Catrin Einhorn, es una periodista que cubre la biodiversidad, el clima y el medio ambiente para The New York Times.

Diplomáticos de 180 países finalizaron la COP 16 en Colombia este 2024, con un acuerdo para crear un fondo que canalizará parte de las ganancias derivadas del uso de información genética de la biodiversidad hacia esfuerzos de conservación. Las empresas que utilicen datos de secuenciación digital del ADN deberán contribuir económicamente. El avance científico ha abaratado la secuenciación genética, facilitando su uso en sectores como la farmacéutica y biotecnología. El acuerdo es considerado un progreso clave en la protección de la biodiversidad.

La declaración final estableció que la contribución al fondo será voluntaria, recomendando que las empresas aporten 1% de sus beneficios o 0.1% de sus ingresos. Se insta a los gobiernos a tomar medidas para hacer obligatorias estas contribuciones (dato crucial 1). Además, la mitad de los recursos se destinarán a las comunidades indígenas, reconociendo su papel en la protección de la biodiversidad, aunque los países mantendrán cierto margen de decisión sobre su implementación.

Las negociaciones se extendieron más allá del plazo previsto y terminaron abruptamente el sábado debido a la falta de acuerdos homogéneos (dato crucial 2). Las tensiones entre países donantes y aquellos con mayor biodiversidad, pero con menos recursos económicos, marcaron las discusiones, especialmente sobre la creación de un nuevo fondo de biodiversidad con mayor control para los países receptores. Aunque se lograron algunos acuerdos, la falta de consenso reflejó las dificultades geopolíticas. Las negociaciones se reanudarán en el futuro, pero se advirtió sobre la urgencia de actuar para proteger la biodiversidad.

Además, la COP16 destacó la creciente importancia de la información genética digital, utilizada globalmente en bases de datos de acceso gratuito. Hasta ahora, las empresas han aprovechado estos datos sin pagar, lo que algunos consideran biopiratería. El acuerdo final recibió críticas del sector empresarial, que argumentó que los costos podrían superar los beneficios. Ambientalistas señalaron la falta de contribuciones de instituciones académicas y centros de investigación. Aunque es cierto que la participación del sector privado fue más visible que nunca, con algunas empresas buscando reducir su impacto ambiental y otras intentando suavizar las regulaciones (dato crucial 3).

Por otro lado, la Conferencia logró avances significativos para los pueblos indígenas, quienes obtuvieron un órgano permanente que les dará mayor influencia en futuras negociaciones. También, por primera vez, se reconoció el papel de ciertas comunidades afrodescendientes de América Latina en la conservación de la biodiversidad. Este reconocimiento es clave para integrar el conocimiento tradicional en los esfuerzos de conservación.