David Boyd, ex relator de Naciones Unidas (NU) sobre derechos humanos y medio ambiente, advierte que la lucha por salvar el planeta enfrenta grandes obstáculos debido a una economía global basada en la explotación de las personas y la naturaleza. En una entrevista con The Guardian, un periódico británico, Boyd señala que los países que no implementen medidas climáticas efectivas, ni regulen a las industrias contaminantes, podrían enfrentar demandas legales.

Los derechos humanos han sido parte de las discusiones ambientales, creando obligaciones legales para los estados, lo cual podría llevarlos a regular a las empresas y exigirles reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante normativas o estrategias para las corporaciones transnacionales. Aunque NU reconoció el derecho a un ambiente sano como un derecho humano, países como Estados Unidos sostienen que dichas resoluciones no son vinculantes, pues asumir esas obligaciones y responsabilidades no les resulta conveniente.

David Boyd, en su última misión a Maldivas, un país tropical en el Océano Índico, reflexionó sobre la crisis climática y sus devastadores efectos, observando que muchas islas se están sumergiendo debido al aumento del nivel del mar, lo que representa una amenaza existencial para sus habitantes, además de que advirtió que aproximadamente 80% del archipiélago podría volverse inhabitable para el año 2050 y que las condiciones de vida se ven agravadas por la contaminación de plásticos.

Además, este país tropical es dependiente de combustibles fósiles para su energía, lo cual hace que se perpetúa el problema, aparte de que el sistema actual beneficia a las élites empresariales y políticas, lo que requiere un movimiento de base que utilice herramientas de derechos humanos y protesta pública para generar un cambio.

A pesar de que existen tratados internacionales de la materia como la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los acuerdos de París, como tal, no se han implementado mecanismos de rendición de cuentas, por lo tanto, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero persisten, e inclusive podríamos decir que aumentan.

Boyd destaca que los subsidios a los combustibles fósiles han alcanzado los 7 billones de dólares, un aumento significativo desde el 2021, y hace una fuerte crítica a la falta de un enfoque basado en derechos humanos en la lucha contra la crisis climática, lo que ha debilitado los esfuerzos de años. También espera que en los próximos años, se presenten casos judiciales que desafíen estos subsidios destacando que violan las obligaciones de derechos humanos de los estados y hace una fuerte crítica a la influencia de las empresas transnacionales en la política climática, señalando que no deberían tener espacio en las negociaciones sobre el clima.

Boyd expresó su frustración por la indiferencia global ante el sufrimiento causado por daños ambientales, los cuales podrían evitarse para que inocentes no paguen las consecuencias por la contaminación, de hecho, estima que alrededor de 7 millones de personas mueren prematuramente por causas climatológicas y reflexiona sobre la falta de preocupación general sobre la gravedad de la situación, señalando que más de 40 millones de personas han muerto por contaminación.

“El derecho a un medio ambiente saludable es fundamental para disfrutar de todos los demás derechos humanos… Sin un planeta saludable, los derechos son meras palabras en papel” destaca Boyd.