Aleida Azamar Alonso es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Isidro Téllez es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Introducción

El resurgimiento de la minería en México

La minería ha sido una de las actividades económicas fundamentales para el crecimiento de múltiples industrias en México. El sector minero del país se caracteriza por la “aurificación” (ver Datos cruciales 1, 2 y 3). Los proyectos mineros aumentaron durante las dos primeras décadas del siglo XXI (ver Dato crucial 4). Siete de cada diez proyectos se encuentran en etapa de exploración y la mayoría son propiedad de empresas canadienses.

Estas corporaciones mineras impulsan la técnica de “megaminería”, que consiste en abrir minas a cielo abierto por medio de lixiviación con cianuro de sodio. Esta técnica facilita el movimiento de mayores volúmenes de roca, lo que permite una extracción rentable de yacimientos de metales preciosos y de algunos industriales. Esto posibilita la expansión de las empresas mineras a lugares antes impensables.

Nuevas técnicas de minado se le suman a esta minería superficial. Por ejemplo, la minería subterránea de corte y la minería marina. Ambas técnicas dañan al ambiente.

En el caso mexicano, el resurgimiento del sector minero y su expansión no se hubieran facilitado sin la modificación de la legislación minera en los años noventa del siglo XX y sin el otorgamiento de las concesiones mineras.

Legislación que respalda a la actividad minera

Las reformas constitucionales concernientes a la minería de los años 90 trajeron consigo 5 cambios en el sector:

1) Modificación del Artículo 27 constitucional en 1991 y de su Ley reglamentaria en materia ejidal en 1992.

Con esta reforma se posibilitó que un particular pudiera “adquirir, rentar o establecer servidumbres de paso en la superficie concesionada a la actividad minera localizadas en tierras de propiedad social”.

2) La reforma a la Ley Minera en 1992.

Se amplió el periodo de las concesiones mineras, pasando de 20 a 50 años con la posibilidad de la prórroga de 50 años más. También eliminó cualquier límite sobre la extensión de la concesión, así es posible que todos los minerales descubiertos dentro de un límite minero puedan ser explotados.

La reforma estableció un sistema de cuotas semestrales progresivas de 0.2 a 5.5 dólares por hectárea concesionada, pero sin hacer la consideración de los tipos de minerales extraídos. En 2013, un pago anual se agregó a dicho sistema. El pago se determina por una tasa de 7.5% de las utilidades obtenidas por las corporaciones mineras.

Con la reforma minera se permitió otorgar concesiones en áreas naturales protegidas y se facilitó asimismo la transmisión a voluntad de los títulos mineros por medio de las partes.

En contraste, la Ley minera de 1975 estableció un límite de 3 años para las concesiones de exploración; mientras que las concesiones de explotación se otorgaban por 25 años. La ley solamente concedía una extensión máxima de 50 000 hectáreas para la exploración y de 5 000 para la explotación. La ley determinaba que sólo 8 minerales podían ser explotados por concesión y señalaba que era necesario el pago de dos impuestos. El primero era un pago de derechos anuales y el segundo era un pago de 7% de la producción, aunado a dos tasas especiales.

3) Reforma a la Ley de aguas nacionales en 1992.

Con esta modificación, las corporaciones mineras pueden obtener permisos por 50 años para utilizar el agua para sus procesos productivos.

4) Reforma a la Ley de inversión extranjera en 1993.

El Estado permitió la propiedad extranjera de bienes nacionales en 100%, así como “la repatriación de las utilidades del capital foráneo sin ninguna condicionalidad”.

5) Firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) de 1994.

Con el TLCAN se profundizó la movilidad de los capitales mineros entre Estados Unidos, México y Canadá. Se otorgó a estos países el trato de la nación más favorecida y se reconocieron los tribunales internacionales para resolver las controversias, entre ellas, las mineras.

Otorgamiento masivo de concesiones mineras

Una concesión minera hace referencia al “acto administrativo por el cual el Estado mexicano, por medio de la Secretaría de Economía, concede a un particular el derecho para explotar un área determinada y que, en caso de encontrar un yacimiento, se pueden aprovechar” los recursos mineros encontrados. Las concesiones se han centrado en Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Guanajuato.

En las primeras décadas del siglo XXI se registró un aumento en la superficie concesionada (ver Datos cruciales 5-9) . Entre 2007 y 2012, se entregaron en promedio 3 578 hectáreas anualmente. El territorio concesionado se expandió a entidades como Morelos, Chiapas, Baja California Sur y Puebla.

Conflictividad social asociada a la minería mexicana

En México existen dos grandes tipos de conflictos mineros. En primera instancia, están los conflictos de coexistencia. Se caracterizan por no estar totalmente rechazados por la “agenda social”. Aquí se observa la negociación de compensaciones económicas, pago de impuestos, mejores salarios o condiciones laborales, indemnizaciones, reconocimiento de responsabilidad, cancelación de contratos fraudulentos, etc. Un caso que lo ejemplifica es la Unidad Minera Los Filos-Nukay en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

En segundo lugar, están los conflictos donde el rechazo social a la minería es el eje central de la protesta. En los municipios Libres y Tetela, Puebla se observan conflictos de esta índole. En estos casos, la población local se manifiesta en contra de cualquier proyecto minero debido a los riesgos socioambientales que éstos podrían causar. Otras razones del rechazo de las mineras son la amenaza a los derechos humanos, la tenencia colectiva de la tierra y la participación social.

En ambos tipos de conflictos es posible observar 4 categorías de actores participantes:

1) corporaciones mineras;

2) el estado mexicano;

3) las poblaciones locales:

4) actores externos como organizaciones de derechos humanos, iglesias o académicos.

El contenido del libro

Los ejes de este libro se centran en los efectos negativos ambientales y la conflictividad social causados por los proyectos mineros, especialmente los desarrollados por mineras provenientes de Canadá.

El libro se compone de 9 capítulos, los cuales analizan las problemáticas en la minería mexicana. Los capítulos articulan el estudio de proyectos mineros de exploración y producción de empresas extranjeras y nacionales.

El libro se divide en dos partes. La primera sección hace énfasis en el panorama social, ambiental y económico de la minería. Principalmente se enfoca en los proyectos de exploración (capítulos 1-5). En la segunda sección, se abarca la etapa de producción minera (capítulos 6-9).

Capítulo 1. Aleida Azamar estudia el litio, cuya extracción se incrementó en años recientes.

Capítulo 2. Juan Hipólito y Aleida Azamar estudian la problemática en torno al proyecto Mina Esperanza en Morelos. Se centran en la empresa Alamos Gold, proveniente de Canadá. La empresa impulsa un proyecto de minería de oro a cielo abierto.

Capítulo 3. Iracema Gavilán se enfoca en la importancia del territorio Wirikuta del Altiplano Potosino y en la defensa socioterritorial del pueblo wixárika.

Capítulo 4. Isitro Téllez y Aleida Azamar presentan el estudio de las resistencias del pueblo Júba Wajíin en Guerrero ante las concesiones otorgadas en su territorio a la empresa inglesa Hochschild Mining.

Capítulo 5. Beatriz Olivera se centra en la depredación causada por la minería en la Sierra Norte de Puebla. Ahí viven comunidades indígenas y están asentadas en áreas naturales protegidas.

Capítulo 6. Aleida Azamar y Mario Muñoz investigan el caso del ejido El Bajío, Sonora. Ese territorio está sumido en un violento conflicto entre la empresa Penmont, filial de Fresnillo Plc., y la población local.

Capítulo 7. Carlos Rodríguez reseña el proceso que afecta a las comunidades campesinas en Mezcala, Guerrero. Dichas comunidades de enfrentan a la apropiación territorial de las empresas mineras que extraen oro ahí.

Capítulo 8. Isidro Téllez analiza el incremento de la subcontratación entre los trabajadores del Distrito Minero de Fresnillo, Zacatecas. Durante esa investigación se realizó una revisión de las cifras laborales de 2008 hasta 2019. Mayores contrataciones se dan por outsourcing.

Capítulo 9. Grecia Eugenia Rodríguez describe el proceso de participación de mujeres en la “Asamblea General de la Comunidad La Colorada”. La población de esa comunidad se enfrenta a los ataques violentos de la minera canadiense Pan American Silver, ubicada en Zacatecas.

Así, el libro se propone a visibilizar la situación social, ambiental y económica de las comunidades donde los proyectos mineros quieren ser impuestos o donde ya lo están. Ante las problemáticas engendradas por la minería, se puede observar luchas de resistencia y movilización cuyos esfuerzos han resultado en la resolución de conflictos ante el extractivismo minero.