El modelo extractivista que se ha desarrollado en la economía chilena ha llevado a desencadenar un conjunto de efectos negativos en el medio ambiente, en el aspecto social y sobre la salud de la población, siendo algunos procesos síntomas del aumento de la crisis climática a nivel mundial.

Ante esto, diversos expertos del servicio de radiodifusión y noticiero público alemán Deutsche Welle (DW) sostienen que es necesario continuar con la modificación para una constitución con un proyecto que reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos, con mayor equidad ambiental y social. Dicho proyecto considera un carácter ecológico, con protección y preservación a la naturaleza, con un uso sostenible de los recursos naturales. No obstante, las últimas encuestas reflejan ventaja sobre el rechazo, y un aumento en el debate político; mientras, de forma internacional se suma apoyo académico, de activistas ambientales y organizaciones con visión de una “constitución ecológica”, que resaltan la importancia de un avance ambiental para el país, generando un progreso regional y global.

La naturaleza como sujeto de derecho

A diferencia de la Constitución chilena de 1980, la nueva propuesta asume la situación ambiental como urgencia para actuar frente a la crisis climática, con políticas de reconocimiento, protección y acción. Además, se abordan aspectos de adaptación en bienes comunes y de protección de glaciares y humedales; a su vez, se incorporan derechos de naturaleza, ambientales, responsabilidad intergeneracional, la interdependencia con la naturaleza y el derecho humano fundamental al agua.

Debido a la dependencia al comercio exterior por la exportación de materias primas, se explota a la naturaleza en la extracción de recursos, por ejemplo, el norte se da la minería; en el centro se genera la agroindustria y el en sur la industria forestal y la salmonicultura. De manera que se ignora el ciclo de vida y las condiciones finitas de los insumos, por lo que, es urgente la generación de alternativas económicas que sean sustentables. Por ello, con la nueva propuesta, se considera a la naturaleza como sujeto de derecho con valor fuera de lo comercial, con derecho a existir, persistir.

En busca de un mayor sostenibilidad y equidad

Por su parte, la politóloga Pamela Poo menciona que es una constitución del siglo XXI, con vanguardia, colocando premisas para abordar la crisis de forma institucional y permitiendo la generación de políticas públicas, planes y programas. En ese sentido, en esta modificación se prioriza la protección de la naturaleza lo que limita el crecimiento desmedido, de forma que la economía en general buscaría un giro radical en las actividades con una visión en la adaptación, es decir, como la agroecología y la restauración de la ecología.
Otro elemento a considerar, es la promoción por una mayor descentralización y desconcentración económica, autonomía en las regiones, el apoyo al emprendimiento en innovación y economía circular, esto con el fin de alcanzar alternativas a la dependencia y la baja industrialización.

Desde el aspecto social, se presiona por una mayor equidad que coloque énfasis en acciones climáticas justas y la recuperación de espacios de alta concentración, por lo que continuar con una nueva constitución posibilita un marco constitucional estable y un contexto ambiental certero para la población e inversionistas, reduciendo a su vez los conflictos ambientales que problematizan con las empresas.