Lydia DePillis es reportera de Business Desk que cubre la cambiante economía estadounidense y lo que significa para la vida de las personas.

En la década de 1970, el economista de Yale, William Nordhaus comenzó a construir un modelo destinado a medir el efecto del calentamiento global en el crecimiento económico. El trabajo dio lugar a un campo académico que evalúa el costo para la sociedad de cada tonelada de carbono emitida compensada por los beneficios de la energía barata y, por lo tanto, cuánto valía la pena pagar para evitarlo.

Nordhaus se convirtió en una voz líder a favor de un impuesto al carbono a nivel nacional que desalentaría el uso de combustibles fósiles e impulsaría una transición hacia formas de energía más sostenibles. Cuando el presidente Biden firmó la Ley de Reducción de la Inflación, la iniciativa tomó una base diferente a la que propuso el Dr. Nordhaus. En lugar de imponer un impuesto, la legislación ofrece créditos fiscales, préstamos y subvenciones.

El resultado refleja una tendencia más amplia en la política pública, una que está impulsando a los economistas a reflexionar por qué la profesión estaba tan enfocada en una solución que finalmente no llegó a ninguna parte en el Congreso, y cómo los economistas podrían ser más útiles a medida que aumentan los daños causados por el clima extremo. Un cambio central en el pensamiento es que el cambio climático se ha movido más rápido de lo previsto y en formas menos predecibles, lo que aumenta la urgencia de la intervención del gobierno.

Una medida federal en Estados Unidos, que establecía un tope a las emisiones de carbono y permitía que las empresas comerciaran con sus asignaciones, fracasó en 2010. Al mismo tiempo, el modelo de Nordhaus recibió críticas por subestimar los estragos que causaría el cambio climático. Nordhaus desestimó las críticas.

Para muchos economistas, el enfoque iniciado por Nordhaus estaba cada vez más fuera de sintonía con la urgencia que los científicos del clima estaban tratando de comunicar a los políticos. Pero un impuesto al carbono permaneció en el centro de un esfuerzo bipartidista sobre el cambio climático, apoyado por grandes corporaciones y más de 3 600 economistas, que también pidieron eliminar "regulaciones engorrosas".

En su discurso del Nobel en 2018, Nordhaus fijó el precio del carbono "óptimo" (es decir, la carga económica compartida causada por cada tonelada de emisiones) en 43 dólares en 2020. Gernot Wagner, economista climático de la Escuela de Negocios de Columbia, lo llamó una "subestimación lamentable del costo real", señalando que Noruega ya gravaba el carbono a 120 dólares por tonelada.

Los precios del carbono tienden a afectar más a las personas de bajos ingresos. Incluso si las ganancias financiaran los reembolsos a los contribuyentes como recomendaron, promesas similares de los partidarios de la liberalización comercial, resultaron ilusorias. Además, sin la inversión del gobierno en infraestructura baja en carbono, muchas personas no tendrían alternativa al uso continuo de carbono.

Para Ryan Kellogg, un economista de energía que trabajó como analista para el gigante petrolero BP, trabajar con un consorcio interdisciplinario que incluía a científicos del clima, le impresionó que los combustibles fósiles debían eliminarse mucho más rápido de lo que se pensaba anteriormente, y que podría ser hecho a menor costo.

Solo en el sector de servicios públicos, Kellogg descubrió que los impuestos al carbono no son significativamente más eficientes que los subsidios o los estándares de electricidad limpia para impulsar una transición completa a la energía eólica y solar. Y como los dispositivos más esenciales pueden funcionar con baterías, la electricidad asequible se vuelve primordial.

La Ley de Reducción de la Inflación ilustra que los impuestos son "difíciles de vender" como medida de política pública para combatir al cambio climático. El plan Build Back Better original enfatizó la innovación y el despliegue de la capacidad de energía renovable, con mayor atención a los intereses de los trabajadores y las comunidades de color, en lugar de gravar el carbono y "dejar que el mercado haga lo suyo".

En ese sentido, los subsidios son una variante de la política de precios: elevan efectivamente el costo de los combustibles fósiles en relación con las alternativas renovables. Solo recientemente la oferta de esas alternativas llegó al punto en que un crédito fiscal marcaría la diferencia, a gran escala, entre comprar o no un vehículo eléctrico.

Los expertos que trabajan en temas de cambio climático dicen que los economistas pueden ayudar de muchas maneras. El daño del cambio climático suele ser específico de características geográficas como la topografía, la calidad del suelo, la cubierta arbórea y el entorno construido. Construir sobre esos factores para identificar riesgos sistémicos, puede ser más útil para los formuladores de políticas que modelos económicos generales.

Asimismo, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha comenzado a analizar la relación entre el clima extremo y los ingresos federales. Pero debido a que aún no está claro cuál es la mejor manera de hacerlo, otras instituciones también lo están intentando.