La Ley de reducción de la inflación (IRA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, pretende subvencionar a través de créditos fiscales todo tipo de proyectos relacionados con energías limpias. No obstante, la principal queja que han manifestado aquellos que cuentan con bocetos para crear infraestructura verde, trata de lo fastidioso que puede ser el proceso para adquirir las licencias y dar luz verde a sus proyectos.

Para ilustrar lo anterior, el caso del estado de Wyoming. El lugar cuenta con las condiciones para aprovechar la energía del viento, sin embargo, los parques eólicos que operan en el estado no han podido extender los beneficios de la energía eólica a los lugares con mayor demanda energética en Estados Unidos. La razón es porque el proceso de concesión es muy lento. PacifiCorp, que cuenta con un parque eólico y Philip Anschutz, un multimillonario, llevan más de 10 años solicitando el acceso a la línea de transmisión que cruza varios estados de Estados Unidos para que atraviese su línea Transwest Express.

De esta manera, Joe Biden y su equipo tienen un problema de frente: sí no agilizan el proceso de concesiones, todo lo que pretende IRA será en vano.

Por otro lado, existe la cuestión sobre cuál es el lugar más apropiado para construir infraestructura verde, tema que ha generado protestas entre los defensores del medio ambiente, sin perjudicar la biodiversidad de la zona.

Decidir el lugar adecuado para realizar megaproyectos que involucran energías verdes es un asunto que está enlazado con el ineficiente proceso para aprobar concesiones. En general, la política climática de Estados Unidos es conservadora. Para que se apruebe un proyecto, el gobierno tiene que revisar los impactos ambientales antes de que alguien (por ejemplo, los grupos ambientalistas) emita reclamaciones por haber omitido algo.

De este modo, el problema no es IRA en sí, sino las leyes que anteceden a dicha ley. Estados Unidos creó durante el gobierno de Nixon una serie de leyes e instituciones en favor de la conservación del medio ambiente que ahora están obstaculizando el desarrollo de infraestructura verde necesaria para la adaptación climática (dato crucial 3). Es así como el ecologismo en Estados Unidos se convirtió en una lucha por impedir la construcción de megaproyectos.

Aquellos denominados “Halcones del cambio climático” son de los principales detractores de la construcción de infraestructura ecológica. Sus argumentos poseen casi siempre una base sólida como el riesgo de extinción de especies a causa de las amplias hectáreas que demanda la construcción de granjas solares o complejos eólicos (Dato crucial 4).

La Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por su sigla en inglés) es el mayor obstáculo para los megaproyectos. Sin embargo, el retraso en la aprobación no significa que el proyecto esté rechazado, la cuestión es la rentabilidad: mientras más tiempo tarde en aprobarse, el costo del proyecto se incrementará (Dato crucial 6).

Espaguetis burocráticos

Joe Biden ha “tratado” de que se reformen las cláusulas de las leyes ambientales anteriores a IRA, sin embargo, resulta contradictorio que a la vez tenga una iniciativa llamada “America the Beautiful” que tiene la intención de conservar 30% de las tierras y aguas del territorio estadounidense para 2030. Además, hay que destacar que cada estado cuenta con su propia versión de NEPA para restringir el desarrollo de infraestructura energética (dato crucial 7).

Junto con esto, existe un completo desorden dentro de las instancias federales que no permite la libre circulación de información respecto del proceso de concesiones. De esta manera, la toma de decisiones se encuentra con un dilema de prioridades entre ecosistema o megaproyectos verdes.

El Departamento del Interior y el Departamento de Energía no siempre están de acuerdo en las decisiones que toma uno u otro. Por ejemplo, Steven Chu (secretario de energía de Barack Obama) relató que su homologo Ken Salazar trató de acelerar el proceso para aprobar las líneas de transmisión, más tarde declinó argumentando que al Servicio de Pesca y Vida Silvestre le preocupaba el grado de afectación hacia los cazadores y pescadores de la zona.

Pero no siempre las protestas para bloquear megaproyectos verdes suceden a causa de preocupaciones en pro del entorno y la biodiversidad. El grupo activista Not in my backyard (NIMBY, por su sigla en inglés) se excusa de NEPA para frenar construcciones. PacifiCorp cuenta que las protestas derivan porque a NIMBY no le agrada la contaminación visual que suponen sus megaproyectos.

En oposición a NIMBY, en California ha surgido Yes in my backyard (YIMBY) para relajar las reglas impuestas por NEPA y sus derivadas que han hecho del estado un lugar hostil para la construcción —necesaria— de megaproyectos verdes. Queda por ver cómo será recibida en estados como Washington, DC.

Otro punto importante para entender esta disyuntiva procede del poco consenso entre republicanos y demócratas en la antinomia de leyes ambientales. Pongamos el caso del senador demócrata Joe Manchin de Virginia Occidental que había propuesto una reforma para acelerar las concesiones de megaproyectos energéticos; dicha ley no vio la luz porque ni el lado demócrata ni el republicano lo permitieron.

Finalmente, algunas recomendaciones que propone el artículo de The Economist para superar el problema de concesiones son las siguientes:

• El Departamento del Interior puede crear mapas regionales para marcar qué zonas son permitidas para construir y cuáles no (dato crucial 8).

• Joe Biden puede otorgar la gestión de concesiones a un consejo de permisos que existe desde 2015.

• Incluso, se podría facultar a la Comisión Federal Reguladora de Energía para que apruebe los megaproyectos verdes (como ya lo hace con los gasoductos).

• Involucrar a la parte opositora desde el principio para permitir la libre circulación de ideas y liberar tensiones.