de afectada/os, “la población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, un tercio de los habitantes de los márgenes del lago de Chapala y el río Santiago” (p. 32).

La industrialización en México, profundizada por el TLCAN, resultó en la ubicación de uno de los corredores industriales más grandes del país en la zona. El corredor Ocotlán-El Salto cuenta con alrededor de 700 empresas. Además de ello, la cuenca recibe las descargas de otras zonas industriales y del vertedero “Los Laureles”, el cual es operado por la empresa Caabsa Eagle y tiene un alto riesgo de colapso ante las lluvias e incendios.

La población afectada comenzó a organizarse en el año 2000. Ante la falta de respuesta de las autoridades, acudieron a reconocidos tribunales de opinión. El Tribunal Latinoamericano del Agua examinó el caso del río Santiago en 2017 y de la ribera del lago de Chapala en 2018. El Tribunal Permanente de los Pueblos hizo lo mismo entre 2011 y 2014. En 2011, un estudio sobre la calidad del agua del río Santiago realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) comprobó la existencia de 1 090 contaminantes, el vertimiento de 507.5 toneladas diarias de contaminantes y el incumplimiento de las normas de descargas por parte de entre 87% y 94% de las industrias.

En 2005, el Gobierno de Jalisco anunció dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Sin embargo, ambas plantas solo tratan residuos domésticos –no industriales– y lo hacen de manera insuficiente. La implementación de las plantas, además, no aborda el problema de la desregulación de la actuación de las empresas, ni les impide hacer uso del agua del río.

En 2019, las autoridades del Estado hicieron público un estudio realizado diez años atrás sobre afectaciones a la población infantil por la contaminación en la cuenca. El estudio, realizado por la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP) demostró que gran parte de las niñas y niños de seis poblaciones cercanas al río Santiago entre 2009 y 2011 contaban con metales pesados –arsénico, cadmio, plomo y ácido mucónico– en sus organismos. Además, casi la mitad de la muestra padecía problemas gastrointestinales, respiratorios, en la piel y los ojos y la mayor parte de los niños y niñas muestreados en La Cofradía y El Salto contaban con alteraciones hematológicas. En 2017, otro estudio sobre la calidad del aire y sus efectos en la función respiratoria de la población infantil de El Salto recomendó medidas urgentes de vigilancia y atención para enfermedades respiratorias asociadas con sustancias tóxicas presentes en el ambiente.

En 2020, ante la presión hecha por las organizaciones sociales y la publicación del estudio de la UASLP, las autoridades estatales publicaron una lista de 29 empresas que exceden la norma federal por las sustancias contaminantes que vierten en el río Santiago.

Las organizaciones de afectada/os “denuncian que su región ha sido sacrificada en aras del crecimiento económico y la generación de riqueza para las empresas mexicanas y extranjeras” (p. 34). Rechazan el enfoque únicamente hidráulico en las acciones para restaurar las cuencas y “proponen reconocer a los ríos como ecosistemas y entes dinámicos” (p. 34).

3.2 Cuenca de la independencia
La siguiente etapa de la Caravana fue la cuenca de la Independencia, particularmente en el estado de Guanajuato. Con la firma del TLCAN y la reforma del Artículo 27 de la Constitución Mexicana, grandes empresas extranjeras adquirieron tierras para la siembra de hortalizas de exportación (ver datos cruciales 8 y 9).

Las organizaciones de la zona noreste de Guanajuato han expuesto los impactos de la agroindustria en una región con 500 000 habitantes. Por ejemplo, un deterioro progresivo del acuífero de la cuenca (ver datos cruciales 10 y 11), mismo que representa la principal fuente de agua para las comunidades en una zona semidesértica. No obstante, la participación de estas se encuentra limitada por la presión de grandes empresarios agrícolas que tienen presencia en los altos niveles de la política mexicana (p. 35).

La explotación del acuífero ha resultado en la contaminación y el agotamiento de los recursos hídricos. Los municipios en donde el agua está más contaminada coinciden con los que tienen las incidencias más altas de enfermedades relacionadas con los elementos químicos contenidos en el líquido (ver dato crucial 12). Además, las comunidades han reportado además otras afectaciones a la salud en la zona.

El Tribunal Permanente de los Pueblos declaró a la cuenca de la Independencia como una zona de emergencia por riesgo ambiental, agrícola y sanitario. Las organizaciones locales también han señalado la urgencia de iniciar un estudio epidemiológico sobre la relación entre la contaminación del agua y la enfermedad renal crónica (ERC), así como “la explotación laboral extrema de trabajadoras/es locales y migrantes indígenas por el agronegocio, así como impactos en la salud y el ambiente asociados a la utilización de plaguicidas y otros agrotóxicos” (p. 37).

Cerca de Dolores Hidalgo, la empresa canadiense Argonaut Gold planea la primera mina a cielo abierto de Guanajuato. Las organizaciones locales se oponen a este proyecto porque temen que agrave el daño socioambiental en la región.

En la zona sur de Guanajuato se han documentado afectaciones provocadas por el corredor industrial de Celaya a León. En particular, daños por la producción de plaguicidas por la empresa Tekchem, la cual, debido a tres explosiones en 2008, expuso a 100 000 personas a una nube de elementos tóxicos durante ocho años.

Otra empresa denunciada en este corredor industrial es Química Central de México. Sus instalaciones fueron clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en 2015 debido al mal manejo de residuos peligrosos. No obstante, las exigencias realizadas por esta autoridad siguen sin ser cumplidas por la empresa. Las organizaciones locales señalaron que algunas enfermedades y daños en la salud han aumentado.

En la ciudad de Guanajuato se observaron daños para la salud y el ambiente ocasionados por plaguicidas desde 2010 (ver dato crucial 15), estos son utilizados en espacios públicos y privados y algunos son aplicados en el agua potable. La exposición a los plaguicidas puede estar relacionada con graves afectaciones a la salud, como los abortos espontáneos (ver dato crucial 16). Las organizaciones locales instan a las autoridades a realizar investigaciones científicas sobre este tema.

3.3 Cuenca del Río Tula en el sur del Valle del Mezquital
Los corredores industriales del Valle del Mezquital (en particular el segmento ubicado en el sur del estado de Hidalgo y el norte del estado de México) fueron otra región explorada por la caravana. Las problemáticas socioambientales que tienen lugar en esa región son complejas; los impactos generados por industrias de distinta índole se sobreponen con aguas residuales industriales y urbanas que descargan en el río Salado y río Tula y que son usadas en la producción agrícola. Se estima que la mitad de la población del Valle es afectada por esta situación (un millón de personas).

En seis municipios de la zona se encuentran ocho cementeras que generan 40% de la producción nacional y que impactan en más de 50 kilómetros a la redonda. Las empresas dueñas de estas plantas son las mexicanas CEMEX, Cruz Azul y Cementos Fortaleza, así como la franco-suiza LafargeHolcim. Las consecuencias socioambientales de las cementeras deben considerarse a partir de todo el proceso de producción del cemento. Cinco caleras asociadas a esta industria han sobreexplotado el territorio gracias a la extracción de minería. Esta minería a cielo abierto afecta la producción agrícola local, dado que causa pérdida de vegetación y de fertilidad de la tierra. Por otro lado, la fabricación de cemento obtiene combustible alterno mediante la quema de basura, lo que produce compuestos orgánicos que se liberan al medio ambiente. Adicionalmente, la industria sobreexplota los mantos acuíferos.

Entre los parques industriales de la zona destacan los de Tula-Atitalaquia, Apaxco-Atotonilco-Atitalaquia y Bicentenario QUMA. Allí operan 30 empresas de distintos sectores, entre ellas: Sigma Alimentos, Cargill, Barcel, Griffith, Bimbo y Compañía Cerillera La Central.
Además, las organizaciones locales reportan la presencia de más de 60 empresas que generan diversos insumos en las periferias de las zonas industriales. Este conglomerado de industrias representa un gran riesgo para las zonas urbanas cercanas. Un ejemplo de lo anterior es la emergencia química que se suscitó en 2013 por la explosión de una planta de agroquímicos de la empresa ATC (VELSIMEX). En la actualidad, la salud de los pobladores afectados continúa repercutida, debido a las características de los compuestos liberados.

En la región también se ubica la refinería Miguel Hidalgo, la tercera más importante del país (ver dato crucial 17). Las organizaciones de afectada/os señalaron que esta industria contamina el medio ambiente y produce residuos tóxicos. A menos de cinco kilómetros de la refinería se encuentra la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la Comisión Federal de Electricidad, una de las plantas de mayor capacidad en el país que funciona mediante la quema de combustibles fósiles. Ambas industrias son las que descargan mayores aguas residuales en el sistema hidrológico regional (ver dato crucial 18) y emiten partículas perjudiciales para la salud.

A lo anterior se añade la problemática del agua que se destina al riego de cultivos. Esta proviene de la Ciudad de México y el Norte del Valle de México y, dado que no es tratada, los contaminantes contenidos en ella ponen en riesgo los alimentos producidos. Sumado a esto, la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Atotonilco de Tula genera emisiones en el aire. Como resultado a lo anterior, la población circundante se encuentra expuesta a sustancias tóxicas (ver dato crucial 20).

Las organizaciones de afectada/os del Valle del Mezquital han reportado daños a su salud; desde dolor de cabeza hasta enfermedades crónicas como leucemias y cáncer.

3.4 Cuenca del Atoyac-Zahuapan
La cuenca Atoyac-Zahuapan se encuentra en Tlaxcala y Puebla, en una zona habitada por más de tres millones de personas. En la región se encuentran antiguos y nuevos corredores industriales con instalaciones de 20,402 empresas manufactureras, de las cuales, 256 son de gran o mediano tamaño. Algunas empresas ubicadas ahí son: Volkswagen, PEMEX, ThyssenKrupp, Condumex, Eurovent, Rassini, Ternium, Bayer, BASF, Mexichem, Global Denim, Tavex, SEAO, Beakert, Big Cola, Santa Julia, Porcelanite-Lamosa y Kimberly Clark.

El crecimiento de los corredores industriales fue promovido por la desregulación ambiental y laboral motivada por el TLCAN (ver dato crucial 21). A pesar de las promesas de generación empleo gracias a los corredores industriales, la industria manufacturera en Puebla y Tlaxcala solo representa 16% de los puestos de trabajo.

Para las comunidades locales, la industrialización representó un despojo de tierras apoyado por el Estado. El despojo se acompañó de una creciente urbanización y el crecimiento del parque vehicular, así como de redes criminales dedicadas a la trata de mujeres y niñas y al robo de combustibles.

Las comunidades comenzaron a organizarse desde los años noventas a medida que incrementaban enfermedades previamente desconocidas. En 2011 presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acción que resultó en una Recomendación por parte de este organismo hacia los gobiernos federal, estatal y municipal por la violación de los derechos humanos en razón de la contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac. La Recomendación estableció que las principales causas de la contaminación eran la descarga de aguas residuales, los residuos sólidos y la creciente expansión demográfica e industrialización en la región. También señaló que los contaminantes provenientes de aguas residuales superan los límites permitidos por la normativa ambiental. En el caso del nitrógeno, incluso, se señaló que provenía de actividades, como el uso excesivo de fertilizantes, que no se encuentran reguladas por normas mexicanas.

La CNDH estableció una relación entre la calidad del medio ambiente, el saneamiento y la salud y exhibió la negligencia de las autoridades. Asimismo, apuntó omisiones graves por parte del gobierno.

Los corredores han tenido fuertes impactos negativos en la población (ver dato crucial 22).

3.5 Cuenca libres-oriental (Puebla)
En el estado de Puebla, el solapamiento entre distintos tipos de industrias y megaproyectos ha ocasionado la sobreexplotación de acuíferos y la descarga de aguas residuales contaminadas. Los corredores industriales activos en la cuenca del Alto y Bajo Atoyac-Zahuapan tienen impacto sobre los municipios cercanos. Además, causan conflictos relativos al despojo de tierras, la contaminación y el acaparamiento del agua.

En primer lugar, la situación de los recursos hídricos es preocupante. Estudios y datos demuestran que el acuífero Libres Oriental se encuentra en situación de déficit y que la zona se encuentra altamente amenazada por la desecación y desertización.

En la cuenca se encuentran megagranjas porcícolas de la empresa estadounidense Granjas Carroll, invernaderos de Driscoll’s, parques de celdas fotovoltaicas de Iberdrola y una planta automotriz de Audi. Estas industrias consumen grandes cantidades de agua (ver dato crucial 24 y 25)

Asimismo, algunas empresas como Volskwagen y terratenientes utilizan cañones anti-granizo para impedir que llueva y así proteger su producción. Las comunidades locales han denunciado los riesgos de esta tecnología y se han movilizado en contra. Las autoridades de Puebla no han cumplido sus promesas de llevar a cabo estudios sobre ella e indemnizar a las afectada/os, quienes culpan a esta práctica de la sequía de sus tierras, la pérdida de cosechas y su empobrecimiento.

Bajo este escenario, se ha denunciado la desigualdad en el acceso a las escasas concesiones de agua. Mientras los trámites de las empresas transnacionales y la gran industria son llevados a cabo de manera rápida por la administración pública, las comunidades campesinas se enfrentan a trabas y procesos prolongados para obtener una concesión. Las organizaciones también subrayan que los pozos de agua se están secando, lo que exige perforaciones más profundas y afecta la agricultura campesina.

A todo lo anterior se suma la contaminación generada por las industrias establecidas en la región. La agroindustria de exportación daña el suelo y la salud humana debido al uso de fertilizantes y plaguicidas. Por su parte, las megagranjas agrícolas contaminan el aire y el suelo y ponen en riesgo al acuífero debido a las piscinas de lixiviados. A su vez, la industria automotriz hace uso de sustancias químicas que son liberadas al aire, al suelo y a los cuerpos de agua (ver dato crucial 26).

La resistencia frente a los conflictos socioambientales en Puebla esta siendo criminalizada (ver dato crucial 27 y 28). Las organizaciones señalan que se ha tenido que brindar protección a líderes locales y denuncian la impunidad en los casos de asesinato.

3.6 Istmo de Tehuantepec Norte (Veracruz)
La Caravana se reunió en Coatzacoalcos con organizaciones de municipios que padecen los impactos en el Istmo de Tehuantepec Norte. En esta región se encuentra el Corredor Industrial Uxpanapa y uno de los centros de la industria química y petroquímica más antiguos e importantes de América Latina. La contaminación en la zona se ha acumulado desde la instalación de la primera refinería en 1909; esta se origina tanto por la empresa nacional PEMEX como por el sector petroquímico. Actualmente se ubican en Coatzacoalcos 32 industrias químicas privadas, tres complejos petroquímicos (uno más en Minatitlán) y una refinería. Esta última genera residuos que son almacenados en terrenos a cielo abierto de la empresa de capital español García Munté Energía.

La/os afectada/os del Istmo de Tehuantepec Norte han documentado los procesos de contaminación. Aquí se resaltan algunos de los datos más relevantes de sus investigaciones.

En primera instancia, la contaminación del agua ha tenido graves efectos en la salud humana. Estudios han detectado microorganismos, esteroles, sedimentos y organismos acuáticos de metales, hidrocarburos fósiles, así como plaguicidas organoclorados en concentraciones elevadas en cuerpos de agua. En particular, un tipo de hidrocarburo cuenta con alto potencial cancerígeno en especies de flora y fauna comestibles por los humanos.

Después, se ha encontrado evidencia de contaminación del río Coatzacoalcos con mercurio. Esta puede ser atribuida a una planta de la empresa IQUISA, a la refinería de Minatitlán y a los complejos petroquímicos de la región. La contaminación del río ha afectado la salud de las personas que consumen los peces que ahí habitan.

Asimismo, la industria petroquímica asentada en la zona cuenta con varios antecedentes de derrames y accidentes que han impactado en los cuerpos de agua. Dos ejemplos de lo anterior fueron el rompimiento de un ducto de crudo en 2004 en Nanchital y la fuga de amoniaco que sucedió el mismo año en la misma localidad.

A pesar de toda la evidencia, aún no se han tomado medidas para resolver la devastación socioambiental. Ante la falta de un sistema de tratamiento de aguas residuales, estas son vertidas al río Coatzacoalcos y al Golfo de México.

A la contaminación del agua se le suma la contaminación atmosférica. Tanto los Complejos petroquímicos (CPQ) de Cangrejera como la refinería Lázaro Cárdenas emiten sustancias químicas asociadas a la generación de enfermedades. Además de la exposición constante a las emisiones, las poblaciones se enfrentan a accidentes que empeoran la contaminación. Uno de los más importantes fue la explosión en la planta Petroquímica Mexicana de Vinil Mexichem – PEMEX (Colorados III). Este incidente expuso a 300 000 habitantes a las sustancias tóxicas contenidas en las cenizas esparcidas por la explosión.

4. Empresas europeas activas en las regiones afectadas

Aún es difícil comprobar la responsabilidad directa de las empresas en la devastación socioambiental de las zonas recorridas por la Caravana. Esto se debe tanto a la desregulación por parte de las autoridades mexicanas, como a la complejidad de un proceso de devastación mayor, que se origina por la acción combinada de varios actores en corredores industriales que crecen en tamaño. “Se consolida así un marco que está asegurando la impunidad corporativa” (p. 56).

El capital estadounidense y europeo está presente en todas las regiones mencionadas. En este capítulo se brindan ejemplos de algunas transnacionales que operan en los infiernos ambientales y que son apoyadas por gobiernos europeos

4.1 Presencia de capitales europeos en la cuenca de Alta del río Santiago
La primera instalación industrial de capital europeo en la cuenca Alta del río Santiago fue la fábrica de la empresa suiza Nestlé. Décadas después, en 1965, se instaló una fábrica de otra empresa de la misma nacionalidad: Ciba-Geigy. Desde su instalación, esta última ha producido distintas sustancias y su producción esta asociada con la muerte masiva de peces y la degradación del río, de acuerdo con la población local. La fábrica se vendió a Huntman, de origen estadounidense, en 2006. Por otro lado, en 2015, la empresa belga Solvay adquirió una planta de la estadounidense Cyanamid (después Cytec), que produce especialidades químicas.

Actualmente se pueden ubicar al menos quince empresas de capital europeo con actividades manufactureras en la cuenca (ver tabla 1). Los datos sobre los vertidos de estas empresas son escasos o nulos. Sin embargo, las redes de alcantarillado en las que depositan sus residuos terminan en la planta de tratamiento El Ahogado, que en 2016 fue señalada de contener sustancias “altamente tóxicas” y cancerígenas. Estas sustancias no son controladas por la norma de descarga en México, mas sí lo son por las leyes europeas.

Otras empresas descargan directamente al río Santiago o a sus tributarios, pero los datos sobre esta actividad no son públicos. La empresa alemana ZF y su fábrica de amortiguadores ZF Suspension Technology Guadalajara han sido objeto de multas en dos ocasiones por incumplir la normatividad. La falta de información se explica por la poca supervisión y las faltas en el monitoreo de la calidad del agua (ver dato crucial 29).

Tabla 1

4.2 Nestlé en la cuenca del río Santiago
Nestlé (Suiza) es la empresa de alimentos y bebidas más grande del mundo (ver datos cruciales 30 y 31). Su primera fábrica en México comenzó a operar en 1930, en Ocotlán, Jalisco. En la actualidad, esta fábrica produce fórmula infantil para 21 países latinoamericanos.

Múltiples estudios sobre el río Santiago realizados durante las últimas décadas han demostrado el incumplimiento de la norma mexicana de vertidos por parte de Nestlé. Informes de 2003, 2006 y 2010 han puesto en evidencia que las sustancias contenidas en los efluentes de Nestlé superan los límites permitidos. Frente a esta situación, en 2010, la transnacional presentó análisis realizados por laboratorios privados que mostraban que su contaminación era menor que los registros anteriores. Sin embargo, en 2018, Conagua volvió a multar a Nestlé por rebasar los límites establecidos en sus permisos de descarga.

La empresa señaló que en 2012 fortaleció los requerimientos ambientales en cuanto al agua y la descarga de efluentes. Asimismo, que, a partir de 2017, se encarga de monitorear sus plantas para que estas cumplan con los estándares ambientales; estos no los ha definido cuando se trata de aguas residuales. Su único compromiso ha sido el cumplimiento de las regulaciones locales sobre el agua, incluidas sus instalaciones en México. No obstante, esta obligación ha sido incumplida en Ocotlán durante muchos años (ver dato crucial 32 y 33).

Si bien las autoridades locales llevan décadas apoyando a la empresa, en febrero de 2020 el gobierno de Jalisco añadió a Nestlé en la lista de las 29 industrias que contaminaban el Río Santiago.

4.3 Syngenta: Un gigante de la agroindustria
Syngenta tiene sede en Suiza y es una de las empresas de la agroindustria más importantes (ver dato crucial 34 y 35). Forma parte de Syngenta Holding Group, un grupo en el cual, además de Syngenta, se encuentran la empresa agroquímica Adama, así como las divisiones agroquímicas de ChemChina y SinoChem (esta primera adquirió la empresa suiza en 2017).

Syngenta es una de las empresas más importantes que comercializa plaguicidas de alto riesgo en México (ver dato crucial 36). En la Cuenca de la Independencia es conocida por contaminar el suelo, el aire y el agua por el uso excesivo de agroquímicos, así como por cultivar maíz transgénico. Esto último preocupa a las organizaciones locales no solo por la pérdida de seguridad alimentaria, sino también por la contaminación genética, la pérdida de conocimientos tradicionales, lenguas, prácticas y biodiversidad.

De acuerdo con el Tribunal Permanente de los Pueblos, el TLCAN impulsó la expansión del maíz transgénico en México. Lo anterior ocasionó el reemplazo de la agricultura tradicional por la de exportación y que la agricultura del país dependa de productos de las transnacionales, como semillas, fertilizantes, pesticidas y herbicidas.

4.4 Lafargeholcim
LafargeHolcim es una fusión entre Holcim (Suiza) y Lafarge (Francia). Actualmente, la empresa tiene sede en Suiza. En 2019 declaró contar con 75 452 empleados, así como poseer ventas de 25.2 mil millones de euros y beneficios de 2.1 millones de euros.

México es el octavo país en el que Lafargeholcim tiene mayor número de ventas (2019), aunque en su último informe la empresa denunció que el abandono de proyectos de infraestructura de gran magnitud ha afectado sus ventas. Las dos empresas que forman Lafergeholcim (Holcim y Lafarge) tenían presencia en México antes de la fusión y adquirieron empresas cementeras locales (ver datos cruciales 37 y 38). En la actualidad, Lafergeholcim tiene amplia presencia en el país.

En 2003, Geocycle (antes Ecoltec), empresa perteneciente a LafargeHolcim comenzó actividades en el corredor industrial de Hidalgo (ver apartado 3.3.). Geocycle se dedica principalmente al co-procesamiento de residuos, por lo que recolecta y maneja desechos de distinta índole. Desde la instalación de la planta, localidades aledañas han denunciado cuadros de intoxicación aguda por olores provenientes de esta. Las fugas de acrilato y las descargas de la planta en el río Salado han ocasionado afectaciones a la salud y la muerte de personas que se encontraban cerca de la planta.

En 2010, el Centro de Diagnóstico y Alternativas para Afectados por Tóxicos (CEDAAT) estudió la relación entre los cuadros de intoxicación y la propagación de tóxicos por parte de Ecoltec y concluyó que “el grado de afectación era grave, y que el bajo rendimiento escolar de los niños de la región se vinculaba con los tóxicos liberados” (p. 67).

La población local se movilizó y logró que la empresa disminuyera el volumen de residuos incinerados y detuviera las descargas de tóxicos en los cuerpos de agua superficiales. Además, se formaron alianzas con organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional y se emprendieron acciones legales y solicitudes a dependencias de los tres niveles de gobierno. La movilización continúa hasta la actualidad y en mayo de 2019 dio origen a propuestas en el ámbito legislativo que buscan “limitar la termovalorización de residuos no orgánicos a nivel nacional y proponer una ley ‘Basura Cero’” (p. 67).

Los impactos de la empresa fueron presentados en dos Sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos. En Tribunal, considerando también casos relacionados con LafargeHolcim en Colombia y Guatemala, concluyó que “las afectaciones socio-económicas y culturales de los habitantes de estas tres poblaciones recogidas en la demanda, pasan por la pérdida directa e indirecta de vida(s) y la afectación/desaparición de cuencas hidrográficas” (p. 67).

4.5 Volskwagen
Volskwagen Group es la empresa más grande de Alemania y el principal productor automotriz del mundo. Pertenece a Porsche Automobil Holding SE, propiedad de Porsche y Piëch, con sede en Austria.

Su sede se encuentra en Wolfsburg. En 2019, la transnacional facturó 252.6 mil millones de euros, tuvo una cuota de mercado mundial de automóviles de 12.9% y ganancias de 14 mil millones de euros. Cuenta con 662 575 empleados, 118 fábricas y 12 marcas.

En México, la empresa cuenta con cuatro plantas. Dos de ellas poseen cerca de 13 000 empleados y una de estas es a segunda más importante del grupo, con una producción anual de 443 435 unidades (2019).

Mediante sus programas publicitarios, Volkswagen México afirmó haber invertido 240 000 euros en proyectos de restauración y captación de agua en la Sierra de Lobos y sostiene que México se ha beneficiado de 49 proyectos de carácter social. En contraste, la empresa ha sido denunciada en conflictos sociales y ambientales principalmente asociados al agua. Por ejemplo, por el uso excesivo de agua subterránea y de cañones de granizo (ver dato crucial 39).

La empresa también ha sido objeto de conflictos laborales. Frente a la crisis del COVID-19 en 2020, Volkswagen cerró sus fábricas en México días después de que cesaran las actividades en sus homólogas estadounidenses. Esta extensión de la jornada laboral provocó la muerte de un trabajador de VW México.

4.6 BASF
BASF es una de las corporaciones químicas y agrícolas más importantes del planeta; cuenta con una gran cuota de mercado. Tiene su sede en Ludwigshafen. Fue fundada en 1865 y durante las dos guerras mundiales produjo productos químicos para municiones y gases venenosos, incluido el veneno utilizado en los campos de concentración.

El fondo de inversiones Blackrock constituye el mayor accionista individual de BASF. Desde 2018, su CEO es Martin Brüdermüller. Sus ventas anuales en 2019 fueron de 59.3 mil millones de euros y sus beneficios de 8.4 millones de euros. En la actualidad, produce principalmente químicos, petróleo y gas y cuenta con 110 000 empleados distribuidos en más de 360 plantas en 90 países.

En México, la empresa tiene cinco fábricas. Produce accesorios para los automóviles de Volskwagen y, como se señaló en la Sección 3.4, BASF opera en los corredores industriales de la cuenca Atoyac-Zahuapan.

4.7 Bayer
Bayer es una empresa con sede en Alemania que produce productos farmacéuticos, así como pesticidas y semillas a través de sus dos ramas principales (Bayer Healthcare y Bayer Cropscience). En 2019 empleó a más de 103 000 personas, tuvo ingresos por 43 500 millones de euros y ganancias de 1 600 millones de euros. La empresa tiene presencia en México desde 1920. En la actualidad cuenta con nueve sedes, las más contaminantes de ellas son sus instalaciones en Lerma (estado de México), Ixtacuixtla (Tlaxcala) y Orizaba (Veracruz).

Algunos de los casos mejor documentados de problemas socioambientales asociados a Bayer son: las afectaciones a la salud (e incluso la muerte de varias/os niñas/os) por la producción de cromo hexavalente y la acumulación de residuos tóxicos por parte de Cromatos de México, antigua filial de Bayer (este caso inició en los años setenta pero la contaminación podría persistir hasta la actualidad); la contaminación del drenaje municipal de Ixtacuixtla por los residuos de la planta de Bayer en el corredor industrial de la cuenca Atoyac-Zahuapan, así como los otros impactos socioambientales responsabilidad de este corredor (señalados con anterioridad); la comercialización en México de plaguicidas considerados riesgo ambiental y sanitario por la Unión Europe, como Envidor, producto que contiene espiroclofeno; la propagación de plaguicidas dañinos que han provocado daños al ambiente y a la salud en Villa Guerrero.

4.8 Iberdrola
Iberdrola es una transnacional del sector energético con sede en Bilbao que junto a otras cuatro empresas controla 90% del mercado eléctrico español. A nivel global, es una de las principales compañías eléctricas por capitalización bursátil y lidera el sector de la energía eólica. Cuenta con 37 000 empleados y activos superiores a 122 000 millones de euros. En 2019 alcanzó beneficios de 3 466 millones de euros.

Iberdrola incursionó en México en 1992, en el marco de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 y se convirtió en la segunda generadora de electricidad del país, detrás de la estatal Comisión Federal de Electricidad. En la actualidad, las ganancias de Iberdrola en México son mayores a sus ganancias promedio (ver dato crucial 40).

A pesar de presentarse como una empresa responsable con el medio ambiente por liderar proyectos de energía renovable, Iberdrola (además de los parques eólicos) opera centrales fotovoltaicas, así como de ciclo combinado de gas y de cogeneración.

En sus operaciones en México, Iberdrola ha sido denunciada por generar varios conflictos sociales y ambientales, en algunos de ellos la población afectada ha sido criminalizada. Los proyectos de Iberdrola en el estado de Oaxaca representan uno de los casos más graves. Comunidades zapotecas de la entidad denunciaron la destrucción de territorio, la conculcación de los derechos de los pueblos indígenas y el desplazamiento de poblaciones. Asimismo, en el plano laboral y social, acusan a la transnacional de tener alianzas con sindicatos “charros” que le permiten controlar la fuerza laboral.

Iberdrola también enfrenta denuncias en el estado de Puebla. En la entidad, la empresa cuenta con dos centrales eólicas y promueve la construcción de un parque fotovoltaico en una superficie de 703 hectáreas. Estos proyectos han suscitado intensos conflictos y enfrentamientos con las comunidades y los trabajadores. Uno de los parques eólicos de la empresa (PIER IV), por ejemplo, es señalado por haber sido construido sin previa consulta; los terratenientes recibieron únicamente 11 céntimos de euro por metro cuadrado.

Semarnat determinó que el mismo parque eólico de Iberdrola causó daño a la fauna y la flora endémica de las comunidades. Por este motivo, la transnacional realizó distintas acciones para limpiar su imagen.

No obstante, en 2020 tuvo lugar una huelga de 400 trabajadores de la central fotovoltaica de Iberdrola en Cuyoaco. La movilización tenía por objetivo exigir a la empresa el pago de 480 000 euros adeudados por la construcción de la central.

Investigaciones han registrado “varios casos de sistemática cooptación de autoridades políticas por parte de Iberdrola, en los diferentes niveles de gobierno” (p. 79), lo que le ha permitido a la empresa obtener contratos ventajosos con las comunidades arrendatarias. “En suma, el conjunto de impactos de las operaciones de Iberdrola en este país puede ser consideradas como reflejo de un colonialismo energético” (p. 79).

4.9 García Munté Energy (GME)
La empresa catalana García Munté Energía distribuye cuatro millones de toneladas de materias primas energéticas en los cinco continentes. Destacan sus filiales GME Unipessoal (Portugal), GME México y GME Marruecos.

GME México inició operaciones en 2004 y un año después se asoció con la mexicana CEMEX y se convirtió en ADN Energía, la cual pertenece a Grupo Clisa y provee a PEMEX y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desde 2013, la empresa tiene una terminal de almacenamiento a cielo abierto de coque en Veracruz, cerca de la refinería de PEMEX en Coatzacoalcos. Los impactos ambientales y al patrimonio histórico de la construcción de la terminal fueron posibles gracias a la complicidad de funcionarios públicos.

La población local ha denunciado por años los graves efectos de la terminal de GME. La empresa ha incurrido en diversas irregularidades e ilegalidades, como el almacenamiento de coque a cielo abierto. Este material, además, es obtenido a partir de un proceso que genera residuos de alta toxicidad para la salud y el medio ambiente. Para evitar su contacto con el aire, se aplica agua al coque, lo que genera una nube tóxica que envuelve permanentemente a los municipios cercanos. Esta es la forma de contaminación más grave, no obstante, la lluvia provoca lixiviados que son canalizados a cuerpos de agua superficiales que afectan a la flora y fauna.

Todas las formas de contaminación señaladas se originan por la incompatibilidad del coque con la vida. En los seres humanos, esta sustancia se asocia con problemas respiratorios graves, mismos que han hecho más vulnerable a la población local ante la pandemia del COVID-19.

5. Conclusiones y recomendaciones

Debido a acuerdos como el TLCAN o el TLCUEM, en México se ha profundizado el desvío de poder y el país se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales del mundo. Grandes corredores industriales cercanos a espacios urbanos recorren el país. La ley permite que sus actividades no sean reguladas, incluso tratándose de industrias de alto riesgo.

La Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México visitó únicamente seis regiones, por lo que solo puso en evidencia una pequeña parte de la devastación socioambiental causada por el neoliberalismo. Además de la emergencia sanitaria y ambiental, las operaciones de las empresas despojan a poblaciones locales de sus medios de subsistencia.

Los tres niveles de gobierno no solo no han accionado frente a estas situaciones, sino que también las han encubierto y promovido. En su mayoría, el periodismo mexicano tampoco ha expuesto las condiciones que padecen las/os afectadas/os. Asimismo, la falta de investigación científica y pública deriva en la dificultad de señalar la asociación entre las actividades empresariales y los daños ocasionados.

A pesar de las circunstancias que enfrentan, las comunidades afectadas han desarrollado gran capacidad de organización y han dado seguimiento de los impactos en sus territorios y vidas. En 2021 consiguieron un avance histórico al lograr la coordinación de diferentes instancias de gobierno mediante el Convenio Marco de Coordinación.

Los gobiernos de los países europeos y Estados Unidos apoyan a las transnacionales a través de fondos públicos. Asimismo, no asumen responsabilidades ante los impactos de las operaciones de las empresas en México y promueven la firma de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones.

Además de visibilizar la situación en las regiones visitadas, la Caravana ha servido como vínculo entre luchas sociales y ambientales de América Latina, Europa y Estados Unidos. Sus resultados “constituyen una nueva y contundente evidencia de la urgente necesidad de fortalecer las instituciones de defensa de los derechos humanos a nivel internacional (…) como un primer paso que garantice los derechos de los Pueblos y la justicia social y ambiental” (p. 88).

Las principales recomendaciones a partir de este informe giran en torno al cumplimiento de los compromisos adquiridos, el acompañamiento, la no criminalización y la regulación de las empresas por parte de las distintas instancias de gobierno en México, así como el involucramiento de los gobiernos estadounidenses y de la Unión Europea.

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