Kristina Dietz es una investigadora y profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Kassel en Alemania. Sus investigaciones giran en torno a la transformación socioecológica, política global ambiental, climática y energética, extractivismo, estudios agrarios críticos, movimientos sociales, democracia y participación, todas con especial énfasis en América Latina.

De acuerdo con los datos proporcionados por la autora, la transición energética global hacia la descarbonización, la mitigación del cambio climático y la seguridad energética está generando un aumento en la demanda de minerales críticos como el cobre, litio, níquel y cobalto. Este crecimiento impulsa la subida de precios, dando lugar a un nuevo fenómeno conocido como "extractivismo verde".

Sin embargo, la evolución de este extractivismo no sólo se vincula con la demanda y los precios, sino también con la ubicación de los países ricos en estos bienes en una nueva división verde del trabajo a nivel mundial. Además, factores como decisiones políticas, regulaciones institucionales, interacción entre estado y economía, y luchas sociales son determinantes en la explotación de estos bienes. En casos donde los Estados dependen en gran medida de los ingresos de la extracción y la regulación ecológica y social es insuficiente, los movimientos sociales enfrentan el desafío de movilizarse contra el extractivismo y, aunado a eso, contra un discurso hegemónico verde.

Transición energética verde

El texto indica que desde finales del 2020, las materias primas que se encuentran incluidas en los índices de precios han sufrido una subida de precios, en especial los minerales críticos. Entre las causas se encuentran las expectativas de crecimiento económico después de la pandemia por COVID-19, el impacto de la guerra en Ucrania en el suministro de materias primas y los programas gubernamentales para la transición energética, como el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea.

El Pacto Verde Europeo para la descarbonización de la economía europea para 2050 mediante la electrificación masiva, es en especial dependiente de minerales esenciales como el cobre (para conducir la electricidad) y el litio (para almacenar energía en baterías), por lo que la demanda proyectada de estos minerales se espera que aumente drásticamente, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) y la consultora financiera Bloomberg (Dato crucial 1 y 2).

El gobierno alemán persigue metas similares (Dato crucial 3), revisando también sus metas de expansión de energías renovables debido a la guerra en Ucrania, considerando ahora las energías renovables no sólo como una forma de protección del clima, sino además como una "cuestión de seguridad nacional" y “energías de la libertad”.

Tanto la Unión Europea como el gobierno alemán confían en la tecnología e innovación para abordar las crisis energética y climática, buscando obtener parte de las materias primas necesarias mediante iniciativas de reciclaje y relocalización (obteniendo los minerales dentro de sus territorios). No obstante, la mayoría de estas materias primas se importarán de los países que históricamente fueron posicionados como proveedores de bienes dentro de la división internacional del trabajo, es decir, países de África y América Latina.

De esta forma, las transiciones energéticas verdes no se limitan a fronteras estatales, sino que dependen de interacciones globales entre economías. Mientras que las inversiones, innovación en patentes y capacidades de fabricación se concentran en países como Estados Unidos, China, Japón, Alemania y otros de Europa occidental, los bienes fundamentales se encuentran mayormente en países africanos y latinoamericanos.

La economía geopolítica de la transición energética establece interconexiones globales que sitúan a los países ricos en bienes del Sur global como proveedores fundamentales y desplegadores de infraestructuras verdes. Existe la preocupación de que una modernización ecológica orientada a la descarbonización reproduzca una división internacional del trabajo "verde", generando un nuevo ciclo global de materias primas y posiblemente dando lugar a intercambios desiguales mediante la expropiación en el Sur global. A diferencia de ciclos anteriores, esta vez se incluyen no sólo combustibles fósiles y metales preciosos, sino también lubricantes y, destacando, el hidrógeno verde.

Hidrógeno verde

El hidrógeno verde desempeña un papel clave en la transición energética verde, siendo producido mediante energías renovables, a diferencia del hidrógeno gris que utiliza combustibles fósiles, y el hidrógeno azul que almacena las emisiones de dióxido de carbono bajo tierra. Varios países han adoptado estrategias para el hidrógeno verde, como el gobierno alemán que ha fijado objetivos ambiciosos para 2030 con tal hidrógeno (Dato crucial 4). Sin embargo, se anticipa un déficit en la producción local, y Alemania planea compensarlo con importaciones de "países en desarrollo ricos en sol y viento". Además, se han establecido acuerdos bilaterales con naciones como Marruecos, Sudáfrica, Namibia y Chile, buscando expandirlos a otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Argentina y México.

Para asegurar el suministro de hidrógeno verde, Alemania apoya la construcción de plantas en el Sur global, participando en iniciativas como la Clean Hydrogen Mission (para el impulso del desarrollo del hidrógeno verde en el mundo, reduciendo también costes de producción y transporte) y la Plataforma para el desarrollo del hidrógeno verde en América Latina y el Caribe. Proyectos concretos incluyen acuerdos con Brasil y Colombia para la producción de hidrógeno verde que se exportará a Europa.

Este enfoque evidencia la interdependencia de los países, especialmente en Europa occidental, no sólo en investigación y desarrollo, del acceso a patentes y capacidades de fabricación, sino también en el acceso a bienes y espacios para infraestructuras verdes (plantas eólicas, solares, de hidrógeno verde, entre otras). A pesar de presentar iniciativas multilaterales como beneficiosas para todos, es importante entender que la producción de hidrógeno verde implica la construcción de grandes parques eólicos y solares, y la extracción de enormes cantidades de minerales críticos, aumentando las tensiones en países con abundantes bienes naturales y disputas sobre el uso, control y conservación de la tierra. Este fenómeno es reconocido por la autora como el lado más oscuro de la transición energética verde, denominado extractivismo verde.

Extractivismo verde

El concepto de "extractivismo verde" es empleado de manera crítica para señalar la apropiación capitalista de bienes naturales (como radiación solar o el viento), materias primas y mano de obra en el Sur global con el fin de llevar a cabo una transición energética verde-tecnológica. Aunque el término "verde" sugiere respeto por la Naturaleza, aquí denota la reorganización de sectores como comercio, energía y transporte para adaptarse a una economía verde (basada en la explotación de bienes naturales). Esta práctica, donde la extracción se ve como un medio para alcanzar un objetivo, se presenta como congruente con objetivos de desarrollo sostenible, pero es criticada por reforzar divisiones globales, explotación y desigualdades. El extractivismo verde viene a subrayar cómo la apropiación de materias primas para la “modernización ecológica”, implica el aumento de control e influencia de las empresas transnacionales, organizaciones internacionales, gobiernos occidentales y otras facciones del capital.

El extractivismo verde no se opone al modelo neoextractivista en América Latina de las primeras décadas del siglo XXI, compartiendo la extracción y exportación de materias primas, principalmente fósiles, metálicas, minerales y agrícolas. Aunque ambos modelos generan consecuencias negativas como la destrucción ecológica y conflictos sociales, el extractivismo verde se distingue por su justificación, presentándose como respetuoso con el clima, sostenible y moderno desde el punto de vista ecológico. Ambos modelos generan dependencia de ingresos por materias primas y causan la destrucción de recursos alternativos y la ejecución violenta de proyectos extractivistas.

El extractivismo verde se diferencia así por su discurso justificativo. Este enfoque es promovido por actores estatales, internacionales y del sector privado, así como por organizaciones ambientales. La Unión Europea, por ejemplo, vincula la alianza H2LAC con la protección climática en Europa y el estímulo de una transición energética, con crecimiento económico sostenible en América Latina. De esta manera, se genera un nuevo paradigma de desarrollo verde que vincula soluciones tecnológicas a la crisis climática, desarrollo económico y modernización ecológica.

Los gobiernos de los países extractores también desempeñan un papel activo en este extractivismo verde al impulsar la explotación de minerales críticos y la expansión de las energías renovables en sus propios territorios.

Extractivismo verde en América Latina

La región latinoamericana destaca por sus vastas reservas de minerales como cobre y litio, así como por abundantes bienes de viento y luz solar, convirtiéndola en un lugar atractivo para la producción y exportación de hidrógeno verde. Las condiciones para el surgimiento del extractivismo verde se han fortalecido debido a decisiones políticas y reformas (como las de los años noventa) que fomentan la inversión privada en sectores ecológicos, respaldadas por organizaciones internacionales y financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En décadas recientes, varios países latinoamericanos han implementado leyes y programas para llevar a cabo su transición energética, incluyendo a México desde 2015, Argentina en 2015 y 2021, Colombia y Perú, ambos en 2021. Estas acciones deben interpretarse, política y económicamente, como parte de un proceso global que implica interacciones en diferentes escalas y sectores, involucrando a gobiernos locales, regionales y nacionales, así como a empresas privadas y organizaciones internacionales hacia la transición energética verde y la acumulación de capital verde, reproduciendo aún más las relaciones de poder asimétricas entre el Norte y el Sur.

La región ha sido históricamente productora de minerales críticos, y se espera que continúe desempeñando un papel crucial en la extracción y exportación de recursos esenciales para la transición verde, como el cobre y el litio, perpetuando la división verde en el trabajo a nivel mundial. Ejemplos como la producción de cobre en Perú (Dato crucial 5) destacan la dependencia económica de estos minerales, con destinos principales de exportación en China, Estados Unidos, Alemania y Japón.

El aumento de la producción de litio destinado a la exportación se prevé en Bolivia, Chile y Argentina por los elevados precios del mercado mundial, cada uno con enfoques distintos. Bolivia busca desarrollar su propia industria de procesamiento bajo el gobierno de Luis Arce; Argentina, con vastas reservas de litio sin explotar, planea ejecutar trece nuevos proyectos con empresas transnacionales, buscando convertirse en una potencia mundial en el mercado del litio.

Chile por su parte, con su rica explotación de litio en el desierto de Atacama, además de ser una región con abundante luz solar y potencial eólico en la Patagonia, aspira a ser el principal exportador mundial de energía verde para 2030, incluyendo el hidrógeno verde. Y Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, también tiene ambiciosos planes, como la construcción de parques eólicos y solares en La Guajira, con el objetivo de exportar energía verde, incluido el hidrógeno, junto con carbón, petróleo y gas. Acuerdos preliminares con los Países Bajos y proyectos piloto de plantas eólicas marinas evidencian la determinación de Colombia de atraer inversiones para alcanzar sus objetivos.

Luchas contra el extractivismo verde

La autora resalta que las manifestaciones en América Latina contra la extracción de minerales críticos, presentes desde hace años, se mantendrán, incluso cuando se argumente una justificación ecológica. Y es que el extractivismo verde continuará sacrificando las necesidades básicas de las poblaciones que habitan los territorios explotados y a explotar, aquellas que no crean valor de tal forma de acumulación de capital. Así, los líderes de estas protestas son movimientos ecologistas, pero aún más las comunidades campesinas, grupos indígenas y organizaciones locales, oponiéndose a desplazamientos y degradación ambiental relacionados con la extracción de recursos como el cobre y el litio para satisfacer la demanda global.

Estas protestas van más allá de evaluar los pros y contras de la extracción de recursos, abordando cuestiones fundamentales de desigualdad social, pobreza, violaciones de derechos, imposición autoritaria de proyectos económicos y externalización de costos ecológicos y sociales a regiones consideradas "espacios vacíos" y "subdesarrollados" por algunas empresas y gobiernos.

En el contexto de Perú, un claro ejemplo de lo anterior, la extracción de cobre por empresas transnacionales en minas a gran escala ha generado tensiones significativas. Estas operaciones, altamente mecanizadas, ofrecen poco empleo a la población local, mayoritariamente indígena. Las comunidades afectadas, así, luchan contra el desplazamiento, la falta de compensación y la degradación ambiental. La mina de cobre Las Bambas, explotada por la empresa china Minerals and Metals Group [MMG], se ha convertido en un foco de protestas.

La resistencia también se extiende a la extracción de litio en los salares andinos de Chile, Argentina y Bolivia, donde los movimientos exigen la protección de los derechos indígenas y los ecosistemas. Además, hay oposición a la expansión de la producción de energía renovable, como proyectos eólicos y solares, destinados a la fabricación de hidrógeno verde. En el norte de Colombia, grupos indígenas protestan contra megaproyectos eólicos que amenazan sus territorios, ya afectados por la minería del carbón.

Estas zonas enfrentan una doble presión en el contexto de la transición energética verde mundial, ya que la extracción de combustibles fósiles se superpone con proyectos de minería verde y la necesidad urgente de producir energía renovable para fabricar hidrógeno verde. Los habitantes de estas regiones, cuyos medios de vida son destruidos, enfrentan las consecuencias de la transición energética, contribuyendo desproporcionadamente a resolver la crisis climática mundial, a pesar de haber tenido una menor contribución histórica.

Conclusión

La configuración de la transición energética verde mundial y la participación de los países latinoamericanos y otras regiones del Sur global en la división emergente del trabajo y la Naturaleza a nivel global están siendo determinadas actualmente. Las reglas y procedimientos de esta transición son mayormente establecidos por representantes del capital privado, instituciones financieras internacionales, agencias de desarrollo y gobiernos del Norte global, con participación de sus contrapartes latinoamericanas. La capacidad de construir infraestructuras "verdes" y explotar materias primas otorga a estos actores del Norte una posición predominante.

Se plantea incertidumbre sobre la capacidad de Chile, por ejemplo, para evitar la devastación ecológica relacionada con la extracción de litio, proteger los derechos de la población indígena y utilizar legislación ambiental estricta para aprovechar las energías renovables. Similar incertidumbre se presenta en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro busca superar la lógica extractivista y cumplir con normativas ecológicas y sociales. En países sin la aplicación de estas regulaciones, los movimientos sociales no solo enfrentan la expansión del extractivismo verde, sino también un discurso verde hegemónico que dificulta la formación de alianzas internacionales.

El actual discurso sobre la transición verde se diferencia considerablemente de la narrativa del neoextractivismo. Ahora se centra en la modernización verde, el progreso verde, la sostenibilidad y la solución de la crisis climática. Sin embargo, el acceso a la tierra sigue siendo un punto de conflicto y resistencia política, ya que las soluciones tecnológicas de Europa para reducir las emisiones de dióxido de carbono pueden llevar a una mayor devastación socioecológica en los países del Sur global.

Movimientos como el de poscrecimiento, planteamientos ecosocialistas y las luchas feministas indígenas proporcionan marcos discursivos y ejemplos prácticos para una transición energética socioecológica diferente "desde abajo". Se destaca la necesidad de conectar estas luchas transnacionalmente para una política de transición energética emancipadora. Al mismo tiempo, se subraya la importancia de situar la transición energética verde en una senda reformista radical y, en la medida posible, revertir los impactos negativos ya derivados del proceso.

A pesar de la continua extracción de litio y cobre, y el aumento de la producción de hidrógeno verde, la clave reside en las condiciones políticas en las que se lleva a cabo este proceso. Se aboga por enfoques alternativos a la transición energética y una intervención emancipadora que fortalezca las fuerzas en América Latina y en todo el mundo que buscan limitar el inminente extractivismo verde con legislación medioambiental, democrática y sociopolítica estricta.